"Acorde a estos objetivos particulares se inicia por lo tanto la puesta en marcha de un plan destinado a cumplir fría y premeditadamente la tentativa de GENOCIDIO de la NACION MAPUCHE como una garantía a largo plazo que posibilitara apropiarse de los recursos naturales que aún se encontraban bajo su posesión y dominio".
meli wixan mapu
Autor: Alihuen Antileo Navarrete, Licenciado en Ciencias Jurídicas, Coordinador Área Pueblos Originarios, Instituto de DD.HH, Memoria y Ciudadanía, UARCIS En libro: Los Derechos Humanos Cercenados. Olvidos y actualidades en la historia reciente de Chile. Mario Cortéz / Jorge Benítez, Editores.
(Este artículo esta basado en el Informe elaborado por el mismo autor, en el año 1998, patrocinado por la Organización Mapuche Meli Wixan Mapu y presentado a los Tribunales de Gran Bretaña vía Embajada en Chile, en el marco de la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres).
En los últimos años, diversos han sido los actores sociales en Chile que han irrumpido en la escena política, primero reivindicando y presentando sus legítimas demandas a las autoridades correspondientes y cuando, como es habitual, éstas no han sido atendidas, han pasado de la reivindicación a la protesta social, desbordando los estrechos márgenes institucionales y legales.
En el caso de los pueblos originarios y particularmente con el pueblo mapuche, éste ha sido uno de los escenarios principales en el que se ha desarrollado su relación con el Estado.
La criminalización de la protesta mapuche por parte de la institucionalidad y los medios de comunicación de masas ha tenido como consecuencia la instalación de una subjetividad que percibe al movimiento mapuche organizado como un elemento disfuncional a las dinámicas políticas tradicionales.
Ha quedado de manifiesto que el sistema político y electoral basado en un presidencialismo exacerbado y el sistema binominal, constituyen el andamiaje legal que tiene como objetivo principal, preservar lo que la derecha civil denomina la “obra del gobierno militar” y que la mayoría ciudadana considera las medidas arbitrarias impuestas a sangre y fuego por la derecha militar, encabezada por Augusto Pinochet.
El sistema Político no solo excluye a lo que se denomina como minorías, sino que esencialmente, fue diseñado para excluir a aquellos que cuestionan el modelo económico neoliberal, impuesto por la dictadura, permitiendo a los actores funcionales y afines al sistema, ocupar determinados espacios políticos y realizar ciertas reformas que en lo medular ya no atienden, ni a las necesidades ni a la voluntad de la mayoría del país.
Los espacios que fuerzas antisistema ganen en el seno de éste, escapan a los designios de sus fundadores y representan importantes conquistas en aras a conformar una nueva hegemonía de carácter democrático que represente de mejor manera las aspiraciones del conjunto de la sociedad chilena y de los pueblos originarios.
Las crecientes y sostenidas movilizaciones en torno al tema de la educación pública conducidas por diversos actores del mundo de la educación en general y estudiantil en particular, han permitido a millones de chilenos realizar un importante aprendizaje político y social ya que han ido desnudando las causas estructurales que se encuentran, tras la grave crisis de la educación en Chile. Esta dice relación con la búsqueda del lucro en la mayoría de los ámbitos de la educación. Modelo y lógica instalado bajo la dictadura y que a pesar de las tímidas reformas realizadas en este plano por los gobiernos de la concertación aún siguen prevaleciendo.
Este cuestionamiento político a la herencia de la dictadura puede extrapolarse al sistema de salud, de transporte, de las comunicaciones, del sector minero, pesquero y por cierto al tema mapuche.
En definitiva lo que los diversos actores sociales se cuestionan, es un modelo económico y un andamiaje político heredado de la dictadura y que se presenta cada vez más en contradicción irreconciliable con las aspiraciones democráticas de la mayoría, y a favor de una minoría política y económica que se ha lucrado y beneficiado de este sistema.
Cabe recordar que durante los gobiernos de transición encabezados por la Concertación de Partidos por la Democracia, fue el Movimiento Mapuche, quien comenzó tempranamente a movilizarse en torno a sus derechos y demandas no atendidas. Solo en el año 1993 ya había alrededor de 130 dirigentes condenados por los Tribunales de Justicia a requerimiento del Gobierno por infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado.
A la fecha no menos de 500 Mapuches han ido a parar a la cárcel enfrentando cargos judiciales, dentro de estos, alrededor de 50 Mapuches han sido inculpados como infractores de la Ley Antiterrorista, figura jurídica que se encuentra entre las más duras del ordenamiento Jurídico Penal chileno e internacional.
A este grave cuadro hay que agregar que las organizaciones y referentes territoriales mapuches denuncian el asesinato de no menos de 6 comuneros y militantes mapuches. En estos casos aparecen los agentes del Estado como responsables de estos crímenes.
En esta lógica de represión a la protesta social y política se tiende a confundir a los verdaderos responsables de esta situación, ya que si bien, la policía militarizada chilena (Carabineros de Chile y sus Fuerzas Especiales) son los que reprimen y ejercen directamente la violencia en contra de comuneros y militantes de la causa mapuche, no es menos cierto que esta institución cumple las órdenes tanto del Ministerio del Interior como de los Tribunales de Justicia.
Existe una intencionalidad de parte de los grupos de poder económico y político, de presentar esta situación como un problema de orden público, y que por lo tanto se puede resolver mediante una acción más eficaz de las policías, o mayor coordinación entre los entes administrativos del Estado, que operan en las regiones en donde se producen mayoritariamente las movilizaciones. De ahí, que hoy se califica este tema político como “el conflicto mapuche” y se endosa la responsabilidad del mismo a ciertos sectores radicalizados, que buscarían llevar adelante supuestos planes de desestabilización de la región. O sea, se crea mediaticamente al enemigo a combatir, se criminaliza su demanda, y luego se reprime a este enemigo, contando con grados aceptables de tolerancia y legitimidad comunicacional y política, para efectuar dicha represión.
Esa lógica ya fue instalada por los Gobiernos de la Concertación y la actual administración encabezada por Piñera, la reproduce con otros actores, sin alterar en su esencia el tipo de relación política que existe, entre los Pueblos Originarios y el Estado de Chile.
De mantenerse este estado de cosas la situación de los mapuches en materia de Derechos Humanos individuales y colectivos debiera tender a empeorar, a lo menos en dos aspectos, que para la cosmovisión mapuche revisten una importancia fundamental.
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