vendredi 30 mars 2012

Argentina: Corte Suprema, minería y pueblos indígenas


Los pueblos originarios y su rechazo a la minería de litio llegaron al máximo tribunal. En una audiencia extraña, por momentos tensa y enredada, las comunidades exigieron que se cumpla la ley. El gobierno provincial aseguró que no hay exploración de litio en la zona en conflicto.

Por Darío Aranda

ODHPI /

Ante una Corte Suprema de Justicia diezmada, sólo cuatro de los siete jueces, la minería de litio llegó al máximo tribunal y dejó más preguntas que respuestas. A pesar de fotos y pruebas de perforaciones, el gobierno jujeño aseguró que no existe exploración minera en la zona denunciada (Salinas Grandes). Los jueces preguntaron, una y otra vez, qué implicaba la “participación indígena” (vigente y explicitada en la Constitución Nacional y tratados internacionales) e incluso dudaron de estar frente a un caso de su competencia (a pesar de que, contradicción mediante, celebraron la audiencia para tratar la causa). Las comunidades originarias señalaron como un paso adelante haber llegado hasta la Corte Suprema, solicitaron que se cumpla la legislación vigente y exigieron que se respete su derecho a decidir como pueblos indígenas.

El litio es un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz. En las Salinas Grandes-Laguna Guayatayoc, puna de Jujuy y Salta, donde viven comunidades kolla y atacama, los gobiernos provinciales identificaron la presencia de litio y dieron la bienvenida a empresas mineras.

Los pueblos originarios cuestionan que gobiernos y empresas violan leyes que obligan a informar previamente cualquier actividad que pudiera afectar sus territorio y alertan sobre el enorme consumo de agua de la minería, en una zona semidesértica como la Puna.

En noviembre de 2010, 33 comunidades indígenas recurrieron mediante un amparo a la Corte Suprema. Ayer, dieciséis meses después, se celebró la audiencia en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

“Por el litio entraron empresas mineras, hicieron exploraciones, pozos, hubo derrames de agua dulce, manchas en el salar, hicieron terraplenes. Y todo ha sucedido sin que pudiéramos opinar. Los gobiernos nunca nos ha consultado”, denunció Liborio Flores, del Pueblo Atacama, e hizo un recorrido histórico de la presencia indígena en las salinas (desde antes de la llegada española), las luchas de los pueblos andinos (Batalla de Quera, en 1875, y Malón de la Paz, durante el primer gobierno de Juan Perón) hasta la actualidad.

“Con la reforma de la Constitución de 1994, cuando el Estado reconoció a los pueblos indígenas, nos dieron una esperanza de recuperar nuestros territorios, el salar y poder trabajar. Sin embargo, la instrumentación de ese entramado constitucional se ha hecho demasiado largo en las provincias, no tenemos el reconocimiento de los territorios”, cuestionó.

Recordó que hace dos años las empresas llegaron hasta la comunidad y hablaron con pocas familias. Ofrecieron trabajo y mejoras a esas familias. “Eso ha hecho que nuestra en comunidad se produzcan divisiones”, lamentó y recordó que nunca se cumplió la consulta libre, previa e informada que establece la ley nacional e internacional.

“Queremos preservar integridad cultural de nuestros pueblos, pero para eso necesitamos preservar la integridad de nuestros territorios. Queremos cuidar el medio ambiente, que es la vida de nuestros pueblos”, afirmó mientras miraba a los jueces y, en el máximo tribunal del país, hizo un llamado básico: “Pedimos el cumplimiento de los derechos indígenas”.

Cerró su alocución y, de inmediato, sobrevinieron los aplausos de la sala.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, advirtió que no se trataba de una “tribuna”, y pidió que no haya aplausos al final de las exposiciones.

La abogada de las 33 comunidades indígenas, Alicia Chalabe, explicó el rol central que las salinas tienen en la cultura de los pueblos andinos, “es el elemento central de su identidad, se referencian con las salinas”. Confesó que para las culturas no indígenas es difícil entenderlo, pero llamó a intentar comprender que el ambiente tiene una dimensión “casi humana” para las comunidades.

Cuando abordaba el aspecto cultural-indígena, a dos minutos de comenzar a hablar, Lorenzetti cortó la exposición. Y comenzó un proceso de pregunta-respuesta (donde intervinieron también los jueces Elena Highton de Nolasco y

Juan Carlos Maqueda) que abortó la exposición planificada por la abogada de las comunidades.

“Se pide derecho a participar. ¿En qué los beneficiaría?”, preguntó el Presidente de la Corte.

Chalabe: “Lo que se pide es que se cumpla el derecho a la consulta establecida en normas internaciones de derechos humanos y en el Convenio 169 de la OIT. Las comunidades no han sido consultadas”.

Maqueda preguntó, respecto al derecho a consulta referido a los recursos naturales, en qué debiera consistir la intervención de las comunidades previo a los permisos de exploración.

La respuesta es el ABC del derecho indígena.

La abogada de las comunidades explicó que el Estado “y no las empresas mineras” debe cumplir la obligación de consultar, pero no de cualquier manera. “Con un procedimiento muy detallado”, advirtió y marcó como jurisprudencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Enumeró:

-Lo debe hacer el Estado.

-Se consulta a los representantes que los pueblos deciden que los representen.

-Debe haber una adecuación cultural con una evaluación de impacto social y ambiental de acuerdo a las pautas de los pueblos indígenas.

-Se debe evitar la desigualdad entre las partes. “No puede haber 15 representantes del Estado y de las universidades, y un sólo delegado indígena, como prevé el gobierno de Jujuy”, graficó.

Aún no había finalizado la descripción del proceso de consulta en base al derecho indígena, y Maqueda volvió a preguntar: “¿El Estado ha realizado esas consultas?”

Chalabe fue tajante: “No. Y hay un mapa de la empresa Orocobre (que pretende extraer litio), del 11 de marzo este año, que muestra 47 perforaciones en Salta Y jujuy…”.

Volvió a cortarla Maqueda: “¿Cuáles serían los recursos naturales que esas exploraciones autorizadas por la Provincia afectarían?

“La sal. Y el agua”. Resumió la abogada. Recordó que un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó respecto al uso de agua en minería y explicó la fragilidad del sistema de salinas, con aguas superficiales y subterráneas, dulces y saladas. “La posibilidad que se mezclen aguas dulces y saladas significa la pérdida del salar, que será la pérdida de esta cultura andina de siglos”.

Las constantes preguntas de los jueces, una suerte de ping-pong supremo, había hecho mutar el clima de la audiencia. Nadie había imaginado (al menos los vinculados a los pueblos indígenas) que esa sería la metodología del tribunal.

Este redactor asistió a otras tres audiencias de la Corte Suprema respecto a la realidad indígena (por la desnutrición en Chaco, los desmontes en Salta y, el 8 de marzo último, por el Pueblo Qom de Formosa) y siempre los jueces permitieron exponer sin interrupciones. Las preguntas siempre fueron al final de cada exposición.

La ausencia del juez Eugenio Raúl Zaffaroni, el más cercano a la realidad indígena, también fue un factor negativo para las comunidades.

Enredos

Los momentos más tensos fueron cuando comenzó a preguntar la jueza Highton de Nolasco. En poco menos de 15 minutos, intervino en 24 oportunidades para preguntar y/o repreguntar. La crónica sería, de citarse textual, de insoportable lectura.

Algunos tramos de Elena Highton de Nolasco (EHN) y la abogada Alicia Chalabe (AC):

EHN: La provincia de Jujuy dice que no se ha dado permiso para litio. ¿Es así?

AC: Ojalá pudiera contestarle con certeza de documento escrito. La Provincia no nos ha contestado. En las páginas web de las empresas mineras sí aparece (la exploración).

EHN: ¿Pero lo ven en territorio? ¿Hay gente intentando explotar o es algo puramente preventivo la demanda?

AC: En la comunidad Santa Ana hubo una perforación. En la zona cercana a Cangregillos se está explorando.

EHN: ¿Qué han peticionado al Gobierno?

AC: Se ha pedido en agosto de 2010 que se cumpla el derecho a la consulta.

EHN: Lo entiendo como algo genérico el derecho a consulta, pero en concreto del litio y el borato, piden consulta pero sobre todo participación. ¿En qué consistiría? ¿En si se explota o no? Aparentemente no habría oposiciones a la explotación sino que se quiere una explotación limpia. ¿O es también tener trabajo para la comunidad? Para entender en concreto.

AC: No se está solicitando el ejercicio de un derecho ambiental, sino el ejercicio de un derecho indígena, establecido y desarrollado por la Corte…

EHN: Sí, pero concreteme un poco. Actos concretos que se esperan de la Provincia o de esta Corte, de la sentencia. Porque es una forma muy general el derecho a la participación, ¿pero en concreto?

AC: En concreto es un proceso de consulta que cumpla con los estándares internaciones de derechos humanos. Proceso que no lo lleven adelante las empresas mineras, sino el Estado, con pautas claras.

EHN: ¿Hay alguna exploración o es algo preventivo, un temor?

AC: Existen los permisos de exploración en las informaciones de las empresas mineras. Tienen declaraciones de impacto ambiental, es información de las empresas, no del Gobierno.

EHN: Digamos que por ahora nadie ha pedido nada al Gobierno o no sabemos. Esta demanda contra el Gobierno es en realidad por las páginas web de las empresas.

AC: Y por las actividades (de las empresas) en la zona des salinas (… ) Todo está en la documentación (del expediente).

EHN: Lo he leído completo, pero me queda volando qué es lo concreto que pretenden frente a una exploración. ¿Qué el Gobierno los consulte o que el Gobierno los consulte en general antes de empezar nada? No tengo claro.

AC: El pedido es que se cumpla el proceso de consulta. Y que se haga antes de iniciar…

EHN: Para la Corte tiene que haber un caso, un conflicto concreto. Esto ni siquiera es una demanda meramente declarativa, que es lo mismo que surge del expediente, que está todo muy en general, como hipotético, pero no veo un caso, un conflicto concreto… usted es abogada…

AC: Por eso se ha pedido la información a la Corte. La información no ha sido cedida a la comunidad.

¡Ayuda!

El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, resumió. “Está claro que piden el derecho a consulta y participación”. Y preguntó: “¿Quieren que el Gobierno les pida una opinión? ¿Autorización para entrar a explorar? ¿Participación qué significa? ¿Debe ser el Estado? ¿El Estado debe pedir permiso? ¿Y si no se da permiso no se puede realizar? ¿Los pueblos originarios tendrían ese derecho? ¿O consulta y participación es un debate donde después decidiría el Estado?”

La abogada de la comunidad, Alicia Chalabe, explicó que la participación se debe dar antes, durante y después de la exploración, en todo momento que se decida sobre los recursos naturales en territorios indígenas. Y remarcó que la jurisprudencia internacional, a que Argentina adhirió, prevé como “salvaguarda especial el consentimiento. No se trata de una participación informativa o de un solo proceso de conversación con las comunidad”.

Lorenzetti redondeó la idea (sujeta a derecho indígena). “En concreto, usted plantea que para explotar debe haber consentimiento de las comunidades indígenas. Y si no lo hay no se puede explotar, como si fuera propiedad originaria”.

Chalabe cerró: “Sí”.

Gobierno

En representación del gobierno jujeño expuso el fiscal de Estado, Alberto Matuk, que enfrentó las mismas preguntas, repreguntas e interrupciones que la abogada de las comunidades indígenas.

Explicó que en la zona hay seis explotaciones de boro, pero que una sola afecta a una comunidad y que ésta dio su visto bueno “y participó en todas las etapas” de exploración, instalación y explotación.

“No existe ni exploración ni explotación de litio en la zona de Laguna Guayatayoc-Salinas Grandes. Existen pedimentos, varios, diversos, pero sin ninguna clase de trámite”, señaló sin inmutarse –por la contradicción– el Fiscal de Estado. Es una misma oración reconoció pedidos de exploración, pero no trámites. Los jueces, incisivos en toda la audiencia, no repreguntaron.

Cerró la audiencia la joven kolla Modesta Rosana Calpanchay, de la comunidad Puesto Rey. Respaldó las afirmaciones del gobierno provincial y dio la bienvenida a la minería en la región. “El Gobierno nos entregó título y nos consultó siempre (…) No sólo queremos fuentes de trabajo, queremos ser proveedores de servicios locales, queremos educación, capacitación. Si tenemos abogados y geólogos podremos controlar mejor”.

La comunidad de Calpanchay, reconocida en la zona por su cercanía al gobierno provincial, está ubicada a 90 kilómetros de la zona de conflicto, en Susques, región que no está incluida en la amparo ante la Corte Suprema y, por lo cual, no se entendió su participación en la audiencia.

Epílogo indígena

Los delegados de las 33 comunidades regresaron anoche a la Puna. Antes de partir, Liborio Flores, 49 años, padre de siete hijos, del Pueblo Atacama, hizo su balance, a título individual (avisó que la próxima semana habrá asamblea y allí surgirá una lectura colectiva). “La audiencia fue una oportunidad, es la primera vez que la Corte recibe a los pueblos andinos, planteamos nuestra realidad y pudimos recordar las luchas de nuestros abuelos. Llegar a la Corte Suprema es parte de esa misma lucha”, explicó.

Consultado sobre el gobierno provincial, Flores sonrió. “Conocemos sus dobles discursos. Se muestran como corderitos y en el territorio ya le conocemos bien el cuero. Dicen que no hay exploración, pero todos sabemos que sí hay, incluso se le escapó al decir que hay ‘pedidos’”, alertó.

Y, sin nombrarlos, Flores recordó a los jueces supremos. “Parecía que querían que dijéramos otra cosa. Nosotros no estábamos pidiendo plata ni trabajo, no pasa por ahí nuestra vida. Nosotros queremos que nos dejen decidir nuestro futuro”.

Construcción de aeropuerto en Quepe es como una "2ª Pacificación de la Araucanía"


Así describe este megaproyecto del Ministerio de Obras Públicas, la poeta mapuche Rayen Kvyeh, dice que las comunidades indígenas están cercadas por la presencia de las grandes forestales, industrias extractivas, las pesqueras y ahora el aeropuerto internacional que se pretende emplazar en medio de la zona de Freire.

Fuente: Radio Tierra

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La asociación Ayun Mapu que reúne a las comunidades afectadas ha hecho la resistencia a este proyecto estatal desde su comienzo en 2006. Han tocado todas las puertas legales dice Mario Lemuñir que habita en la comunidad contigua al terreno asignado al aeropuerto, "fuimos a la Corte Suprema, a la Contraloría, a los organismos protectores del patrimonio cultural, sin obtener resultados". Ahora recurrirán a las instancias internacionales porque hay transgresión a convenios suscritos por Chile y a la propia legislación nacional.

Entre las irregularidades denunciadas está el incumplimiento al Convenio 169 de protección de los derechos indígenas de la OIT, el proyecto no contempló la consulta a las comunidades. Tampoco se ha hecho un estudio hidrogelógico por la afectación a napas subterráneas y contaminación de las aguas del estero aledaño a la zona. Además está la devastación a cementerios y sitios sagrados de las comunidades (Guillatues).

Las asociaciones más activas en el rechazo a la construcción del aeropuerto no han estado exentas de amenazas, es así como las autoridades de la zona han puesto en duda su aplicabilidad legal para recuperar tierras. Es la antigua táctica de dividir a las comunidades, dice Lemuñir, y castigar a quienes se oponen a estos mega proyectos.

El aeropuerto estaría emplazado al sur oeste de Quepe a 600 metros de donde habitan 800 familias cerca de 7000 personas, explica Mario Alcamán. Las asociaciones han iniciado una campaña nacional e internacional de denuncia por las irregularidades del proyecto y conseguir apoyo para armar masa crítica que impida su construcción o modifique su diseño.

jeudi 29 mars 2012

Movimientos Sociales logran que FAO de América Latina y el Caribe inicien debate en torno a la Soberanía Alimentaria


La decisión adoptada este jueves en la 32 Conferencia Regional de FAO América Latina y el Caribe acerca de iniciar un proceso de debate sobre la Soberanía Alimentaria, que fuera propuesto por los movimientos sociales en ella representados, fue celebrada como una victoria y un hito histórico.

2012 Radio Mundo Real / Amigos de la Tierra

VIA CAMPESINA

Organizaciones de todo el continente logran así perforar las duras puertas conceptuales de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y colocan su concepto de Soberanía frente al hegemónico de “seguridad” alimentaria en el entendido de que exista alimento suficiente para las poblaciones, aunque sin considerar quiénes y cómo lo producen.Las organizaciones se habían planteado en su III Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria por los Derechos y Por La Vida la necesidad de ampliar y relanzar la campaña por la discusión e implementación de la Soberanía Alimentaria y así lo hicieron saber en una moción especial ante los representantes oficiales reunidos en el Palacio San Martín de la Capital Federal argentina.

El lunes 26 de marzo los gobiernos aceptaron la presencia con totales potestades de la representación de la sociedad civil que fuera mandatada por la Conferencia para trasladar las principales conclusiones de cuatro jornadas de labor. Los movimientos demandaron asimismo “garantizar la inclusión de la posición de la Sociedad Civil en las consultas multisectoriales, especialmente sobre un Marco Estratégico Mundial (MEM) que incluya a la Soberanía Alimentaria como la reivindicación más importante de los movimientos sociales y principio rector de dicho Marco”.

Asimismo, reclamaron a los gobierno y a la FAO de forma institucional “detener y condenar el acaparamiento de la tierra y otros bienes naturales e impulsar la implementación de las Directrices relativas a la Tenencia de la Tierra, las Pesquerías y los Bosques junto a las organizaciones sociales y de productores de alimentos a pequeña escala, estableciendo plataformas o mesas nacionales participativas para su implementación, monitoreo y evaluación del su impacto en la realización del Derecho a la Alimentación Adecuada”.

Con dolor en la memoria en distintas ciudades de conmemora el día del joven combatiente


El 29 de marzo de 1985 la policía de Pinochet asesinó a Eduardo y Rafael Vergara Toledo bajo unos blocks de Villa Francia. Tres años después moriría Pablo, el hermano mayor, junto a Araceli Romo al explotarles una bomba que pretendían instalar en unas torres de alta tensión en el cerro mariposa de Temuco, según cuenta la versión oficial.

Hoy, con la memoria viva y la esperanza intacta, se recuerdan en distintas ciudades estos asesinatos y se honra la dignidad de Manuel y Luisa, la Lucha, que todos los veranos, cada vez que hace humitas, se acuerda de Eduardo, como relata la periodista Verónica Torres, que reconstruye la tragedia en las siguientes líneas.

Con un homenaje en las calles 5 de abril con Las Rejas -esquina en la que fueron asesinados los hermanos Vergara Toledo- a las 19:30 se recordará en Villa Francia el vigésimo séptimo aniversario de su asesinato. En paralelo en Concepción a las 19 horas se realizará un acto en la Vega Monumental, mientras que a las 19:30 se efectuará otro homenaje, esta vez a Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel Parada, secuestrados a las afueras del Colegio Latinoamericano de Integración -lugar donde se congregarán hoy familiares y amigos- y degollados al día siguiente de la muerte de los Vergara Toledo.

La periodista Verónica Torres del semanario The Clinic, reconstituyó la historia de los tres muertos de la familia Vergara Toledo, excelente ocasión para recordar y guardar en nuestra memoria nuestros muertos y entender las circunstancias en las que nace el día del joven combatiente.

La tragedia de los Vergara Toledo: Tres lutos en una familia

En apenas tres años, una familia santiaguina perdió a tres hijos. Todos eran miristas y querían botar a Pinochet. Dos cayeron tiroteados por Carabineros y el otro explotó con una bomba. Eran los combatientes de Villa Francia y se transformaron en mito. Hoy la gente los idolatra, pero ellos eran de carne y hueso: les gustaban las compañeras, rayaban ‘livertad’ en las calles y se colaban en fiestas. Nadie puede olvidarlos.

Por Verónica Torres

Su última noche vivo, a Eduardo Vergara Toledo le baja un ataque de asma. Sara*, su novia, le coloca cojines en la cama para que apoye la espalda y respire. El cuidado lo ayuda. Pero esa noche no sólo respira mal: tiene que calmar a Sara, que está inquieta porque al día siguiente tienen que meterse con pistolas, panfletos y revólveres cerca de la Villa Francia a hacer propaganda armada. Tendrán que correr varias cuadras por los callejones de la población. Es el 28 de marzo de 1985 y ella tiene miedo.

-No te preocupes, te tomai de mi mano y corrís conmigo- la calma Eduardo.

Sara le cree. El guerrillero asmático, “Dago” para esos efectos, la consuela tocando guitarra un rato. Después, la besa y hacen el amor. Por última vez.

Los dos llevan clandestinos unos meses. Se conocieron en el Pedagógico cuando estudiaban para ser profesores de historia y filosofía. Eran miembros de la Unión de Estudiantes Democráticos, UNED. Eduardo era dirigente, y el 15 de septiembre de 1983 coloca la bandera del campus a media asta en memoria de los trabajadores muertos el día anterior en una protesta nacional. El sumario es corto y pronto están fuera de la Universidad. Tienen 18 años y siguen yendo al Peda mientras se van metiendo más en el MIR. Hasta que se hacen clandestinos. Para marzo de 1985, viven en un departamento de dos piezas donde sólo tienen una cama de una plaza, algunas tazas y una radio para escuchar casetes. La plata apenas les alcanza para comer. Están cagados, pobres. Pero se quieren.

La noche del asma es la víspera del primer aniversario de la muerte de Mauricio Maigret, un mirista de 17 años muerto por la policía en Pudahuel. Eduardo y su grupo van a irrumpir en la villa para conmemorar su muerte.

El grupo se reúne en una de las casas de madera de la Villa Francia. Allí está Rafael, el hermano menor de Eduardo. Es bajo, de ojos café y mirada pícara. Con sus 18 años, lleva más tiempo clandestino que Eduardo. Rafael integra las milicias del MIR y tiene formación paramilitar. Ya sabe usar armas y la mayor parte del tiempo lleva consigo una cartuchera de cuero donde guarda un revólver calibre 22. Un “matagatos”, un arma de poca potencia pero arma en fin.

Son seis jóvenes en total los que están en la casa: dos mujeres y cuatro hombres, entre ellos un primo de los Vergara. Se ponen de acuerdo sobre los planes.

No hablan de la propaganda armada, sí del asalto a la panadería de 5 de Abril con Las Rejas que servirá para financiar al partido. Sara dice que recién ahí se enteró de la “recuperación”, al oír las instrucciones de Rafael.

El menor de los Vergara explica el plan: él abordará la caja, otro vigilará la puerta de entrada, los demás revisaran los mesones y una de las mujeres tendrá que rescatar un tarro de leche para dárselo al “Papelucho”, un niño de la población.

Se reparten las armas. Tres revólveres y una pistola. Cuando Rafael ordena que para mayor seguridad se dividan en parejas, Eduardo le toma la mano a Sara.

La otra mujer se acopla al primo de los Vergara. Rafael sale junto a un amigo.

A varias cuadras de allí, en la tenencia Alessandri, el subteniente Alex Ambler Hinojosa sale de ronda con tres de sus hombres: Nelson Toledo Puente, Marcelo Muñoz Cifuentes y Jorge Marín Jiménez. La Alessandri es la base policial más cercana a la Villa Francia, y Ambler conoce bien a los Vergara. En 1984, les allanó la casa dos veces. Ese mismo año, Rafael estuvo preso en el cuartel, luego de caer en una barricada afuera del Liceo A-70, el liceo de la villa. Esa vez lo golpearon a patadas en los testículos y cuando su mamá lo fue a buscar, el teniente Luis Crespo Zamorano, el jefe de Ambler, le advirtió que tenía a toda la familia en la mira. Los Vergara tienen un gran historial de protestas en los archivos de la policía.

Ese día, Ambler y sus hombres salen con un arsenal a cuestas: un fusil SIG, una subametralladora UZI y una escopeta con perdigones de goma. Un equipo poco usual para una ronda cualquiera.

Mientras los policías enfilan hacia 5 de Abril, Eduardo y Sara van por la vereda de una calle. Vienen desde el corazón de la Villa Francia. El resto los sigue. La orden de Rafael ha sido caminar dejando dos casas de distancia entre todos para disimular. Se anda más seguro así, dicen los manuales. Pero no todos continúan la fila: el primo de los Vergara y su pareja se pierden sin que el resto se de cuenta. No los verán más. Ya son casi las siete de la tarde y está empezando a oscurecer.

Eduardo dobla por un pasaje. Rafael lo sigue. Falta poco. Casi llegan a la panadería. Pero todo se echa a perder. El furgón de los policías aparece detrás de ellos y alumbra con los focos a Rafael. El menor de los Vergara rompe la línea y corre a avisarle a su hermano. Ambler, desde el auto, ordena a sus hombres que los persigan a pie.

Los policías disparan. Rafael corre, zigzagueando. En el camino, su pareja lo abandona. Pese a los balazos, Eduardo y Sara no se dan cuenta de lo que pasa.

Hasta que Rafael les grita:

-¡Corran! ¡corran! ¡Los pacos!

Eduardo se voltea, saca su revólver y trata de disparar. Pero el arma está mala y no tiene todas las municiones. Es él quien sale disparado. Rafael lo sigue. Los policías les pisan los talones a los dos.

Los Vergara Toledo cruzan Las Rejas hacia los blocks de la Villa Robert Kennedy, un conjunto de edificios que se desparrama entre eriazos y callejones. Van tan rápido, que Sara se queda atrás. Le grita a Eduardo:

-¡Pelado, qué hago!

Eduardo alcanza a decirle que se meta a un negocio, donde los vecinos que están en la calle corren a protegerse. Ella obedece. Eduardo podría haber hecho lo mismo, pero su hermano está más adelante escapando. Y no lo deja correr solo. Es la última vez que Sara lo escucha.

El subteniente Ambler entra solo por el segundo pasaje que está entre los blocks. Marín y Muñoz se meten por una calle lateral. Mientras Toledo, en el furgón, conduce hacia la salida de los edificios para cerrarle el paso a los Vergara. Van a rodearlos.

En un pasaje, los Vergara se encuentran con Marín y Muñoz. Según los policías, se enfrentan. Pero no hay pruebas de eso. Eduardo y Rafael quedan en el pavimento. Eduardo, muerto, con un balazo en el corazón y otro en el muslo. Rafael, con un herida en la espalda que le deja inválido. El carabinero Muñoz recibe un balazo en el pecho. Pero es de una pistola Taurus, de las que usan sus colegas. Las pericias, además, señalan que a los Vergara les dispararon por la espalda.

Los hermanos Vergara están en el suelo, rodeados por los policías. Ninguno de ellos se percata que Rafael aún vive hasta que comienza a arrastrarse por el suelo. Quiere abrazar a Eduardo, que está tirado a su lado. El carabinero Jorge Marín se lo impide con un culatazo de fusil en la cara. Luego lo esposan y entre los tres lo toman del pelo, de las piernas y lo suben al furgón. El auto parte y de golpe en la calle se corta la luz.

En el furgón, Marín le descerraja un tiro en la nuca a Rafael. Luego, regresan. Sacan el cadáver y lo colocan en el suelo, junto a su hermano.

Los Vergara Toledo están muertos en medio de los blocks. Desde entonces, las murallas de los edificios tendrán sus rostros pintados. Se acaban de convertir en mito.

LOS EWOKS DE LA VILLA FRANCIA

A Pablo Vergara, el mayor de los hermanos, le encantaba ver el Regreso del Jedi. Le gustaban los ewoks, esos ositos que hacían pequeños grandes sabotajes contra el Imperio. Cecilia González, la Chica Ceci, su polola de años, recuerda que en ese entonces ellos creían que la pequeña acción era la grande. Y eso los hacía pensar en la Nicaragua sandinista y en sus mujeres con fusiles con terciados y siempre bailando. “Nosotros teníamos esa imagen, como de la revolución bailada”, recuerda Cecilia. Así querían sacar a Pinochet. Como a Somoza.

En la Villa Francia, cultivaban eso de las pequeñas acciones.

Entre los vecinos existía un tipo que era informante de la CNI, y que se dedicaba a sapear al resto. Todo el mundo lo sabía, pero sólo Rafael y sus amigos se atrevían a asustarlo. Regularmente mataban un gato y le tiraban el cadáver en la casa. Así pensaban que podrían cerrarle la boca. También juraban de guata que con unas boleadoras artesanales podrían vencer las metralletas de los carabineros. Eran cabros chicos soñando en la victoria.

-Éramos del MIR, pero era como si el club deportivo tomara otro rumbo. La cuestión era estar juntos y tratar de resistir. En la villa estaba toda esa efervescencia, se hacían campeonatos deportivos con el nombre de un detenido desaparecido. Todo tenía que ver con esta onda revolucionaria y nosotros lo vivíamos día a día. O sea, terminábamos de sacar forros para una protesta y cachábamos que había una fiesta al lado y nos metíamos de colados a jotearnos unas minas -cuenta Rony Pinto, amigo de Rafael.

No estaban solos. La villa, allanada constantemente y con sus pobladores presos en cada protesta, colaboraba casi íntegra en la resistencia, sin importar edades ni colores políticos. Todos participaban. Estaba el “Bigote”, un viejo de mostachos que vigilaba si venía la policía cuando los cabros iban a buscar neumáticos viejos al cercano basural de Lo Errázuriz; “El Chamullo”, que trabajaba en la construcción y conseguía los clavos para hacer miguelitos; y la vieja

María y su esposo, que prestaban su casa para guardar en unas cajas de fósforos los documentos del Partido. Norma y Mery, otras dos vecinas, se preocupaban de las ollas comunes durante las protestas.

El centro de reunión estaba en la cuneta de la casa de los Vergara, justo al frente de la Villa Francia. Alrededor de cincuenta jóvenes se reunían allí a organizar los trabajos. Pablo lideraba el grupo. Le decían “El Tiburón”, en honor a la tremenda nariz que tenía y que lo hacía inconfundible. Tanto, que una vez, en medio de una protesta, salió a la calle encapuchado y sus vecinos lo saludaron: “Hola, pos Tibu”.

Por las noches, la Chica Ceci salía junto a Pablo a hacer rayados del MIR con brocha gorda. En las acciones no abundaba la ortografía, y solían escribir LIVERTAD.

-Nuestras cosas las hacíamos en toque de queda. Como a las 3, 4 de la mañana. Siempre andábamos corriendo por los pasajes y hablando en voz baja. De día éramos otras personas. Yo trabajaba con Sebastián Piñera de secretaria en Bancarvisa y pasaba piola. Como la repre era tan clasista no generaba sospecha y serví de mucho. Pablo me iba a ver y me dejaba una bolsa con fierros para que la guardara en el trabajo. Casi todos los días, iba con miguelitos, panfletos y muy de taco a la oficina de Piñera. Y más encima, la empresa me pedía un radiotaxi para que no faltara -cuenta Cecilia.

A Eduardo no le gustaba que su hermano Pablo pololeara con Ceci, y una noche de borrachera se lo dijo: “Chiicaa Cecilia, estooy celoooso porqueee ya no veooo a mi hermanoo, y looo quieeeero”. Ceci se cagó de la risa. El muy patudo andaba con su hermana. Eduardo tenía doble personalidad. De noche hacía berrinches y de día les pateaba de vuelta las lacrimógenas a la policía.

Otra vez, recuerda Cecilia, le tocó participar junto a Eduardo en una escuela clandestina que organizó el MIR fuera de Santiago. La seguridad era extrema, y los participantes sólo debían llamarse usando sus nombres políticos. El encargado del curso usaba un pasamontaña. El curso transcurrió sin mayores ruidos hasta que llegó la hora del almuerzo y todos caminaron en silencio hasta la cocina. De pronto, Eduardo olvidó el secretismo de la reunión y gritó como si estuviera en el patio de su casa:

-¡Chica Ceci, ¿dónde están los platos?!

Los clandestinos estallaron en carcajadas. El encargado se descubrió el rostro y le dio la mano a Eduardo.

Las salidas de madre de los Vergara también aparecían en las protestas. En plena barricada le gritaban a los policías que les gustaba el pico y que a sus esposas se las estaba fornicando un comunista. Los insultos eran contestados con lacrimógenas y balines.

Otro amigo recuerda:

-Una vez fuimos a una fiesta con un lote a la población Alessandri, con gente de clase media y DC. Para ellos, los de la Villa éramos rotos. Y el papá de la comadre nos quedó mirando feo. Nosotros nos poníamos bolsas de nylon para no mojarnos las patas en invierno porque los zapatos lo teníamos rotos, con barro y ensuciábamos los sillones de felpa. El viejo no nos sirvió ni un copete. Pero le dijeron que andaba el Pablo Vergara y se asustó. Los cabros tenían su reputación. La gente decía “ah, me va a tirar un miguelito”. Pero con el Pablo íbamos a carretear no más. La gente de afuera los asociaba con los combatientes de la Villa Francia.

Por eso, cuando en noviembre de 1988 se supo que Pablo había explotado con una bomba en Temuco, la Villa Francia volvió a estar de luto. Otro Vergara había muerto.

LLORA, COMUNISTA

Manuel Vergara, el padre del clan, se enamoró un día que lo mandaron a dejar un encargo a la gerencia de la empresa en que trabajaba. Era obrero en Cobre Cerrillos y siempre lo cargaban con algún cacho de medio tiempo. El día que entró a las oficinas de la fábrica, vio a una mujer delgada y de pelo oscuro. Se llamaba Luisa Toledo y era secretaria. Sintió mariposas en la guata, pero andaba con un overol cochino así que ni se acercó. Comenzó a ir más seguido. Ella siempre estaba tipeando, pero lo veía y le miraba los dientes. Le gustaba su sonrisa. No hablaban. Hasta que una tarde a Luisa la invitaron a la reunión de la cooperativa de obreros. Cuando llegó, Manolo estaba dando un discurso. Ahí descubrió que era un connotado dirigente de la Juventud Obrera Católica.

-Me enamoré de él porque lo admiraba mucho. Yo era todo lo contrario. No tenía nada por qué pelear, no tenía nada en la cabeza. En mi familia nunca se dio esto de la clase trabajadora y mi papá, siendo obrero toda la vida, nunca fue al sindicato. Todo eso lo comencé a descubrir con él -recuerda Luisa.

Pololearon tres años y se casaron. Querían tener una familia para darles a sus hijos todo lo que ellos no habían tenido, como una cama propia. Manuel vivía en los conventillos del centro y dormía en una pieza apiñado con ocho personas. Luisa siempre anduvo a pie pelado. Primero nació Pablo, luego Eduardo, Rafael y Anita.

Los Vergara Toledo llegaron a vivir en el ’62 a la población José Cardan, al frente de Villa Francia. Nunca se llevaron bien con sus vecinos de la Cardan. Los encontraban demasiado arribistas. La UP exageró la distancia: Luisa se hizo allendista militante, mientras Manuel, siguió en la DC y estudiaba Trabajo Social en la Católica.

El día del golpe, Luisa tuvo que ir a buscar a sus hijos al colegio. Le tocó meterse a la población y ver cómo algunos en la Cardan celebraban con banderines la muerte de Allende. Tomó a sus hijos de la mano y se fue caminando por la vereda, llorando. En el trayecto, un grupo de viejas le empezó a gritar:

-¡Llora, comunista, llora!.

Fue un presagio. Un adelanto de lo que venía.

Luisa y Manolo se unieron a la gente de la Villa Francia que estaba organizándose para resistir a la dictadura. Entraron a la Comunidad Cristiana y conocieron a Mariano Puga, un sacerdote de avanzada que predicaba la Iglesia Popular. A sus fieles les exigía compromiso: que salieran a la calle y lucharan por los demás. Manuel y Luisa lo siguieron y empezaron a trabajar en la Vicaría de la Solidaridad.

-Todos los de la Villa Francia íbamos a las protestas en micro. Nosotros con la Luisa llevábamos a los chiquillos, el Pablito era el que más se daba cuenta. En ese tiempo, trabajábamos en la Vicaría y les contábamos todo lo que veíamos a los niños. Una vez, a mí me tomaron preso en el trabajo, pero todo eso era parte de la entrega y del compromiso -recuerda Manuel.

En la casa, todos tenían la política incorporada. Hasta el perro, “El Picho”, que acompañaba a los hijos a las protestas y los delataba ante sus vecinos: el animal se colocaba al lado de ellos mientras estaban encapuchados.

Pablo, el mayor, era un cabro alto y desgarbado que movía a las masas. En Villa Francia todos lo conocían como “El Maestro” porque siempre andaba enseñándole a la gente de política. Conversaba con adultos, niños, pobres y marihuaneros. No hacía distingos. En 1981, se metió a la Universidad de Santiago a estudiar Arquitectura y ahí descubrió el MIR. Tiempo después, entró a militar en las bases aun sabiendo que en esa época estar en el partido era muerte.

Su hermano Eduardo era otro político en potencia. Su campo de acción estaba en el Pedagógico. Allí un día recibió una paliza monumental: estaba en medio de una protesta gritando “y va a caer” cuando un furgón policial apareció rajado y todos corrieron adentro de la U. Pero cuando Eduardo entró se dio cuenta que la reja había quedado abierta y atrás venían los pacos. Corrió a afirmarla con las dos manos y se quedó allí mientras el piquete lo apaleaba. Estuvo solo resistiendo hasta que sus amigos lo siguieron.

Eduardo y Rafael se unieron al MIR después de Pablo. A Rafael lo habían echado del Liceo de Aplicación y ningún colegio quería recibirlo. Tenía ficha de cabro chico subversivo porque había caído varias veces preso en barricadas y protestas. A diferencia de los mayores, él optó por una lucha más radical, y se metió a las milicias. Eso lo combinaba con un profundo sentimiento religioso tan grande que incluso pensaba en hacerse sacerdote. Pero le gustaban las mujeres.

Cuando se encapuchaba, le preguntaba a las chicas cómo se veía con el banderín en la cara. El Rafa quería ser el compañero de todas las compañeras. Jugaba mucho con su hermana Anita porque eran de la misma pandilla, y como ella era la única mujer tenía que pelear su lugar, se unía a las pichangas con sus hermanos, sin llorar. Tiempo después, ella también ingresó al MIR.

-El Pablo fue el que reclutó a los chiquillos en el MIR. Por eso creo que al final se sentía un poco culpable. Nunca lo conversé con él, pero lo intuí. Se sentía impotente por no haber pagado él las consecuencias de una represión tan brutal y de que hayan sido sus hermanos -dice Luisa.

Los Vergara Toledo siempre mezclaban lo revolucionario con la vida de un barrio marginal santiaguino.

-A mi me gustaría ver una película de ellos donde saliera la vez que fuimos a hacer una preparación paramilitar en un sitio eriazo al lado del Zanjón y tratamos de saltar y nos caímos en las aguas cochinas y quedamos pa la cagá y cagados de la risa. Esas cosas nos pasaban y eran lo menos revolucionario. Nos robábamos un zapallo en las chacras, tomates. Era más pelusón. La gente tiene idolatrada a los chiquillos pero en la práctica eran muy humanos -recuerda Rony Pinto.

LA SEÑORA DEL BIDÓN

Luisa Toledo viaja en micro hasta el centro de Santiago. Viste un abrigo largo para esconder el bidón que lleva en su mano izquierda. Es viernes 7 de noviembre de 1991. En la villa, su hija Ana corre en bicicleta buscando a su padre: su mamá salió muy alterada y piensa que podría cometer una locura. Luisa, en tanto, acaba de entrar al diario La Nación. Le pregunta al guardia por Paula Chahín, una periodista a la que tres días antes había llamado para contarle sobre un inusual despliegue policial en Villa Francia. Esta vez también necesita decirle algo, pero ella no está. Entonces le pide al guardia unas hojas y escribe una carta de seis páginas. Está devastada. En los diarios ese día dicen que alguien puso una bomba en un jardín infantil por el aniversario de la muerte de su hijo Pablo.

Luisa escribe con letra apurada: “van a decir que estoy loca, pero no lo estoy. Esta es la forma que tengo para llamar la atención sobre nuestro problema de persecución, ahora por parte de este gobierno. Por la honra de mis hijos, hago lo que hago”.

Termina la carta y levanta el bidón sobre su cabeza y se vacía cuatro litros de bencina en el cuerpo. Cuando enciende el primer fósforo, el guardia la detiene. Ella forcejea y grita: “¡Esto es una mentira! ¡No hay justicia!”. En medio del escándalo, Manuel y Ana entran al hall de La Nación. Se llevan a Luisa a la posta.

Luego, parten a su casa, donde la mujer se pasa toda la noche llorando. No soporta el olor de la bencina.

La desesperación de Luisa tiene su origen en el nulo avance del proceso que investiga el caso de sus hijos. Un año antes, la Fiscalía Militar sobresee la muerte de Eduardo y Rafael. Los cuatro policías de la tenencia Alessandri sólo han declarado como testigos. La Justicia Militar ve a los Vergara como asaltantes muertos en su propia ley. Incluso la causa está caratulada como “maltrato de obra a Carabineros de servicio, porte ilegal de arma de fuego y muerte”.

El proceso de los Vergara deambula por la Justicia Militar, hasta que es sobreseído definitivamente el 2001. La familia, entonces, cambia de estrategia y lleva el caso a la Justicia Civil, y el 2003, la Corte Suprema designa al juez Sergio Muñoz como ministro en visita. Muñoz investiga durante casi dos años. Cita a declarar a más de 55 testigos, exhuma los cadáveres de los dos hermanos y hace peritajes balísticos. El juez reconstruye, con la minuciosidad que lo caracteriza, las circunstancias del crimen. Trabaja con la Brigada de Derechos Humanos de Investigaciones. Busca acreditar la persecución sobre el MIR y los Vergara Toledo. Remonta los hechos hasta 1979, cuando Manuel Vergara, el padre, fue detenido por primera vez en una protesta. Muñoz marca 1984 en rojo: en marzo de ese año, el subteniente Ambler Hinojosa allana la casa de la familia y roba todos los objetos de valor que encuentra; más tarde, el 12 de abril, Rafael Vergara es detenido y golpeado en la Tenencia Alessandri. Cuatro meses más tarde, el mismo Ambler allana por segunda vez la casa y detiene a Pablo Vergara, quien es torturado y luego dejado en libertad sin cargos. En total, la familia suma tres allanamientos y ocho detenciones.

Sobre el crimen, Muñoz acredita la participación de cada uno de los carabineros.

-El carabinero Marín está prácticamente confeso de haber sido el que remató a Rafael Vergara en el furgón. Al año siguiente, Marín mató a su mujer y fue condenado por la Fiscalía Militar a la pena de cinco años y un día –explica Hugo Gutiérrez, el actual abogado de la familia.

La investigación de Muñoz, sin embargo, no aclara si alguien llamó a la policía avisando que los Vergara andaban en Villa Francia esa noche.

-Se dice que Carabineros salió hacer una ronda y se encontró con estos jóvenes. Otra versión, efectivamente, es que alguien del sector habría llamado indicando que había un grupo de traficantes y de jóvenes drogadictos. Pero esto aún no se ha podido establecer. Lo que sí se estableció es que esta patrulla salió con armamento que no era el apropiado para una ronda habitual -agrega Gutiérrez.

El proceso parece haber llegado a su final. El próximo mes, se espera, que el ministro que hoy lleva la causa, Carlos Gajardo, dicte sentencia.

MAMÁ, SOY YO

En el verano del ’85, Luisa vio a sus hijos por última vez. Estaban clandestinos y sabía que les faltaba la plata. Pero ellos le pusieron condiciones: “si nos ofreces tu ayuda como hijos, no; si ofreces tu ayuda al partido, sí”. Luisa aceptó, y no porque fuera mirista. Quería estar cerca de ellos.

En esos días, Eduardo le mandó a decir que necesitaba hacerle un encargo, y que la llamaría a la casa usando un nombre falso: Rodrigo. Pasaron los días hasta que sonó el teléfono. Luisa contestó.

-Habla Rodrigo… -le sugirió él desde el otro lado.

-Rodrigo, ¿qué Rodrigo?- dijo Luisa.

-¡Ro-dri-go!

-Ay, perdona pero no conozco a nadie con ese nombre.

Eduardo se desesperó al otro lado:

-¡Mamá, soy yo!

La ayuda de madre de Luisa no siempre era segura. Otro día de ese verano quedó de juntarse con Rafael en un paradero de Santa Rosa. Tenía que entregarle un dinero, y echó los billetes en un sobre junto a una bolsa de charqui y chocolates. Le pidió a un cabro chico de la villa que la acompañara. Antes, lo instruyó sobre la seguridad: “vamos a juntarnos con alguien que conoces, pero cuando lo veas sólo pásale este sobre y sigue de largo”.

La seguridad se fue a las pailas en cuanto el niño divisó a Rafael caminando hacia ellos, serio y con cara de clandestino. “¡Mira, el Rafael!”, gritó y se le fue a colgar al cuello. Rafael se rió:

-Ya, esta cuestión no sirve pa’ na’. Vengan pa’ acá –le dijo a Luisa y le dio un beso.

Terminaron la tarde sentados tomándose una bebida en un local de por ahí. Fue la última vez que Luisa lo vio vivo.

La próxima vez que Luisa supo de sus hijos, estaba en un taller de mujeres en Villa Francia. Su hija Anita le fue a contar que algo había pasado en Las Rejas y que el Rafa estaba metido.

-Se me apretó el corazón. Al tiro supe que estaba muerto. Me fui corriendo a la casa y encontré al Manolo llorando debajo de un abedul. Él decía que no podía ser cierto, y fue a preguntarle a un cura –recuerda Luisa, veinte años después.

Anita le dijo a su madre que vendrían a allanar la casa. Ella se fue donde una amiga y Luisa se quedó sola. A los cinco minutos llegaron los CNI, armados con una metralleta. Venían preparados para un enfrentamiento y arrastrándose por el suelo en punta y codo. “Levántese que estoy sola”, le dijo Luisa a uno de ellos. Los cenetas desbarataron la casa y rompieron una máquina de escribir. Después le dijeron que querían sacarle la cresta. Pero Luisa ni se inmutó. Tomó una foto de Rafael y se la apretó fuerte contra el pecho.

-Oiga, ¿cuántos hijos tiene usted? –le preguntó un CNI.

-Tenía cuatro, pero ustedes me acaban de matar uno –contestó Luisa.

Los agentes lanzaron una carcajada y le respondieron:

-No uno, ¡DOOOOS!…

Luisa no entendió el horror que le contaban. Sólo horas después se enteró de lo que había pasado y se desmoronó.

Manuel y Luisa se quedaron solos. Pablo y Ana tuvieron que salir del país. Tenían miedo que los mataran.

-Al funeral fuimos con protección. Andaban buscando al Pablo. Durante el allanamiento preguntaron por él. Ninguno de nosotros quería irse, pero estábamos cagados. No podíamos devolver la historia, los chiquillos estaban muertos. Tratamos de irnos al norte, o al sur. Pero el MIR no podía tenernos en ninguna parte y tuvimos que partir -recuerda Anita.

Los dos se fueron a España. Anita entró a estudiar tercero medio, y Pablo comenzó Ingeniería Civil. No dejaron de militar, y aprovecharon de hacer una gira por Europa denunciando el asesinato de sus hermanos, el Caso Degollados y la muerte de Paulina Aguirre ocurridos casi simultáneamente. Estaban ocupados, solos, y extrañaban a sus padres, sus ‘Pitufos’.

Las ganas de volver fueron más fuertes, renunciaron al asilo político y en junio de 1986 viajaron a Buenos Aires, para estar más cerca de Chile. Desde allí, escribían a sus padres contándoles cómo estaban.

Dos años después, Pablo entró clandestino a Chile y el 5 de noviembre de 1988 saltó por los aires en Temuco, mientras manipulaba una bomba en el Cerro Mariposa junto a Araceli Romo, aparentemente para volar una torre de alta tensión. Su muerte también es objeto de investigación hoy.

Días más tarde, Manuel y Luisa recibieron una carta de cinco carillas escrita por Pablo. La hizo un mes antes de morir y en ella recordaba a sus hermanos, decía que el triunfo del NO era un fraude para el pueblo, que había visto “Atracción Fatal” en el cine, que las mujeres andaban esquivas con él y que se sentía más adulto. En la carta, Pablo reflexiona:

“Hoy, ya la cagué, estoy fumando una cajetilla diaria. Me sentí muy mal, inconsecuente… Me cagaba de la risa fumando en mi casa frente a un tremendo cartel (que me hice) que decía ‘No fumes’. Entonces, comprendí con la ayuda de un libro que leí que hay que querer a los demás como a ti mismo; esto significa quererme a mí también con mis pifias, con mis taras y mis inconsecuencias. Hay parámetros sociales mucho más importantes que medirán mi calidad humana y no si dejo de fumar o no; o si me masturbo o no; o si deseo a la mujer que pasa por la calle, o si me emborracho de repente. Es que me di cuenta de un momento a otro que me estaba negando, totalmente, entonces uno no puede vivir así, tendría que ir a cagar y pensar si soy consecuente haciéndolo, o hacerlo escondido; así no me verían los demás y dirían después ¡ah, cagón!, ¿me entienden?”.

Sus padres leyeron la carta como una despedida. Su muerte terminó por aniquilarlos. Luisa intentó suicidarse varias veces. No podía creer que había perdido tres hijos. Pasó por curas de sueño y terapias, pero su herida nunca se fue. Todos los veranos, cada vez que hace humitas piensa en Eduardo. Ése era su plato favorito. Luisa pone la mesa y lo espera a comer aunque sabe que no vendrá.

-Yo de chica no tuve nada, mis hijos son lo único que he tenido, son mi tesoro. Entonces, ellos dan la vida por su pueblo y ¿qué pasa conmigo? ¿Pensaron en mí? Hemos seguido adelante, pero me ha costado. Estoy cagada. Hay días que amanezco llorando en la mañana y todavía pienso que no puede ser. Es cierto que tenemos una imagen de gente fuerte. Pero no es verdad, esos son panfletos -cuenta Luisa.

Manuel ha enfrentado las cosas de otra manera. Le dice a Luisa que ellos deben mantenerse en pie. Pero los recuerdos lo debilitan:

-A mí me da envidia cuando veo a los jóvenes que tendrían la edad del Pablo, el Eduardo y el Rafael. Yo digo que es una envidia sana, porque no hallo qué apellido ponerle. Me da pena porque al tiro pienso en ellos y me imagino cómo estaría ahora el Pablo con algunas canas… Pero ya no me da más la imaginación y me quedó ahí.

Los Vergara Toledo viven hace más de treinta años en la misma casa, al frente de Villa Francia. Hoy, su única alegría es la hija adolescente de Anita, Sol. Ella heredó la cepa: es dirigente estudiantil en su colegio y participó en la pasada revolución pingüina. De a poco, se ha ido enterando de la historia de sus tíos. Un día, escuchó a Luisa decir que si tuviera al desgraciado que mató a su hijo le haría lo mismo: lo tomaría de las manos, lo patearía y lo tendría indefenso para luego dispararle en la nuca. Sol la quedó mirando y le dijo algo que a ella todavía le da vuelta:

-Abuela, si tú hacís eso, serías igual que ellos.

Implicaciones socio-ambientales de la minería


La minería es uno de los sectores económicos más contaminantes e impactantes en el mundo, no sólo por sus métodos de extracción que cada vez son más agresivos por conseguir mayores ganancias en menor tiempo, sino también por las consecuencias de corto, mediano y largo plazo que afectan los recursos agua, suelo y aire... condenando la vida de las especies naturales y las comunidades en las que se insertan los proyectos mineros.

*POR TANIA ROSA

Conflictos Mineros

La actual crisis mundial y la desestabilización económica que ha dejado la devaluación del dólar, ha provocado que los inversionistas pongan sus ojos en el antiguo y más codiciado activo del mundo, el oro, cuyo precio tenía un valor de $250/onza troy para el año 2000, y ha aumentando de manera estrepitosa, alcanzando un valor de $1 750/onza troy para el 2011.

La reincidente búsqueda del oro y la visión política de los gobiernos de la Región Centroamericana, quienes han abierto sus puertas a la inversión extranjera a ojos cerrados, han dejado vulnerables a sus recursos naturales en la búsqueda de un rápido "desarrollo" que al final nunca llega. Las empresas mineras, el 60% de las cuales son de capital canadiense, trabajan bajo la lógica de aprovechamiento máximo, a bajo costo y corto tiempo, condiciones que son aún más ventajosas sí, en el sitio donde se instalan, se pagan mínimos ingresos tributarios y existen muy pocos compromisos ambientales y sociales, condiciones que Centroamérica les ofrece en bandeja de plata a estas transnacionales.

Las leyes de minería de nuestros países son similares al enfocarse en los métodos y requerimientos para la adquisición de concesiones de exploración y explotación, las autoridades regulatorias, y otros aspectos meramente concesionarios. Sin embargo, no incluyen obligaciones y metodologías para el control de impactos ambientales y sociales. Costa Rica es el único que en el 2010 aprobó una Ley que prohíbe la minería a cielo abierto, como método definitivo para negar el ingreso a este tipo de proyectos.

La legislación ambiental, bastante incipiente y escueta en la región, ha demostrado ser débil frente al accionar de las empresas mineras. Los proyectos más emblemáticos han confirmado que las mineras encuentran fácilmente los vacíos que les permiten esquivar las sanciones y violentar la legislación ambiental. En la mayoría de los casos, éstas se asocian con los representantes de las comunidades locales e incluso con representantes a nivel nacional, para obviar consideraciones de carácter social y ambiental. En el peor de los casos, las empresas se aferran a acuerdos internacionales como el Tratado Comercial DR-CAFTA, los que sirven para amenazar al país centroamericano a asumir compromisos comerciales que los obliguen a cumplir las exigencias de las transnacionales.

En cuanto al tan divulgado desarrollo que las empresas mineras dicen traer a los países, un estudio publicado en el 2011 por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM)[1] sobre los "Impactos de la Minería Metálica en Centroamérica", identificó que los ingresos tributarios que las empresas mineras pagan a los países de la región son en promedio no más del 1.5% de los ingresos obtenidos.

Movimientos socio-ambientales frente a la minería

La lucha social en contra de la minería, especialmente la metálica, ha venido creciendo a medida que generaciones enteras han visualizado los impactos ambientales y sociales, mismas amenazas que se han intensificado y extendido con el ingreso de nuevos proyectos en una era que se ha denominado "recolonización".

En Guatemala, según el documental "El oro o la vida"[2], 54 comunidades indígenas han realizado consultas comunitarias, contabilizando un millón de personas que han rechazado alas empresas mineras, petroleras e hidroeléctricas. Estas consultas son prácticas ancestrales que son reconocidas por las leyes municipales, la constitución de ese país e incluso el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, el Gobierno ha hecho caso omiso a este movimiento social y hasta el 2011 había concedido 155 licencias de exploración y explotación minera metálica.

En Guatemala, la transnacional canadiense Goldcorp Inc. es propietaria del Proyecto Marlín, ubicada en San Marcos, y el Proyecto Cerro Blanco en Jutiapa. El Proyecto Marlín es quizá el más emblemático para Guatemala, debido a las afectaciones ambientales que han generado graves problemas a las comunidades indígenas de la zona. En un estudio realizado en el 2008 por la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) se encontraron concentraciones de metales pesados en el Río Tzala (aluminio, arsénico y manganeso) por encima de los rangos permisibles, y evidencias de afectaciones a la salud pública. El Proyecto Cerro Blanco se encuentra a solo 15 km de la frontera con El Salvador y a 5 km de la ciudad de Asunción Mita, proyecto aún en construcción y que tiene implicaciones socio-ambientales a nivel binacional que no han sido tomadas en cuenta desde las exploraciones.

Guatemala tiene una fuerza de resistencia ante los proyectos mineros que es admirable, gracias a la apropiación que tienen los pueblos indígenas del valor de sus territorios y sus recursos naturales como herencias ancestrales invaluables. Sin embargo, en los últimos 10 años, las consecuencias de esa lucha se han visualizado en el asesinato de 120 activistas y defensores de los Derechos Humanos. Como parte de su lucha, el caso de la Mina Marlín fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, logrando que ésta emitiera medidas cautelares para resolver el conflicto y detener el proceso de contaminación ambiental. Ante las estrategias dilatorias del Gobierno para no cumplir con las medidas planteadas, el movimiento social logró que el relator de la ONU para los pueblos indígenas visitara a las comunidades afectadas por la Mina Marlín para escuchar sus reclamos y demandas, divulgando el caso a nivel internacional.

En El Salvador, el movimiento social ambientalista consiguió que el Estado salvadoreño negara conceder los permisos de explotación al Proyecto Mina San Sebastián de Commerce/Sanseb, y al Proyecto El Dorado y la nueva concesión de Exploración del Proyecto Santa Rita de Pacific Rim, éstos últimos ubicados en el Departamento de Cabañas.

El Comité Ambiental de Cabañas estaba preocupado por el uso indiscriminado del agua, recurso que es escaso en la zona. El Dorado pretendía consumir 10.4 l/s (900 mil l/día), misma cantidad que abastece a una familia promedio durante 20 años. Por otro lado, el río San Sebastián es el ícono de la contaminación que ha dejado la Mina San Sebastián; en éste se vierte de manera constante drenaje ácido que contamina el río y que ha dejado sin agua potable a los pobladores de la zona.

La negativa del Estado salvadoreño trajo sus consecuencias sobre la vida de 4 líderes comunitarios, miembros del Comité Ambiental de Cabañas, quienes en el 2009 fueron asesinados. Actualmente, valiéndose del tratado de libre comercio con EEUU (DR-CAFTA), Pacific Rim y Commerce/Sanseb han presentado demandas ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) por $77 millones y $100 millones de dólares respectivamente, en contra del Estado salvadoreño.

En Honduras, después de los estragos que ocasionó el Huracán Mitch (1998), el Congreso aprobó una ley en la que se establecía la priorización del uso del agua para el desarrollo de proyectos mineros, dejando al recurso agua vulnerable a la voluntad de las empresas transnacionales. Es así que Honduras se postula como el país centroamericano con el mayor número de concesiones y con el área más grande de territorio concesionado para proyectos mineros (31% del territorio nacional).

El Proyecto San Martín, ubicado en El Valle de Siria, fue comprado por Goldcorp Inc. en el 2006, y a partir del 2007 inició un proceso de cierre dados los innumerables reclamos por contaminación ambiental y violaciones a los derechos humanos. Entre los numerosos daños que se le atribuyen, resalta la contaminación de la mayoría de las fuentes de agua del Valle de Siria, generando una epidemia de problemas dérmicos producto de la exposición a metales pesados y se han registrado 150 casos comprobados de personas con presencia de arsénico en la sangre. Pero no fue sino hasta el 2010 que el Estado hondureño reaccionó ante esta problemática.

El Proyecto Mina San Andrés, de Minerales de Occidente S.A, ubicado dentro del Departamento de Copán, está aún en etapa de explotación, registrándose denuncias por derrames de agua cianurada desde el 2006; dichas descargas se hacen en las proximidades del río Lara, afectando directamente las fuentes de agua superficiales de las que se abastecen las comunidades cercanas a la mina.

En Nicaragua, existen más de260 concesiones mineras otorgadas, y 95 nuevas solicitudes, las cuales casi doblan el área total del territorio nacional que está actualmente otorgado para proyectos mineros.

El Proyecto Mina El Limón, localizado al noroeste del país, de la empresa Tritón Minera S.A., y el Proyecto La Libertad, ubicado en el centro-norte del país, de la empresa DESMINIC, fueron comprados en el 2009 por la transnacional B2Gold, las cuales han mantenido su comportamiento como las principales contaminadoras del medio en sus zonas de influencia. En el 2006, una ONG nacional (Centro von Humboldt) realizó muestreos de aguas superficiales y subterráneas cercanas a ambos proyectos, encontrando en las quebradas de Mina El Limón, concentraciones de aluminio y manganeso superiores a los rangos permisibles. En La Libertad, se hicieron muestreos al río Mico y sus afluentes, encontrando concentraciones fuera de los rangos máximos permisibles para aluminio, manganeso, zinc, y grasas y aceites.

En La Libertad, las autoridades competentes procedieron a demandar a la empresa por la vía administrativa, y se le solicitó al Centro Humboldt y al Centro de Investigación de los Recursos Acuáticos (CIRA-UNAN) que realizaran análisis de sedimentos en el río Mico, encontrando altas concentraciones de plomo, hierro y zinc. Finalmente, MARENA emitió una resolución para la toma de medidas cautelares y de mitigación de daños ambientales, a lo cual no se le dio seguimiento.

En el 2009, pobladores del Comité de Desarrollo Comarcal de Mina El Limón, interpusieron denuncia ante las autoridades competentes sobre una nueva presa de cola que pretendía construir la empresa Tritón en la comunidad San José de la Cañada, así como la contaminación ambiental (aguas, suelos y atmósfera) y las afectaciones a la salud de los pobladores, la mayoría de los cuales sufren problemas renales a causa de la mala calidad del agua de consumo, deteriorada por la explotación minera. En función de ello, el Ministerio del Ambiente presentó una demanda en contra de Tritón Minera, emitiendo una resolución en la que se mandaba a tomar medidas precautorias y de mitigación por los daños ambientales ocasionados, a la cual no se lo dio seguimiento. Pese a una serie de medidas legales que tomó la comunidad, recurriendo incluso ante la Corte Suprema de Justicia, la que continúa sin pronunciarse, la Presa de Cola San José ya culminó su faceta de construcción y la empresa minera se encuentra en pleno uso de la misma.

Otro sitio de concentración de proyectos mineros en Nicaragua se ubica en el Distrito Minero de Siuna, Bonanza y Rosita, ubicado en la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, denominado Triángulo Minero. La propietaria es la empresa de propiedad trinacional HEMCO, de capital canadiense, estadounidense y nicaragüense, conocida como HEMCONIC.

La presa de cola del proyecto fue construida sobre la microcuenca Concha Urrutia, al sureste del casco urbano. En el 2009, la presa presentó los primeros problemas a raíz de un sismo de 6.4 en la escala de Richter, que provocó el rompimiento de una sección de la tubería de bombeo de las aguas residuales. Este hecho se agravó con otro sismo a inicios del 2010, esta vez de 4.3 en la escala de Richter, generando grietas a la estructura de 1 cm de espesor en sentido longitudinal. Las aguas residuales de esta presa de cola afectarían al Río Concha Urrutia, Río Tuqui, a su vez al Río Bambana, y al Prinzapolka, mismos que desembocan en el Mar Caribe.

En Costa Rica, se encuentra la Mina Bella Vista, ubicada al noreste de Miramar de Montes de Oro, en Puntarenas, siendo un ejemplo ícono de la irresponsabilidad por parte de las empresas, una vez que el proyecto es abandonado. En el 2000, funcionarios públicos de la Dirección de Geología y Minas, en una interpretación manipulada de la ley, otorgaron autorización al cambio de extracción de túneles a cielo abierto, sin cumplir con los trámites señalados por esa Dirección. La empresa Glencairn Gold suspendió operaciones en julio de 2007, producto de un problema de deslizamiento de terreno que sufrió el área de extracción del proyecto. En octubre 2007, Glencairn Gold fue comprada por la transnacional B2Gold, obteniendo un Proyecto en estado de abandono, sin acciones de remediación del terreno concesionado, aunque B2Gold asegura estar en una etapa de recuperación para la reanudación de actividades.

El Proyecto Minero Crucitas, uno de los más emblemáticos de la lucha anti minera por parte de organizaciones ambientalistas de Nicaragua y Costa Rica, le pertenece a la empresa Industrias Infinito S.A., subsidiaria de la compañía Infinito Gold Limited de origen canadiense. Luego de una ardua campaña anti minera por parte de UNOVIDA (Unión Norte por la Vida), ACAME (Alianza Centroamericana frente a la Minería Metálica) y los(as) líderes comunitarios(as) del norte y el sur de Nicaragua, el 30 de noviembre 2011 fue finalmente anulado por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, la cual confirmó por unanimidad la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que dejó sin efecto la concesión y ordenó a la empresa pagar una indemnización por daño ambiental. Fue parte de la orden investigar las implicaciones del ex Presidente Oscar Arias y otros funcionarios del Estado que se vieron involucrados en las gestiones ilegales de la empresa Industrias Infinito S.A.

En definitiva, los proyectos mineros en Centroamérica se comportan de manera similar, ubicándose estratégicamente en los afloramientos de los ríos, afectando cuencas hidrográficas de vital importancia para la población; pasan por alto requerimientos técnicos y violentan las incipientes leyes ambientales, y no se hacen responsables por las afectaciones ambientales y sociales. Las consecuencias de la minería son irreversibles, afectan y afectarán a generaciones que estarán condenadas a un restringido acceso al recurso agua en calidad y cantidad, así como a la exposición a contaminantes como los metales pesados, limitando sus capacidades de desarrollo, generalizando la pobreza y particularizando las ganancias.

* Tania Sosa es ingeniera en Calidad Ambiental; trabaja en el Centro Humboldt, Nicaragua, como oficial de industrias.

Este texto es parte de la revista "América Latina en Movimiento", No 473, correspondiente a marzo 2012 y que trata sobre "Extractivismo: contradicciones y conflictividad" - http://alainet.org/publica/473.phtml.

Comunidades Mapuche Williche manifiestan su satisfacción por acogida de recurso de protección


La Corte Suprema enfatiza la falta de probidad del organismo calificador al no actuar de forma imparcial ante un proyecto privado. En este sentido queremos hacer un fuerte llamado publico a nuestras autoridades, desde el municipio a las diferentes SEREMIAS y el Intendente Regional, a revisar su accionar, en cuanto este hecho deja en evidencia la negligencia de estos y los diferentes servicios públicos (CONADI, SAG, SUBPESCA, entre otras) que han hecho oídos sordos en las reiteradas demandas de participación ciudadana.

Fuente: www.futawillimapu.org

Declaración Pública Fallo Corte Suprema

Las organizaciones sociales, hombres y mujeres que hemos trabajado por generar instancias de información y participación en torno al proyecto \"Parque Eólico Chiloé\", queremos manifestar públicamente nuestra satisfacción por la resolución de la Corte Suprema, que ha acogido favorablemente el recurso de protección interpuesto por la comunidad indígena Antu Lafken de Huentetique, frente al proceso de evaluación ambiental de dicho proyecto.

El resultado de este fallo viene a ratificar los argumentos que se han sostenido durante casi dos años de seguimiento al proceso, en cuanto a las inconsistencias y carencias técnicas de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por la empresa Ecopower S.A. y arbitrariedad del Servicio de Evaluación Ambiental, región de Los Lagos, al aprobar en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) un proyecto con semejantes incongruencias.

La Corte Suprema enfatiza la falta de probidad del organismo calificador al no actuar de forma imparcial ante un proyecto privado. En este sentido queremos hacer un fuerte llamado publico a nuestras autoridades, desde el municipio a las diferentes SEREMIAS y el Intendente Regional, a revisar su accionar, en cuanto este hecho deja en evidencia la negligencia de estos y los diferentes servicios públicos (CONADI, SAG, SUBPESCA, entre otras) que han hecho oídos sordos en las reiteradas demandas de participación ciudadana.

Hoy sentimos que han actuado de manera irresponsable, esta resolución así lo demuestra, y exigimos que estos y los parlamentarios que no nos han representado y se han limitado a bajar el perfil a nuestra demanda den una explicación publica de su accionar.

Destacamos que este fallo pone en valor el territorio Quilo-Mar Brava por su relevancia histórica y cultural, con 18 sitios arqueológicos reconocidos, entre ellos el cementerio de Puente Quilo, y por ser un centro de interés turístico nacional, lo que viene a ratificar nuestro permanente interés en promover y enfatizar un modelo de desarrollo económico local sostenible, valorando nuestros recursos naturales y patrimonio cultural.

Consideramos que los argumentos acogidos por la Corte Suprema son, sin duda, un indicador de que éste proyecto es incompatible con el territorio en el que se pretende instalar. De igual forma, manifestamos nuestra permanente preocupación por otros proyectos de similares características que están ingresando de la misma manera al Servicio de Evaluación Ambiental, como el Parque Eólico Pacífico, proyectado en el sector de Guabún.

También queremos relevar que esta resolución marca un hito judicial respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país, ya que por primera vez la Corte Suprema consagra los derechos a las comunidades indígenas en demandas medioambientales, territoriales y de respeto a su cultura, amparadas en el Convenio 169 de la OIT.

Finalmente, hacemos un llamado a la ciudadanía y las organizaciones sociales a involucrarse más, y de manera activa, en el proceso de desarrollo de Chiloé, para lograr pasar de un modelo de desarrollo impositivo a una construcción conjunta sustentada en nuestros anhelos locales.

Organizaciones que adhieren a esta declaración:

Sindicatos: Nueva Alianza, Rio Lar, Los Cisnes, Barlovento, Delfines de Mar Brava, Macheros de Mar Brava

Asociación Indígena Urbana Wiñoi Newen

Asociación Wineo

Comunidad Newen Mapu

Comunidad Antu Lafken de Huentetique

Comunidad Lauquen Mapu de Katruman

Comunidad Buta Lauquen Mapu Comunidad Nawel co

Comunidad Punta Chilen Comunidad Estero Chacao

ONG CECPAN, CCC Centro de Conservación Cetácea, Corporación el Canelo

Microempresarios de turismo y el conjunto de personas que trabajaron en este proceso

Cómo la Ley Antiterrorista permite perseguir y enjuiciar a menores y adultos mapuche con nulas pruebas


Hasta el próximo lunes 2 de abril se postergó la preparación de juicio oral contra 10 comuneros de la zona de Ercilla, acusados de incendio y asalto en la ruta 5 Sur. 2 de los acusados son jóvenes que eran menores de edad al momento de ocurrir los hechos que la Fiscalía les imputa, bajo Ley Antiterrorista.

Por Comunicaciones Temucuicui y País Mapuche

Fuente: paismapuche.org

La defensa realizada por los abogados Pablo Ortega y Lorenzo Morales ha solicitado desde el primer momento de la audiencia que no se impute a los menores de edad acusados por el Ministerio Público, obteniendo cómo respuesta la separación de causas, una para procesar a los menores de edad y otra para los adultos.

Los hechos de los que se les acusa, se habrían desarrollado el 9 de octubre de 2009, cuando los adolescentes ahora juzgados, eran menores de edad. Los abogados han tomado en consideración los derechos contemplados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley de Responsabilidad Adolescente del Estado chileno, por lo que no se debería aplicar la Ley Antiterrorista contra ellos.

Para ambos menores, la imputación del Ministerio Público ha significado casi tres años de vivir la persecución política en todo ámbito, teniendo incluso que asumir por algunas temporadas la clandestinidad, ya que de lo contrario, significaba estar tras las rejas pese a su corta edad y sin pruebas que los culpen. Todo por ser mapuche y familiares de dirigentes y comuneros detenidos.

Sumado a ello, se cooptó el derecho de libre tránsito, el derecho a estudiar, teniendo que abandonar la escuela por temor a ser encerrados y asumiendo la pesada decisión de ser prófugos de la justicia chilena, durmiendo a la intemperie, sin alimento y expuestos a una serie de factores que perjudican su crecimiento físico y psicológico, pero no así su dignidad.

Por otro lado, se vieron obligados a vivir la represión en todo su contexto, ya que durante allanamientos y controles policiales en nuestro militarizado territorio, debieron hacer frente a las balas impunes de las policías, quedando al descubierto el abuso y las pocas garantías de tener un trato justo si se presentaban ante los tribunales, sabiendo además que el asedio policial afectaba directamente a sus hogares y familiares, lo que provocó una fuerte sobrecarga afectiva de impotencia y dolor.

Uno de ellos ha vivido desde muy pequeño la represión. Ha sido detenido y baleado a los 10 años, ha sido interrogado y torturado arriba de un vehículo policial a los 11 y a los 12, fue secuestrado y abandonado a su suerte a varios kilómetros de su casa, sin que las jefaturas policiales se hicieran cargo de estos ilícitos, quedando estas agresiones en absoluta impunidad.

Su tío es constantemente citado a tribunales y su padre a estado además en la prisión política, por lo que desde el seno familiar, la represión ha causado desde su infancia una enorme presión sobre él.

Hasta el momento, el tribunal está considerando no aplicar la Ley Antiterrorista en este caso a los menores. Pero el temor está en que se les someta a doble procesamiento, y se intente realizar un nuevo juicio, articulando las mismas pruebas presentadas en este caso a ambos en un nuevo proceso judicial.

Hay que indicar que de utilizar las mismas pruebas, se estaría engañando a la justicia y a la opinión pública, puesto que dichas supuestas pruebas fueron maliciosamente obtenidas utilizando las abusivas facultades que otorga la Ley Antiterrorista a los fiscales y policías. Es decir, de igual forma estarían utilizando esta ley para condenar a los menores, una herramienta legal heredada de la dictadura de Pinochet y que está al servicio de los intereses del empresariado y latifundistas, que lo único que pretende es criminalizar y detener la protesta social en Chile y el territorio mapuche.

Hay que precisar además, que la única prueba que sostiene este montaje, es la declaración de un testigo protegido, quien se dice que habría participado de los hechos y habría delatado a los demás participantes, acogiéndose a la delación compensada, artimaña que permite la Ley Antiterrorista.

Osea, una persona ya condenada por “confesar” participación en los mismos hechos, que está en libertad, recibe un sueldo por su “colaboración” y que nadie conoce nada sobre sus antecedentes y los de su condena, está siendo usada para enjuiciar a 10 comuneros, sólo por la validez que da la ley Antiterrorista para este tipo de sucias maniobras.

La Comunidad Autónoma Temucuicui señala que seguirá informando su pensamiento ante los hechos en los próximos días y en la medida de los acontecimientos de este importante juicio que marcará precedentes para el Pueblo Mapuche, sus comunidades y organizaciones.

mercredi 28 mars 2012

Mapuches presentarán iniciativa para impedir instalación de hidroeléctricas en sitios sagrados


Hasta el Congreso llegarán las comunidades mapuche de San Juan de la Costa, buscando mecanismos que impidan a la Dirección General de Aguas que otorgue permisos a empresas hidroeléctricas en sitios sagrados.

FUENTE: radio bio bio /

La idea, según expresaron sus dirigentes, es buscar mediante una norma la modificación al Código de Aguas para evitar una mala interpretación o choque con el Convenio 169 de la OIT, que establece consultas a los pueblos, cada vez que se requieran generar medidas susceptibles que les afecten directamente.

Así lo dijo el vocero de las comunidades, Jaime Lefián quien sostuvo que para ello cuentan con el apoyo del Senador (PS) Pedro Muñoz, quien participó en una reunión con los afectados y quien se comprometió a llevar el caso a ambas Cámaras en el Congreso.

El dirigente añadió que por un lado existe esta posibilidad, pero también buscan que se termine el parternalismo con el que han actuado los gobiernos tanto de la Concertación como la Derecha y que el pueblo mapuche, sea mirado como tal.

Lefián espera que con estas iniciativas esperan que las aguas que se ubican en territorios mapuche no sean sometidas a solicitud de derechos por particulares, menos cuando se trata de beneficiar a empresas, sin las consultas respectivas a los afectados. Agregó que esto ha ocurrido en los ríos, Maicolpi, Quilhue y Trafunco y Cahunalhue, cuyos derechos de aguas fueron solicitadas por la empresa Energía del Sur.

Finalmente, el vocero puntualizó que el viernes 30 de marzo se reunirán en Osorno todas las comunidades en una asamblea extraordinaria a objeto de analizar los pasos a seguir en esta materia

CHILE: DANIEL ZAMUDIO FUE VICTIMA DE LA LACRA HOMOFOBICA


Daniel Zamudio estuvo agonizando por dos semanas, victima de un criminal y lumpenesco hecho homofobico, que refleja los sintomas de ciertos sectores de la sociedad, donde el estado chileno y grupos de poder, transversalmente, han venido fomentando con sus comportamientos intolerantes y discriminatorios, donde incluso, se han bloqueado leyes en pro de igualdad, respeto y antidiscrminacion. Reacciones ante la muerte Zamudio.

IMAGEN: Daniel Zamudio / Luces y Sombras

A traves de las redes sociales se difundia: “A Daniel Zamudio lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Le apagaron cigarrillos en el cuerpo. Le desfiguraron la cara. Le arrojaron varias veces una piedra: en el estómago, en el rostro y en otras partes del cuerpo. Le arrancaron parte de una oreja. Le rompieron una botella en la cabeza y le marcaron tres cruces esvásticas en la piel con pedazos de vidrio. Hicieron palanca con una de sus piernas......... hasta que el hueso cedió y se rompió. Los médicos dicen que sus órganos están tan deteriorados que ni siquiera sirven para ser donados”...

La Homofobia es una de las mayores lacras contaminantes en la sociedad, en un País donde esta deformacion es transversal a sectores políticos, iglesias, grupos sociales, donde es mas propenso aun en un estado como el chileno, controlado por sectores ultra conservadores, intolerantes, que lo mantienen sin evolucionar, lejos de cumplir con un estándar mínimo sobre derechos en estas materias.

REACCIONES

El comunicador y escritor Rodrigo Acuña, editor del blog y web luces y sombras señala indicando la fotografia de Daniel: “Mire muy bien sus ojos, que esa mirada que apagó la intolerancia nunca se olvide”. Agrega: “Porque cada vez que un Tribunal le quite a una mujer sus hijas sólo por ser lesbiana, le estarán quitando una vez más los derechos a Zamudio. Cada vez que se escuche al presidente del partido de gobierno, Carlos Larraín, igualar a los homosexuales con pedófilos y zoófilos sonarán una y mil veces las primeras botellas reventadas en la cabeza de Zamudio. Cada vez que un exitoso comunicador como Kiké Morandé señale que no tiene nada contra los gays "siempre y cuando no estén cerca de él", sonarán nuevamente los huesos quebrados de Zamudio tras las palancas en sus piernas. Cada vez que la Iglesia Católica escriba un libro como "Homosexualidad Juvenil: Orientaciones educativo pastorales" se escribirán 3 veces más con vidrios quebrados las swásticas sobre el pecho desnudo de Zamudio. Cada vez que algún parlamentario diga no a la Ley Antidiscriminación, caerá una nueva piedra sobre la cabeza y el tórax ya inmóvil de Zamudio. Cada vez que la prensa apague los micrófonos y las cámaras ante la homofobia del poder, se estará apagando otra vez, una y mil veces, una vida como la de Zamudio.

Por su parte, Amnistía Internacional señaló en un comunicado: ““Muchas personas como él sufren día a día actos discriminatorios que nos les permite disfrutar una vida libre, digna e igualitaria con respecto a las demás personas. Es de esperar que tras sucesos tan aberrantes como éste, la discusión de la Ley Antidiscriminación se haga más expedita, y deje de cuestionarse la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género entre las categorías protegidas” señala Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile.

Para Amnistía, avanzar con esta ley sería un paso fundamental para que la legislación chilena se ajuste a estándares normativos internacionales en materia de protección contra la discriminación en razón de la orientación sexual, especialmente considerando el reciente fallo en el caso de Karen Atala. Sin embargo, el proyecto de ley antidiscriminación, en su actual redacción, se encuentra reducido a una acción judicial que permite reclamar por casos de discriminación, pero no obliga al Estado a prevenirla y tomar las medidas de educación, capacitación, medidas de acción afirmativa u otras similares que vayan en ese camino. “No obstante, hechos tan crueles como el sufrido por Daniel Zamudio dejan de manifiesto que Chile necesita medidas preventivas que promuevan el respeto y el reconocimiento para todas las personas sin excepción. Si bien la discriminación no se elimina por ley, las medidas de prevención, educación y las sanciones a quienes discriminan aceleran los cambios necesarios para disminuir y finalmente erradicar los niveles de maltrato. Estos van desde la burla, la discriminación laboral hasta llegar a situaciones graves de violencia como la que vimos en este caso. En este sentido, una Ley Antidiscriminación adecuada puede ayudar a salvar vidas”, concluye Ana Piquer.

En tanto, publicaba Radio del Mar, para la Fundación =Iguales "la muerte de Daniel es motivo de profundo dolor para las agrupaciones que defienden los derechos de la diversidad así como también para gran parte de la sociedad, y es un brutal recordatorio de hasta donde pueden llegar los crímenes incitados por el odio cuando no existe una legislación que opere en contra de los hechos que hemos conocido este último tiempo. Esto gracias a sectores políticos intransigentes, fundamentalistas y homofóbicos que reiteradamente han pasado por alto los DD.HH. de la ciudadanía".

La muerte de Daniel Zamudio "es un llamado de atención a todas las autoridades, para que den suma urgencia a la ley antidiscriminación que después de 6 años aún continúa en trámite en el parlamento, y cuyo objetivo es simplemente brindar protección a todos los ciudadanos independientemente su orientación sexual, filiación, estrato socioeconómico, etnia, preferencia política e identidad de género", agregó la agrupación.

Consejo Mapuche de Maquehue da ultimátum a gobierno por compromiso de restitución de tierras


Luego que la semana pasada no lograron reunirse con el Intendente, el Consejo Mapuche de Maquehue declaró que hasta este miércoles 28 de marzo espera el cumplimiento de los compromisos suscritos por parte del gobierno que se refieren a la restitución de sus tierras ancestrales de propiedad de la FACH actualmente.

POR LEYLA NORIEGA

LA OPINION

“El año 2006 hicimos un convenio con las autoridades de la época donde se comprometieron a devolvernos las sesenta hectáreas que reivindicamos como Consejo, sin embargo, sólo nos han traspasado de palabra 7,9 hectáreas que legalmente sigue siendo propiedad de la Universidad de la Frontera y no de nosotros”, aclaró a La oPiñón Jaime Reimán, presidente del Consejo Mapuche de Maquehue.

El dirigente enfatizó que si no se cumplen este compromiso, no descartan iniciar un proceso de movilizaciones, incluso donde se pueden sumar otras comunidades aledañas y exigir la restitución de las 4000 hectáreas que comprende Maquehue.

“Nuestras tierras de Bienes Nacionales pasaron a la FACH y hoy se encuentran abandonadas. Nosotros tenemos varios proyectos para las sesenta hectáreas que por más de cinco años esperamos, queremos instalar un centro experimental para la agricultura, un hogar mapuche, una universidad, entre otros proyectos serios para mejorar las condiciones de pobreza en la que estamos porque no tenemos nuestras tierras donde desarrollarnos”, puntualizó Reimán.

Comunidad de Pukiñe en Lanco pide solución a organismos público ante su reclamo por tierras ancestrales


La comunidad de Puquiñe de la comuna de Lanco, inició el proceso reivindicatorio de tierras por medio de la ley indígena, para la recuperación del fundo “Las Vertientes” de propiedad actual de la familia Spuler y la Forestal Valdivia, entregando antecedentes en una reunión con el director de la CONADI en Los Ríos, Juan Melinao.

Fuente Radio Bio Bio /

Imagen: Faumelisa Manquepillán, dirigenta Comunidad.

La comunidad alega que el terreno de alrededor de 200 hectáreas habría sido adquirido por estos dos particulares de manera fraudulenta.

Aseguran que el ancestro de los comuneros, Francisco Calfuleo, dueño de la propiedad, inscribió el terreno en 1887 y posteriormente en 1909 se le concediera el título de merced, cuando se le comenzó a cobrar contribuciones que hicieron que perdiera el terreno.

La presidenta de la Comunidad Puquiñe, Faumelisa Manquepillán, señaló a La Radio que en primera instancia el director de la Conadi se comprometió a ver la situación en terreno para luego trabajar lo más rápido posible en una solución del caso.

Además, la dirigente agregó que se tiene todos los antecedentes para que se regrese este territorio a sus dueños originales, en un trabajo que la comunidad lleva realizando hace casi una década.

Asimismo, la dirigente indígena añadió que el Director de la Conadi le aseguró que tendrían respuestas dentro de una semana cómo máximo.

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La comunidad exige que la Conadi compre el fundo “Las Vertientes” a la familia Spuler y a la Forestal Valdivia, donde solicita que este proceso de negociación sea exclusivo con la comunidad Puquiñe.

Además, indican que como primer paso están utilizando la vía administrativa, pero esto no va en perjuicio de que puedan tomar otras acciones más radicales para ser escuchados en el futuro

Contraloría General dictamina que alcalde de Coyhaique faltó a la probidad al emitir pronunciamiento sobre HidroAysén


El Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, determinó mediante Dictamen 15.860 que el alcalde UDI de Coyhaique, Omar Muñoz, faltó a la probidad al momento de emitir pronunciamientos técnicos en el marco de la evaluación de HidroAysén. Esto por poseer dos terrenos en el área de inundación del proyecto, lo cual está consignado en el EIA de la hidroeléctrica, y por el cual recibiría una indemnización de llegar éste a materializarse.

Contraloría General dictamina que alcalde de Coyhaique faltó a la probidad al emitir pronunciamiento sobre HidroAysén

· Siendo propietario de terrenos en el área potencialmente inundada por HidroAysén, por la cual el edil recibiría una indemnización, de llegar a materializarse el proyecto.

Por Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida

Coyhaique, 27 de marzo 2012. El Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, determinó mediante Dictamen 15.860 que el alcalde UDI de Coyhaique, Omar Muñoz, faltó a la probidad al momento de emitir pronunciamientos técnicos en el marco de la evaluación de HidroAysén. Esto por poseer dos terrenos en el área de inundación del proyecto, lo cual está consignado en el EIA de la hidroeléctrica, y por el cual recibiría una indemnización de llegar éste a materializarse.

La resolución del 16 de marzo de este año, señala expresamente que “esa circunstancia pudo comprometer potencialmente la imparcialidad con que aquella autoridad debía actuar en el proceso de evaluación de dicho proyecto, procediendo que se hubiera inhabilitado de intervenir en cualquier acto que se relacionara con este, por encontrarse afectada por la inhabilidad prevista en los citados artículos 62, N° 6, de la ley N° 18.575, y 12, N° 1, de la ley N° 19.880”. En el primero se define como un hecho que “contraviene especialmente el principio de probidad administrativa”, lo cual le da un carácter de especial gravedad.

La denuncia fue interpuesta en Coyhaique el 12 de septiembre de 2011 por las representantes del Movimiento Ciudadano Patagonia Unida, Claudia Torres y Paz Foitzich, el mismo día en que representantes de los partidos políticos de oposición Carlos Torres Velásquez (DC), Nelson Maldonado Mansilla (PS), Joaquín Soto Mansilla (PPD), Karina Acevedo Auad (PRSD) y Juan Catalán Jara (PC), hicieron lo propio ante el organismo contralor, solicitando un pronunciamiento ante el rechazo del edil de convocar a un plebiscito sobre HidroAysén.

Dentro de los antecedentes vinculados a la probidad Claudia Torres y Paz Foitzich señalaron que el “señor Muñoz Sierra debió abstenerse de participar en la emisión de determinados actos administrativos municipales, por encontrarse relacionados con dicho proyecto”.

Al hacer pública la situación, también informaron que en una situación similar se encontraban el ex seremi de Vivienda, Nicolás Terrazas, cuyo hermano UDI Pablo tenía a la fecha cuatro terrenos aledaños al del edil, lo mismo que Luisa Acuña, esposa del diputado del mismo partido David Sandoval.

Este dictamen se conoce públicamente hoy en pleno proceso de movilización por 11 demandas, una de las cuales es una consulta ciudadana vinculante sobre HidroAysén y Energía Austral.

El dirigente del movimiento ciudadano Patagonia Unida y Patagonia sin Represas, Patricio Segura, señaló que “hoy más que nunca esta demanda aysenina es necesaria, porque no sólo nos quieren imponer un proyecto, sino que además es uno que se mantiene en pie sólo con prácticas que faltan a la probidad, ya que esto, sumado a los cambios de informes técnicos, presiones y lobby, demuestra que el sistema no tiene legitimidad” “La única salida para recobrar la legitimidad es que la ciudadanía de Aysén exprese su voluntad” puntualizó Segura.

El dictamen confirmó que la única posibilidad de sanción al alcalde por este actuar, es que un grupo de concejales presente un requerimeinto ante el Tribunal Electoral. Además, que los informes técnicos emitidos cuando concurrían causales de inhabilidad no pueden ser impugnados y, por último, que no llamar a plebiscito sobre temas relacionados con los proyectos hidroeléctricos cuando el alcalde tenía terrenos en el área de inundación de HidroAysén, no correspondía porque ambos temas (plebiscito e HidroAysén) no estaba directamente vinculados.

En este contexto, las organizaciones aún están a la espera que la Contraloría emita un dictamen por la presentación que los dirigentes de oposición hicieron en Coyhaique, donde piden un pronunciamientos sobre la pertinencia o no de llamar a plebiscito sobre temas relacionados con proyectos hidroeléctricos. El alcalde Omar Muñoz en la ocasión rechazó convocar esta consulta instituida por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

BOLIVIA: Marcha Indígena por la defensa del territorio partirá el 25 de abril


La III Comisión Nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) resolvió, en Santa Cruz, que la IX Marcha Indígena en defensa del TIPNIS comenzará 25 de abril en la localidad de Chaparina (Beni) hacia la sede del Gobierno.

ABI

Fuente: Pagina Siete

www.paginasiete.bo

Foto: movilizacion 2011 / La guarura

La III Comisión Nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) resolvió, en Santa Cruz, que la IX Marcha Indígena en defensa del TIPNIS comenzará 25 de abril en la localidad de Chaparina (Beni) hacia la sede del Gobierno.

El anuncio lo hizo ayer el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez. “La IX Marcha Indígena partirá desde la localidad de Chaparina en conmemoración y reconocimiento a la valentía de las mujeres indígenas que participaron de la VIII marcha. Los marchistas nos concentraremos en San Borja desde el 22 de abril”, anunció el dirigente.

El MAS reiteró su rechazo a esta movilización que va en contra de la consulta previa que para el Gobierno es la salida a este conflicto, según dijo el jefe de bancada de Diputados del partido oficialista, Roberto Rojas.

La comisión aprobó la modificación de la fecha del inicio de la marcha, pues los corregidores la habían definido para el 20 de abril. Los dirigentes quieren hacer coincidir el inicio con el séptimo mes de la represión del 25 de septiembre 2011.El diputado indígena Pedro Nuni reveló que la decisión para consensuar la IX Marcha fue muy difícil de tomar y que luego de la definición, se precisó que un 50% de cada comunidad se sumará a la movilización mientras que el otro 50% estará en alerta en cada una de sus comunidades, “para actuar ante cualquier embate” contra la marcha.

Rafael Quispe, ex autoridad del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq), quien participó de la reunión, manifestó que su organización respaldará la movilización indígena como ocurrió el pasado año e informó que la comisión de la CIDOB iniciará una defensa al interior del TIPNIS en contra de la “posconsulta”.

“La estrategia también es hacer resistencia en el mismo parque para que el Gobierno no entre al TIPNIS para hacer una consulta posterior de mala fe”, indicó.

La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) anunció que no participará de la IX Marcha, aunque brindará un apoyo moral. Según el dirigente de esa organización, Faustino Flores, “tenemos un acuerdo programático entre Gobierno y pueblo guaraní que está avanzando; por eso no asistiremos a la IX marcha convocada por CIDOB”.

El sector aseguró que si los convenios con el Gobierno no se cumplen hasta el 27 de abril, referidos a temas de salud, educación, tierra y medio ambiente, “se buscarán estrategias” de apoyo a la marcha.

Adolfo Chávez dijo que respetaba la decisión de la APG, pero auguró que “pronto se sumarán” porque el Gobierno no les iba a cumplir lo prometido.

La CIDOB aclaró que mantienen la decisión de dialogar con el Gobierno siempre y cuando se anule la ley de consulta previa.

Resoluciones

Presencia La decisión de marchar se la ratificó en la III Comisión Indígena de la CIDOB, donde participaron 11 de las 13 organizaciones regionales de la entidad que se reunió en la ciudad de Santa Cruz.

Significado El inicio de la marcha será el 25 de abril en repudio a la represión que han sufrido los indígenas de tierras altas y bajas en Chaparina.

Estrategia Representantes de la CIDOB todavía seguirán reunidos hoy en Santa Cruz para aprobar el “plan estratégico” de la IX marcha.

Leyes El encuentro ratificó la vigencia de la Ley 180 de protección al TIPNIS y rechazó la ley de “consulta previa”.