lundi 13 septembre 2010

Comisión de Constitución del Senado aprueba modificaciones a la Ley Antiterrorista



A espaldas de los representantes de los 34 Presos político Mapuche, sin ser debidamente consultados (como mandata el Convenio 169 de la OIT) el Senado continua la tramitación de la modificación de la Ley antiterrorista. Los huelguistas y sus representantes han sido claros, hay que instalar una mesa de diálogo que busque una real y efectiva solución a sus demandas. El gobierno no puede seguir amenazando y actuando a través de la prensa, imponiendo su voluntad

Fuente: Radio.Uchile.cl

En una sesión especial que se realizó el sábado a raíz de la huelga de hambre mapuche, la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado aprobó el proyecto de ley que busca modificar la Ley Antiterrorista y que fue enviado por el Ejecutivo el jueves pasado.

Con los votos a favor de los senadores Alberto Espina (RN), Andrés Chadwick (UDI) y Hernán Larraín (UDI) y las abstenciones de Soledad Alvear (DC) y Patricio Walker (DC), la iniciativa legal fue despachada este domingo para ser ingresada oficialmente a la instancia legisladora el martes 14 de septiembre para ser discutida en sala.

Según explicó Soledad Alvear, la aprobación del texto legal estuvo sujeta al compromiso del Gobierno de enviar una “ley corta” que abordara específicamente las demandas de los comuneros mapuche, para así poder discutir los alcances de la Ley Antiterrorista con mayor tiempo y profundidad.

En esa misma línea, el senador Patricio Walker advirtió que “todos tenemos que ceder en algo para ayudar a estos chilenos en huelga de hambre. Sin embargo si ellos sienten que esta normativa no es suficiente no van a deponer su actitud”. Por lo mismo, aseguró que la Concertación presentará indicaciones al texto propuesto por el Ejecutivo.

La iniciativa aprobada por la comisión de Constitución establece un cambio en el peso de la prueba del delito terrorista para que sea la Fiscalía la que deba comprobar si existió tal delito. También modifica la figura legal actual del derecho penal de autor, donde se sanciona de manera más gravosa por sospecha de que una persona ha cometido conductas terroristas.

Por otro lado, se rebajan las penas para el delito de incendio para equiparar las sanciones propias del Código Penal y se permite que a los testigos protegidos se les pueda contra interrogar, con el objetivo de garantizar el debido proceso.

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