Los cuatro líderes mapuche condenados por un tribunal chileno luego de un prolongado y torcido proceso cumplen hoy tres semanas de huelga de hambre en demanda de un juicio justo e imparcial./ "Tiene que ser así para que puedan ser escuchados", afirmó en un acto público en el céntrico Paseo Ahumada de esta capital Natividad Llanquileo, portavoz de los Mapuche sentenciados.
Imagen: Natividad Llanquileo, Vocera PPM (Foto UPI)
Texto Prensa Latina
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Tenemos la obligación de apoyar a nuestros hermanos, reiteró la dirigente mapuche, quien denunció el trasfondo político del juicio contra los comuneros Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, sentenciados por presunta participación en un atentado contra un fiscal chileno en 2008.
Para las comunidades mapuche la condena del tribunal de Cañete, comuna de la región del Bío Bío, demuestra la persecución del Estado chileno contra la etnia con el fin de detener la lucha por la recuperación de tierras ancestrales usurpadas en beneficio de privados y empresas transnacionales.
El 15 de marzo, los cuatro comuneros sindicados como líderes de la Coordinadora Arauco Malleco retomaron el ayuno que ya habían protagonizado en el segundo semestre del 2010 y que habían depuesto tras un compromiso del Gobierno que consideran quedó en letra muerta.
En carta publicada por el diario digital Mapuexpress, los comuneros subrayaron que aunque en el fallo del tribunal no se utilizó la ley antiterrorista como prometió La Moneda, a lo largo del juicio sí se apeló a los procedimientos contemplados en el criticado instrumento jurídico que data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
"Si bien en la sentencia no se aplicó la ley antiterrorista, para la tipificación de los delitos sí se consideraron las declaraciones de los testigos secretos, figura que sólo la cuestionada norma permite como medio de prueba", expresaron Llaitul y sus compañeros.
"Lo que pasó en el juicio fue totalmente diferente", insistieron los indígenas. Indicaron que el tribunal de Cañete, comuna de la región del Bío Bío, contribuyó al impugnado secretismo e imposibilitó la labor de los abogados de la defensa.
A partir de las razones expuestas, los cuatro condenados, con penas que oscilan de 20 a 25 años, explicaron la determinación de retomar la huelga de hambre.
Tal medida, enfatizaron, la llevarán hasta las últimas consecuencias, en demanda de un juicio justo, sin aplicación de la ley antiterrorista y un tribunal independiente, competente e imparcial.
arc/tpa
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