Amigos de mapuexpress,
En relación a las preocupantes noticias provenientes de Chile respecto a los presos políticos mapuches y su prolongada huelga de hambre, finlandeses y residentes chilenos en Finlandia hemos comenzado una urgente campaña de denuncia.
Les envío nuestro comunicado que ya ha sido firmado por cientos de pesonas y organizaciones sociales. Este documento público y dirigido al gobierno de Chile será entregado en la Embajada de Chile en Helsinki, Finlandia, este viernes 10 de septiembre en el transcurso de una masiva protesta pacífica que tendrá lugar frente a la representación.
Dada la importancia de vuestra página y la gran audencia que tiene entre defensores de los DDHH y de los que luchan por la defensa de los pueblos originarios nos gustaría fuese publicitada en ella.
Agradeciendo y felicitandoles por vuestro trabajo les saluda a nombre de los organizadores de esta campaña.
Ricardo Parada B
Comunicado Público
Helsinki, agosto-septiembre de 2010
57 días en huelga de hambre en un Chile 200 años republicano.
A partir del 12 de julio del presente año (2010) se encuentran en huelga de hambre en las cárceles del sur de Chile 32 presos políticos mapuches. La declaración de huelga de hambre de los presos mapuches se fundamenta en legítimas exigencias de justicia objetiva e imparcial, del derecho a procesos justos y, en especial, a la no aplicación de la Ley Antiterrorista. Los abajo firmantes, chilenos residentes en Finlandia y amigos solidarios en esta causa, manifestamos nuestra profunda preocupación por la integridad física de estas personas y declaramos lo siguiente:
1.- Damos nuestro apoyo a las movilizaciones emprendidas por las organizaciones mapuches en destino a buscar una salida urgente y justa a sus procesos judiciales.
2.- Apoyamos sus demandas que exigen el fin inmediato de la aplicación de la Ley N° 18314, conocida como Ley antiterrorista. Esta ley, diseñada y aprobada en 1984 por orden de Augusto Pinochet, es y ha sido específica y constantemente criticada por organizaciones internacionales, como consta en el último informe presentado por el Consejo de Derechos Humanos a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de Febrero de 2009 por el finlandés Martin Scheinin, Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
3- Llamamos a eliminar la práctica del gobierno de Chile de otorgar competencia penal a tribunales militares para resolver casos originados por problemas de tenencia de tierras. Exigimos terminar con la aplicación del doble procesamiento judicial civil y militar.
4.- Demandamos que se termine con la militarización de las comunidades indígenas afectadas por disputas de tierras. El gobierno de Chile debe garantizar un recurso efectivo para las víctimas de abusos policiales, asegurando que los tribunales ordinarios tengan competencia sobre los delitos relacionados con violaciones de los derechos humanos
5.- Llamamos al gobierno de Chile a que cumpla su labor de defensor y garante de los derechos de los pueblos indígenas acorde al Derecho Internacional y al Estado de Derecho, en conformidad a los diferentes tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado de Chile en el foro jurídico internacional. Acuerdos tan valorados como el Convenio 169 de la OIT y La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (resolución 61/295 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas) que orienta y exige a los gobiernos con respecto al modo de tratar los casos de reclamaciones de tierras ancestrales de los pueblos originarios.
6.- Pedimos a las autoridades chilenas, iniciar un proceso de diálogo y apertura a las demandas de los presos en huelga de hambre, de inmediato, en orden a no avanzar en una escalada de violencia contra el pueblo mapuche y a rectificar la actual política discriminatoria aplicada a las históricas demandas del pueblo mapuche que el Estado de Chile sigue vulnerando.
7.- Llamamos a la opinión pública finlandesa, a las organizaciones de la sociedad civil, al gobierno, a los partidos políticos y a todos los defensores de los DDHH a exigir el cumplimiento en Chile de los Derechos Humanos. Exigir el fin del uso de la Ley Antiterrorista cuando movimientos sociales, como es el caso de los pueblos indígenas, demandan el disfrute de sus derechos fundamentales.
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