Los días 29 y 30 de mayo se realizará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, las audiencias sobre la causa unificada en que siete mapuches y una activista fueron condenados por Ley Antiterrorista en 2002. El juicio internacional marca un importante precedente para los procesos que se han generado después, y que han llevado a que en Chile existan hoy 28 personas mapuche presas por delitos asociados a la reivindicación de tierras ancestrales. Entrevista de Radio Tierra a la abogada Nancy Yañez.
RADIO TIERRA
AUDIO. ESCUCHAR ENTREVISTA AQUÍ - CLICK
Nancy Yáñez, abogada y codirectora del Observatorio Ciudadano, destacó que se están persiguiendo dos situaciones que han lesionado el respeto a las garantías fundamentales en el país, como son la falta de un debido proceso en los tres juicios, y el doble juzgamiento en el caso particular de Pascual Pichún y Aniceto Norín. El alegato apunta a que en los tres casos la prueba inculpatoria emanó fundamentalmente de testigos sin rostro, cuya parcialidad no pudo ser impugnada.
“Lo que aquí va a quedar demostrado es que el uso de la ley antiterrorista, o el uso de leyes de excepción, están siendo utilizadas en contra del Pueblo Mapuche como un enemigo del Estado de Chile, y eso en términos políticos es una situación insostenible, porque el derecho internacional conmina a los Estados a que respeten y protejan a sus pueblos originarios”, recalcó Yáñez.
La jurista añadió que “más que un juicio a la ley antiterrorista, aquí hay un juicio a la responsabilidad internacional del Estado, que en esta caso demuestra tener una actuación discriminatoria contra sus pueblos indígenas”. Situación que en sus palabras se ve reflejada por el hecho de que se ha actuado en pos de defender intereses de particulares, por ello afirmó que “tampoco es que se esté protegiendo a la democracia, sino que se está protegiendo ciertos intereses específicos en contra de los pueblos indígenas. La verdad es que la criminalización a que el Estado de Chile ha sometido al Pueblo Mapuche no tiene precedentes en otros países de la región, por eso que este caso es muy importante, porque da cuenta de una democracia que ha actuado con sesgo de discriminación racial”, sostuvo.
Responsabilidades políticas
Yáñez recordó que la aplicación de la Ley Antiterrorista fue invocada originalmente por el ex ministro concertacionista Juan Agustín Figueroa, luego de un ataque ocurrido a su hacienda Nancahue. A partir de ese momento, el decreto-ley heredado de la dictadura se transformó en el estándar para perseguir hechos de violencia ocurridos en el marco de la cuestión mapuche.
En los tres casos que llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se incluye el proceso que inició Figueroa. “Los gobiernos de la Concertación, los respectivos Presidentes de la República, los ministros del Interior que fueron quienes efectuaron los requerimientos, y los particulares -especialmente- el señor Juan Agustín Figueroa debe asumir responsabilidad política, porque él además tenía un rol institucional que cumplir. Él era ni más ni menos ministro del Tribunal Constitucional, y por lo tanto garante de que en Chile se respeten las instituciones fundamentales”, argumentó.
Las 8 presuntas víctimas que fueron incluidas dentro de esta causa unificada son: Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican y Manuel Ancalaf Llaupe, y la activista Patricia Roxana Troncoso. Se espera que el fallo sea dado a conocer en un plazo corre desde finales del presente año hasta el primer semestre de 2014.
AUDIO. ESCUCHAR ENTREVISTA AQUÍ - CLICK
http://www.mapuexpress.net/
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire