Pese a la contumacia en la implementación de la iniciativa anunciada por el Ejecutivo, los dirigentes indígenas continúan solicitando que se derogue el decreto 124 del Mideplan que reglamenta las consultas a los pueblos originarios, ya que no se ajustaría a los estándares internacionales.
Imagen: Vocera PPM Natividad Llanquileo / werken Comunidad Huilliche Francisco Vera Millaquén
Por Paula Correa / Radio Universidad de Chile
http://radio.uchile.cl/noticias/121739/
El Gobierno ya comenzó la difusión de esta supuesta "gran" "consulta", anunciada por el ministro de Planificación, Felipe Kast, pero los principales dirigentes indígenas exigen que se detenga el proceso.
Esto porque aún sigue vigente el convenio 124 del Mideplan, que regula la forma en la que se deben realizar las consultas pese a que nuestro país ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una herramienta que señala los procedimientos a seguir conforme al canon internacional.
La principal crítica de los dirigentes es que este convenio no es vinculante, por lo que ha sido utilizado como herramienta de los gobiernos para validad sus posturas amparados en la supuesta realización de una consulta representativa.
La vocera de los presos políticos mapuche, Natividad Llanquileo, consideró que la consulta se hace a “grupos que son selectivos por parte del Gobierno, que están a su favor. No solamente ha pasado en este gobierno sino también en los anteriores, donde también se buscaban grupos que los apoyaban y después hacían valer esas respuestas. Decían que las organizaciones mapuches apoyaban el proceso”.
Con esto coincidió Hugo Gutiérrez (PC), diputado de la comisión de Derechos Humanos, quien consideró que “regula de mala forma este derecho, lo hace prácticamente inservible y totalmente ineficaz. En consecuencia, seguimos insistiendo -así lo hemos representado al Presidente y otras autoridades- en que este decreto sea dejado sin efecto”.
Los dirigentes indígenas se reunirán también con el Senado para manifestar sus inquietudes y buscar la vía para frenar el proceso de consulta.
También el Instituto Nacional de DD.HH. se sumó a la solicitud, recordando que el decreto 124 es un reglamento provisional y que sólo cumple con los criterios mínimos aplicables a la consulta. “Ante la insistencia del Gobierno en aplicar el decreto, en rigor, no se estaría frente un ‘proceso histórico’ de consulta, sino ante un nuevo caso de defraudación a los pueblos indígenas; un masivo e histórico atropello de DD.HH”, señaló.
En este sentido, el vocero mapuche huilliche, Francisco Vera Millaquén, uno de los impulsores de este debate, exigió al Gobierno que no siga haciendo oídos sordos: “Si ya todos los organismos de DD.HH. se han manifestado en el mismo sentido, el Gobierno no puede seguir haciéndose el loco, mirar para otro lado y seguir adelante con una consulta que a todas luces es ilegal y atentatoria contra los derechos de los indígenas. La consulta debe estar normada como establece el convencio 169″, indicó.
Así, según señalan sus detractores, la consulta estará viciada mientras no se derogue el decreto 124, no se permita la real participación de los pueblos originarios, no se reconozca a verdaderos sus verdaderos líderes y no se integre de forma consiente sus demandas.
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