Chile Continúa Sin Ley de Protección Especial de la Niñez

La vulneración de derechos de los niños y niñas de las comunidades mapuche en conflicto por la recuperación de sus tierras, pone en evidencia la frágil institucionalidad en torno a la protección de los derechos humanos de niños y niñas en el país.

Por José Horacio Wood, Director Fundación ANIDE Fuente: Boletín Pichikeche

Las movilizaciones por la educación han demostrado a una ciudadanía que protesta no sólo contra el actual sistema de educativo, sino también contra todo un modelo de “desarrollo” basado en la discriminación. Y ante la movilización social, nuevamente nos encontramos con un Estado que responde en forma represiva, como se ha acostumbrado a enfrentar también a la legítima protesta social mapuche, donde se han vulnerado gravemente los derechos de los niños y niñas de las comunidades en conflicto por la recuperación de sus tierras ancestrales.

Nos habíamos acostumbrado a tomar como “natural” e inamovible que la educación pública se caracterice por su mala calidad, que el acceso a la universidad implique niveles de endeudamiento fuera de toda lógica para cualquier familia del país, que la educación en general sea considerada un “buen negocio”, y se pasen por alto -con distintas argucias- hasta las mismas normas que el propio modelo se ha dado, en definitiva que sea el mercado el principal rector de nuestra vida.

Pero estamos llegando a los umbrales de lo que nuestra sociedad puede tolerar, y ya era hora.

Los recientes Paros Nacionales por la Educación han llamado la atención por la masividad de la respuesta y de la participación ciudadana. Parece ser que la manifestación de la ciudadanía no ha sido sólo contra el actual sistema de educativo- que favorece el lucro para unos pocos y el progresivo empobrecimiento de la calidad de la educación para muchos- sino también contra todo un modelo de “desarrollo” basado en la discriminación.

Además del lamentable estado de la educación chilena hay otros problemas que ya no se pueden tolerar. Nos referimos a la forma represiva en que el Estado responde ante la movilización y la protesta social.

No nos pueden dejar indiferentes las declaraciones de un personero del Gobierno en relación a Marcha del 30 de junio. El personero en cuestión manifestó su preocupación por el costo que tiene para el país en términos de la seguridad ciudadana el tener que destinar efectivos policiales a vigilar la marcha, distrayéndolos de sus funciones. Estas declaraciones, aun cuando no dejen de sorprendernos, nos permiten plantear la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de “seguridad ciudadana” le brinda el Estado chileno a los niños y niñas?

En otro caso, el de la criminalización de la legítima protesta social mapuche, hemos visto como el mismo Estado es quien ha vulnerado gravemente los derechos de los niños y niñas de las comunidades en conflicto por la recuperación de sus tierras ancestrales. Hemos visto como niños son acusados por Ley Antiterrorista, escuelas allanadas, niños y niñas heridos de balines, y un sin fin de situaciones en las cuales el Estado ha ocupado toda su fuerza para violar los derechos humanos de los niños y niñas. Este tema fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de este año, sin tener aún ninguna respuesta por parte del Ejecutivo.

La vulneración de derechos de los niños y niñas de las comunidades mapuche en conflicto por la recuperación de sus tierras, pone en evidencia la frágil institucionalidad en torno a la protección de los derechos humanos de niños y niñas en el país.

A más de veinte años de haber ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Chile aún no cuenta con una Ley de Protección Integral de la Niñez. Tampoco existen protocolos que regulen la acción de las policías en sus procedimientos cuando hay niños y niñas involucrados. Sin ir más lejos, ha habido denuncias de tratos degradantes e inhumanos en contra de estudiantes secundarios que han participado de la actual protesta social incluso en los medios de comunicación masiva.

La vulneración de los derechos de niños y niñas es algo que no podemos ni debemos tolerar si realmente queremos vivir en un país en que exista una cultura de respeto y protección de los derechos humanos. Frente a esto es necesario que el Gobierno de pasos claros y concretos para transformar en realidad sus palabras y declaraciones de buenas intenciones. Consideramos que es fundamental que las instituciones de la sociedad civil hagan incidencia ante las instituciones del Estado para avanzar en aquellas modificaciones legales y normativas que garanticen el ejercicio de todos los derechos de los niños y niñas, incluido su derecho a la educación; y que se norme y regule el uso de la fuerza pública para poner fin a la criminalización de la niñez en Chile, incluida por supuesto la niñez mapuche.

* Para suscribirse al Boletín Pichikeche: Por los Derechos de la Niñez Mapuche”, escribir a comunicaciones@anide.cl