samedi 12 décembre 2009

Convenio 169 y propuestas de campaña (Luis García - Huidobro)

Por Luis García-Huidobro, s.j. Pastoral mapuche de Santiago

Fuente: Diario La Nación

http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20091209/pags/20091209203100.html

La declaración de la ONU plantea el tema de la “desmilitarización de las tierras y territorios de los pueblos indígenas” como necesaria para “la paz, el progreso, el desarrollo económico y social, la comprensión y las relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del mundo”. A esto el gobierno ha sido totalmente ciego.

Entre los puntos de la propuesta de política indígena de Eduardo Frei se encuentra la revisión de las normativas necesarias para implementar el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, es necesario que sea más explícito en los conceptos sobre la relación de los pueblos indígenas con los estados (en particular territorio, autodeterminación y desmilitarización).

Sobre el territorio, el convenio dice que “la utilización del término ‘tierras’ (...) deberá incluir el concepto ‘territorios’, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera”. La implementación del convenio conduce a una readecuación radical del modelo de desarrollo actual (Chile: potencia forestal). Esto amenazaría los intereses de los grupos Angelini y Matte.

También plantea: “Los pueblos interesados deberán tener el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.

Eso no ocurrió con la concentración de la propiedad en dictadura, en un contexto de represión al movimiento mapuche. Estos intereses son la real piedra de toque del conflicto actual; los mapuches han quedado mirando cómo sus antiguas tierras enriquecen a otros y contaminan las pocas que les quedan.

En torno a la autodeterminación, un principio del convenio es el mejoramiento progresivo de los derechos reconocidos. La OIT no aceptó que Chile pretendiera ratificarlo con una declaración interpretativa al artículo que restringía su aplicabilidad.

La ratificación implica adherir a la Declaración de la ONU de Derechos de los Pueblos Indígenas que plantea: “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a autonomía o autogobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas”.

Esto es muy difícil para un Estado acostumbrado a diseñar políticas sin la participación de la ciudadanía.

Respecto al diálogo, el gobierno actual se manifiesta totalmente cerrado, pese a que las demandas de las comunidades y organizaciones hace tiempo van más allá de la mera devolución de tierras.

Que Frei sea más explícito es fundamental en el contexto de su gestión pasada, en que como dice Domingo Namuncura, en “Ralco: ¿represa o pobreza?”, “fue la imperiosa necesidad de que no se generasen conflictos con la poderosa influencia de Endesa, la que hizo posible la desinteligencia que puso al Alto Biobío, y sobre todo al mundo indígena y su relación con el Estado, en uno de los momentos más difíciles de superar”.

Nos encontramos en un escenario de mayor desconfianza; la Concertación propone a los pueblos indígenas un candidato presidencial que cambió la Conadi cuando ésta se opuso a la ilegalidad por la cual se materializaron las represas del Alto Biobío.

La declaración de la ONU plantea el tema de la “desmilitarización de las tierras y territorios de los pueblos indígenas” como necesaria para “la paz, el progreso, el desarrollo económico y social, la comprensión y las relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del mundo”.

A esto el gobierno ha sido totalmente ciego.

Ha aplicado políticas de represión ante la protesta social, como allanamientos indiscriminados, poca voluntad política para terminar con la jurisdicción de la justicia militar y la invocación de la ley antiterrorista, a la que Frei se manifiesta contrario, así como la Presidenta Bachelet había prometido no invocarla para casos relativos al justo proceso de recuperación territorial mapuche.

Aucun commentaire: