La implementación plena y efectiva, de buena fe, de las Normativas Internacionales de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y conexiones, son obligatorias y de primer orden jerárquico dentro del ordenamiento jurídico, político y administrativo de Chile. Asimismo, el asumir las diversas recomendaciones que diversos comités, expertos, relatorías y órganos internacionales vienen efectuando al estado chileno, como estándar mínimo de Derechos, son temas impostergables y que ponen en juego la imagen democrática de Chile.
En ese sentido, el gobierno de Sebastián Piñera deberá replantearse ante el manoseo, asistencialismo y folklorización de la cuestión indígena que ha venido haciendo, ya que son inviables, no son un chiste y que se hace necesario un mínimo de respeto. Asimismo, deberá entender que los planes operativos y conspirativos, la represión a la protesta social, los montajes comunicacionales, la intolerancia y el racismo como sucede en la imposición a la fuerza de proyectos privados atentatorios, como métodos para no asumir sus responsabilidades y obligaciones, como se ha venido haciendo en el cogobierno que como Derecha económica han sostenido en estos últimos veinte años con la Concertación, son, siempre un fracaso y trae repercusiones serias.
Es de esperar que los sectores políticos de la Concertación como del nuevo gobierno y los de la oposición verdadera, afronten de manera responsable los temas pendientes y más que acuerdos decorativos y superficiales, se permita el debate real sobre temas de fondo como es el de asumir de una vez por todas la reparación de derechos a los pueblos originarios y cumplir así con las diversas medidas que se exigen. Entre otras materias pendientes obligatorias están:
- La implementación plena y efectiva, de buena fe, de las Normativas Internacionales de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y conexiones, como los diversos pactos y tratados, el Convenio 169 de la OIT, la declaración ONU sobre Pueblos Indígenas, que son obligatorias y de primer orden jerárquico dentro del ordenamiento jurídico, político y administrativo de Chile.
- Adecuación de la legislación local y sectorial de conformidad a esos criterios sobre estándares internacionales.
- Utilización de los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos que establecen las normas internacionales de Derecho, principalmente frente a los hechos que son de carácter político e histórico como los conflictos por tierras ancestrales y de imposición de proyectos de inversión en tierras indígenas.
- Dar implementación eficiente para los procesos de demarcación y restitución de Tierras ancestrales a comunidades, como parte del conflicto histórico y actual del estado chileno y que han sido conminados a cumplir por órganos como el Comité de eliminación de la discriminación racial y de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, como asimismo, la atención a la rica jurisprudencia que existe en ese sentido, atendiendo la importancia de un territorio suficiente para el desarrollo y Bienestar de un Pueblo.
- La implementación efectiva, plena y de buena fe de los procedimientos de consulta a los Pueblos Indígenas, sus comunidades y organizaciones frente a iniciativas de políticas públicas, legislativas y administrativas; y reconocer, debidamente el Derecho a la participación atendiendo aspectos políticos y socio culturales.
- Atender la situación de racismo y discriminación de que son objeto los Pueblos Indígenas en Chile, entre otros, ante las políticas de asimilación y homogenización y exclusión en aspectos educativos, de salud, medio ambiente, como es la contaminación, el deterioro de las actividades económicas locales que se deben revitalizar y asumir, niveles de reconocimiento y valoración.
- Poner fin a la violencia estructural del estado hacia la protesta social de los Pueblos Indígenas, particularmente en hechos que tienen que ver con legítimas reclamaciones en materia de demandas de tierras y/o defensa de territorios. Escandalosa es la aplicación de Leyes represivas como la Ley antiterrorista que diversos organismos internacionales de Derechos Humanos han conminado a poner fin, ya que son prácticas de facto.
- Terminar con la existencia de instituciones fácticas como la competencia de los tribunales militares en causas civiles, tal como ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la resolución del caso Palamara. Cabe mencionar que lo único que han generado son impunidades a abusos, atropellos y asesinatos ejecutados por agentes uniformados del estado en contra de numerosos civiles, hechos que han quedado en medio de verdaderos planes conspirativos.
- Reconocimiento de las instituciones tradicionales, como son sus autoridades; Y Potenciar las economías locales, las tradicionales y la vida rural.
Estos son temas que el Gobierno y el estado chileno en su conjunto deben asumir.
Es una obligación hacerlo. Insistir en que no hacerlo, es retroceder y violar. Es ponerse al margen del Derecho que a la postre, pesarán en las instancias calificadoras de Derechos Humanos, medio ambiente y del mercado comercial internacional.
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