GUATEMALA.- Mientras el juicio contra el dictador Ríos Montt por actos de genocidio toca a su fin, el Gobierno de Guatemala, presidido por Otto Pérez Molina -otro general retirado-, ha ordenado de nuevo al Ejército ingresar en los territorios indígenas para proteger las inversiones de las empresas transnacionales.
Desde que tomó posesión de su cargo en enero de 2012, Pérez Molina ha decretado dos estados de sitio. El primero de ellos, en el municipio de Barillas (territorio q'anjobal, departamento de Huetenango) y el segundo en los departamentos de Jalapa y Santa Rosa, afectando al territorio del pueblo xinka de Xalapán, entre otros. Estas decisiones desembocan en la ocupación militar de decenas de comunidades, ocasionando numerosas violaciones a sus derechos humanos.
CODPI
Con fecha 4 y 5 de mayo de 2013, una delegación conformada por Autoridades Ancestrales, representantes de diferentes pueblos y organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, medios de comunicación y de organizaciones no gubernamentales, visitaron los municipios en los que se declaró el último estado de sitio el pasado 1 de mayo (municipios de Jalapa y Mataquescuintla del Departamento de Jalapa y los Municipios de Casillas y San Rafael las Flores del Departamento de Santa Rosa). Tras la visita, emitieron un Informe Preliminar de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos que analiza la naturaleza de este instrumento legal y recoge los impactos que proyecta sobre la población.
Es de reseñar que, tras las protestas y las dudas sobre su legalidad, el día 9 de mayo el Gobierno dejó sin efecto la declaratoria del estado de sitio, para pasar a imponer en estos mismos municipios el estado de prevención, manteniendo el mismo número de efectivos militares en los territorios, así como el recorte de las garantías constitucionales.
Estados de sitio, o la “legalización de los peores abusos y las más perniciosas arbitrariedades”
El estado de sitio representa un concepto equivalente al de estado de guerra, otorgando a las fuerzas armadas facultades para el mantenimiento del orden interno. Durante el mismo quedan suspendidos temporalmente los derechos constitucionales de la población afectada.
El Relator Especial de las Naciones Unidas Leandro Despouy sobre los derechos humanos y los estados de excepción, en su informe de 23 de junio de 1997, indicó que, “en muchos casos, los estados de excepción se habían transformado en el instrumento jurídico mediante el cual se pretendía "legalizar" los peores abusos y las más perniciosas arbitrariedades”. En efecto, casi ninguno de los regímenes de la época resistió a la tentación de justificar su irrupción o mantenimiento en el poder a través de este accionar represivo.
En la Guatemala actual, esta nueva declaración de estado de sitio evidencia la arbitrariedad con la que se trata de imponer el orden en territorios en los que pueblos indígenas están protagonizando movilizaciones y resistencias para exigir el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Derechos que, por otra parte, están recogidos en el Convenio 169 de la OIT, el cual forma parte del ordenamiento jurídico guatemalteco.
Según señala el citado Informe de Verificación, “el decreto del estado de sitio forma parte de una política de remilitarización del Gobierno de Otto Pérez Molina, como soporte de la concesión de licencias a megaproyectos extractivos enmarcados en un modelo de desarrollo inconsulto y destructivo. Es importante mencionar, que desde su llegada a la primera magistratura, se ha registrado un progresivo incremento a la represión, y se evidencia que los destacamentos militares creados se ubican cercanos a las instalaciones de los megaproyectos”.
El antecedente: el estado de sitio en Barillas
En mayo de 2012, y a raíz de la movilización comunitaria contra la empresa Hidro Santa Cruz (subsidiaria de la española Hidralia Energía), se declaró un estado de sitio en el municipio, que duró 17 días. Durante el mismo, las comunidades denunciaron el hostigamiento permanente de las fuerzas de seguridad del Estado, que allanaron más de 30 viviendas, y que contaban con 50 órdenes de captura contra líderes comunitarios. Durante los allanamientos se produjeron agresiones sexuales y continuas faltas de respeto contra los y las pobladoras, así como acciones contrarias a la cosmovisión maya, en una reedición de las prácticas contrainsurgentes de los años 80.
Como resultado de esta ocupación militar fueron detenidos 14 dirigentes indígenas, de los cuales 8 pasaron más de 8 meses en prisión preventiva (siendo liberados finalmente en enero de 2013), sin que llegara finalmente a celebrarse juicio alguno.
Puedes acceder a mayor información sobre este caso en el mapa "La Tierra se defiende".
Un estado de sitio para defender los intereses de las mineras
Con fecha 1 de mayo de 2013 el Gobierno declara un nuevo estado de sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla (territorio xinka) del Departamento de Jalapa; y los municipios de Casillas y San Rafael las Flores del Departamento de Santa Rosa, durante treinta días.
La llegada de la mina San Rafael, propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources al territorio xinka suscitó desde el inicio una decidida resistencia por parte de las comunidades -muy especialmente, de las mujeres- para defender sus territorios y sus bienes naturales, en ejercicio de sus derechos colectivos. Frente a ello, la respuesta gubernamental se centró en la persecución jurídica, la criminalización y la difamación de líderes y autoridades ancestrales del pueblo xinka de Xalapán. En este contexto, se produjo un aumento de la represión contra los dirigentes, que desembocó en el secuestro de cuatro miembros del Parlamento Xinka, y en el asesinato de Exactación Marcos Ucelo, el pasado 17 de marzo de 2013.
En el departamento de Santa Rosa, el ingreso de la empresa GoldCorp, subsidiaria de Tahoe Resources, para la exploración de la mina El Oasis, marcó el inicio en 2010 de la conocida como revolución de las flores: “marchas silenciosas realizadas por la población desde el pueblo [San Rafael las Flores] hasta la entrada de la mina, depositando flores para pedirles que se retiren, a la vez que se realizan plantones frente a la embajada de Canadá y las oficinas de la Minera San Rafael, para que respondan por los atropellos de las empresas mineras de ese país”. Ante la nula respuesta por parte de la empresa y de las administraciones, y de manera legal y pacifica, la población decidió instalar un plantón (campamento) en un predio cercano a la mina para impedir la continuidad de las obras.
Son estos hechos de resistencia los que han servido de excusa al Gobierno de Pérez Molina para declarar un estado de sitio de dudosa legalidad -tanto, que finalmente tuvo que desistir de él para convertirlo en un estado de excepción-, que hasta el momento ha causado las siguientes violaciones de derechos humanos, según el Informe de Verificación:
Uso desmedido y desproporcionado de la fuerza (allanamientos de viviendas, registros violentos, destrozos).
Amenazas e intimidaciones a autoridades ancestrales y dirigentes sociales.
Robos.
Humillaciones contra las mujeres.
Efectos psicosociales.
Estas prácticas causan un impacto enorme en las comunidades afectadas, que observan cómo los mismos actores armados que desplegaron una cruenta represión durante el conflicto armado vuelven a ocupar violentamente sus territorios.
Y lo hacen, de nuevo, para defender unos intereses ajenos a los de los pueblos de Guatemala.
Puedes descargar el informe completo aquí.
http://www.mapuexpress.net/
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