Por Cristián Frêne Conget, Ingeniero Fortestal y socio de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo(AIFBN)
Fuente: El Ciudadano
Cuando se habla del sector forestal, efectivamente el D.L. 7021/1974 es el pilar fundamental del actual desarrollo de un modelo que, pasadas varias décadas desde su instalación, ha resultado ser altamente beneficioso para pequeño grupo de grandes empresarios, que han concentrado todo el sector desde producción hasta industria, y altamente costoso para la mayoría de la sociedad chilena. Así lo demuestran diversos estudios: entre ellos destaca en el área económica el realizado por la Universidad de Concepción , en el área social el desarrollado por el RIMISP , ambos recientemente publicados; y un gran número de trabajos científicos que dan cuenta de los efectos de las plantaciones forestales sobre el consumo y calidad de agua, la erosión y fertilidad de suelos . Por eso es relevante cuestionarse si la extensión de este Decreto es positivo o no.
De otra forma seguiremos aplicando un modelo que a todas luces no ha generado los objetivos propuestos inicialmente.
Cuando se habla de captura de carbono debemos entender que este es un proceso de largo plazo. Por lo tanto sostener que plantaciones forestales con ciclos de corta máximos de 25 años fijan carbono es una falacia. Sólo sería cierto si la madera producida por esas plantaciones se destinara a usos como mueblería o madera estructural. Pero en Chile sabemos que cerca del 50% de la producción forestal se exporta como celulosa y, si agregamos astillas pulpables, papeles y cartones, llegamos al 70%5 del total de exportaciones. Todos estos productos tienen una vida media que no supera el año. Además, el método silvícola utilizado para cosechar las plantaciones genera erosión de suelos producto de la actividad de la construcción de caminos, actividades de cosecha y la acción de las lluvias sobre el suelo, que queda descubierto de vegetación por al menos tres temporadas, hasta que la nueva plantación cierra su dosel. Sabemos también que el suelo es un importante sumidero de carbono, por lo que al degradarlo estamos liberando carbono a la atmósfera. Por lo tanto, fijación de carbono a través de plantaciones, al menos bajo las actuales condiciones en Chile, casi no existe.
Los impactos sociales, ambientales y económicos asociados a la degradación de los suelos sin cobertura vegetal existen desde inicios del siglo XX, por las actividades de destrucción de bosque nativo para la implementación de actividades agropecuarias que están bien documentadas . El problema es que esta situación continúa hasta nuestros días con la implementación del modelo forestal en los terrenos que fueron abandonados por la aplicación de una agricultura intensiva mal manejada. Los cortos ciclos de corta y el método de cosecha (tala rasa) de las plantaciones no permiten una recuperación de los suelos degradados desde inicios del siglo XX. Quien diga lo contrario lo insto a presentar al menos un estudio serio que muestre la recuperación de suelos bajo actividad forestal. Simplemente no existe porque esto no ocurre. Todos los estudios científicos muestran lo contrario: pérdida de suelo y su fertilidad.
En un artículo publicado hace unos días en el portal Lignum se destacan como ejemplos regiones como Coquimbo, Valparaíso y O´higgins como zonas altamente erosionadas, sin embargo no mencionan que el interés del sector forestal no está puesto en esas regiones, sino más al sur. Entonces, plantear esto como un potencial terreno a recuperar por parte del D.L. 701 es otra falacia que sirve para confundir al lector.
En cuanto a las especies sujetas a bonificación, es absolutamente cierto que pueden ser tanto de origen exótico como nativo, y también que el propietario es quien elige. Sin embargo, también es cierto que existe un permanente flujo de información hacia los propietarios de tierras forestables en el sentido de mostrar las bondades de especies como el eucalipto, sin nombrar sus defectos, además de ningunear a las especies nativas con argumentos falaces como que estas “no crecen”.
Lo más triste de todo es que esta propaganda no sólo la hace la empresa privada (que tienen derecho a hacerlo), que obviamente está buscando beneficiarse a través de la ampliación de áreas plantadas que después serán insumo para la industria que ellos mismos controlan, si no también por el Estado, a través de programas de “forestación campesina” donde se promueve a ultranza la plantación con especies exóticas de rápido crecimiento, sin informar de los potenciales efectos negativos. De esta forma, es bastante difícil tomar una decisión distinta a la promovida por empresas y Estado, considerando, lamentablemente, la falta de conocimiento de la gente en el campo respecto a este tema.
Lo planteado respecto a diversificar la concentración de los recursos forestales, la realidad dista mucho de las buenas intenciones planteadas en el artículo, ya que el estudio de la Universidad de Concepción muestra claras evidencias de cómo las grandes empresas controlan a su antojo el manejo y comercialización de los productos obtenidos de las plantaciones.
Finalmente, para hacer un análisis serio de la aplicación del D.L. 701, no basta con hacer aseveraciones sin fundamentos, es necesario conocer alguna evaluación objetiva de su aplicación. Para esto, el Gobierno de Chile encargó en el año 2005 un estudio que nos entrega luces respecto a quienes han sido los beneficiados con este cuerpo legal, y donde se han realizado las forestaciones. En la primera etapa de aplicación de este cuerpo legal (1974-1997) los grandes beneficiados fueron los grandes propietarios forestales (ARAUCO, CMPC): del total de plantaciones bonificadas por el Estado hasta el año 1997, sólo un 5.8% correspondió a pequeños propietarios y el 94.2% a medianos y grandes propietarios.
Lo anterior determinó que en el año 1998 se dictara la Ley 19.561 que modifica el Decreto Ley 701, incentivando la plantación forestal en terrenos de pequeños propietarios, prácticas de recuperación de suelos y forestación en terrenos con suelos frágiles y degradados. Sin embargo, durante el periodo 1998-2004 solo el 38% del total plantado fue forestado por pequeños propietarios y el 62% por medianos y grandes propietarios bajo el componente recuperación de suelos degradados. Además, no es menor considerar que muchas de las plantaciones establecidas en pequeñas y medianas propiedades fueron bajo el apoyo de las grandes empresas, para alimentar la industria controlada por la gran empresa. Esta es una forma solapada de aumentar la superficie efectiva de plantaciones que alimentan esta industria altamente concentrada.
En consecuencia, una prórroga del D.L. 701 debería ser repensada y estar orientada sólo a medianos y pequeños propietarios, y ser proyectada para recuperar extensas aéreas degradadas no sólo por la actividad agropecuaria, si no también por la actividad forestal que en las últimas décadas ha continuado con la degradación de nuestros suelos, principal “almacén” de agua y reservorio de la fertilidad, que permiten nuestra sobrevivencia en la Tierra.
Si continuamos con políticas de Estado, sustentadas en leyes que favorecen la degradación de nuestros ecosistemas, no estamos apuntando al bienestar de la sociedad, que se supone es el fin último del Estado.
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