El Consejo de Defensa de la Patagonia señala ante anuncios de la Presidenta: "Consideramos inaceptables los anuncios del gobierno en materia energética pues claramente están orientados a facilitar la instalación de proyectos eléctricos en un contexto de creciente oposición ciudadana ante tales iniciativas privadas debido a su fuerte impacto social y ambiental"..
"La medida, sin embargo, deja en evidencia la efectividad alcanzada por la Campaña Patagonia Sin Represas y numerosas otras desarrolladas por comunidades y ONGs en todo el país contra mega proyectos energéticos que conllevan profundos impactos locales"...
Con relación a los anuncios efectuados anoche por la Presidenta Bachelet en la primera cena anual del sector energético, celebrada en el Castillo Hidalgo del Cerro Santa Lucía, el Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) desea precisar lo siguiente:
Consideramos inaceptables los anuncios del gobierno en materia energética pues claramente están orientados a facilitar la instalación de proyectos eléctricos en un contexto de creciente oposición ciudadana ante tales iniciativas privadas debido a su fuerte impacto social y ambiental. La medida, sin embargo, deja en evidencia la efectividad alcanzada por la Campaña Patagonia Sin Represas y numerosas otras desarrolladas por comunidades y ONGs en todo el país contra mega proyectos energéticos que conllevan profundos impactos locales.
Nos parece inadmisible que por una vía de compensación económica se busque debilitar y frenar la oposición de comunidades locales, abandonando o postergando la solución de conflictos ambientales que requieren inmediato remedio. Al autorizar que las empresas de generación eléctrica puedan cancelar grandes sumas de dinero a los municipios a cambio de la instalación de sus mega proyectos, como lo son las grandes represas, resulta increíble pensar que éstos sean sujeto a evaluaciones ambientales objetivas que cumplan con su propósito de resguardar la naturaleza y la sustentabilidad del territorio y de las comunidades.
Entendemos que el pago directo de las empresas a los municipios por cada MW generado en su territorio no significará ningún costo adicional para las generadoras si dichos recursos les serán devueltos de la caja fiscal, de modo que sólo se disfraza la forma de reasignar recursos fiscales. Además dichas compensaciones, financiadas por el fisco, difícilmente cubrirían en su real magnitud las pérdidas originadas por estos megaproyectos. Ha sido esta externalización de los costos ambientales y sociales lo que ha permitido que la generación eléctrica convencional continúe siendo más competitiva que las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y, gracias a estos nuevos incentivos, el sector privado seguirá aplicando soluciones energéticas obsoletas en desmedro de las fuentes renovables.
Nos parece inaceptable este nuevo subsidio dirigido a un sector económico que ha mostrado las mayores utilidades en estos últimos años, más aún en este contexto de crisis económica internacional en que se requerirán recursos para apoyar a otros sectores que se verán gravemente afectados. En este sentido, vemos con temor que la Presidenta esté siendo utilizada por el Ministerio de Energía, portavoz del sector eléctrico privado, al dejar de velar por el bien común para solucionar el problema de generación energética.
Estamos convencidos que el desarrollo local de los municipios rurales no se logra esperando que lleguen grandes empresas generadoras a instalarse en dichos territorios para recibir las comisiones por cada MW instalado mientras dure la vida útil del proyecto, sino identificando las reales potencialidades de sus territorios y capacitando a sus actores sociales para que puedan lograrlas. Esta es la sociedad del conocimiento a la que Chile debe anhelar y no la de un crecimiento ilimitado que sólo aumenta la concentración económica y la discriminación social con grandes impactos ambientales irreversibles.
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