Mientras diversos movimientos sociales exigen la defensa y recuperación del agua en Chile, en medio de esta coyuntura, un grupo transversal de diputados promueve una moción que establece que el Estado deberá garantizar el derecho al agua en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas. Pero, cabe preguntarse ¿Qué pasa con el más del 90 % de las aguas a nombre de corporaciones privadas y el 70 % a nombre de la transnacional endesa? ¿Qué ocurre con los derechos de agua aque deben resguardarse para los Pueblos indígenas? ¿O la depredación de las aguas por parte de las mineras?
Fuente. Camara /
En la idea de establecer el derecho constitucional al agua, un grupo de diputados, encabezados por Enrique Accorsi (PPD), presentó una reforma constitucional (boletín 8898) que consagra este concepto y que impone la obligación al Estado de Chile de garantizar este recurso en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas.
La moción, enviada para su estudio a la Comisión de Constitución, fue ingresada a trámite el pasado jueves 18 de abril por el diputado Accorsi junto a su colega de bancada, Cristina Girardi, y a los diputados Alfonso De Urresti (PS), Miodrag Marinovic (Ind), José Pérez (PRSD), Leopoldo Pérez (RN), Alberto Robles (PRSD), Alejandra Sepúlveda (Ind), Guillermo Teillier (PC) y Patricio Vallespín (DC).
La reforma también indica que el Estado deberá proveer de los servicios básicos necesarios para un adecuado suministro y lo autoriza a restringir o priorizar el uso del recurso en las actividades económicas que la requieran, para garantizar el derecho al agua.
Además, por medio de este proyecto se deroga del artículo 19 de la Constitución la norma que establece que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.
Los legisladores sostuvieron que, si bien el estatuto propietario de los derechos de agua no ha variado mayormente en Chile en los últimos años, muy diferente es la situación que ha tenido la propiedad sobre los servicios de aprovisionamiento de agua potable para la población.
“Estos en menos de una década -a contar de la década de los 90-, han pasado de manos estatales a manos privadas casi en su totalidad a lo largo del país. Esta transformación no ha variado el estatuto jurídico del agua que sigue perteneciendo en teoría a todos los chilenos, pero por la vía de los 'servicios' adosados al agua y del otorgamiento masivo de derechos de aprovechamiento de aguas a privados, se ha generado en la práctica una 'privatización encubierta' del recurso mismo”, plantearon.
Los diputados consideraron que, dadas las características de la legislación hídrica y eléctrica, en Chile no han existido políticas ni verdaderos controles normativos hídrico-ambientales que definan o determinen la manera cómo se desarrollan los proyectos hidroeléctricos. Por el contrario, acotaron, trasnacionales titulares de grandes proyectos hidroeléctricos del país “han encontrado en la legislación de aguas y eléctrica un aliado natural, permitiéndoseles poseer y adquirir caudales estratosféricos sin restricción e imponer sus obras hidráulicas con el debido resguardo legal y constitucional y así desarrollar megaproyectos sin los debidos contrapresos ambientales”.
“Creemos que así se explica en términos sencillos cómo hemos llegado a un sistema absolutamente monopólico, controlador y concentrado en unas pocas manos de los recursos hídricos y de los medios y servicios asociados a ellos, entre los que destacan los de orden energético. El cambio de esta situación pasa necesariamente por un cambio de paradigma jurídico institucional para el que Chile no parece estar preparado aún dadas las trabas del régimen político chileno y el control que sobre él mantienen los grandes grupos económicos de nuestro país”, comentaron, agregando que el primer paso es avanzar en una reforma constitucional que garantice el derecho al agua.
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