Sectores Neo colonialistas hablan de “gestos” por parte del Presidente chileno Piñera en impulsar dos iniciativas en el marco de las demandas de los 34 Presos Mapuches en Huelga de Hambre: Una es modificar la Ley antiterrorista y la otra modificar la competencia de tribunales militares que involucra a civiles. Indistintamente a esto, no se trata de gestos, ni caridad, ni benevolencia, se tratan de obligaciones que el estado chileno, encabezado por el Gobierno deben atender e implementar.
Son diversas las materias pendientes que deben ser asumidas y que tienen directa relación con el tipo de democracia que se vive en Chile y el respeto y cumplimiento a los Derechos Humanos.
Situación de DDHH de los Pueblos Originarios en Chile es uno de los principales topes que enfrenta el Estado chileno y uno de los principales cuestionamientos sobre su verdadera vida democrática.
Existe una serie de incumplimientos y materias pendientes por parte del estado chileno sobre recomendaciones que diversos comités y Relatorías de las Naciones Unidas le han dado a conocer a Chile en los últimos años por violaciones a los DDHH indígenas.
Del mismo modo, el Gobierno no está atendiendo sus obligaciones de implementación con respecto a las normas internacionales de Derechos Humanos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ejecutando actos ilegales, poniéndose al margen del derecho y generando un clima de incertidumbre jurídica y política al interior del País. Uno de los últimos hechos es que el Gobierno debió haber dado a conocer oportunamente y consultado sobre la Memoria de implementación del Convenio 169 que el 1 de septiembre ingresó, de manera “clandestina”, contraviniendo una serie de disposiciones legales y actuando a espalda de los Pueblos Indígenas. Del mismo modo impulsa actualmente un Proyecto de Reforma Constitucional sobre Pueblos Indígenas, de manera inconsulta y cancelatoria de Derechos.
El estado chileno mantiene una impresentable situación con respecto al cumplimiento e implementación que organismos de la ONU vienen haciendo. Las recomendaciones de comités: Del Niño; de Derechos económicos, sociales y Culturales (DESC), DE Tortura, de DDHH (Pacto derechos civiles y políticos); de Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR), las recomendaciones de relatores ONU, como Stavenhagen y Anaya sobre la situación indígena, son algunos de los antecedentes que ponen en alerta a la comunidad internacional de Derechos Humanos sobre los verdaderos síntomas democráticos que se viven en Chile.
En base a esto, dentro de las temáticas pendientes o incumplidas, el Gobierno en representación del estado chileno debe asumir las siguientes materias:
• La implementación plena y efectiva, de buena fe, de las Normativas Internacionales de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y conexiones, como los diversos pactos y tratados, el Convenio 169 de la OIT, la declaración ONU sobre Pueblos Indígenas, que son obligatorias y de primer orden jerárquico dentro del ordenamiento jurídico, político y administrativo de Chile.
• Adecuación de la legislación local y sectorial de conformidad a esos criterios sobre estándares internacionales.
• Utilización de los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos que establecen las normas internacionales de Derecho, principalmente frente a los hechos que son de carácter político e histórico como los conflictos por tierras ancestrales y de imposición de proyectos de inversión en tierras indígenas.
• Dar implementación eficiente para los procesos de demarcación y restitución de Tierras ancestrales a comunidades, como parte del conflicto histórico y actual del estado chileno y que han sido conminados a cumplir por órganos como el Comité de eliminación de la discriminación racial y de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, como asimismo, la atención a la rica jurisprudencia que existe en ese sentido, atendiendo la importancia de un territorio suficiente para el desarrollo y Bienestar de un Pueblo.
• La implementación efectiva, plena y de buena fe de los procedimientos de consulta a los Pueblos Indígenas, sus comunidades y organizaciones frente a iniciativas de políticas públicas, legislativas y administrativas; y reconocer, debidamente el Derecho a la participación atendiendo aspectos políticos y socio culturales.
• Atender la situación de racismo y discriminación de que son objeto los Pueblos Indígenas en Chile, entre otros, ante las políticas de asimilación y homogenización y exclusión en aspectos educativos, de salud, medio ambiente, como es la contaminación, el deterioro de las actividades económicas locales que se deben revitalizar y asumir, niveles de reconocimiento y valoración.
• Poner fin a la violencia estructural del estado hacia la protesta social de los Pueblos Indígenas, particularmente en hechos que tienen que ver con legítimas reclamaciones en materia de demandas de tierras y/o defensa de territorios. Escandalosa es la aplicación de Leyes represivas como la Ley antiterrorista que diversos organismos internacionales de Derechos Humanos han conminado a poner fin, ya que son prácticas de facto.
• Terminar con la existencia de instituciones fácticas como la competencia de los tribunales militares en causas civiles, tal como ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la resolución del caso Palamara. Cabe mencionar que lo único que han generado son impunidades a abusos, atropellos y asesinatos ejecutados por agentes uniformados del estado en contra de numerosos civiles, hechos que han quedado en medio de verdaderos planes conspirativos.
• Reconocimiento de las instituciones tradicionales de los Pueblos originarios, como son sus autoridades; Y Potenciar las economías locales, las tradicionales y la vida rural
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