Como un "chantaje" y una "verguenza" calificó el lonko Pascual Pichún la postura del gobierno en la negociación por la compra del Fundo Santa Rosa de Colpi. A través de una carta del director de CONADI, el Ejecutivo exige a los mapuches retirar la demanda contra el Estado chileno interpuesta por estos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Tras diez años de emblemática lucha, los comuneros ansian el traspaso legal de sus tierras.
Por Pedro Cayuqueo / Diario Azkintuwe
La cita fue en el cruce de Santa Rosa de Colpi y Chorrillos, poco más de 10 kilómetros al noreste de la comuna de Traiguén. La otrora más álgida zona de conflicto, epicentro hace diez años de intensas movilizaciones y, por lo mismo, víctima de una militarización pocas veces vista en Wallmapu, volvió este miércoles a reunir a los dirigentes de las comunidades de Temulemu, El Pantano y Didaico. Esta vez no para resistir una arremetida policial, sino para denunciar -junto al Gerente de Asuntos Públicos de Forestal Mininco-, lo que llaman un "burdo chantaje" de las autoridades de gobierno.
Juan Pichún es vocero de las comunidades. Relata que tras largos años de lucha, lograron doblegar a la poderosa maderera del Grupo Matte, propietaria legal del Fundo Santa Rosa de Colpi y del Fundo Chorrillos, ambos reivindicados por las tres comunidades del sector. "No fue un paseo por el campo", subraya Pichún, recordando el medio centenar de comuneros detenidos y otros tantos condenados que arrojó la recuperación de ambos predios, ello entre los años 1998 y 2001, tiempo que resistió la maderera antes de abandonar definitivamente la zona.
Desde entonces las comunidades han tenido el control del territorio. El control formal, pero no legal de las casi tres mil hectáreas. Y es que si bien muchas familias han construido viviendas en el Fundo, ampliado sus parcelas y sembradios de cereales, la no existencia de títulos de dominio les han impedido por años acceder a beneficios y proyectos sociales. "Esta situación nos llevó hace dos años a conversar con la forestal, cuyos ejecutivos estaban dispuestos a vender Santa Rosa al Estado", señala Pichún. "Como mapuches dimos un paso importante; aceptamos dialogar con Mininco y con la CONADI el traspaso legal de las tierras", subraya el joven werken.
En eso estaban. Avanzando "a paso lento, pero seguro", grafica Pichún, hasta que una carta del Director Nacional de CONADI, Álvaro Marifil, dirigida a los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norin, cayó como una bomba de racimo en las avanzadas negociaciones. "En concreto, CONADI exige que los lonkos Pichún y Norin retiren la demanda contra el Estado que interpusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. Ese es, según lo que dice la carta, el requisito que nos pone el gobierno para comprar el Fundo Santa Rosa", indica Pichún, visiblemente molesto.
"Mezclaron dos cosas que no tienen nada que ver", señala por su parte el lonko Pascual Pichún, padre de Juan y líder de los mapuches de Temulemu. "Las tres comunidades están demandando un derecho básico, que les corresponde por ley como es recuperar sus tierras. En cambio nosotros estamos demandando al Estado por la injusticia con que se nos metió preso... Ahora nos dicen que debemos levantar la demanda para que se pueda seguir con la compra. Para mi es una verguenza este chantaje que se está haciendo", indica molesto.
Aniceto Norin, lonko de los comuneros de El Pantano y quien compartió largos años de cárcel junto a Pascual Pichún, reafirma lo anterior. "Nosotros entendemos que nuestro reclamo territorial es justo. Y entendemos que no nos vamos a doblegar, no nos bajamos tampoco de la conversación con la forestal, seguiremos en nuestra posición, hacia adelante, hasta que el gobierno nos de una solución por las tierras y por la encarcelación injusta que nos afectó como dirigentes", enfatiza el dirigente.
Comisión Interamericana
Es en la OEA donde los dirigentes de Traiguén han develado el verdadero rostro del Chile "democrático" actual, aquella que no mencionan las autoridades en sus discursos. Allí, junto a la demanda contra el Estado interpuesta por los lonkos Pichún y Norin tras ser condenados por Ley Antiterrorista, han sido acogidas a tramitación media docena de denuncias mapuches, entre ellas destacan el caso de los 144 comuneros condenados por "usurpación de tierras" el año 1996; el caso de Endesa-España y las comunidades pehuenches del Alto Bio Bio; y el caso de los jóvenes Rafael y Pascual Pichún, hijos del lonko de Traiguén condenados el año 2004 por incendio y que derivó en la petición de refugio político en Argentina de uno de ellos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas.
Tiene su sede en Washington, D.C. La CIDH fue creada en 1959, reuniéndose por primera vez en 1960. Ya en 1961 la CIDH comenzó a realizar visitas in loco para observar la situación general de los derechos humanos en un país, o para investigar una situación particular. Desde entonces ha realizado más de 85 visitas a 23 países miembros. Con respecto a sus observaciones de tipo general sobre la situación en un país, la CIDH publica informes especiales, habiendo publicado hasta la fecha cerca de 60 de ellos.
La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato recibe, analiza e investiga peticiones individuales que alegan violaciones de los derechos humanos, según lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención; Observa la vigencia general de los derechos humanos en los Estados miembros, y cuando lo considera conveniente publica informes especiales sobre la situación en un Estado en particular; Realiza visitas in loco a los países para profundizar la observación general de la situación, y/o para investigar una situación particular.
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