Jimena Reyes, Responsable de la Oficina de las Américas, en la FIDH – Federación Internacional de liga de Derechos Humanos, se reunió en Temuco con organizaciones Mapuche quienes le dieron cuenta sobre el financiamiento que la Unión Europea ha entregado al Gobierno para la implementación de una llamada “Consulta Nacional Indígena” la que ha sido severamente cuestionada en Chile por transgredir derechos y estándares internacionales.
Del 3 al 8 de julio se realiza la nueva misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos o FIDH encabezada por la abogada colombiana Jimena Reyes, Responsable de la Oficina de las Américas.
Si bien es cierto, para esta misión, de particular importancia ha sido la revisión sobre la aplicación de ley antiterrorista en casos de menores mapuche e insistir en la reforma de esta legislación, así como en la competencia de la justicia militar, también han existido audiencias y reuniones con diversos actores relativas a diferentes temas que involucran los intereses y derechos del Pueblo Mapuche, siendo de especial atención la situación de la consulta nacional indígena impulsada por el gobierno chileno la que ha sido denominada de fraudulenta, irregular, ilegal, de mala fe por diversas organizaciones indígenas en Chile y de Derechos Humanos.
La imposición de la iniciativa gubernamental en crisis cobra nuevos episodios por cuanto recientemente se ha dado a conocer que tiene financiamiento por parte de la Unión Europea, lo que ha juicio del Grupo de Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos es una situación lamentable, ya que dicha instancia estaría siendo cómplice de una acción atentatoria en contra de los derechos de los Pueblos indígenas.
En reunión con organizaciones en Temuco, entre ellas Wallmapuwen y GTDC, la jurista recibió los antecedentes para su consideración lo que podría ser destinado al Parlamento europeo (PE) ante la responsabilidad que le compete y en su rol de fiscalizador. Cabe mencionar que FIDH tiene sede central en Bruselas, Bélgica, lugar donde también el PE tiene una de sus sedes principales.
Por su parte Wallmapuwen expuso sobre la situación de exclusión política que enfrentan los Pueblos Indígenas en Chile, la falta de participación, la manipulación y mala fe en acciones como la llamada “consulta” y los conflictos que actualmente enfrenta el Pueblo Mapuche como consecuencia de la acción estatal.
La misión FIDH se ha reunido con diversos referentes Mapuche de territorios que han sido víctimas de la criminalización y violencia institucionalizada, como también con autoridades de los diferentes poderes estatales.
Por otro lado, cabe consignar que en estas últimas semanas diversos referentes como Comunidades de Lumaco, la Comisión Trawun Mapuche-Hilliche, diversas comunidades del territorio Nagche, el consejo Aymara, la propia Wallmapuwen, incluso la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la República de Chile o el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre varios otros, han catalogado de arbitraria la llamada “consulta” indígena, de ilegal y han solicitado la derogación del Decreto 124 y la suspensión de la falsa consulta por no cumplir obligaciones.
El Decreto 124 fue impuesto sin consulta por el Gobierno de Bachelet, siendo aparentemente un pacto político con la Alianza por Chile y que busca transgredir las obligaciones que el Convenio 169 de la OIT establece sobre mecanismos y formas de consulta y participación, lo que hoy está siendo prevalecido por el Gobierno de Piñera.
Diversos referentes han sido categóricos en señalar que dicha \"consulta\" no contempla instancias válidas de diálogo ni acuerdos vinculantes, que es un proceso carente de buena fe, viciado en su origen y fin, tal como lo prueban las declaraciones de autoridades que han señalado que el Gobierno no cambiará sus planes tras la denominada \"gran consulta\" por no ser vinculante. En suma, se incumplen requisitos esenciales de validez de una consulta de acuerdo a las normas obligatorias para el Estado.
En septiembre de 2009 el Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya recomendó a Chile que el reglamento provisorio de consultas debia ser consultado previamente con los pueblos indígenas, y debia cumplir con las normas y principios internacionales.
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