samedi 29 octobre 2011

Gerente General de Aguas Araucanía con orden de arresto por no presentarse a audiencia ante caso de contaminación del Río Cautín


Una orden de arresto pesa sobre el gerente general de Aguas Araucanía, Santiago Hernando Pérez (ciudadano español), por no presentarse a audiencia ante juzgado civil de Temuco donde se acusa a la empresa de contaminar el río cautín mediante la evacuación de descargas de aguas servidas sin tratar desde la planta de tratamiento de aguas servidas de Temuco y Padre las Casas desde el año 2006 hasta el 2011. / Este 2 de Noviembre se realizará una conferencia de prensa para informar los detalles.

Esta información será dada a conocer en detalle el día 2 de Noviembre en una conferencia de prensa en esta Ciudad en el café AMICI a las 11 horas y señalan desde la Red de acción por los Derechos Ambientales, RADA. “En el café AMICI (fecha y hora señaladas) se desarrollará conferencia de prensa para hacer pública la orden de arresto que pesa sobre el gerente general de Aguas Araucanía, Santiago Hernando Pérez (ciudadano español), por no presentarse a audiencia ante el 1º juzgado de letras civil de Temuco, por causa rol nº 2506 del 2011, donde se acusa a la empresa de contaminar el río cautín mediante la evacuación de descargas de aguas servidas sin tratar desde la planta de tratamiento de aguas servidas de Temuco y Padre las Casas desde el año 2006 hasta el 2011”.

La causa interpuesta por la señora María Calfiñir, cuyo domicilio se encuentra vecino a la planta de tratamiento ya mencionada, tiene como pruebas las resoluciones de contraloría, de CONAMA, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios e informes de CONADI, SEREMI de Salud y SAG, que documentan las reiteradas descargas de aguas servidas sin tratar desde la planta de tratamiento al río Cautín, hechos que conforman el delito de contaminación ambiental del cual es responsable directo la empresa Aguas Araucanía, que ha funcionado sin cumplir la Resolución de Calificación Ambiental bajo la cual fue aprobada, y otras normativas sectoriales, como el permiso sectorial sanitario del que carece la planta de tratamiento, y sin el cuál no debería funcionar.

Agregan: “Las organizaciones ciudadanas de defensa del medio ambiente y los derechos humanos, apoyan la posición de la demandante e instan a las autoridades a no perdonar estas faltas y hacer pagar como corresponde a quienes nos han prometido limpiar el río en lugar de contaminarlo como será mostrado en este juicio”.

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