mercredi 10 février 2016

Valle del Queuco: asesinatos, represión y negocio energético

En julio de 2002 fueron asesinados dos dirigentes pehuenche en el Cajón del Queuco, comuna de Alto Biobio. Los hermanos Agustina y Mauricio Huenupe Pavián de la comunidad de Cauñicú fueron muertos por un grupo de cerca de 100 personas de la misma comunidad, de quienes se ha denunciado que actuaron en conjunto con campesinos colonos, carabineros, y autoridades locales y regionales. En diciembre del mismo año, Jorge Suárez Marihuan, hermano del lonko de Malla Malla, fue asesinado a golpes y su cuerpo fue arrojado al río Queuco, homicidio denunciado como un crimen por encargo. En julio de 2013, la comunidad de Malla Malla sufrió violentos allanamientos policiales en respuesta a protestas contra las políticas divisionistas del Estado. Hoy, el valle del Queuco está bajo amenaza de instalación de centrales hidroeléctricas de pasada, promocionadas engañosamente como inocuas, para incrementar la producción energética que requiere el Estado y el empresariado.



La comunidad pehuenche de Malla Malla bordea el río Queuco entre las laderas de la Cordillera de los Andes en la Región del Biobio. A finales del siglo XIX, mientras los ejércitos de Chile y Argentina perseguían a pueblo pehuenche obligándolo a refugiarse en la alta cordillera, el Estado chileno comenzó a conquistar el Alto Biobio mediante colonos, en su mayoría campesinos pobres de la zona del Biobio, quienes motivados por la necesidad económica, utilizaron el engaño, una legalidad favorable y el apoyo de las autoridades, para quedarse con los predios más aptos para la agricultura.

Desde 2001, la comunidad de Malla Malla inició un proceso de recuperación del territorio que actualmente habitan. Clorinda del Carmen Martínez, esposa del Lonko de la comunidad, relata que “donde vivían sus padres y abuelos en la alta cordillera, no se podía sembrar”, por lo que se vieron en la necesidad de emprender la recuperación de sus antiguos territorios junto al río. En este proceso, relata, “la lucha no ha sido fácil, ya que el Estado y carabineros, reprimen constantemente a la comunidad o hacen pelear a pehuenches contra pehuenches”. La CONADI (Corporación de Desarrollo Indígena) es una institución que ha sido frecuentemente denunciada por neutralizar los legítimos procesos de recuperación territorial del pueblo mapuche, presionando a las comunidades para aceptar las restricciones que el Estado chileno determine. En el caso de la asignación de tierras, es frecuente que las comunidades reciban muchas veces tierras insuficientes para vivir, en lugares alejados de su territorio originario, en terrenos improductivos o con dificultades para el desarrollo de la agricultura y ganadería, potenciando de esta forma la dependencia de la comunidad a otras instituciones del Estado o empresas privadas.

En el cajón del Queuco, dirigentes pehuenches que participaban en recuperaciones de tierra al margen de la CONADI, fueron asesinados hace poco más de una década en el fundo San Luis del sector Cauñicú. Durante la noche del sábado 13 de julio de 2002, los hermanos, Agustina y Mauricio Huenupe Pavián y un grupo compuesto por al menos 20 personas más, principalmente niños, fueron atacados por cerca de un centenar de personas, entre comuneros de Cauñicú y colonos que reclamaban las tierras. Estos predios habrían sido entregados a otros comuneros de Cauñicú por medio de la CONADI, institución que estaría actuando como propiciadora del conflicto. La comunidad de Malla Malla denuncia que el crimen se desarrolló a vista y paciencia de carabineros, y que podrían estar involucradas autoridades regionales e instituciones de gobierno, ya que prestaron apoyo lógistico a los comuneros de Cauñicú que perpetraron la masacre.

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El asesinato de los hermanos Agustina y Mauricio Huenupe Pavián.

El lonko de la comunidad de Malla Malla, Segundo Suárez Marihuan relató que los victimarios de los hermanos Mauricio y Agustina Huenupe Pavián fueron pehuenches de la comunidad de Cauñicú, instigados y apoyados por diversas instituciones del Estado chileno, tales como Indap, Carabineros y la Gobernación de la Provincia del Bío Bío, cuando la dirigía Esteban Krause Salazar, actual alcalde de Los Ángeles, quien aumentó la militarización de la zona de Alto Biobio, reforzando la seguridad policial de los campesinos colonos residentes. De acuerdo al relato de Segundo, estas reparticiones prestaron apoyo logístico y sus sucesivas autoridades han contribuido en mantener en la impunidad este crimen. Los pehuenches que operaron como mercenarios lo hicieron cuando las comunidades del Queuco comenzaban un proceso de recuperación territorial, el cual afectaría principalmente al empresariado forestal y energético que busca operar en la zona. Según Segundo, este acto estuvo orientado a intimidar a las comunidades y destruir su cohesión.

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De acuerdo al relato de Pedro Suárez Marihuan, hermano de Segundo Suárez: “el día 12 de julio de 2002, Agustina y Mauricio Huenupe Pavian, sorprendieron a una pareja de colonos que les apuntaban con un rifle. Los hermanos procedieron a detenerlos”, logrando uno de ellos, llamado Feliciano Cruces, escapar del lugar. El otro agresor, llamado Raúl Poblete fue interrogado por los dirigentes para obtener información de quién o quiénes les habían mandado a apuntarles con armas. Ante esto, Raúl Poblete relató lo siguiente: Se planifica un ataque contra los pewenches que están haciendo la recuperación de tierras en el fundo San Luis en el sector Kauñicú, y para esto, Poblete indicó además que para este ataque se contaba con armas y que eran comandados por parte de las familias Pulgar, Cruces y Poblete, entre otros que también participaban. Ante esta situación, los hermanos Huenupe tomaron la decisión de mandar a buscar a carabineros para entregarles al apresado colono Poblete. Carabineros acudió al sector y ante lo declarado, carabineros procedió a detener al colono Poblete, y junto los hermanos Agustina y Mauricio y Francisca Pavian (esposa del dirigente) acompañaron a carabineros para realizar un decomiso de armas en diferentes casas del sector del fundo San Luis (como el sector de Chichintawe), a excepción de la familia Pulgar a quienes no se les pudo requisar armas por que en el lugar había un funcionario de investigaciones de apellido Claramun, quien luego de mostrar su placa, no permitió a carabineros seguir con el proceso que correspondía. El sábado 13 de Julio, Agustina y Mauricio, por sugerencia de carabineros del retén de Queuco, bajaron hasta Santa Bárbara a informar estos antecedentes al Tribunal, pero dicho trámite no se llevó a cabo por encontrase las oficinas cerradas. Cabe destacar que durante la llegada, la estadía y luego el regreso de aquel viaje, fueron constantemente hostigados y amenazados por otras personas contrarias a la recuperación de tierras. En tanto regresaban los dirigentes, carabineros procedió a visitar lugar del fundo San Luís (donde se hacía la toma de terreno) para informarse cautelosamente de todos los datos personales de cada uno de los miembros, incluyendo niños y ancianos que se encontraban en situación de recuperación de terreno, situación que para los dirigentes resultaba a lo menos bastante extraño. Siendo aproximadamente las 22:30 comenzó el ensañamiento y el ataque contra las personas que estaban en la recuperación. Los atacantes eran algo más de 90 individuos armados de manera diversa y los asentados en la recuperación unos 20, entre los cuales se contaba con 10 niños de entre 6 a 7 años de edad. Las balas y perdigones llegaron al lugar donde estaban reunidos mientras los niños escuchaban epeu (historias), mientras los dirigentes dormían después del cansancio del viaje. El resto de las personas decidieron entrar al lugar donde estaban los dirigentes, los niños se escondieron bajo los colchones mientras de afuera los atacantes gritaban “los vamos a quemar” “los vamos a matar” “los vamos a violar”. Comenzaron a hacer tira la casa y entraron por la ventana, a Mauricio le dieron un golpe y luego lo remataron a balazos, la gente comenzó a salir para poder salvar sus vidas, entre ellos salió Agustina que a cierta cantidad de metros de la casa fue alcanzada y asesinada, se ensañaron con ella, le cercenaron los senos y defecaron sobre ella. Mientras el resto de las personas y niños golpeados huían en diferentes direcciones. Una hija del dirigente Mauricio Huenupe, de tan solo 7 años de edad, vio a carabineros y le avisó a su madre (Francisca Pavian), quien asintió que eso era buena señal… pero carabineros, quienes andaban en camioneta sólo se pasearon por el camino, después se estacionaron con las luces apagadas y no se hizo nada. Bárbara Huenupe, una menor de 17 años arrancando aterrorizada de los hechos y con su cuerpo y vestimentas ensangrentadas, se encontró con carabineros a quien pidió ayuda para el resto de la gente y estos le respondieron “pero si eso era lo que querían ustedes” como no la ayudaron ella les pidió que también la mataran o por último que la fueran a dejar donde su abuelo Bernardino Huenupe, a lo cual ellos la colocaron atrás de la camioneta y la fueron a dejar hasta el sector de Kauñicú. Los familiares directos de quienes participaban de la recuperación de tierras en el fundo San Luis, siendo las 03:00 A.M. comenzaron a llamar a todas partes, a los retenes (puestos) de Trapa Trapa, de Ralco y de Queuco, (todos distantes a más de 4 kms. del lugar de los hechos), ninguno de ellos contestaba, extrañamente esa noche todos se hicieron los sordos incluso ni las radios de las postas funcionaron. Finalmente el 14 de julio, al medio día, se presentó carabineros diciendo que no se sabía de nada de lo ocurrido”(1)

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Otras declaraciones del dirigente pehuenche Felix Tranamil en 2002, quién solicitó a la Corte de Apelaciones de Concepción, un ministro en visita para aclarar los hechos en los cuales los dos hermanos pehuenches fueron asesinados, señaló la posibilidad de que “grupos paramilitares” al servicio de los colonos chilenos y apoyados por el gobierno pudieran estar detrás del enfrentamiento de Cauñicú. (2)

En febrero de 2012, 15 pehuenches de Cauñicú fueron condenados a 15 y 10 años de cárcel en un recinto penitenciario de Yungay. Sin embargo, en 2012, la Corte Suprema consideró que los hechos formaban parte de un malón mapuche y las condenas de los 15 pehuenches de Cauñicú fueron rebajadas a 10 y 7 años, por considerar que los homicidios y agresiones se dieron en el marco de una forma de justicia propia del pueblo mapuche.

Por su parte, Pedro Suárez Marihuan relata también que actualmente “los únicos que han estado presos por este crimen son pehuenches y que los responsables intelectuales aún estan libres”.

Un artículo publicado en El Mercurio, el 25 de enero de 2015, titulado: “La desconocida historia del vínculo entre Eliodoro Matte y los pehuenches de Alto Biobio”, destaca que los pehuenches encarcelados por el asesinato de los hermanos Huenupe Pavián agradecieron a Eliodoro Matte por pagar sus defensas, para frenar a “indígenas afuerinos” que buscaban “la recuperación violenta de las tierras” además, “Matte entregó tres contenedores acondicionados para los comuneros, con el fin de que pudieran mantener su cultura mientras estaban presos y así evitar su contaminación con reos peligrosos” señala el artículo.

El clan Matte, a través de su empresa Forestal Mininco, cuenta con un largo prontuario de abusos contra trabajadores y también contra las comunidades mapuche. Parte del sector más conservador del país, a la familia Matte se la ha acusado de ser una de las principales familias golpistas de 1973, que se beneficiaron de las nuevas leyes de la dictadura, como el DL 701, mediante el cual el Estado les ha subsidiado grandes extensiones de terrenos con monocultivos forestales.

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El clan Matte también ha encubierto a pederastas y violadores de derechos humanos. Eliodoro Matte entregó aportes de capital (un terreno de 70 hectáreas de La Dehesa, Santiago) a instituciones (3) a cargo de John O’Reilly, sacerdote de los Legionarios de Cristo, culpable del delito de abusos sexuales. En el caso de Fernando Karadima, sacerdote quien cometió una serie de abusos sexuales a niños, Eliodoro Matte llegó a reunirse con el fiscal nacional, Sabas Chahuán para solicitarle que apurara la investigación con el objetivo de que Fernando Karadima limpiara su nombre, además pagó por la defensa del pederasta, con un abogado considerado como caro dentro del mercado de Santiago.
Anteriormente, se han denunciado masacres perpetradas por policías y militares en instalaciones de empresas del clan Matte. Una es la masacre en la planta de Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) en Laja, donde murieron 19 personas luego de ser secuestradas por carabineros. Algunas de la víctimas fueron señaladas en su lugar de trabajo a la policía por una autoridad de la CMPC y luego trasladados en vehículos de la empresa para ser asesinados en un fundo explotado por Forestal Mininco, filial de CMPC. (4)

Otro es el caso de 23 trabajadores de las centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico, quienes desaparecieron el 12 de septiembre de 1973, luego de ser arrestados y llevados a la Tenencia de Carabineros El Abanico. En 1990, 5 cadáveres fueron hallados al interior del fundo La Mona, propiedad de forestal Mininco.

Recientemente, la CMPC del clan Matte fue denunciada por la FNE por coludirse en el mentado “Cartel del Confort”, generó millonarias utilidades en base a manipular los precios y el control del mercado del papel tissue extraído desde territorios afectados por la propia industria forestal.

El asesinato de Jorge Antonio Suárez Marihuan

Jorge Suárez Marihuan, hermano de Segundo Suárez, lonko de Malla Malla, fue muerto en extrañas circunstancias, puesto que su cuerpo apareció el día 11 de diciembre del 2002 en la ribera del río Queuco, luego de transcurridos algunos días de su desaparición. Según consta en el informe forense, la causa de muerte no fue inmersión, sino lesiones provocadas por terceros. De acuerdo a antecedentes aportados por la familia, un individuo no identificado, supuestamente agente de inteligencia policial, habría entregado dinero a dos colonos del sector para llevar a efecto la operación de eliminar al comunero. Sin embargo, los testimonios se refieren a una golpiza que habría provocado la muerte de Suárez Marihuan y luego su cuerpo habría sido arrojado al río Queuco. (5)

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Allanamientos y represión en julio de 2013.

Irregulares ofertas de terreno realizadas por el entonces alcalde de Ralco, Nivaldo Piñaleo Llaulén, quien habría ofrecido tierras de Malla Malla a la comunidad de Trapa Trapa, desencadenaron un conflicto entre las comunidades del valle del Queuco. Integrantes de la comunidad de Malla Malla realizaron una toma de una camioneta municipal y los funcionarios de la camioneta tuvieron que regresar a pie hasta Ralco.

Con posterioridad, carabineros hizo una denuncia indicando que la noche del lunes 29 de julio de 2013, había sido atacado el Puesto Policial de Queuco por parte de un grupo de alrededor de 90 personas, un hecho que la comunidad de Malla Malla denuncia como un montaje. En la mañana del martes 30 de julio de 2013, apareció un helicóptero sobrevolando Malla Malla a baja altura y una cantidad indeterminada de buses blindados, tanquetas y furgones de carabineros llegaron hasta la comunidad, allanando las casas. En este procedimiento, carabineros realizó tratos vejatorios y algunos de los miembros de la comunidad fueron encarcelados en Los Ángeles, como Clorinda del Carmen Martínez, esposa del lonko de Malla Malla, quien denunció estar detenida en la cárcel de Los Ángeles y haber sufrido humillaciones sexuales, siendo obligada a desnudarse frente a funcionarios policiales. Varias familias debieron guarecerse a los cerros durante días para escapar del operativo de la policía militarizada, quienes actuaron junto a pehuenches de otras comunidades, los que, a cambio de alimentos y dinero, aceptaron colaborar con la policía, sumándose a la persecusión y la agresión. En esta deleznable acción, los mercenarios recibieron uniformes de carabineros y fueron trasladados en vehículos dispuestos por el entonces sacerdote de Ralco.

Este asedio policial se extendió por varios días, en los cuales, los integrantes de Malla Malla fueron golpeados y detenidos, también por pehuenches, a quienes carabineros les otorgó uniformes para perseguir y apresar a comuneros, pues ellos “conocían el terreno”, afirmó el lonko Segundo Suárez. En el operativo se realizaron detenciones ilegales, hubo casos de violencia contra mujeres embarazadas y lactantes. En la ocupación policial del Queuco, se cerró el paso a la prensa a las comunidades de Butalelbún, Trapa Trapa y Malla Malla.

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En agosto de 2015 en Ralco, la Comisión de Derechos Humanos presentó informes a autoridades de la zona, personal de Gobierno y comunidades.6

Amenazas de instalación de proyectos energéticos.

Desde que en 2001, la comunidad de Malla Mallla comenzó un proceso de recuperación del territorio que habitan hoy, el Estado se ha negado a entregarles la propiedad del lugar, no reconociendo el derecho de la comunidad a vivir allí. Es probable que la negativa sea debido a que el río Queuco es objeto del interés del negocio energético. La comunidad denuncia que distintas empresas, tales como Colbún (empresa energética del grupo Matte), y Aaktei (empresa de propiedad del presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas, Pedro Matthei), entre otras, pretenden construir una serie de centrales hidroeléctricas de pasada a lo largo de este río, modificando los espacios que hasta ahora son la fuente de vida para las comunidades de Pitril, Cauñicú, Malla Malla, Trapa Trapa y Butalelbún.

De acuerdo al Ministerio de Energía, hay al menos 17 sitios a lo largo del río Queuco que presentarían “potencial hidroeléctrico”. Por otra parte, una amplia zona en torno al volcán Callaqui y la Reserva Nacional Ralco, registra solicitud de concesiones geotérmicas en trámite. Hasta ahora, entre los proyectos energéticos reconocidos oficialmente, se encuentra la central hidroeléctrica de pasada Blanco, de la empresa Akatei. Pero las comunidadees del cajón del Queuco denuncian que también estarían en marcha otros proyectos hidroeléctricos y geotérmicos aún no declarados.

Pero no solo el río Queuco está amenazado, centenares de proyectos hidroeléctricos podrían instalarse en los ríos de la zona cordillerana entre Santiago y el seno de Reloncaví. La planificación energética del Estado y el empresariado siempre busca ampliar sus operaciones de extracción de materias primas para la exportación, mediante el incremento de la producción energética, y ahora pretenden continuar, aumentando el número de centrales hidroeléctricas de pasada, promocionandolas además como inofensivas, en contraposición a los embalses que suelen inundar amplias zonas y desplazar comunidades enteras. Sin embargo, las centrales de pasada también provocan impactos más centrados en el tramo específico del río derivado, el cual puede disminuir su caudal y sufrir modificaciones tanto en temperatura del agua como transporte de materia orgánica y nutrientes, donde muchas especies de peces y macroinvertebrados podrían ser afectadas en su rango de distribución, ya sea por barreras físicas que provocan pérdida de conectividad en tramos infranqueables del río, como por tramos con características inadecuadas para su hábitat. Así, se podrían reducir los sitios de desove de peces nativos y aumentar la proliferación de especies introducidas. Finalmente, el incremento en la producción energética mediante fuentes renovables fomenta, junto a la producción de energía fósil, la extracción de materias primas en otros territorios, con toda la amplia serie de impactos y contaminación asociados.

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Mientras tanto, para las próximas décadas en la zona centro sur de Chile, se espera una disminución de lluvias y aumento de temperaturas a causa de un cambio climático global por emisiones industriales de gases invernadero. Este cambio climático modificará fuertemente los ecosistemas, afectando también el cauce de los ríos, la integridad del bosque nativo que aún queda, el hábitat de miles de especies y la calidad del aprovisionamiento de agua para la población humana. En este contexto, es importante que los ríos cordilleranos como el Queuco, se mantengan sin alteraciones.

Con respecto a esto, el Lonko Segundo Suárez Marihuán, plantea “la necesidad de que los jóvenes recuperen y reivindiquen su territorio, para resguardar las aguas de los ríos que dan vida al pueblo pehuenche”, recalcando la necesidad de unión de todas las comunidades afectadas: Pitril, Cauñicú, Malla Malla, Trapa Trapa y Butalelbún, afirmando que para existir como mapuches requieren que estas no sean intervenidas por los intereses empresariales, ahora expresados en nuevos proyectos hidroeléctricos y geotérmicos, y señalando además que el rechazo a los proyectos que empobrecerán más aún el territorio, es una condición necesaria para proyectar la vida comunitaria en éste.

Referencias.

1  Lista de Mapuche Muertos post Dictadura en Relación al Llamado “Conflicto” Mapuche Por Aldo Vidal (Red Pulchetun) – 27 de abril, 2011 (Información recopilada, caso a caso, desde internet, para informe de DDHH). http://www.mapuche-nation.org/espanol/html/documentos/doc-104.htm

2  Los que se oculta tras el ataque en la cordillera Por Mapuche Stichting  FOLIL – Saturday, Jul. 20, 2002 at 1:02 AM http://argentina.indymedia.org/news/2002/07/38289.php

3  “En tanto, con Eliodoro Matte lo unía una relación aún más estrecha, que se generó a través de Pilar Capdevila, su mujer, fundadora del colegio Teresa de Los Andes, en La Pincoya, al que asesoraba O’Reilly y cuya administración tomó la orden en 2004. El dueño de la Papelera donó como aporte de capital de los Legionarios a la Finis Terrae un terreno de 70 hectáreas en La Dehesa, conocido como el “cerro del medio”, el que, más tarde, fue declarado área verde, lo que crispó los ánimos de los fundadores” O’Reilly culpable: la estrepitosa caída del cura favorito de la élite. Por: El Mostrador. 5 octubre 2014

4 A la sombra de los Cuervos. Los complices civiles de la dictadura. Javier Rebolledo. Ceibo Producciones 2015.

5 Lista de Mapuche Muertos post Dictadura en Relación al Llamado “Conflicto” Mapuche Por Aldo Vidal (Red Pulchetun) – 27 de abril, 2011 (Información recopilada, caso a caso, desde internet, para informe de DDHH). http://www.mapuche-nation.org/espanol/html/documentos/doc-104.htm

6 Comisión de Derechos Humanos presentó informe sobre allanamiento a comunidad Pehuenche. Tania González | Jueves 6 de agosto 2015 http://radio.uchile.cl/2015/08/06/comision-de-derechos-humanos-presento-informe-sobre-allanamiento-a-comunidad-pehuenche




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La Red de Médicos de Pueblos Fumigados vinculó al Zika con una maniobra comercial de Monsanto y otras empresas de agroquímicos

La red de Medicos de Pueblos Fumigados emitió un informe sobre Dengue-Zika y las fumigaciones con venenos químicos que proponen implementar masivamente las Asociaciones de empresas reunidas en el Comité Ejecutivo Aeroagrícola Privado del Mercosur, en el cual detallan la relación de Monsanto con la aplicación de un larvicida químico que produce malformaciones en los mosquitos y la relación del negocio de los agrotóxicos detrás de la epidemia de Zika.


Entre los puntos principales del informe (que puede consultarse por completo a pie de página), indican los médicos:

1-La epidemia de Dengue en Brasil se sostiene en forma endémica (permanente) en la marginalidad y miseria de millones de personas, sobretodo en el Nordeste brasileño. Ahora se suma la circulación del virus Zika, una enfermedad similar, aunque más benigna.

2-Se detecta aumento de malformaciones congénitas en forma muy llamativa, sobre todo microcefalia en recién nacidos. El Ministerio de Salud brasileño rápidamente lo vincula con virus Zika. Aunque desconoce que en la zona donde viven los enfermos desde hace 18 meses aplican un larvicida químico que produce malformaciones en los mosquitos, y que este veneno (piriproxifeno) el estado lo aplica en el agua de consumo de la población afectada.

3-Las epidemias previas de Zika no generaron malformaciones en recién nacidos, a pesar de infectar al 75% de la población de los países, tampoco países como Colombia registran casos de microcefalia y si mucho Zika.

4-El piriproxifeno que se utiliza (por recomendación de la OMS) es producido por Sumimoto Chemical, una subsidiaria japonesa de Monsanto.

5-Los médicos brasileños (Abrasco) denuncian que la estrategia de control químico contamina al ambiente y a las personas y no logra disminuir la cantidad de mosquitos, y que esta estrategia encierra una maniobra comercial de la industria de venenos químicos con profunda inserción en los ministerios latinoamericanos de salud y en la OMS y OPS.

6-Fumigar masivamente con aviones como se está evaluando por parte de los gobiernos del Mercosur es criminal, inútil y una maniobra política para similar que se toman medidas. La base del avance de la enfermedad se encuentra en la inequidad y la pobreza y la mejor defensa pasa por acciones basadas en la comunidad.

7-La ultima estrategia desplegada en Brasil y que pretende ser replicada en todos nuestros países es la utilización de mosquitos transgénicos; un fracaso total, salvo para la empresa que provee los mosquitos.
Informe de Medicos de Pueblos Fumigados sobre Dengue-Zika y fumigaciones con venenos químicos:
  





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TOP de Temuco condena a Guido Carihuentro a 8 años de prisión

Juicio a Guido Curihuentro

Fuente: pjud.cl

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó hoy -martes 9 de febrero- a Guido Enrique Carihuentro Millaleo, a la pena de ocho años de presidio efectivo y al pago de una multa de 12 unidades tributarias mensuales, como autor del delito consumado de incendio de cosas muebles, en perjuicio de Alejo Leonardo Vielma Palma, perpetrado el 1 de enero del año  2015 en la comuna de Freire, región de La Araucanía. El tribunal –integrado por los magistrados Oscar Viñuela Aller (presidente), José Ignacio Rau Atria (redactor) y María Georgina Gutiérrez Aravena- decretó contra Guido Carihuentro las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos durante el tiempo que dure la condena. Por unanimidad y tras cuatro jornadas de juicio oral, el tribunal llegó a la convicción “que el día 1 de enero de 2015, aproximadamente a las 00:40 horas, el imputado Guido Enrique Carihuentro Millaleo, junto a un grupo no determinado de individuos, ingresó al predio ubicado en sector Guiñimo, kilómetro 18 de la Ruta S-60, que une Freire con Barros Arana, de propiedad de Alejo Vielma Palma, y una vez en el lugar, procedió a aplicar fuego a tres camiones y a dos máquinas agrícolas, que producto de la acción del fuego resultaron destruidos por carbonización, correspondiendo a pérdida total de dichos bienes en cuatro máquinas; mientras que una quinta máquina agrícola fue afectada en una parte relevante de la misma; correspondiendo una pérdida patrimonial avaluada  en $110.889.514 – equivalente al mes de enero de 2015, a 2.570 unidades tributarias mensuales“.




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¿Que es lo que esconde la nueva base de policia militar en pleno Wallmapu?

Recinto Militar Pidima

Por Kutral Weichan – Fuente: werken.cl

El Estado Chileno ha decretado una nueva base de policía militarizada en territorio ancestral mapuche, ubicada en Pailahueque, comuna de Ercilla, provincia de Malleco, como forma de responder a la demanda histórica que el Estado tiene incumplida, sobre la devolución total de los territorios ancestrales del pueblo mapuche que fueron usurpados y que hoy en gran medida están en manos de las transnacionales Forestales y empresarios Latifundistas.

La incorporación de un nuevo recinto militar en las cercanías de sitios de comunidades en resistencia de Malleco, donde se siguen realizando trabajos productivos en las imparables recuperaciones de terreno, tiene como objetivo el de ampliar y materializar la política de Estado Policial como forma de poner un violento limite a las legítimas reivindicaciones territoriales mapuche que se desarrollan en la zona. El gobierno neoliberal de Bachellet una vez más ha continuado el proyecto de la militarización del Wallmapu, que se expresa a través del terrorismo de Estado, el hostigamiento policial, el control social permanente, el espionaje, la inteligencia policial, la intervención política en las comunidades, la judicialización, la persecución, los montajes, la cárcel y hasta el crimen.

Tal como el empresariado local y transnacional exige al gobierno mas contingente policial, ahora el gobierno servicialmente está implementando lo esperado por la presión política ejercida desde los empresarios. Soluciones parches para problemas estructurales: el Wallmapu es mapuche y esta medida no va a frenar el anhelo de recuperar por completo el territorio, solo va a generar que el escenario se siga polarizando, aumentar las tensiones entre las partes involucradas y que las acciones de resistencia tengan cada vez más una preparación táctica y armada, para sabotajes a las empresas capitalistas como forma de paralizar el saqueo, la productividad e inversiones en los territorios mapuche en disputa.

La colocación de esta base también cumple un rol estratégico, está a las orillas del a carretera 5 sur, en donde transitan cientos de camiones cargados de millonarios “recursos naturales” y “materias primas”, como es denominado por el lenguaje del invasor, extraídos ilegítimamente a través de la explotación desmedida de la tierra, hoy traducida en deforestación masiva, industria agro tóxica, mega proyectos energéticos, también la construcción de carreteras e infraestructuras funcionales al tránsito de capitales. Es en la carretera 5 sur donde al gobierno le preocupa la estabilidad del capitalismo, ya que opera como la médula principal del flujo de capitales. Si esa arteria se ve amenazada por la resistencia mapuche, está en juego la economía del país. Por ende también han implementado cámaras de vigilancia, sobrevuelo de drones, y patrullajes permanentes por los alrededores de la ruta 5 sur.

Otro punto importante, es que hay un proyecto de “parque eólico” en Pailahueque, que significa la instalación de maquinaria para construir esta mega infraestructura que afecta gravemente la calidad de vida de la gente y del medio ambiente, intervención que genera sequía por el cemento y la deforestación, también malestares debido al fuerte zumbido de la hélices y desequilibrio en el sentido de orientación de aves y animales, todo para otorgar energía a la industria de la minería, las celulosas y/o al mercado nacional e internacional que compra energía como bien de consumo. La producción de energía a costa de la devastación de los territorios es un negocio redondo, no una necesidad real para la población. En Chile el 14% de la energía es utilizada por la población, el 80% por la industria extractiva. Entonces la instalación de esta nueva base de policía militarizada vendría siendo la preparación anticipada del nuevo escenario que se viene en aquella zona, ya que las comunidades en resistencia han rechazado dicho proyecto, no dejarán que se instale de ninguna manera.

La nueva base de Pailahueque tiene capacidad para alojar a mil marines, tiene galpones, canchas y espacio para helipuerto, está a 18 kilómetros de distancia de la base de policía militarizada de Pidima. Anteriormente fue un establecimiento educacional, ahora es un recinto militar. La evolución del neo colonialismo. 

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Actriz de Hollywood llama a frenar invasión hidroeléctrica en la Araucanía

La actriz Qorianka Kilcher firmó y promovió a través de las redes sociales una petición que será presentado al gobierno chileno a inicios de marzo de 2016 que llama a frenar la invasión y saqueo hidroeléctrico en los territorios ancestrales de la Región de la Araucanía.

“Varios de estos proyectos avanzan con absoluta transgresión de las voluntades locales, los quiebres sociales producidos por la intervención de empresas y las amenazas a los lugares sagrados del Pueblo Mapuche son situaciones de emergencia que deben ser atendidas por las autoridades y funcionarios públicos para terminar con atropellos como sucede en las comunas de Curacautín, Curarrehue, Pitrufquen-Freire, Melipeuco, Collipulli, Cunco, entre otras”, se señala en parte de la misiva con respecto a los ya 25 proyectos de energía que se han aprobado en la Araucanía en los últimos años  y los anuncios del Ministerio de Energía de tener en carpeta 40 centrales hidroeléctricas y más de 100 mini hidros..

Qorianka además de actriz incursiona en el baile y canto, siendo además una constante activista por los derechos y justicia para los Pueblos Indígenas, siendo defensora acérrima de la Amazonía y una clara opositora al extractivismo petrolero y de gobiernos corruptos, llegando incluso a encadenarse en la Casa Blanca en Estados Unidos para dar visibilidad a la situación de derechos humanos y depredación que enfrentan territorios amazónicos.

La actriz es nacida en Cusco, Perú, el 11 de febrero de 1990, de padre artista peruano con origen Indígena Quechua – huachipaeri, y de madre defensora de Derechos Humanos de ascendencia Suiza, nacida en Alaska.

Una importante participación y protagonismo cinematográfico ha tenido en su carrera artística actuando en varias películas de fama mundial, siendo la más destacada por su papel protagónico en Pocahontas (The New World). También en filmes como Princess Kaiulani (Barbarian Princess, 2009), como Victoria Kaiulani; O El Grinch (How the Grinch Stole Christmas, 2000).

Kilcher no solo ha estado al tanto de lo que ocurre con los Pueblos Indígenas Amazónicos, también está al tanto de la situación del Pueblo Mapuche y extendió  hace algún tiempo desde Estados Unidos un saludo a estas tierras y sus habitantes: “Envío mis cordiales saludos al territorio del WallMapu, territorio de los Mapuches. Espero que las cosas difíciles se vayan superando. Con amor y con respeto… Qorianka”

No es primera vez que una personalidad internacional con estas características intercede por situaciones similares en Chile. Hace algunas semanas el actor estadounidense Leonardo DiCaprio, luego de la aprobación del proyecto hidroeléctrico Mediterraneo,  compartió un mensaje en su cuenta de Twitter para salir en defensa del Río Puelo, que se encuentra al oriente de la ciudad de Puerto Montt en la Región de Los Lagos en Chile, comuna Cochamó.

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jeudi 4 février 2016

El TPP y los pueblos indígenas

El TPP afectará a muchos sectores de la población y violará sus derechos humanos, comenzando nada más y nada menos que por el derecho a la vida, según afirman los expertos de la ONU. Entre los más afectados estarán, una vez más, los pueblos indígenas.

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Por @yotlacuila – Fuente: eldesconcierto.cl

El próximo 4 de febrero se firma en Auckland, Nueva Zelanda, el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés). Después de la firma, iniciarán los procesos de ratificación en los 12 países que conforman el acuerdo, que son Australia, Brunei, Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Esto quiere decir que los poderes legislativos de las respectivas naciones deberán analizarlo, discutirlo y aprobarlo, para que entre en vigor dentro de dos años.

Durante todo el tiempo en que se llevaron a cabo las negociaciones del TPP, su contenido se mantuvo prácticamente en secreto y hasta hace muy poco se comenzó a dar a conocer. Varios sectores han expresado su preocupación por este acuerdo o su rechazo al mismo. Por ejemplo, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) declaró recientemente que los industriales mexicanos se verán afectados, y según un estudio de la Universidad de Tufts, citado por el periódico El Economista, se perderán decenas de miles de empleos en todos los países integrantes del TPP. Solamente en México serán 78 mil las personas que quedarán desempleadas en los primeros 10 años de la entrada en vigor de este acuerdo.

En junio del año pasado, un grupo de diez expertos de Naciones Unidas, advirtió que este acuerdo y otros tratados similares podrían tener un impacto negativo en los derechos humanos consagrados en distintos instrumentos internacionales. Hicieron referencia específicamente al derecho a la vida, al agua, a la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, la ciencia y la cultura, así como a los derechos a la mejora de los estándares laborales, a un ambiente limpio, a un poder judicial independiente, y al derecho a no ser sometido a reasentamiento forzoso. Manifestaron su preocupación de que estos tratados podrían agravar el problema de la extrema pobreza y afectar los derechos de los pueblos indígenas, así como los de otras minorías.

Entre estos expertos se encontraba Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, quien en una entrevista publicada recientemente en La Jornada del Campo reiteró que el TPP amenaza los derechos de los pueblos originarios, y se refirió particularmente a los derechos sobre sus territorios y recursos naturales, los cuales están establecidos tanto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Mencionó también que estos pueblos tienen derecho a participar en las negociaciones de acuerdos que puedan afectarlos o por lo menos a ser consultados, lo cual obviamente no sucedió en este caso.

En síntesis, el TPP afectará a muchos sectores de la población y violará sus derechos humanos, comenzando nada más y nada menos que por el derecho a la vida, según afirman los expertos de la ONU. Entre los más afectados estarán, una vez más, los pueblos indígenas. En este caso, como menciona también Tauli-Corpuz, éstos “tienen el derecho de su lado”, con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Los poderes legislativos de los países firmantes del TPP, particularmente aquellos que han signado el Convenio 169, deberían tomar en cuenta lo anterior antes de ratificar dicho acuerdo.

De no ser así, los pueblos indígenas estarían en todo su derecho de defenderse, y el resto de los afectados tendrían que apoyarlos. Si no, al paso que vamos, no solamente se llegará al exterminio de los pueblos originarios, sino que terminaremos ya sea desempleados (con todo lo que esto implica), o siendo esclavos de las grandes empresas trasnacionales, mientras éstas acaban con el planeta.




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El uso/abuso de la historia y la negación del Mapuche

En los albores de la República de Chile se elabora un discurso funcional al proceso independentista y se acude a los habitantes del sur del Bio Bio creando una continuidad entre la resistencia anticolonial de dos siglos del pueblo mapuche, “el lustre de la América combatiendo por su libertad”, como diría en 1817 Bernardo O’Higgins en su ‘Proclama a los Habitantes de Arauco’, y los creadores de la nueva nación.

escudo-nacional

Por Martín Correa (*)


A medida que avanza la historia cambian los intereses, y a partir del año 1862 el Estado chileno decide ocupar militarmente el territorio mapuche y hacerse de su territorio. Para legitimar el actuar del ejército en la mal llamada “Pacificación de la Araucanía” se presta el diputado por Cautín e historiador Benjamín Vicuña Mackenna, quien ante sus colegas del Congreso declama “El rostro aplastado, signo de la barbarie y ferocidad del auca, denuncia la verdadera capacidad de una raza que no forma parte del pueblo chileno”. Lejos están aquellos que incluso formaron parte del primer escudo nacional.

En paralelo, el diario Mercurio de Valparaíso le explica a sus lectores que “La razón de someter y exterminar a los indígenas proviene del provecho y conveniencia pública que resultaría el apoderarse de los vastos y ricos territorios de la Araucanía”, y alertaba que: “La provincia de Arauco es nuevamente amenazada por estos bárbaros y la inquietud y la alarma se han extendido en las poblaciones del sur.”

el mercurio

Se crea un enemigo interno, “que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en bien de la civilización”, en palabras del mismo diario. Se infunde el terror y con ello se legitima la ocupación, ayer y hoy.

Una vez hecho el trabajo mediático, se internaban en el territorio mapuche múltiples divisiones del Ejército cuyo resultado era “el incendio de más de dos mil casas de las tribus guerreras, la mayor parte repleta de cereales para subsistencia; la destrucción de todos sus sembrados; i por fin numerosísimos piños de ganados arrebatados a los mismos”, relata Horacio Lara.

Todo aquello es negado por Sergio Villalobos en su obra “Incorporación de la Araucanía. Relatos Militares 1822-1883”, caracterizando a los militares “como verdaderos estadistas, bien intencionados y de espíritu elevado.” Ninguna referencia al actuar del General Pinto, de Pedro Lagos o de Basilio Urrutia, a quienes incluso prensa de la época les llamó la atención por su actuar abusivo en contra de los mapuche.

Peor aún, el texto hace un recorrido que comienza en 1822 y llega al año 1863, y ahí se salta a 1877, borrando de un plumazo 15 años, precisamente los años en que los sectores aledaños al río Malleco, al igual que hoy, son brutalmente atacados. Villalobos inventa una historia en la que esos momentos no existieron, en una acción intelectual tendenciosa y deshonesta.

mapa

Hace unos días, en el Diario La Tercera, el historiador Leonardo León negó la deuda histórica del Estado chileno con el pueblo mapuche: “no hay nada que reparar”, todo es parte de la “falsificación de la historia”, el que necesariamente nos hace remontarnos y hace juego con el artículo publicado hace algún tiempo por su mentor, Villalobos, bajo el título “La Araucanía. Historia y falsedades”, en El Mercurio. De original, nada. En cuanto a sus objetivos, tampoco. Vamos por partes. Sostiene que los mapuche vendieron sus tierras “de modo voluntario y masivo” en un proceso que “tuvo lugar durante las décadas de 1850 y 1860”, en circunstancias que la gran propiedad y las haciendas se formaron a partir de la década de 1870, en un proceso lleno de irregularidades y del que incluso el propio Cornelio Saavedra denuncia que “se buscaba a cualquiera persona que vistiese chamal y hablase el indio, se le daba uno o dos pesos a fin de que asegurase ante un escribano ser dueños de grandes extensiones de terrenos y decir que había recibido unos cuantos miles de pesos”.

Así se formaron las Haciendas Lanalhue, que acumula un total de 5.500 hectáreas, y Antiquina, de 8.130 hectáreas, ambas de la familia Etchepare; la Hacienda Lleu Lleu, con 4.000 hectáreas, de Félix Aguayo; la Hacienda Tranaquepe, del Intendente Francisco Javier Ovalle y luego los Ebensberger, que se extendía por 12.000 hectáreas, por situarnos sólo en la costa de Arauco. Las propiedades citadas, se formaron comprando acciones y derechos a supuestos vendedores mapuche, que acudían en grupos de a 20, en días seguidos, a la Notaría de Lebu, a más de 80 kilómetros de distancia, por supuesto en tiempos en que no había ni camino ni locomoción, para firmar unos contratos en los que el supuesto vendedor ‘firma a ruego por no saber’ y el notario inscribía la venta: 29.630 hectáreas para 3 familias.

En contraposición, y en el mismo espacio territorial anterior, la comuna de Tirúa, se entregaron 34 títulos de merced, 4.815 hectáreas para 842 personas. Vaya diferencia. Solo un ejemplo, que se repite en todo el territorio mapuche.

Luego, y ante tamaña evidencia, León disfraza la reducción territorial mapuche al 5% de su ocupación efectiva señalando que el Estado, en una acción loable, “logró que medio millón de hectáreas quedasen en manos de los habitantes originarios”, cuando ahí es precisamente que se perfecciona la usurpación.

El espacio no reconocido a los mapuche es declarado baldío, sobrante y fiscal, y luego es rematado en hijuelas colindantes dando origen a la gran propiedad, que constituye el antecedente de los actuales predios forestales. Haciendo más gravosa la situación, el Ministerio de Tierras denunciaba entonces que “el mejor negocio era rematar hijuelas vecinas a indígenas y aumentar las propiedades a través de las corridas de cercos.”

En resumen, los mapuche no tienen derecho alguno. Para León todo el proceso es legal, hay ´papeles’, que, como sabemos, dan para mucho.

Para la prensa los mapuche, que alguna vez fueron bárbaros, flojos y borrachos, ahora son terroristas y, de un tiempo a esta parte, además, ladrones de madera, a las finales delincuentes.

Da lo mismo, la idea es estigmatizar y naturalizar el actuar de las fuerzas policiales que día a día recorren el territorio mapuche, legitimar la represión a las comunidades mapuche que no quieren recibir las migajas de tierra que les entrega CONADI, que buscan la reconstrucción de sus tierras antiguas y plantean su autonomía.

Para eso está también el Ministro de Interior Jorge Burgos celebrando el año nuevo con las tropas de ocupación en el Retén/Fuerte de Pidima, a 10 kilómetros de donde alguna vez se levantó el Fuerte Chiguaihue, en las cercanías de donde fueron asesinados por carabineros Jaime Mendoza Collío y Alex Lemun, desde donde salen a intimidar a las familias mapuche los vehículos blindados de última generación recién importados y se dirige la represión a las comunidades mapuche en resistencia.

Parece que la historia no avanzara en el territorio mapuche, los discursos de antaño se podrían escuchar hoy, las tropas armadas recorren las comunidades como hace 150 años, se leen idénticos titulares en la prensa.

En este contexto se entiende el artículo de Leonardo Leon, cuyo título “La falsificación de la historia y de la memoria”, le cae perfecto a sus propias palabras.

*Historiador




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