Se acerca uno de los juicios sobre violación a los Derechos Humanos a integrantes los pueblos indígenas: la revisión de una serie de causas donde se aplicó la Ley Antiterrorista a dirigentes emblemáticos. Los familiares y la defensa del Lonko Pascual Pichún se refirieron al proceso que se llevará a cabo a finales de mayo en la Corte Interamericana.
Por Paula Correa
Fuente: radio.uchile.cl
Familia y abogados del fallecido lonko de la comunidad de Temulemu, Pascual Pichún, se refirieron al emblemático juicio que se desarrollará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica el 29 y 30 de mayo.
Recordemos que el caso del lonko, quien fue condenado junto a su par, Aniceto Nortín, lonko de la comunidad de Didaico, ingresó a la Corte Interamericana el 7 de agosto del 2011 junto al caso de otros dirigentes como Patricia Troncoso y Víctor Ancalaf, todos procesados bajo Ley Antiterrorista.
Vale destacar que esta es la primera vez que el Estado chileno es llevado a un Tribunal Internacional por violación a los Derechos Humanos del pueblo mapuche, ya que los otros casos habían finalizado en la instancia previa, la Comisión (CIDH).
Sobre esto se refirió, Pascual, el hijo mayor del lonko, quien declaró que “se acerca un día histórico para nosotros, la familia, la comunidad y el pueblo mapuche. Por primera vez un tribunal internacional nos va a escuchar la queja por los daños que sufrió mi padre, quien tuvo que pagar una condena injusta”.
Por su parte, el abogado defensor Jaime Madariaga indicó que sólo llegar allí ya es un gran pasado, porque implica un reconocimiento de que si existió una discriminación, violando el principio de igualdad ante la ley, y una vulneración al debido proceso.
El jurista precisó que en este proceso el Estado arriesga ser sancionado, es decir que se le inste a reconocer el error, reparar a los involucrados y corregir el marco institucional que facilitó el abuso: “Aquí lo más relevante no es la indemnización, de hecho no es de los hitos fundamentales, sino la reparación integral, que busca otro tipo de cosas. Que se modifiquen las leyes y que se garantice que esto no vuelva a ocurrir”.
Esto implicaría que el Estado debiera modificar la Ley Antiterrorista y corregir su utilización, además de cambiar la forma en la que se están aplicando las leyes y las sanciones penales a los mapuche y, en general, a nuestros pueblos originarios. Además, sentaría un precedente legal para los procesos judiciales en curso.
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