Ambos organismos inventaron que el asunto se resolverá con mover el río hacia la planta de tratamiento, olvidando la contaminación química, el rompimiento de las napas subterráneas, los perjuicios en los bienes de las personas, el racismo ambiental, y la salud y calidad de vida de las personas. Esta situación apunta directamente en contra de lo señalado por los afectados quienes exigen que la empresa modifique sus proyectos de plantas de tratamiento químico por plantas de tratamiento biológico…
Racismo Ambiental - Era de esperarse, el problema principal identificado por los organismos públicos, dejando pasar la calidad química del supuesto tratamiento del agua y los efectos de contaminación ambiental, por ejemplo coliformes fecales, y social en calidad de vida, salud y disponibilidad de agua, en el caso particular de la planta de tratamiento de aguas servidas de Padre Las Casas y Temuco, había sido que los vertidos procedentes de la planta no estaban siendo echados directamente al río Cautín, y por lo tanto no existe dilución.
Así, el diario Austral, medio señalado como cómplice de la empresa Aguas Araucanía, por parte de las organizaciones vinculadas a las redes ambientales de Temuco, publico ayer jueves la engañosa información de que Jovanka Pino, Directora de Conama región de La Araucanía, expresaba que “se logró establecer una solución” a la “escasa dilución” del punto de descarga en el río Cautín.
La gran solución consiste en que la empresa modifique el cauce natural del río Cautín, de modo tal de “contar en todo momento con un caudal no menor a los cinco metros cúbicos por segundo”, señalaba Jovanka Pino. Con esto además de aceptar contaminación química se le estaría dando a la empresa la posibilidad de intervenir físicamente el río. Consecuentemente a esto la Dirección General de Aguas (DGA), señala la nota, ya ha aprobado el 6 de enero la intervención.
DGA es consecuente en su actuar hace unos días por el mismo medio había salido negando la contaminación provocada por Aguas Araucanía, esto ocurría días antes que el Ministerio Publico confirmara la contaminación en el río Cautín.
En lo concreto, la intervención al río será de una longitud aproximada a los 260 metros con un ancho máximo de 20 metros y una profundidad cercana a los cincuenta centímetros. Esta situación apunta directamente en contra a lo exigido por lo afectados quienes han señalado “nosotros decimos que ducto debe ir al río, no el río al ducto”, son las palabras de Mauricio Peñailillo, Vocero de la Coordinación de Familias y Comunidades en Conflicto Socioambiental titulares de la Denuncia por Racismo Ambiental ante la ONU.
La Coordinación esta semana realizó una manifestación publica, explicitando su molestia por la falta de soluciones reales por parte del Gobierno Regional. Conductas reiteradas en que "el discurso público del gobierno, que el dialogo es la solución a los problemas es contrario a la realidad regional" sostuvo Peñailillo, "las comunidades afectadas llevan años en conversaciones, mesas de trabajo y no han logrado ninguna solución a sus demandas que son simplemente vivir en un lugar libre de contaminación".
Estas reacciones de las comunidades afectadas obedecen a que sobre todo los organismos públicos han estado dilatando la solución a este problema, que fue anunciado por ellos hace ya varios años, desviando el foco de la atención anclándose en los meros aspectos técnicos como este de la dilución. Se olvidan de los impactos socioambientales, del racismo ambiental, y de que desde el principio las comunidades han exigido que la empresa modifique sus proyectos de plantas de tratamiento químico por plantas de tratamiento biológico, que, según señalan, “es lo que se merece la región de La Araucanía”.
No obstante, los demás organismos deberán continuar con procesos pendientes, por una parte el Ministerio Publico y el Consejo de Defensa del Estado estudiar las posibles responsabilidades penales y civiles de Aguas Araucanía, y por otra la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) evaluar la eventuales sanciones y protocolos asociados a la fiscalización de la operación de la planta de tratamiento de aguas servidas más grande de la región.
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