Frente a olas represivas y de asesinato, Representaciones Mapuches han hecho llegar su repudio ante la responsabilidad del alto mando de Carabineros, que incluye a Cristián Llévenes Rebolledo, Jefe de la IX Zona de Carabineros "Araucanía", quien, dentro de su mandato en la institución, ya lleva dos asesinatos (Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío) y decenas de heridos y hechos de extrema violencia en el marco de las reclamaciones de Tierras ancestrales de Comunidades.
Mientras se ha exigido la destitución de Llévenes, un hecho casi inadvertido, es la responsabilidad directa de un órgano especializado en Carabineros que ha venido interviniendo el accionar de las Fuerzas militarizadas en zonas rurales, se trata del Gope (Grupo de operaciones policiales especiales), instancia que incluye integrantes con responsabilidades y planificaciones en violaciones a Derechos Humanos. Tanto Matías Catrileo, como Jaime Mendoza Collío, han sido asesinados por integrantes del GOPE.
Casi de manera consecutiva al asesinato del Comunero Jaime Mendoza Collío, el Gobierno chileno a través de sus voceros y el alto mando de Carabineros justificaban el accionar señalándolo como un acto de “legítima defensa”, mientras la Ministra Tohá “aclaraba” que en la denominada zona “roja” o también sindicada como de “Conflicto Mapuche” no había contingentes represivos especializados de Santiago operando en la Araucanía.
Pues bien, con las pericias y el testimonio de testigos, quedó demostrado que tanto Carabineros de Chile y el Gobierno mentían y encubrían un asesinato. Mendoza Collío no portaba armas, no hubo enfrentamiento y fue reducido a balazos por la espalda. Tampoco se le prestó la debida atención humanitaria y además, fue vejado y golpeado. El hechor, un integrante del GOPE de Santiago, órgano de alta especialización de Carabineros.
Dentro del GOPE ha habido mandos que han sido sindicados como responsables en asesinatos y violaciones a Derechos Humanos durante la Dictadura Militar, uno de ellos es el oficial Sergio Gajardo Giadach. El GOPE, es un aparato de alta especialización, cuyos integrantes son formados en diversos planos de riesgo, formación de violencia interna, la que ha sido recientemente denunciada por las prácticas de tortura entre sus integrantes.
Ante este escenario, vale preguntarse ¿Es posible que el Gobierno de Chile desconociera la incursión del GOPE de Santiago en la Región de la Araucanía? ¿Cuál es la responsabilidad de la ex funcionaria y persona de Confianza de la Fundación Paz Ciudadana y actual subsecretaria de Carabineros del Gobierno chileno, Javiera Blanco? Cabe mencionar que la Fundación Paz Ciudadana es la instancia que articula a los principales grupos económicos de Chile con un historial golpista, como Agustín Edwards, Bernardo Matte, el Grupo Luksic, instancia privada “empresarial” donde el Gobierno va a “negociar” las políticas de seguridad en Chile ¿Esto es democracia?
Justicia Civil Penal versus Justicia Militar Penal
Al parecer nadie se atreve a mencionar desde el Gobierno que Chile debe modificar su Legislación Militar. El Ministro Viera Gallo en el marco de su patética incursión en la temática Mapuche, cuestionó la lentitud de causas investigadas por la Justicia Militar y que involucra casos de Mapuches, pero, no dijo que dicha instancia es aún un poder fáctico del estado en esta denominada democracia y tampoco señaló que existe una obligación del Estado chileno de modificar esta legislación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile el año 2007 en la sentencia “Palamara contra Estado de Chile” a restringir ostensiblemente la justicia militar en tiempo de paz, y no hacerla competente en casos que envuelvan a civiles.
La obligación señalada se debe al caso Palamara, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y cuya resolución es obligatoria al Estado chileno, ya que fue emitida por un Tribunal internacional al que están sometidos los Estados. Asimismo, una serie de recomendaciones se han venido efectuando por diversos órganos de Derechos Humanos del sistema de Naciones Unidas y reiterados llamados de organizaciones internacionales.
Asesinatos e Impunidad
El joven Mapuche Alex Lemún, con 17 años, de la comunidad Montutui Mapu, del sector Agua Buena, fue asesinado en Noviembre de 2002 al interior de un predio de la Empresa Forestal MININCO (CMPC) en el marco de una movilización de protesta social para reclamar tierras ancestrales. El predio en cuestión se trata del Fundo Santa Elisa de y actualmente en tenencia del grupo económico Matte.
El asesinato de Alex Lemún, fue el inicio de un plan de operación “Paciencia”, que articuló a diversos servicios de inteligencia en Chile, de las policías, del Gobierno y con seguridad el de los sectores empresariales, destinada a desarticular a Comunidades Mapuches en proceso de reclamaciones de Tierras ancestrales a través de la represión y/o coaptación y/o cizañas, como asimismo, de hostigamiento, persecución, violencia, criminalización-judicialización en contra de integrantes de la organización Coordinadora Arauco Malleco. Su asesino, en aquel entonces un oficial, mayor de Carabineros llamado Marco Treurer y cuyo actuar quedo comprobado con diversa evidencia sobre su irregularidad, abuso y desproporción, sin embargo, finalmente la Corte Marcial lo dejó absuelto de cargos y actualmente, ha sido doblemente ascendido de rango dentro de la institución de Carabineros.
En todos los casos de asesinatos, tanto de Lemún, Matías Catrileo y Mendoza Collío, el alto mando de Carabineros como la prensa mercurial de Edwards han señalado de enfrentamientos, de armas de los Mapuches, de balazos y de autodefensa de los Carabineros y ningún caso fue así. Todas estaban enmarcadas en protestas, legítimas, y como respuesta a esto: Asesinatos planificados. Por su parte, la institución de Carabineros premia el asesinato de Mapuches, no somete a ningún tipo de sumario a sus efectivos, los deja impune y entrega pleno respaldo. Cabe mencionar que la institución ha sancionado con expulsión a diversos efectivos que se han visto involucrados en delitos materiales, como hurtos o robos, no así en caso de violaciones a Derechos Humanos.
En cada uno de estos casos de asesinatos, se han implementado a posteriori “operativos” tendiente por una parte a generar temor en ciertos sectores; Y en otros, para provocar reacciones emocionales de quienes ven con impotencia este tipo de abusos y atropellos y así, generar el clima de odiosidad en ciertos grupos, aislarlos y reprimirlos con mayor facilidad.
La odiosidad hacia Carabineros desde ciertos sectores sociales se ha ido acrecentando. En marchas y movilizaciones todo uniformado es visto como un “enemigo”, donde, lamentablemente, ya no se hace diferencia entre un Fuerza especial o GOPE o un simple Carabinero. Es una lastima el deterioro generalizado de dicha institución, particularmente por aquellos cientos de jóvenes que ingresan a sus filas pensando en el servicio público a la comunidad, o en un aporte para un verdadero orden y patria. Lastima por ellos, lastima por aquellas personas dignas y concientes en esa institución, porque por unos cuantos que se han corrompido a los intereses de grupos económicos y peor aún, de prácticas fascistas, racistas y cobardes, han teñido de sangre roja el uniforme verde, han empañado a toda la institucionalidad.
Las infelices palabras del ex Director de Carabineros Fernando Cordero, quien, recientemente, en el marco de la libertad provisoria ejecutor del comunero Jaime Mendoza Collío, el GOPE Miguel Jara Muñoz, indicó que el término “comunero” es empleado a “delincuentes”, lo que demuestra el nivel de odiosidad, racismo, complicidad y encubrimiento de ciertos personeros a este tipo de prácticas, interviniendo la justicia militar y abogando por la impunidad de asesinos. Carabineros debe evolucionar y sectores políticos conservadores no deben seguir exponiendo a personas como escudos humanos o carnes de cañón frente a conflictos políticos.
El caso LLévenes
Existen testimonios, de cómo fue la cacería por parte de Carabineros (ver video: http://www.youtube.com/watch?v=zRtySGH1YFs) que desmienten la versión de Carabineros que indica que el funcionario policial disparó en defensa propia. Existen peritajes, informes y todo demuestra un asesinato del joven Mapuche Jaime Mendoza Collío, tal cual ocurrió con Matías Catrileo.
El cuerpo del comunero mapuche Jaime Mendoza Collìo, cayó abatido a dos kilómetros de donde fue la toma de terrenos. Hubo persecución, tal como lo narra el video anterior.
A pesar de todo lo expresado, el General Cristián Llévenes, jefe de la IX Zona de Carabineros, insistió, que el policía disparó para defenderse de un ataque y proteger su vida, recibiendo "al menos 120 perdigones metálicos producto de disparos que se hicieron a menos de 10 metros. En esas circunstancias, para cuidar su integridad física y proteger su vida, hace uso de su arma de servicio. Ante un ataque de 10 personas que le disparaban con armas largas, entiéndame que a lo menos tenía el derecho a protegerse".
Alfredo Seguel
Mientras se ha exigido la destitución de Llévenes, un hecho casi inadvertido, es la responsabilidad directa de un órgano especializado en Carabineros que ha venido interviniendo el accionar de las Fuerzas militarizadas en zonas rurales, se trata del Gope (Grupo de operaciones policiales especiales), instancia que incluye integrantes con responsabilidades y planificaciones en violaciones a Derechos Humanos. Tanto Matías Catrileo, como Jaime Mendoza Collío, han sido asesinados por integrantes del GOPE.
Casi de manera consecutiva al asesinato del Comunero Jaime Mendoza Collío, el Gobierno chileno a través de sus voceros y el alto mando de Carabineros justificaban el accionar señalándolo como un acto de “legítima defensa”, mientras la Ministra Tohá “aclaraba” que en la denominada zona “roja” o también sindicada como de “Conflicto Mapuche” no había contingentes represivos especializados de Santiago operando en la Araucanía.
Pues bien, con las pericias y el testimonio de testigos, quedó demostrado que tanto Carabineros de Chile y el Gobierno mentían y encubrían un asesinato. Mendoza Collío no portaba armas, no hubo enfrentamiento y fue reducido a balazos por la espalda. Tampoco se le prestó la debida atención humanitaria y además, fue vejado y golpeado. El hechor, un integrante del GOPE de Santiago, órgano de alta especialización de Carabineros.
Dentro del GOPE ha habido mandos que han sido sindicados como responsables en asesinatos y violaciones a Derechos Humanos durante la Dictadura Militar, uno de ellos es el oficial Sergio Gajardo Giadach. El GOPE, es un aparato de alta especialización, cuyos integrantes son formados en diversos planos de riesgo, formación de violencia interna, la que ha sido recientemente denunciada por las prácticas de tortura entre sus integrantes.
Ante este escenario, vale preguntarse ¿Es posible que el Gobierno de Chile desconociera la incursión del GOPE de Santiago en la Región de la Araucanía? ¿Cuál es la responsabilidad de la ex funcionaria y persona de Confianza de la Fundación Paz Ciudadana y actual subsecretaria de Carabineros del Gobierno chileno, Javiera Blanco? Cabe mencionar que la Fundación Paz Ciudadana es la instancia que articula a los principales grupos económicos de Chile con un historial golpista, como Agustín Edwards, Bernardo Matte, el Grupo Luksic, instancia privada “empresarial” donde el Gobierno va a “negociar” las políticas de seguridad en Chile ¿Esto es democracia?
Justicia Civil Penal versus Justicia Militar Penal
Al parecer nadie se atreve a mencionar desde el Gobierno que Chile debe modificar su Legislación Militar. El Ministro Viera Gallo en el marco de su patética incursión en la temática Mapuche, cuestionó la lentitud de causas investigadas por la Justicia Militar y que involucra casos de Mapuches, pero, no dijo que dicha instancia es aún un poder fáctico del estado en esta denominada democracia y tampoco señaló que existe una obligación del Estado chileno de modificar esta legislación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile el año 2007 en la sentencia “Palamara contra Estado de Chile” a restringir ostensiblemente la justicia militar en tiempo de paz, y no hacerla competente en casos que envuelvan a civiles.
La obligación señalada se debe al caso Palamara, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y cuya resolución es obligatoria al Estado chileno, ya que fue emitida por un Tribunal internacional al que están sometidos los Estados. Asimismo, una serie de recomendaciones se han venido efectuando por diversos órganos de Derechos Humanos del sistema de Naciones Unidas y reiterados llamados de organizaciones internacionales.
Asesinatos e Impunidad
El joven Mapuche Alex Lemún, con 17 años, de la comunidad Montutui Mapu, del sector Agua Buena, fue asesinado en Noviembre de 2002 al interior de un predio de la Empresa Forestal MININCO (CMPC) en el marco de una movilización de protesta social para reclamar tierras ancestrales. El predio en cuestión se trata del Fundo Santa Elisa de y actualmente en tenencia del grupo económico Matte.
El asesinato de Alex Lemún, fue el inicio de un plan de operación “Paciencia”, que articuló a diversos servicios de inteligencia en Chile, de las policías, del Gobierno y con seguridad el de los sectores empresariales, destinada a desarticular a Comunidades Mapuches en proceso de reclamaciones de Tierras ancestrales a través de la represión y/o coaptación y/o cizañas, como asimismo, de hostigamiento, persecución, violencia, criminalización-judicialización en contra de integrantes de la organización Coordinadora Arauco Malleco. Su asesino, en aquel entonces un oficial, mayor de Carabineros llamado Marco Treurer y cuyo actuar quedo comprobado con diversa evidencia sobre su irregularidad, abuso y desproporción, sin embargo, finalmente la Corte Marcial lo dejó absuelto de cargos y actualmente, ha sido doblemente ascendido de rango dentro de la institución de Carabineros.
En todos los casos de asesinatos, tanto de Lemún, Matías Catrileo y Mendoza Collío, el alto mando de Carabineros como la prensa mercurial de Edwards han señalado de enfrentamientos, de armas de los Mapuches, de balazos y de autodefensa de los Carabineros y ningún caso fue así. Todas estaban enmarcadas en protestas, legítimas, y como respuesta a esto: Asesinatos planificados. Por su parte, la institución de Carabineros premia el asesinato de Mapuches, no somete a ningún tipo de sumario a sus efectivos, los deja impune y entrega pleno respaldo. Cabe mencionar que la institución ha sancionado con expulsión a diversos efectivos que se han visto involucrados en delitos materiales, como hurtos o robos, no así en caso de violaciones a Derechos Humanos.
En cada uno de estos casos de asesinatos, se han implementado a posteriori “operativos” tendiente por una parte a generar temor en ciertos sectores; Y en otros, para provocar reacciones emocionales de quienes ven con impotencia este tipo de abusos y atropellos y así, generar el clima de odiosidad en ciertos grupos, aislarlos y reprimirlos con mayor facilidad.
La odiosidad hacia Carabineros desde ciertos sectores sociales se ha ido acrecentando. En marchas y movilizaciones todo uniformado es visto como un “enemigo”, donde, lamentablemente, ya no se hace diferencia entre un Fuerza especial o GOPE o un simple Carabinero. Es una lastima el deterioro generalizado de dicha institución, particularmente por aquellos cientos de jóvenes que ingresan a sus filas pensando en el servicio público a la comunidad, o en un aporte para un verdadero orden y patria. Lastima por ellos, lastima por aquellas personas dignas y concientes en esa institución, porque por unos cuantos que se han corrompido a los intereses de grupos económicos y peor aún, de prácticas fascistas, racistas y cobardes, han teñido de sangre roja el uniforme verde, han empañado a toda la institucionalidad.
Las infelices palabras del ex Director de Carabineros Fernando Cordero, quien, recientemente, en el marco de la libertad provisoria ejecutor del comunero Jaime Mendoza Collío, el GOPE Miguel Jara Muñoz, indicó que el término “comunero” es empleado a “delincuentes”, lo que demuestra el nivel de odiosidad, racismo, complicidad y encubrimiento de ciertos personeros a este tipo de prácticas, interviniendo la justicia militar y abogando por la impunidad de asesinos. Carabineros debe evolucionar y sectores políticos conservadores no deben seguir exponiendo a personas como escudos humanos o carnes de cañón frente a conflictos políticos.
El caso LLévenes
Existen testimonios, de cómo fue la cacería por parte de Carabineros (ver video: http://www.youtube.com/watch?v=zRtySGH1YFs) que desmienten la versión de Carabineros que indica que el funcionario policial disparó en defensa propia. Existen peritajes, informes y todo demuestra un asesinato del joven Mapuche Jaime Mendoza Collío, tal cual ocurrió con Matías Catrileo.
El cuerpo del comunero mapuche Jaime Mendoza Collìo, cayó abatido a dos kilómetros de donde fue la toma de terrenos. Hubo persecución, tal como lo narra el video anterior.
A pesar de todo lo expresado, el General Cristián Llévenes, jefe de la IX Zona de Carabineros, insistió, que el policía disparó para defenderse de un ataque y proteger su vida, recibiendo "al menos 120 perdigones metálicos producto de disparos que se hicieron a menos de 10 metros. En esas circunstancias, para cuidar su integridad física y proteger su vida, hace uso de su arma de servicio. Ante un ataque de 10 personas que le disparaban con armas largas, entiéndame que a lo menos tenía el derecho a protegerse".
Alfredo Seguel
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire