La detención de Manuel Olate reabre la discusión de sobre los vínculos del Pueblo Mapuche y las FARC, tesis promovida desde el 2008 por fiscales, senadores y autoridades de gobierno.
¿Tiene legitimidad denuncias de las autoridades de un país donde imperan el terrorismo de estado, los montajes y la impunidad?
Por Sergio Millamán
Mapuexpress
Nuevamente el Gobierno y el Ministerio Público buscan vincular organizaciones mapuche con la guerrilla colombiana, esta vez con ocasión de la detención y solicitud de extradicción en contra de Manuel Olate, militante comunista y activista de la lucha latinoamericana, cuya detención fue solicitada por el gobierno Colombiano, acusándolo de tener vínculos con la FARC, sin imputarle aún ningún delito. La detención de Manuel Olate da una nueva oportunidad al Gobierno y al Ministerio Público para levantar nuevamente la tesis de los vínculos entre la organización guerrillera y organizaciones mapuche.
Esta tesis surge el año 2008 cuando Sebastian Piñera, Andres Allamand y por supuesto, Alberto Espina, viajan a Colombia, se reúnen con Alvaro Uribe y Manuel Santos, presidente y ministro de defensa de Colombia en ese entonces; quienes entregaron en esa ocasión presuntas pruebas contenidas en la computadora portátil de Raúl Reyes, cuya credibilidad fueron minimizadas en su oportunidad por la Interpol y el secretario general de la OEA.
Incluso, estos vínculos ya habían sidos descartados a fines del año pasado por fiscal Nacional, Sabas Chahuán, quien señalo ante agencias internacionales que no hay elementos que certifiquen la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) en Chile y descartó que mapuches hayan sido entrenados por integrantes de la guerrilla.
Sin embargo, a pesar de la inexistencias de pruebas, el fiscal Francisco Ljubetic en julio de este año, refloto esta acusación, argumentando que las características de las supuestas tácticas utilizadas en el enfrentamiento donde resultó herido el fiscal Mario Elgueta en 2008, tendrían similitudes con lo señalado en cartillas de formación de las FARC.
Como era esperar estas acusaciones tuvieron amplia difusión por los medios de comunicación comerciales. La Segunda titulo:Fiscal: Violentistas mapuches tienen entrenamiento FARC. El programa "Contacto" de Canal 13 emitio un publicitado reportaje que daba cuenta del viaje de dos fiscales a Colombia, enviados por el Ministerio Público a recabar antecedentes que vincularían a comuneros mapuches con la guerrilla colombiana de las FARC.
Transcurrido un mes del termino de la huelga de hambre que 34 presos políticos mapuche mantuvieron por más de 80 días, a días de iniciarse nuevos juicios contra los mismos huelguistas, surge nuevamente desde el gobierno y el ministerio publico la intención de vincular al pueblo mapuche con las FARC, sin duda con el único objetivo de justificar la criminalización contra el pueblo mapuche. (ver http://www.elciudadano.cl/2010/10/31/manuel-olate-cespedes-a-la-carcel-por-una-sospecha-colombiana/
Ante estas nuevas acusaciones, Jorge Huenchullan, Vocero del parlamento autónomo de Malleco, declaro a radio Bio Bio el rechazo absoluto a la tesis que busca vincular al pueblo mapuche con organizaciones guerrilleras de Colombia, recalcando que esta tesis busca justificar la criminalización del pueblo mapuche. Además fue enfático al señalar que el fundamento de la lucha mapuche se encuentra al interior de sus comunidades, sin necesitar nexos con organizaciones extranjeras.
Colombia: Estado Terrorista
Para valorar adecuadamente estas denuncias habría que conocer la realidad que sufren los pueblos de Colombia. Esta es una realidad que se caracteriza por la violación sistemática de los derecho humanos, cuyo principal responsable es el mismo estado Colombiano.
La historia reciente de Colombia esta marcada la guerrra y las tragedias humanitarias que esta trae consigo. Ante el horror de la guerra la respuesta del estado colombiano ha sido instaurar terrorismo como política de Estado, haciendo de la violación de los derechos humanos una constante en todos los rincones de Colombia.
Evidencia de lo anterior son los más de 50.000 desaparecidos; 10% de su población desplazada; más de 150.000 homicidios y una gran destrucción de las comunidades (18 pueblos indígenas al borde del exterminio; sectores populares como campesinos, movimientos sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos son víctimas de crímenes continuos).
(Ver Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. Colombia
A esto se suma vergonzosamente el caso de los "Falso Positivos", que no es otra cosa que ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes del estado, para justificar su política de terror, denominada "Seguridad Democrática". Los falso positivos hoy arrojan 2.077 víctimas (122 de ellas mujeres y 59 menores de edad).
A esto se suma vergonzosamente el caso de los "Falso Positivos", que no es otra cosa que ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes del estado, para justificar su política de terror, denominada "Seguridad Democrática". Los falso positivos hoy arrojan 2.077 víctimas (122 de ellas mujeres y 59 menores de edad).
Los falsos Positivos y la impunidad que protege a sus autores, la interminable lista de violaciones sistemática a los ddhh en Colombia, demuestra la inmoralidad del Estado Colombiano y sus autoridades; lo cual hace de las pruebas y acusaciones hechos por ellos carentes de todo valor.
Claramente de sus acusaciones infundadas gana solamente el terrorismo de Estado. Por un lado Chile y sus autoridades justifican la persecución y represión hacia el pueblo Mapuche, haciendo que los fiscales del ministerio público logren justificar artificialmente la existencia de asociaciones terroristas en Chile. Por el otro lado, Colombia fortalece su política de Seguridad Democrática, consigue un aliado importante en la región para protegerse de la mirada internacional que exige verdad y justicia por las de violaciones de ddhh que cometen agentes del estado, paramilitares y narcotraficantes en Colombia.
Sin duda, la relaciones entre Chile y Colombia se fortalecen, lástima que sea en base a montajes y violaciones a los derechos humanos.
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