lundi 31 janvier 2011

Pueblo Mapuche se opone a certificación ambiental de compañías forestales


Organizaciones y comunidades del pueblo Mapuche están rechazando el proceso de certificación ambiental que la empresa auditora internacional SmartWood Rainforest Alliance, pretende dar a Forestal Mininco, propiedad de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), que mantiene monocultivos exóticos de pino y eucaliptus en territorios indígenas del sur de Chile.

Fuente: Radio del Mar

Las comunidades acusan que Mininco/CMPC se ha beneficiado de subsidios estatales para ocupar tierras indígenas; desconoce el Convenio 169 de la OIT, en aspectos de devolución de tierras mapuches; el impacto de las operaciones forestales son graves en aspectos de erosión del suelo y escases de agua; y los beneficios laborales y sociales son mínimos; además que la compañía no tributa en las comunas en que opera.

El reclamo de las comunidades Mapuche está directamente vinculado al principio 3 del FSC, que se refiere a los Derechos de los Pueblos Indígenas. “Los derechos legales y consuetudinarios de los pueblos indígenas para poseer, usar y manejar sus tierras, territorios y recursos deberán ser reconocidos y respetados”, afirma esta artículo, cuestión que dista mucho de ser respetada por las compañías forestales.

Pero esta no es la primera vez que las empresas forestales intentan lograr certificación ambiental para vender sus productos con un sello verde y social en el mercado internacional. En 2003 diversas organizaciones ambientalistas chilenas e internacionales aprobaron una ecocertificación para las producciones de las dos grandes compañías forestales chilenas, Forestal Arauco (del grupo Angellini) y a la CMPC, de la tradicional familia Matte.


En la ocasión Greenpeace, Terram, el Instituto Ecología Política, Defensores del Bosque Chileno, Rainforest Action Network, NRDC, American Lanas Alliance, Bosque Antiguo-Chile y Forest Ethics, acordaron entregar un sello ambiental a Forestal Arauco y a la CMPC. El acuerdo fue iniciativa de la comercializadora estadounidense Home-Depot, que publicitó en su oferta maderera que las empresas chilenas no usaban bosque nativo en sus procesos productivos.

En la ocasión el grupo Matte afirmó que “CMPC valora el acercamiento que se ha producido con estos encuentros, como asimismo el intercambio de opiniones y el conocimiento de sus operaciones forestales. No cabe duda que esta mejor información permitirá a los importadores de madera de los Estados Unidos continuar con sus operaciones normalmente”.

En ese entonces Greenpeace, Terram, el Instituto de Ecología Política y Defensores del Bosque, entre otras ONG firmantes del acuerdo empresarial, reconocieron “el liderazgo de CMPC y Arauco en la industria forestal chilena y su apoyo a los altos estándares en el manejo de plantaciones”.

Sin embargo, al firmar este acuerdo las ONG no tomaron en cuenta absolutamente en nada las opiniones de las organizaciones y comunidades del Pueblo Mapuche, cuestión no menos importante ya que son en los territorios indígenas donde estas compañías forestales impusieron sus plantaciones exóticas, mantienen aserraderos, factorías de celulosa y ductos de desechos contaminantes que llegan al mar.

Las ONGs tampoco tomaron en cuenta los grandes subsidios estatales que han recibido estas compañías y cerraron los ojos a todas las críticas sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que genera la cadena productiva de estas empresas.

NUEVA CERTIFICACIÓN

Ahora, Mininco quiere certificar producciones de las Regiones de El Maule, Bio Bio, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, sobre una superficie total de 666.581 hectareas. La compañía asegura que 293 comunidades mapuche tienen relación con sus operaciones forestales, ya sea a través de colindancia o que se encuentran a una distancia de hasta 3 km. Pero el pueblo Mapuche afirma que “esta cifra es evidentemente incorrecta. Primero porque fue concebida unilateralmente, sin participación de dirigentes representativos”. Y segundo, porque “los impactos que generan las plantaciones forestales y el tránsito de los camiones forestales inciden mucho más allá de 3 km.”.

Mininco además es una más de las compañías que se ha beneficiado por casi 40 años con diferentes subsidios estatales establecidos desde el tiempo de la dictadura de Pinochet. El decreto 701 por ejemplo, impuesto en 1974, ha financiado a las empresas con hasta el 75% de los costos de la reforestación con pino y eucaliptus en territorio mapuche durante 37 años.

La agrupación indígena Wallmapu Futa Trawun, afirma además que la Forestal Mininco no representa ningún desarrollo para los habitantes del territorio Mapuche”. Esto porque “esta empresa no tributa en las comunas en las cuales tienen gran parte de su patrimonio”.

Además señala que “las actividades forestales son mecanizadas por lo que el empleo local es casi nulo, por otra parte las cuadrillas de trabajadores que cumplen labores forestales, provienen casi todos de otras ciudades e incluso otras regiones. Además el trabajo es extremadamente estacional y aislado en el tiempo”.

Los Mapuche acusan también que Mininco es una de las responsables de la escasez de agua en la zona, pues sus operaciones generan erosión, devastan suelos productivos y contamina napas subterraneas y cursos de agua superficiales.

Además, la compañía no está respetando el Convenio 169 de la OIT, sobre derechos de los pueblos indígenas, especialmente en lo que dice relación a participación y ocupación de los territorios. “Mininco a pesar de saber que posee superficies que invaden Títulos de Merced de distintas comunidades mapuche, no tiene la intención y se resiste a la devolución de estas tierras”, reclaman los indígenas.

QUE ES EL FSC

La certificación que desea lograr Mininco/CMPC, corresponde al FSC, el Forest Stewardship Council, una organización internacional, fundada en Canadá el año 1993 y que entrega sellos ambientales en diferentes partes del mundo, especialmente a compañías que exportan sus producciones a Estados Unidos.

Forestal Mininco decidió en Diciembre del 2008, iniciar el proceso de Certificación de Manejo Forestal. Según su sitio web el primer paso, fue definir la empresa Certificadora, escogiendo trabajar con la auditora internacional SmartWood de la Rainforest Alliance (Alianza para Bosques).

En Chile el FSC funciona con una oficina en Santiago y hasta febrero de 2010 ha certificado a 55.445 hectáreas de bosque nativo y 499.897 de plantaciones. Entre los beneficios que dice entregar el FSC a las empresas están el “acceso a nuevos mercados, a redes de información y nuevas oportunidades; y posibilidad de mejores precios en el mercado”.

En Chile, el FSC está integrado por las ONGs WWF, Terram, Greenpeace, IEP, y por varias pequeñas y medianas empresas forestales, pero no por las que manejan la industria forestal chilena, Arauco y CMPC, que ahora quieren usar este cuestionado sello

Informe Internacional (HRW): En Chile se violan los derechos humanos


Chile aparece en los mismos temas que han denunciado en forma reiterada las diversas organizaciones de derechos humanos que funcionan en el país. Sin embargo, nuestra institucionalidad hace oídos sordos ante tanto argumento y pruebas de impunidad.

Fuente: Liberar

En su informe anual de 2011, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció el deterioro de los derechos humanos en América Latina, considerando principalmente el aumento en los índices de criminalidad, pero también por los abusos, represiones, asesinatos, criminalización a la protesta social e impunidad que permiten los gobiernos del continente.

Chile aparece en los mismos temas que han denunciado en forma reiterada las diversas organizaciones de derechos humanos que funcionan en el país. Sin embargo, nuestra institucionalidad hace oídos sordos ante tanto argumento y pruebas de impunidad.

Nuevamente el llamado de atención apunta a nuestro sistema judicial, el que no cumple con los estándares internacionales sobre la imparcialidad ante ley. Esto es porque a pesar de que los militares no pueden juzgar a civiles (Ley que aùn no es aprobada en el Congreso), seguirá procesando a funcionarios policiales que atenten contra civiles, en donde policías han hecho uso excesivo de la fuerza, torturas, malos tratos, incluso a provocado la muerte de tres comuneros mapuches.

Otra de las denuncias es la aplicación indebida de la Ley Antiterrorista, principalmente usada en contra de miembros de la etnia mapuche. Además del uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros durante operativos en comunidades indígenas mapuches de la región de la Araucanía.

En el caso de violación a los derechos humanos producto del periodo de la dictadura de Pinochet (1973-1990) el informe expresa que a pesar que se ha avanzado en los procesos judiciales, las sanciones no corresponden con la gravedad de los delitos cometidos.

Las malas condiciones carcelarias nuevamente aparece entre los temas recurrentes de las deficiencias de Chile, la mala infraestructura, la sobrepoblación son consideradas como graves en el informe.

Por tanto, el Estado de Chile no solo debe estar preocupado de sus índices económicos, sino también de los problemas sociales que aquejan a su gente. Lamentablemente una vez más, Chile queda en deuda con los derechos humanos. Es urgente dar con la solución a esos y otros problemas que provocan tanto sufrimiento a miles de personas que se sienten indefensas ante la injusticia.

Informe Chile

Eventos del 2010

En Chile, los policías acusados de violaciones de derechos humanos continúan siendo investigados y juzgados ante tribunales militares que no cumplen con estándares internacionales sobre independencia e imparcialidad. La ley antiterrorista se ha aplicado en forma indebida a delitos comunes cometidos por manifestantes indígenas. Una serie de leyes aprobadas durante 2010 subsanaron sólo parcialmente estos problemas.

La justicia continúa condenando a ex militares acusados de cometer graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1990). No obstante, en muchos casos las condenas que finalmente se imponen son poco severas, lo cual es inadmisible en comparación con la gravedad de los delitos. La sobrepoblación y las condiciones inhumanas en numerosas cárceles chilenas continúan siendo un problema grave.

Jurisdicción militar

Si bien en 2000 Chile comenzó una revisión completa de su procedimiento de justicia penal y afianzó las garantías del debido proceso, hasta el 2010 los tribunales militares continuaban ejerciendo su jurisdicción sobre civiles acusados de cometer actos de violencia contra Carabineros, la policía uniformada que forma parte de las fuerzas armadas. Los tribunales militares aún conservan la jurisdicción respecto de delitos cometidos por carabineros contra civiles, como el uso excesivo de la fuerza, torturas y malos tratos.

En el caso Palamara Iribarne de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Chile que tomara medidas para garantizar que los tribunales militares no continuaran ejerciendo su jurisdicción respecto de civiles. En otras decisiones posteriores, la Corte determinó que los miembros de las fuerzas armadas acusados de cometer violaciones de derechos humanos también debían ser juzgados en la jurisdicción penal ordinaria.

En septiembre de 2010, el Congreso sancionó una ley por la cual finalmente se da cumplimiento a la obligación de Chile de asegurar que todos los casos que involucren a civiles sean juzgados en la justicia ordinaria. Sin embargo, la ley no transfirió a la justicia ordinaria los casos de abusos de policías contra civiles, y esto supone un incumplimiento de las obligaciones jurídicas asumidas por Chile conforme al derecho internacional de asegurar que los miembros de las fuerzas de seguridad pública acusados de violaciones de derechos humanos sean juzgados por tribunales independientes e imparciales.

Abusos policiales

Hubo varios incidentes de uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros durante operativos en comunidades indígenas mapuches de la región de la Araucanía. En general, estos abusos se producen cuando la policía intenta controlar las protestas mapuches e impedir la ocupación de tierras, o cuando ingresan a las comunidades para detener a activistas que presuntamente han cometido delitos en el marco de conflictos por la tierra con agricultores y compañías de explotación forestal.

Desde 2002, policías han sido responsables de la muerte de al menos tres mapuches. Como se señaló anteriormente, estos casos son investigados por tribunales militares que no cumplen los estándares internacionales sobre independencia e imparcialidad, y los implicados han sido absueltos o han recibido penas excesivamente leves. En agosto de 2010, por ejemplo, la Corte Marcial (el tribunal de apelaciones militar) condenó a tres años de libertad condicional por uso excesivo de la fuerza a un carabinero que disparó por la espalda con una metralleta al activista mapuche Matías Catrileo. El tribunal está integrado por tres jueces militares en servicio, que constituyen mayoría, y dos jueces de los tribunales de apelaciones de la justicia ordinaria. Ese mismo tribunal absolvió a un policía acusado de disparar contra el joven mapuche Alex Lemun en 2002. En julio de 2010, ordenó que se retiraran los cargos contra cuatro policías acusados de golpear a Carlos Curinao, hijo de un líder mapuche, mientras yacía en el piso boca abajo.

Ley antiterrorista

Desde 2004, Human Rights Watch ha expresado preocupación por la aplicación indebida de la ley antiterrorista a delitos comunes cometidos por activistas mapuches, como el incendio intencional. Según la ley antiterrorista de Chile, los delitos contra la propiedad, como incendiar fincas, bosques o cultivos, o dañar vehículos o máquinas, se consideran delitos terroristas si los jueces creen que fueron cometidos con el fin de infundir el temor entre la población. Los acusados en virtud de esta ley ven restringidos sus derechos de debido proceso y se enfrentan a condenas notablemente más severas. En junio de 2010, más de 50 mapuches estaban siendo procesados por terrorismo, y cinco ya habían sido condenados por este delito.

En octubre de 2010, el gobierno aprobó una ley de reforma de la ley antiterrorista luego de que 32 presos mapuches participaran en una huelga de hambre en protesta por la aplicación de esta norma y de la jurisdicción militar a sus casos. Las reformas a la ley antiterrorista reforzaron algunas garantías de debido proceso, como aquellas que permiten a los abogados defensores interrogar a testigos de cargo de identidad reservada. El gobierno también anunció que retiraría todos los cargos de terrorismo contra mapuches que estén siendo juzgados en la actualidad, y afirmó que serían procesados exclusivamente conforme al derecho penal ordinario. No obstante, no se modificó la disposición legal sobre delitos contra la propiedad, y los fiscales continúan aplicando la ley a este tipo de delitos.

Juicios por los abusos del pasado

Los casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar que están siendo investigados en la justicia aumentaron de 350 en abril de 2010 a 452 en junio de 2010 como resultado de nuevos juicios iniciados por asociaciones de familiares. El Presidente Sebastián Piñera continúa brindando el apoyo del gobierno al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, cuyos abogados prestan asistencia a familiares de víctimas para que puedan impulsar sus demandas ante la justicia.

En junio de 2010, 292 ex militares y colaboradores civiles habían sido condenados por delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura (y en 210 de estos casos la condena ya había sido confirmada con carácter definitivo). Asimismo, 64 personas cumplían penas de prisión y otras 490 estaban siendo procesadas.

En julio de 2010, Piñera anunció que no incluiría en el indulto presidencial solicitado por la iglesia católica en ocasión del bicentenario de la república a quienes hubieran sido condenados por violaciones de derechos humanos.

En julio de 2010, la sala penal de la Corte Suprema confirmó la condena impuesta a Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta durante el gobierno de Augusto Pinochet, y otros 8 agentes por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa en 1974, quienes fallecieron luego de que estallara una bomba colocada en su vehículo. La Corte condenó a Contreras y a su colaborador Pedro Espinoza a 20 años de prisión por homicidio agravado y asociación ilícita. La Corte determinó que se trató de crímenes de lesa humanidad y que, conforme a los Convenios de Ginebra, Chile debía juzgar y castigar a los responsables de estos delitos, con independencia de la ley de autoamnistía adoptada por Pinochet en 1977.

No obstante, en muchos casos la Corte Suprema ha aplicado sus facultades discrecionales para reducir la condena impuesta a quienes perpetraron violaciones de derechos humanos, en reconocimiento del tiempo transcurrido desde el delito. Con frecuencia, la pena que finalmente se aplica es lo suficientemente breve como para eximir de prisión a los condenados. Esta práctica despierta dudas de que Chile cumpla efectivamente su obligación de llevar ante la justicia a los responsables de desapariciones para que reciban una pena o sanción adecuada, ya que menos de un tercio de los condenados cumplían penas de prisión en agosto de 2010.

Condiciones carcelarias

Chile aún no ha adoptado medidas efectivas para subsanar la grave sobrepoblación en las cárceles del país y aliviar las condiciones que un funcionario judicial de alto nivel calificó como "inhumanas".

En 2010, las cárceles de Chile con mayor sobrepoblación albergaban a un promedio de, al menos, dos presos en espacios diseñados para una sola persona. Las condiciones carcelarias incluyen sobrepoblación; salubridad, ventilación y nutrición deficientes; y falta de agua potable. Pese a que las condiciones propician los problemas de salud y favorecen la propagación de enfermedades infecciosas, el acceso a la atención médica continúa siendo inadecuado. Según un informe dado a conocer en marzo de 2010 por una comisión de revisión carcelaria designada por el gobierno, los problemas existentes se deben a demoras en la construcción de nuevos establecimientos, la adopción de procesos penales más acelerados, la aplicación de políticas que promueven penas más severas y la falta de implementación de alternativas efectivas a la prisión. Luego de una serie de visitas a establecimientos de todo el país realizadas durante julio y agosto, el Ministro de Justicia Felipe Bulnes afirmó que el problema de la sobrepoblación había permanecido "invisible durante mucho tiempo" y anunció la adopción de medidas para mejorar las condiciones.

Derechos reproductivos

Chile es uno de los pocos países del mundo que prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso en caso de violación o incesto, o cuando es necesario para preservar la vida o la salud de la madre embarazada. Pese a esto, se estima que cada año se producen entre 60.000 y 200.000 abortos clandestinos, lo cual equivale a entre el 20 y el 40 por ciento de todos los embarazos. La falta de estadísticas precisas sobre la prevalencia del aborto evidencia la fuerte estigmatización y la naturaleza clandestina de esta práctica. Chile también ostenta uno de los índices de embarazo adolescente más altos del mundo, y más del 15 por ciento de los nacimientos corresponden a madres adolescentes. La controversia por la distribución de métodos anticonceptivos modernos se extendió durante todo 2010. Por ejemplo, la principal autoridad en materia de salud de la región de Coquimbo prohibió a las matronas distribuir anticonceptivos, en una medida contraria a las normas nacionales. Muchas mujeres, especialmente en zonas rurales o remotas, pierden la posibilidad de acceder a anticonceptivos cuando estos sólo pueden ser distribuidos por personal médico.

Actores internacionales clave

Diversos expertos de las Naciones Unidas han criticado reiteradamente el uso de la ley antiterrorista contra activistas mapuches, entre ellos el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas.

En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual se acusaba a Chile de discriminar a la jueza Karen Atala, quien declaró abiertamente ser lesbiana, al quitarle la custodia de sus hijas a causa de su orientación sexual. La Corte Suprema se negó a participar en un panel conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para debatir sobre posibles alternativas para implementar las recomendaciones de la Comisión, y sostuvo que la decisión definitiva del tribunal no podía ser objeto de discusión. La Corte Interamericana determinará por primera vez si esta discriminación constituye una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ver informe en: http://www.hrw.org/es/news/2011/01/21/informe-mundial-los-gobiernos-tratan-con-guantes-de-seda-los-abusadores

Con la participación de dirigentes indígenas y representantes de sociedad civil se desarrollo en Malalhue (Lanco) II Taller de Ciudadanía Intercultura


Con amplia participación de dirigentes de pueblos indígenas y representantes de la sociedad civil del centro sur de Chile, se desarrolla desde ayer en Malalhue, Comuna de Lanco Región de los Ríos, el segundo taller de ciudadanía intercultural denominado “El desafío, de los pueblos”. El encuentro cuenta con la destacada participación de Lorena Fríes, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Adela Cárcamo, representante de la asamblea Ciudadana de Magallanes, entre otros importantes dirigentes.

Por José Luis Vargas, Observatorio Ciudadano[/b].

Dar cuenta de ejemplos de reconocimiento intercultural entre distintos pueblos y sectores sociales, para avanzar hacia espacios más democráticos, remarcar la diferencia cultural prevaleciente en los distintos territorios del centro sur de Chile y definir estrategias para reivindicación de derechos, son los objetivos que persigio este encuentro.

Durante la jornada del viernes 28 de enero, se desarrollaron distintos paneles de discusión. En el primero denominado “Institucionalidad y Ciudadanía Intercultural: el desafío de los pueblos”, se hizo una evaluación del estado de los derechos humanos en Chile y los desafíos que limitan dichos derechos.

En ese marco, José Aylwin Co-director del Observatorio Ciudadano, realizó una evaluación de dicha temática, remarcando que uno los principales factores que inciden en la limitación de derechos dicen relación con “la mantención de la constitución dictatorial de 1980 y la permanencia del sistema binominal”, declaró Aylwin.

En la misma línea Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, agregó que otros punto deficitarios para el respeto a los derechos fundamentales, radican en la concepción cultural de los derechos humanos en Chile, “se tiene la idea que las violaciones a los derechos humanos son cuestión que solamente ocurrió en dictadura”, manifestó y luego añade, “pueblos indígenas y sistema carcelario son temas de preocupación para el Instituto, persiste una falta de reconocimiento y la participación es la puerta de entrada para la exigibilidad de derechos”, puntualizó. Otro de los participantes en esta mesa fue Manuel Jacques, representante de la Izquierda Cristiana y Enrique Antileo, integrante de la organización mapuche urbana, Meli Wixan Mapu.

El segundo panel, relacionado con exclusión política contó con intervenciones de Manuel Jacques, Alejandro Keller -ex alcalde de Panguipulli- y Rodrigo Marilaf, integrante del partido mapuche Wallmapuwen. Entre los puntos de coincidencia los panelistas destacaron que el actual sistema binominal es un factor gravitante para la limitación de la democracia.

De acuerdo a Manuel Jacques, “es imprescindible cambiar el sistema binominal, pues limita gravemente la participación política de los ciudadanos”.

Por su parte, Rodrigo Marilaf agregó que “se hace necesario tener en cuenta el rol de los ciudadanos mapuche y no mapuche para avanzar sobre puntos en común que limitan la democracia y la participación política de los pueblos”, indicó.

Otra de las participantes destacadas durante el encuentro, fue Adela Cárcamo, vocera de la Asamblea Ciudadana de Magallanes, la dirigente narró la experiencia de movilización llevada a cabo hace unas semanas en la Patagonia para resistir las alzas de combustibles impuestas por el gobierno en la XII región.

“Las empresas se llevan el 90% del gas que se produce en nuestra región, recibimos el residuo, nos quisieron elevar el valor de este recurso pero nos opusimos porque significaba un desmedro para nuestra población. Todas las personas sin discriminación participan de esta asamblea. Somos una asamblea ciudadana, no tenemos color político, participan todos y esa fue la clave de nuestro éxito”, concluyó.

dimanche 30 janvier 2011

Caimanes: Estado de derecho? Procesan a dirigente y a sus abogados!!


Por Alfonso Ossandon

La Minera pelambres esta instalando un Mega tranque de Relave a pocos kilómetros –río arriba- del pueblito de Caimanes, ubicado en el valle de Pupio, en la provincia del Choapa, IV Región de Chile, a 45 Km al interior de Los Vilos.

La comunidad resiste por todos los medios la instalación de este tranque, que en la práctica sepultaría el pueblo bajo toneladas de desechos. El conflicto se hizo público, cuando un grupo de vecinos inicio a fines del año pasado, una Huelga de Hambre que hubo que suspender a los 80 días, ante la insensibilidad de la minera, la complicidad de los organismos del Estado y el inminente riesgo de muerte de las personas de edad que participaban en el movimiento.

El Presidente y vocero del Comité de Defensa Personal de Caimanes, Cristián Flores Tapia, ha jugado un rol clave en la denuncia nacional e internacional de este abuso de una empresa con una pequeña comunidad del norte chico. Como los intentos de corromperlo o quitarle el respaldo de la comunidad –que asamblea tras asamblea lo confirma en el cargo- no dieron resultados, se le comenzó a hostigar policial y judicialmente.

El viernes 28 de enero –un día antes de la realización de un gran Encuentro de Comunidades en Caimanes- debió presentarse en el tribunal Oral en lo Penal de Los Vilo, acusado por la minera de “asociación ilícita y prevaricación”. La Minera Pelambres, movilizo abogados, prensa, activistas pagados y un fuerte contingente policial para levantar un show mediático.

Pero la demostración de fuerza de la minera no culminaba ahí: Lo verdaderamente sorprendente, es que el equipo de abogados, contratado por la Comunidad para su defensa, integrado por los profesionales Sandra Dagnino Urrutia, Roberto Arroyo Correa, Iván Sanhueza Belmar y Ramón Ossa Infante… fueron acusados formalmente de los mismos cargo, y se le decreto arraigo nacional. La tesis de la transnacional, es que están todos coludidos en una maniobra destinada a obtener indemnización de la empresa; o sea el derecho a defenderse ante tribunales de una agresión que amenaza con sepultar un pueblo, es considerada “asociación Ilícita”!

Esta charada judicial, auspiciado por la Minera Pelambres tuvo un giro inesperado. Al quedar sin defensa jurídica el principal inculpado, debió nominarse un Defensor Público. Los abogados de la empresa exigieron continuar con el proceso de formalización de Cristián Flores, con la intención de dejarlo recluído; pero el Defensor Público con mucha firmeza alego que “no tenía ningún conocimiento del juicio, no había hablado con su defendido, por lo tanto, solicitaba una nueva audiencia para tres meses mas”, lo que fue otorgado por el Tribunal.

La influencia que Minera Pelambres tiene en el valle del Choapa sobre personas, empresas, medios de comunicación, y autoridades de los distintos ámbitos es tan grande, que el Obispo que se ofreció como mediador entre los huelguistas y la minera, terminó requisando los videos de los comunicadores independientes que habían registrado la negociación. Llamamos por tanto a la ciudadanía consciente a no dejar sola a la gente de Caimanes, a solidarizar con su vocero y a denunciar en todas las instancias esta aberrante situación que pone en cuestión, ni más ni menos que el Estado de Derecho.

Ver Nota de prensa:

La .gran prueba concreta de la fiscalia." USAN DINERO PARA ORGANIZAR PROTESTAS"

http://www.diarioeldia.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=61245&Itemid=163

Héctor Llaitul: “Yo soy el objetivo de este juicio”


Desde la cárcel de Lebu, el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), conversó en exclusiva con Radio Universidad de Chile acerca del “juicio oral más largo en la región del Bío-Bío”. Sobre la totalidad del proceso pesan todas las dudas respecto de su legitimidad cuando se sigue aplicando la Ley Antiterrorista, a pesar del compromiso gubernamental y que, debido a su aplicación, la Corte Interamericana de DDHH acogió una demanda contra Chile.

Por Vivian Lavín Almazán

Fuente: Radio Universidad de Chile

Escuchar a Héctor Llaitul es tener la certeza de estar frente a un hombre que carga no sólo con sus 43 años, sino además con los cerca de 500 años de Historia que le anteceden, desde que llegaron los primeros conquistadores españoles a estas tierras.

Llaitul es identificado como el líder de la CAM y en los últimos dos años, ha permanecido más tiempo encerrado que en libertad.

Pero él se ve tranquilo. Ha permanecido, silencioso, observando de manera oblicua debajo de una amplia frente, todas las etapas de un proceso demasiado largo, demasiado tenso, con demasiadas anormalidades. Se trata del juicio en contra de 17 comuneros mapuche por una serie de hechos ocurridos en la zona que tergiversadamente los medios motejan como “conflicto mapuche”.

Aceptando una de las condiciones de los comuneros mapuche para deponer la huelga de hambre que sostuvieron por cerca de tres meses, el gobierno se comprometió a no insistir en la aplicación de la Ley Antiterrorista, un compromiso que los mismos comuneros, ya conocedores del valor de la palabra empeñada de los winkas preferían verlo en un documento escrito, pero que el mismo gobierno insistió fuera sólo de palabra.

Hoy, Héctor Llaitul y los comuneros se sienten engañados. El gobierno sólo ha cumplido con cambiarlos a una cárcel como la de Lebu, para estar más cerca de sus familias y, además, le ha dado una suerte de apoyo alimenticio bastante discreto.

Pero sólo para algunos. Las mujeres de muchos comuneros deben cada día prepararles algo de comer para llevárselos antes de que partan de regreso a la cárcel distante a una hora del Tribunal de Cañete.

Otro aspecto que el gobierno respetó fue respecto de la justicia militar y su prescindencia en las causas mapuche. Lo que quedó de manifiesto cuando en diciembre último, un juez militar absolvió a los encausados por el mal denominado “atentado al Fiscal Elgueta” de todos los cargos, acusando incluso un “montaje”, como se ha establecido por la defensa del actual proceso. Sin embargo, “no fuimos absueltos de manera definitiva, porque no es una sentencia ejecutoriada, ya que quien tiene que dictar esa sentencia es la Corte Marcial. La causa quedó en la Corte de Apelaciones, donde los querellantes pueden apelar y pueden volver para atrás el proceso en cualquier momento”, advierte Llaitul.

El Ministerio Público: El monstruo de la Reforma

La desilusión por parte de los comuneros es completa, ya que si bien el gobierno se desistió de acusar por la Ley Antiterrorista, sí la está aplicando de hecho a través del Ministerio Público “El gobierno dice que no lo puede controlar porque es un órgano independiente del Estado”, dice Llaitul. Y técnicamente tiene toda la razón, sin embargo, desde el punto de vista moral, no resiste análisis. Una ley desproporcionada de origen dictatorial que se aplica sin remilgos en una de las democracias más sanas de la región, según los estándares internacionales.

Entonces, ¿por qué se insiste en ella? “El Ministerio Público es un ente persecutorio político que tiene el Estado chileno, es el Frankenstein de la Reforma Procesal Penal, ya que se trata de un monstruo sin fiscalización. Le endosan toda la responsabilidad a los fiscales. Ellos son los todopoderosos de la persecución a la etnia mapuche y el Estado se lava las manos diciendo que no puede incidir sobre ellos. Pero nosotros decimos que no, que el Estado puede hacerlo. Lo que sucede es que aquí hay una situación mancomunada entre los representantes del Ministerio Público, los querellantes de las empresas forestales y el gobierno, que actúan al unísono, en bloque…”. Una situación que es fácil de corroborar en las audiencias en Cañete, donde el representante del Ministerio Público, Andrés Cruz, es el que lidera las acusaciones y objeciones, más que sus pares representantes de las forestales o privados, llamándole incluso la atención a los propios testigos a vista y con toda la paciencia de los jueces.

“El clima del proceso ha llegado a un estado en que los testigos se van a sentir terriblemente atemorizados de colaborar con la justicia por la manera dura, irónica, reiterativa y engañosa en la que se les está preguntando”, imputa el abogado y ex juez Juan Guzmán.

Llaitul declara nuevamente que ellos han dado todas las posibilidades de un debido proceso y que eso lo está apreciando la prensa y los observadores. Estos últimos han cumplido un rol esencial, ya que son voces que tienen eco en el exterior.

“Acá se están cometiendo vulneraciones flagrantes en las audiencias. El debido proceso se está vulnerando de diferentes formas. Hay un elenco de garantías que no se respetan a los imputados. El tema de los testigos protegidos, no por el hecho de que sean protegidos, porque en todas las legislaciones existe, sino porque no se respetan las prácticas judiciales para que sean considerados como testigos de cargo. He observado una presunta orquestación por parte de los fiscales donde instruyen prácticamente al tribunal respecto de una prueba, lo que no corresponde”, acusa la observadora española especialista en Derechos Humanitarios, Pilar Maciá.

La presencia de estos observadores ha sido determinante para tener una evaluación de cómo se lleva el caso a la luz de la jurisprudencia internacional, como queda demostrado en el informe que preparó para Rebelión Mireille Fanon-Mendès-France, de la Fundación Frantz Fanon y de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, quien describió al juicio como un “abuso de poder judicial discrecional…con muestras de flagrante parcialidad interrumpiendo los interrogatorios, deslegitimando las preguntas de la defensa, dificultando el derecho a la defensa y el trabajo de los abogados. El juez y los fiscales cometieron intencionadamente el delito de soborno de un testigo ya que obtuvieron declaraciones falsas (testigo 25 y 26) utilizando ofertas (testigo 26). Este acto supone, ni más ni menos, corrupción…y tanto el juez como los fiscales cometieron el delito de prevaricación al faltar, por mala fe, a los deberes de su empleo”.

El rol de los medios de comunicación es prácticamente para un juicio aparte, cuando su desatención respecto de este emblemático caso ha sido permanente. De la misma manera como cuando se inició la huelga de hambre de la que sólo se preocupó alguna prensa al cabo de un mes de iniciada, hoy, se está dejando de informar de manera abierta respecto de las condiciones de un juicio que lleva a escándalo.

¿Por qué no han detonado otra huelga? La pregunta le surge de manera espontánea al mismo Llaitul y responde diciendo que es “porque el discurso del gobierno hacia el mundo dice que no han aplicado la Ley Antiterrorista, y que no pueden ir a una huelga silenciados. No es llegar y hacer una huelga. No es juego y si lo hacen la haremos de verdad, hasta las últimas consecuencias”. Y advierte con toda claridad: “Si nos aplican la ley antiterrorista en la condena nosotros nos vamos a la huelga de inmediato, esa es nuestra postura. Porque al gobierno se lo dijimos: queremos la recalificación de los hechos, que no seamos procesados por delitos terroristas sino que comunes. Se excusó el gobierno, al principio, y nos dijo que diéramos lugar a la prueba donde sin embargo, hubo testigos sin rostro”. Ahora, que es el momento de la defensa y Llaitul dice que resistirán igualmente, pero lo que no van a tolerar es una condena bajo el imperio de la Ley Antiterrorista, porque eso no es a lo que se comprometieron. Las exigencias serían la nulidad del juicio y solicitar un tribunal competente, independiente, derogación definitiva de la funesta legislación en causas mapuche, fin a los doble procesamientos y la libertad de todos los Presos Políticos Mapuche en todo Chile.

Ni en peores tiempos de la dictadura

No es raro ni nada antojadizo, entonces escuchar una y otra vez, que sobre el juicio oral más extenso en la historia de la Reforma Procesal Penal de la Región del Bío- Bío, se ciernen demasiadas dudas sobre su legimitidad.

“Las limitaciones de las garantías procesales debido a la Ley Antiterrorista nos ha retornado a épocas oscuras de Chile que todos hemos querido olvidar y también a una investigación dirigida a castigar a un grupo importante de comuneros que pertenecen a una nación distinta y que se les ha aplicado esta ley de forma discriminatoria. No hay que olvidar que en Chile no se aplicado esta ley a ningún otro ciudadano que no sea mapuche a partir del gobierno de Ricardo Lagos, siendo una política del Estado chileno destinada a castigar a un pueblo por la recuperación de sus costumbres y de la propiedad de la tierra. El Estado chileno no es neutral ni imparcial sino que privilegia la acción de las forestales que serían las entidades perjudicadas por estas recuperaciones de tierras. El Estado a través de sus medios compulsivos, como los tribunales y la policía, discrimina y sanciona al pueblo mapuche con la aplicación de esta ley”, acusa Manuel Adolfo Montiel, abogado defensor y también profesor de derecho penal.

“Este proceso, en general, se ha desarrollado lleno de infracciones al debido proceso. Para la defensa ha sido prácticamente imposible, en algunos casos, ejercer la garantía constitucional. Por lo tanto, no será un juicio fácil de olvidar toda vez que está muy alejado de lo que debe ser un verdadero proceso donde ambas partes tengan la posibilidad de ejercer su rol”, comparte el abogado designado por la Defensoría de la Octava Región Pelayo Vial.

El juicio que se desarrolla en Cañete es demasiado emblemático cuando la fiscalía ha solicitado una pena de 103 años, en el caso de Héctor Llaitul. “Acá no se están persiguiendo delitos aislados, sino que a una expresión política”, dice Llaitul, y remata: “Yo soy el objetivo de este juicio”.

vendredi 28 janvier 2011

Declaración Pública Comité Panguipulli por conflicto Planta de Incineración de Residuos Biopeligrosos


Gentileza: Puelche Comunicaciones

DECLARACIÓN PÚBLICA

En relación al pronunciamiento de la Corte Suprema (Santiago) sobre la presentación del Recurso de Protección de la Municipalidad de Panguipulli por la Planta de Incineración de Residuos Biopeligrosos, el Comité por la Defensa de la Vida y el Patrimonio Natural de Panguipulli, informa a la comunidad que en este fallo se ratificó lo manifestado en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Valdivia, en consideración sólo a los plazos en que fue presentado el recurso de la Municipalidad.

Es necesario precisar nuevamente, que la Corte Suprema no falló autorizando el funcionamiento de la Planta de Incineración, sino que se pronunció sólo acerca de un recurso que se presentó fuera de plazo.

Cabe recordar, que la Resolución de Calificación Ambiental que autoriza el funcionamiento de esta Planta, tiene fecha 31 de marzo de 2009, y recién el año 2010, la comunidad se entera de esta situación y de la gravedad de los efectos que producirá la emanación de sustancias altamente tóxicas para la salud de los habitantes de nuestra comuna.

Por esto, el Comité por la Defensa de la Vida y el Patrimonio Natural de Panguipulli, continúa sosteniendo los argumentos, pruebas, denuncias y presentaciones realizadas ante las diversas instancias institucionales y administrativas, tendiente a lograr la revocación del proceso de calificación ambiental para impedir el funcionamiento de la Planta de Incineración de Residuos Biopeligrosos en Panguipulli, a través de la solicitud de invalidación administrativa y del proceso sancionatorio contra la empresa BIOGEOSUR, que se encuentra en curso por el Servicio de Evaluación Ambiental de la región de los Ríos (SEA).

El Comité informa, que al no existir un proceso judicial que impida la intervención de la Contraloría General de la República, este organismo del Estado retomará la tramitación de la investigación de las responsabilidades funcionarias de las reparticiones públicas que participaron en el proceso de calificación ambiental de esta Planta altamente contaminante.

Al mismo tiempo, el Comité se encuentra gestionando la presentación de este caso, ante el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo, que establece la eliminación, en los países firmantes entre los que se encuentra Chile, de la emisión de contaminantes orgánicos persistentes, sustancias tóxicas como dioxinas, furanos y metales pesados que producirá esta Planta de Incineración, ocasionando graves efectos en la salud de la población, la producción agrícola y ganadera, los recursos naturales (agua, aire y suelo) y el medio ambiente de nuestra comuna.

No aceptaremos una Planta de Incineración de Residuos Biopeligrosos en el lugar donde se encuentra emplazada ni en ningún sector, localidad, comunidad o territorio de la comuna de Panguipulli. Defenderemos esta Reserva Mundial de la Biósfera.

Por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación

No a la Planta de Incineración

COMITÉ POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL PATRIMONIO NATURAL DE PANGUIPULLI

Movilizacion Mapuche-Tehuelche de distintas identidades territoriales en apoyo al lof Sacamata Liempichun por envenenamiento del Agua y reafirmación t


Mapuches de Neuquén, Río Negro y Chubut se movilizaron en Alto Rio Senger para denunciar la contaminación de las aguas en territorio en conflicto / Pr su parte, El intendente Javier Maraboli, ante los reclamos de la comunidad Sacamata Liempichun firmo un acta en la que el municipio se compromete a realizar los análisis correspondientes a las aguadas que fueron contaminadas a la entrega de combustible y leña entre otros puntos.

Por Comunicaciones Encuentro de Organizaciones Indígenas - Argentina

El pasado 29 de diciembre de 2010 los miembros de la comunidad Tehuelche- Mapuche “Sacamata Liempichun” del paraje Ayaniyeo, en la provincia de Chubut ejerciendo su derecho han iniciado la reafirmación del territorio que tradicionalmente ocuparon y del que fueron despojado por estancieros. A través de un comunicado expresaron: “Nosotros, chehuache-ken, gente del borde de la cordillera hemos vivido en el territorio identificado por nuestros antepasados como yas- aike ó también conocido como payaniyeo desde siempre. El poder ejecutivo nos otorgo las mitades de los lotes 20 y 11 actualmente ubicados en el departamento de Rio Senguer, estos comprenden en total una superficie de 10.000 hectáreas que fueron otorgadas por un decreto del poder ejecutivo en el año 1925, a los fines de crear una reserva, sin embargo, la gente del cacique Juan Sacamata ya se había establecido en la zona para el año 1906”.

Desde que comenzó la reafirmación del territorio no han tenido respuestas de los organismos municipales, provinciales ni nacionales pero sin embargo el respaldo que ha recibido la comunidad fue manifestado el día lunes veinticuatro de enero con una movilización al municipio de Alto Rio Senguer junto a referentes de distintas partes del territorio mapuche de Puelmapu como Lof (comunidad): Lago Rosario, Costa de Lepá, Santa Rosa Leleque, Futa Huao, Pu Kona Mapu, Valentín Sayhueque, Corcovado, Esquel, Organización Territorial Mapuche Tehuelche Norfeleal, Kona del Consejo Zonal Huiliche de la Confederación Mapuche de Neuquén, Kona de la Zona Andina de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro y vecinos en general que se sumaron espontáneamente a la movilización.

Con las banderas del Pueblo Mapuche y la Tehuelche-Mapuche, al ritmo de trutukas rio Senguer amaneció de forma distinta a la habitual, la concentración comenzó temprano en la plaza Gral. José de San Martín para dirigirse a la municipalidad a exigir que el intendente los atienda y de respuestas a la contaminación del agua que se produjo luego de que la comunidad ingresara por una rampa a los campos que reivindican como propios.

Javier Maraboli intendente de Alto Rio Senguer ante la movilización debió escuchar los reclamos y las palabras de Logko y werken que denunciaron a la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia y sus miembros los terratenientes Osvaldo Hermoso, Enrique Chapelo y Mohamed Ali de ser los responsables del envenenamiento de las aguadas que están provocando la muerte de animales y la intoxicación de los integrantes de la comunidad, privándolos de un elemento vital e imprescindible como es el agua.

Firma de acta acuerdo

El intendente Javier Maraboli, ante los reclamos de la comunidad Sacamata Liempichun firmo un acta en la que el municipio se compromete a realizar los análisis correspondientes a las aguadas que fueron contaminadas a la entrega de combustible y leña entre otros puntos.

Luego de la reunión el werken Waldo Liempichun, informo los detalles de la reunión mantenida con Maraboli, el vocero de la comunidad además menciono que en el lugar de la reafirmación territorial se encuentran chenques (cementerios), que han sido profanados y destruidos, agrego que no solo fueron usurpadas las tierras de la comunidad sino no que también objetos históricos de la comunidad por parte de funcionarios municipales a los que Maraboli se comprometió a apartar de sus cargos e investigar la denuncia realizada por la familia Liempichun. Waldo Liempichun informo que han sido tomadas las muestras de agua y esperan dar a conocer en los próximos días los resultados.

Jurista Mireille Fanon acusa: “Juez de Cañete incurre en prevaricación y abuso de poder”


Sobre el tribunal que enjuicia por ley antiterrorista a 17 comuneros mapuche ligados a recuperaciones de tierras en la zona del lago Lleu Lleu, se fijan no sólo los ojos de mapuche y partidarios chilenos de su causa, sino también los de la solidaridad global

Por Lucía Sepúlveda

Fuente: periodismosanador.blogspot.com
Jorge Díaz se llama el juez que preside el tribunal oral de tres miembros que enjuicia en Cañete (a unos 637 km al sur de Santiago), a estos luchadores sociales. Andrés Cruz encabeza allí a los fiscales del ministerio público. El magistrado Carlos Muñoz redactará la sentencia y la jueza Paola Schisiano integra también el tribunal que está llevando adelante el juicio oral más largo de nuestra historia. Se cree concluye en estos días el proceso iniciado el 8 de noviembre de 2010. Es posible que la sentencia salga en febrero, mes que en Chile parece sinónimo de inactividad política y social. Pero la decisión de los jueces no sólo tendrá repercusión local y nacional.

Mireille Fanon-Mendès-France, miembro de la Fundación Frantz Fanon, de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, y observadora internacional designada por el Colectivo de Apoyo al Pueblo Mapuche en Francia (www.collectif.mapuche.over-blog.com)
y por France Libertés-Fundación Danièle Mitterrand (www.france-libertes.org)
asistió a la primera fase de este juicio.

En un informe publicado en Rebelión sostuvo que el juez ha incurrido en “abuso de poder judicial discrecional... con muestras de flagrante parcialidad interrumpiendo los interrogatorios, deslegitimando las preguntas de la defensa, dificultando el derecho a la defensa y el trabajo de los abogados.

El juez y los fiscales cometieron intencionadamente el delito de soborno de un testigo ya que obtuvieron declaraciones falsas (testigo 25 y 26) utilizando ofertas (testigo 26). Este acto supone, ni más ni menos, corrupción... y tanto el juez como los fiscales cometieron el delito de prevaricación al faltar, por mala fe, a los deberes de su empleo”. Mireille Fanon es Jurista de Derecho Internacional Público, especialista del conflicto de Medio Oriente, y militante de la causa palestina. También es miembro de la Asociación Memoria-Verdad-Justicia sobre los asesinatos políticos en Francia y contra la Impunidad. La profesional es hija de Frantz Fanon, renombrado luchador y pensador, autor de “Los condenados de la tierra”.

Territorio en disputa

Hace casi una década, el Estado chileno comenzó a utilizar la ley antiterrorista para hacer frente a las reivindicaciones del pueblo mapuche. La enorme inversión de tiempo y recursos que realiza el Estado en este juicio se enmarca en un intento de escarmiento a luchas que se desarrollan en una zona estratégica para el modelo económico vigente, por la inversión de empresas forestales, mineras y turísticas. Esa inversión se ha realizado arrasando el territorio ancestral mapuche y generando grave daño ambiental, expresado en escasez de agua, pérdida de biodiversidad y contaminación de suelos y afectación de la salud de las familias de los comuneros, entre otros problemas, lo que ha gatillado la reacción de las comunidades afectadas y sus organizaciones.

Los 17 comuneros encausados son luchadores sociales del pueblo mapuche que reivindican su territorio ancestral y han permanecido en “prisión preventiva” por un año y ocho meses. Cinco de estos presos fueron procesados por la justicia civil y militar al mismo tiempo por un mismo hecho ocurrido en octubre del año 2009, cuando el fiscal Elgueta y una brutal comitiva policial allanaron la comunidad de Choque en el lago Lleu Lleu.

Héctor Llaitul, enfrenta posibles penas de 103 años por la justicia civil y 25 por la militar. Ramón Llanquileo podría ser condenado a 65 años por el tribunal civil y a 11 años por la militar. Para José Huenuche, Luis Menares y Jonathan Huillical, la fiscalía civil y militar pide 52 y 11 años de condena respectivamente.

Absolución y desinformación

Sin embargo, paralelo a este juicio, el tercer Tribunal Militar de Valdivia absolvió de esos cargos de maltrato de obra a carabineros de servicio y daños a vehículos policiales a los 5 procesados aquí citados. La justicia militar concluyó que la utilización de testigos protegidos y las insuficientes pruebas aportadas en el supuesto “ataque a la comitiva del fiscal Mario Elgueta en Tirúa”, no permiten condenar a estos presos políticos mapuche.

La mayoría de la opinión pública chilena, informada sólo por los medios tradicionales sólo se enteró de la existencia de estos comuneros cuando cumplían 81 días de huelga de hambre junto a otros presos políticos mapuche, rompiendo con la fuerza de su movimiento la censura mediática. Pero lo normal es que estos presos sean invisibles; las cárceles están muy lejos de Santiago. El gobierno de Sebastián Piñera retiró las querellas por ley antiterrorista como parte de los acuerdos refrendados con la presencia del actual arzobispo de Santiago, monseñor Ezzatti, que actuó como mediador. Sin embargo la prensa no se ha mostrado sorprendida porque el juicio se haya llevado adelante sin recalificación de delitos.

El Ministerio Público hizo oídos sordos a ello y los 3 fiscales inquisidores -acompañados por el abogado de una de las forestales querellantes- continuaron empeñados en lograr las lapidarias condenas solicitadas, sin parangón en democracia.

Como se persistió en la aplicación de la ley antiterrorista, los 36 testigos sin rostro no han podido ser contrainterrogados por la defensa, y en cambio los testigos de la defensa (que comenzaron a declarar en la última semana de enero) son acosados por tres fiscales y el juez, e incluso el primero fue fotografiado e intimidado antes de entrar al recinto.

Los observadores

Un conjunto de observadores internacionales asiste a distintas fases del prolongado juicio. Al inicio estuvieron Marcia Esparza (Nueva York) y Genevieve de Beauffort (Bélgica), junto a Ernesto Moreau, Santiago Cavieres y Graciela Alvarez, de la Asociación Interamericana de Juristas; Roberto Garretón por el Instituto de DDHH de Chile, Pilar Macías abogada penalista del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Claudio Venturelli (Ginebra, Comisión Etica Contra la Tortura); Néstor Vega y Mikaël Burbat (Francia).

En la fase de cierre se incorporaron representantes del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) y la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI). En esta nota relevaremos el informe de Mireille Fanon quien luego de asistir al inicio del juicio y presenciar las declaraciones de los testigos protegidos, hizo un reporte de la situación que circula en estos momentos en Europa y medios progresistas de todo el mundo. Ella no duda en calificar la primera comparecencia de un testigo como una “parodia de justicia y una auténtica mascarada”.

Surrealismo de los testigos

Respecto del testigo sin rostro individualizado como 23, Mireille Fanon afirma que las pruebas que aporta son tan vagas que podrían concernir a cualquier acusado. “El juez, consciente de su imprecisión, acude en su ayuda, sustituido por el fiscal que dicta sus respuestas al testigo interrogándolo de tal manera que solo tiene que aprender la parte de la pregunta que comprende la respuesta esperada por la acusación”, afirma Fanon. Agrega que durante el contra interrogatorio la defensa se interesa por la declaración que debería estar firmada por el testigo. “Sigue un intercambio surrealista en el que el juez acaba por precisar que, por desgracia, ¡la declaración simplemente se ha debido de borrar! El testigo acaba por reconocer que no sabe leer ni escribir.” Denuncia que la parte acusadora deslegitima todas las preguntas de los abogados defensores con el pretexto de que podría permitir la identificación del testigo y pondría en peligro su vida.

Sobre los dichos del testigo 25, relata que el testigo confiesa que no ha reconocido a nadie (tiene un problema de vista y de oído) aunque durante su declaración previa había dicho lo contrario. Confiesa que tiene problemas para aclararse las ideas cuando bebe, y había bebido cuando tuvieron lugar los hechos y concluye el testigo diciendo que nunca leyó ni vio su declaración fechada un año atrás y firmada con una cruz. Sobre el testigo 26, que participó en los mismos actos por los que son juzgados los acusados, la defensa sostiene que su declaración le permitió estar libre, pero el testigo ahora confiesa no conocer a las personas que inculpó anteriormente.

Prevaricación del juez

Los hechos resumidos hacen concluir a la jurista francesa que se configuran tres momentos de “denegación de derecho y del imperio de la ley que incumben a todas las personas que obran por la justicia. Se trata de una obstrucción flagrante al derecho a la defensa organizada por el fiscal. Al actuar así el juez no respetó el derecho a la defensa y, por consiguiente, a un juicio justo y equitativo”.

Ella considera que la prevaricación del juez se debe a que el objetivo esencial es amordazar a la defensa y definitivamente hacer pasar a los militantes mapuche por terroristas a los que se debe aplicar una ley excepcional, y recuerda que estos métodos de soborno de testigos y de prevaricación se han utilizado en muchos procesos políticos tanto en Estados Unidos (proceso de Mumia Abu Jamal) como por el Estado de Israel.

Concluye Fanon su informe afirmando que “en definitiva, esta lucha contra el terrorismo… tiene el objetivo de obstruir, de limitar, de impedir, incluso de eliminar el ejercicio de derechos fundamentales y más precisamente de criminalizar todo tipo de actividad, incluidas las que tiene por base la motivación política. Con esta lucha contra el llamado terrorismo, el derecho nacional o internacional aparece claramente con la función no de cambiar los regímenes jurídicos o de mejorarlos, sino de utilizarlos, cada vez más, como un instrumento de represión político-ideológica y de puesta en tela de juicio de los derechos políticos y civiles. Es ante esto que se encuentran los mapuche que llevan a cabo una lucha ejemplar para recuperar sus tierras de las que han sido expoliados”.

Impunidad de los fiscales

Por su parte, los familiares de los presos enjuiciados solicitaron en declaración pública dada a conocer el 19 de enero “la renuncia inmediata de los Fiscales del Ministerio Público por la coerción que han ejercido en contra de los testigos, durante el desarrollo del Juicio Oral (como consta en los audios), y la exposición de grabaciones de la vida privada de familiares de los presos políticos mapuche, incluyendo a menores de edad. Asimismo exigieron supervisar la actuación de estos fiscales, y en especial la vinculación del Fiscal Andrés Cruz con un hecho de tortura a un “testigo secreto” menor de edad.

jeudi 27 janvier 2011

Pequeños productores hortaliceros mapuche se movilizan por abierta discriminación del Alcalde de Temuco


Ante la amenaza del Alcalde Becker de expulsarlos del sector, los hortaliceros se han organizado para reivindicar su derecho a la actividad económica tradicional, señalan que no están en la calle por su gusto sino porque la ciudad les ha quitado el espacio que tradicionalmente ocuparon…

Fotografía de Cristina Azocar.-

FUENTE: Pu Lof Trawün

Temuco, territorio mapuche, 27 enero 2011 - A las cero horas de hoy jueves, en la Feria Pinto de Temuco, se reunieron los productores que entregan el producto hortalicero que es consumido diariamente por las familias de Temuco y la zona. Ante la amenaza del Alcalde Becker de expulsarlos del sector, los hortaliceros se han organizado para reivindicar su derecho al espacio, pues señalan que no están en la calle por su gusto sino porque la ciudad les ha quitado el espacio que tradicionalmente ocuparon.

“No debe olvidarse que fuimos los productores mapuche quienes partimos proveyendo a Temuco, a los que llegaron a este nuestro espacio ancestral”, señaló el vocero de los hortaliceros, productor del sector Trapilhue, también Werken de la Alianza Territorial Mapuche Javier Melimán, en la zona de Quepe.

Los afectados por la orden municipal y consecuente represión policial se han organizado a su vez como Alianza de Productores de Hortalizas de las comunas que circundan Temuco, desde Carahue por la Costa hasta Vilcún y Cunco por la Cordillera, incluyendo también a productores de Freire, Padre las Casas, Chol Chol, Lautaro y Galvarino. Al mismo tiempo han señalado que están iniciando las coordinaciones con los demás lamgen y peñi que luchan por sus derechos y son productores en Temucuicui, Ercilla, Tirúa, Saavedra y otros sectores del territorio mapuche.

De acuerdo a lo señalado por Melimán, el tema proyecta una antigua reivindicación que es un derecho en el vigente Convenio 169 de la OIT, respecto a las formas de economía, negocios y trato especial a la microempresa indígena. Por ello, enfatizó “extraña tanto que un gobierno que dice apoyar la empresa y la iniciativa, reprima y no abra posibilidades a los comerciantes más antiguos de la zona, que somos los mapuche” y cuestiono la señal que entrega el gobierno “quizás ellos entienden por productor y comerciante sólo a los grandes dueños de fundo, pero los que abastecemos las casas de Temuco somos nosotros, los pequeños emprendedores”, concluyen.

Por ello emplazaron al Alcalde Becker a “respetar nuestro derecho al espacio para vender, de manera ordenada en la medida en que se nos reconozca un espacio digno para no estar en la calle, terminando de una vez con la represión policial a nuestras ancianas, mujeres y jóvenes que producen y venden”, expresaron.

Según se informó, hoy a las 20.00 horas, se reunirán en la misma Feria de Temuco, los representantes de cada territorio para coordinar acciones, lugar donde se convoca a la prensa con el objeto de informar a la comunidad usuaria de las propuestas de estos proveedores.

Familiares acusan discriminación: Comunidad mapuche presenta recurso de protección contra fiscal por demora en entrega de cuerpo de familiar fallecido

La acción fue interpuesta en contra de la fiscal de Nueva Imperial, Claudia Turra, por vulnerar derechos constitucionales y el Convenio 169 de la OIT ante la excesiva demora en la entrega del cuerpo de Juan Carlos Melillán, quien falleció en un trágico incendio el 16 de enero recién pasado y aún permanece en el Servicio Médico Legal a la espera de un examen de ADN solicitada por la Fiscal.

Por Elías Paillan, Observatorio Ciudadano.

Miembros de la Asociación Indígena Boroa Filulawen de Nueva Imperial, interpusieron ayer ante la Corte de Apelaciones de Temuco un recurso de protección en contra de la fiscal de Nueva Imperial, Claudia Turra, ante la excesiva demora de la entrega del cuerpo de un integrante de la comunidad Francisco Ñancuvil del sector Vega Boroa, fallecido el 16 de enero pasado en un trágico incendio.

Ese día, cerca de las 7:30 de la mañana, Juan Carlos Melillán Melín (39) se encontraba en su casa en la comunidad encendiendo una salamandra y como la madera se encontraba húmeda, utilizó un bidón con combustible para acelerar la combustión, lo que derivó en una violenta explotación que terminó con el incendio de la vivienda y él en su interior.

A pesar de los intentos de rescate de familiares que se encontraban en la casa contigua (Marisol y Jakelin Curaqueo Mariano, Patricia Mariano Antivil, José Curaqueo Mariano y dos menores de edad), todos testigos del hecho, y a la rápida llegada de otros integrantes de la comunidad que intentaron apagar el incendio, fue imposible rescatar con vida a Carlos Melillan.

Excesiva demora en la entrega del cuerpo

Desde aquel trágico suceso, han transcurrido 10 días y aún no se entrega desde el Servicio Médico Legal el cuerpo a la familia, pese a que no hay ningún indicio de que se haya cometido delito alguno o dudas razonables sobre la identidad del fallecido. Sin embargo, la fiscal de Nueva Imperial Claudia Turra solicitó, vía Oficio N° 49/2011dirigido a Juan de la Fuente Amaya, Jefe de LACRIM de la Policía de Investigaciones, realizar un informe pericial urgente de ADN.

De acuerdo a lo señalado por Jakelin Curaqueo, hijastra del fallecido, “(la Fiscal) nos está dando plazos que van desde un año, a seis meses, hasta cuatro meses para recién entregar el cuerpo. Por eso apelamos a lo humano, tanto de la fiscal como también de las autoridades pertinentes, para que nos entreguen el cuerpo”, exclama Jakelin, sin entender todavía las razones de esta dilación innecesaria. Detalla además que enfrentan el trauma que les provocó el verlo quemarse vivo, y el que todos los días la gente de la comunidad pregunta por él. El padre del fallecido (85), por ejemplo, sufrió un ataque cardiaco y estuvo hospitalizado por la noticia de que su hijo no llegará pronto a casa para ser velado, y su esposa llora constantemente, comenta Jakelin.

De acuerdo a la joven, cuando se entrevistaron con la Fiscal Turra ésta les señaló que la decisión del examen ADN obedece “a un supuesto protocolo o criterio adoptado verbalmente entre los fiscales de la región”. Ante lo cual recurrieron a diversas autoridades de gobierno regionales, tales como el Seremi de Justicia, el Seremi de Hacienda, el Asesor del Intendente, y Juan Carlos Latorre de la PDI, a efectos de acelerar dicho procedimiento, pero sin éxito.

Jakelin acusa que en este caso en particular existiría además clara discriminación, pues “hace un año, aproximadamente, en el mismo sector de Boroa, ocurrió un accidente similar con otro familiar, don Juan Rodrigo Collipal Collipal, quien incluso quedó en peores condiciones y ella misma (la fiscal Turra) había autorizado la entrega del cuerpo a los dos días de ocurrido el fatídico hecho”. Esta situación, le fue representada a la fiscal, quien arguyó que se trataba de un caso diferente; puesto que “el señor Collipal se encontraba en estado de ebriedad y sus familiares trataron de salvarlo, cuestión que también nos pasó a nosotros, con la salvedad que nuestro hermano no se encontraba en estado de ebriedad”, narran en el recurso.

Razones para presentar el recurso judicial

En el recurso de protección presentado ayer, se argumenta también elementos culturales que estarían siendo trasgredidos por la diligencia decretada por la fiscal, al no poder la comunidad realizar la ceremonia fúnebre denominada Eluwün (entierro) y el amülpeyün (hacer viajar), impide que el am(espíritu) viaje al ka mapu (otra tierra); “de tal forma que circunda la comunidad y que puede alterar el equilibrio de todo el lof (comunidad), pues es solo cuando se realizan todas las ceremonias funerarias protocolares, cuando la comunidad asume que la persona ha fallecido, es decir, será persona ya muerta...”, narra el escrito. De modo tal que la negativa y el actuar de la Fiscalía vulnera e impide el derecho de ejercer las manifestaciones religiosas propias y no respeta la cosmovisión y cultura mapuche, las que se encuentran especialmente protegidas en el ordenamiento jurídico, se añade.

Se manifiesta a su vez que, “los hechos descritos constituyen actos tanto ilegales como arbitrarios que privan, perturban y amenazan el derecho de integridad psíquica, dignidad, libertad de culto, en contra de la persona de cada uno de los recurrentes, de nuestra comunidad indígena y sus miembros, todos derechos que se encuentran garantizados en la Constitución Política de la República en su artículo 19 (…), del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (…) y de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas…”.

En conversación con la Abogada Carolina Pinilla, patrocinante de la acción judical, señala que además existe vulneración al artículo 201 del código procesal penal, donde el requisito para la entrega del cuerpo es que se hayan tomado las muestras y de acuerdo a las gestiones que ha hecho la familia, tanto por parte de la PDI como por el Servicio Médico Legal, se informa que las muestras ya están realizadas, por tanto se cumpliría con los requisitos para que el cuerpo se le entregue el cuerpo”.

La fiscal Claudia Turra señaló que solicitó a la PDI la máxima celeridad en los exámenes de ADN al cadáver de Juan Carlos Melillán, cuyos resultados podría estar disponible dentro de un mes, según informó a un diario regional.

mercredi 26 janvier 2011

Análisis de la ley 18.314 (ref.20.467) a los menores Mapuche; por Lorenzo Morales

Por Lorenzo Morales, abogado defensor de Menores Mapuche ver y leer mas en Mapuexpress

http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=4680

A fondo con el último menor detenido por Ley Antiterrorista en Chol Chol

L.M.C. lleva cerca de diez meses en prisión preventiva por la Ley Antiterrorista por supuestos crímenes cometidos cuando era menor de edad. Una Misión de Observación lo entrevistó para conocer su estado actual y esto fue lo que relató.

Fuente http://www.elvacanudo.cl/admin/render/noticia/24849

Por Diego Gerter, 26 de enero de 2010

A principios de mes les informamos sobre de la situación en que se encontraban tres jóvenes mapuches, detenidos por la Ley Antiterrorista cuando eran menores de edad, y que llevaban entre 5 meses y un año en prisión preventiva en el Centro de Internación Provisoria del Sename de Chol Chol, Región de la Araucanía. (Ver nota relacionada)

En este periodo, dos de los tres jóvenes, J.Ñ.P. y C.C.M., obtuvieron su libertad con arresto domiciliario total. Sin embargo, L.M.C., permanece recluido en este centro en internación provisoria, a la espera de su audiencia hoy miércoles 26 de enero, en la que su abogado espera corra la misma suerte de los otros dos jóvenes.

En aquella oportunidad, adelantamos además que una Misión de Observación se entrevistaría con los menores con el objetivo acercar a instituciones de derechos humanos, de la niñez, de pueblos indígenas y a organizaciones sociales, a interiorizarse de la situación de los tres jóvenes mapuche imputados por la Ley Antiterrorista en internación provisoria en dicho centro.

La Misión de Observación fue coordinada por Fundación ANIDE y la RED de ONGs de Infancia y Juventud – Chile. En ella participaron, además de las organizaciones coordinadoras, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano, ONG Liberar, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS, Corporación Opción, ONG La Casona de los Jóvenes, Comisión Nacional de Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal de Chile, Comité Obispo Oscar Romero, Agrupación de ex Presos Políticos de La Araucanía, Comisión Ética Contra la Tortura y Centro de Estudios Simón Bolívar.

En la entrevista que el joven mapuche L.M C. sostuvo con la misión, éste denunció haber sido detenido el 13 de abril de 2010 por personal de civil no identificado, mientras se encontraba en clases en el Liceo de Pailahueque, donde cursaba el tercer año medio, siendo trasladado a un vehículo blanco sin identificación, donde fue brutalmente golpeado e insultado.

Las instituciones participantes de la Misión calificaron de tortura el trato vejatorio utilizado por las instituciones policiales y descrito por L.M.C., quienes además de golpearlo, lo insultaron en forma permanente, y le interrogaron de forma irregular sobre el paradero de otros comuneros mapuche supuestamente involucrados en el denominado “conflicto mapuche”.

Las instituciones participantes manifestaron además su preocupación por el lento desarrollo del proceso que se imputa a L.M.C. Al respecto, cabe señalar que la etapa de investigación fue cerrada hace ya cuatro meses, en septiembre de 2010.

L.M.C. manifestó también su impotencia por la injusticia de la cual está siendo objeto, al aplicársele la Ley Antiterrorista, razón por la cual él permanece privado de libertad, y sujeto a procedimientos que no respetan el debido proceso, siendo la única prueba en su contra el testimonio de un testigo protegido.

Debido a esta situación, se constató una sintomatología depresiva, con ánimo variable, irritabilidad, fragilidad emocional y perplejidad. A pesar de ello, L.M.C. manifiesta su voluntad de seguir resistiendo con un alto costo psicológico, de acuerdo al diagnóstico de los especialistas del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS, que formaron parte de la misión.

Otro aspecto relevante es la preocupación extrema por su familia, radicada en la Comunidad Cacique José Guiñón, comuna de Ercilla, compuesta por su madre y siete hermanos. Por un lado, le preocupa la situación económica de su familia, ya que su madre trabajó formalmente hasta el terremoto de febrero de 2010, y dado que él, antes de su detención, era un aporte económico fundamental para el sustento familiar. Por otro, el distanciamiento de sus seres queridos y su comunidad, al sostener sólo una visita al mes con ellos, ha menoscabado su situación emocional, pese a la entereza mostrada al sostener la entrevista.

Asimismo, L.M.C. expresó su preocupación por la existencia de otros niños y niñas mapuches en su comunidad y otras comunidades de la zona que hoy sienten un justificado temor a ser detenidos, golpeados, ser víctimas de interrogatorios irregulares y a vivir experiencias traumáticas similares a las vividas por él.

En este contexto, los asistentes a la Misión de Observación manifiestó su preocupación por la persistencia del Ministerio Público en invocar la Ley Antiterrorista a menores de edad, pese a que la ley señalada en su artículo 3 indica que ésta no puede ser aplicada en estos casos.

Por ello, si bien la Misión declara su satisfacción por la modificación de las medidas cautelares en los casos de J.Ñ.P. y C.C.M., lo que les permitió obtener la libertad pero con arresto domiciliario total, se mantendrá en estado de alerta mientras persista la internación provisoria para L.M.C. y mientras estos jóvenes sigan siendo imputados por la Ley Antiterrorista, como es la realidad que deberán enfrentar cuando se realice su juicio oral, dada la insistencia del Ministerio Público antes aludida.

Finalmente, la Misión realizó un llamado a los legisladores para que logren los acuerdos necesarios que permita hacer nuevas modificaciones a la Ley Antiterrorista, que se corrijan las deficiencias que subsisten en éstas, haciendo específica referencia a que dicha normativa especial no se puede aplicar a menores de edad en ninguna etapa del proceso, esto es, durante la investigación, internación provisoria y el juicio mismo.

Asimismo hicieron un emplazamiento al ejecutivo, para que cumpla a cabalidad los acuerdos que fueron establecidos tras la reciente huelga de hambre de comuneros mapuche, en la que también participaron estos jóvenes.

Autoridades y dirigentes Mapuche del WallMapu Fvta Trawun exigen a Empresa Auditora No otorgar Certificación FSC a Forestal Mininco (CMPC)


“Observando el estándar de certificación FSC, nos damos cuenta claramente que esta empresa está lejos de cumplir mínimamente con lo estipulado en el. No vemos con buenos ojos que esta empresa pretenda cambiar su imagen de un día para otro, después de décadas de atropellos, impactos profundos en la vida y en el entorno de las comunidades Mapuche, y que hoy pretenda enarbolar una imagen de manejo responsable cuando el mercado se lo exige, nos parece inaceptable.”

Carta a comisión certificadora (FSC) de empresas forestales en Chile y su relación con comunidades de la nación Mapuche.

Sres.

Empresa Auditora Smartwood

De la FSC

Presente:


De nuestra consideración;

El Wallmapu Fuxa Trawun es una instancia tradicional autónoma y auto convocada integrada por autoridades ancestrales de las distintas comunidades indígenas, dirigentes de organizaciones, jóvenes, hogares estudiantiles de los distintos puntos de nuestro pueblo nación Mapuche, que luchamos por la reconstrucción de nuestro territorio y avanzar en la reconstrucción de nuestra autonomía como Pueblo nación Mapuche.

Por tanto, en relación a la certificación de madera de las empresas Forestal Mininco y Arauco, manifestamos lo siguiente.

El pueblo mapuche ha existido milenariamente en este territorio al sur del continente en los actuales países Chile y Argentina. Aquí nos hemos desarrollado libremente desde tiempos inmemoriales y en armonía con las diversas formas de vida y en plenitud con la biodiversidad y su entorno junto con nuestra cosmovisión y Nuestro Af y Norg-mogen que regula, equilibra y da continuidad a la relación plena entre todas las formas naturales de vida, entre las cuales está el ser humano.

Para continuar, en la década del 70 entra en vigencia el mecanismo de fomento a la forestación que permite elevar de manera significativa la tasa de plantación de especies foráneas. Es aquí cuando el estado chileno comienza los planes de forestar nuestros territorios con el objetivo de invadir, destruir y descubrir la riqueza orgánica de nuestras tierras y obtener millonarias ganancias económicas para empresas de unos pocos adinerados, colonos traídos por el estado chileno desde Europa y transnacionales.

En el marco de la defensa de nuestro territorio que ha sido invadido por el estado chileno a través de colonos europeos y empresas nacionales e internacionales como son las empresas forestales citadas con fuerte apoyo del mercado y de la economía internacional y en la disyuntiva del proceso de certificación y de la auditoria que se implementa es que venimos ha solicitar ha esta comisión que considere en plenitud nuestros documentos y testimonios para que se rechace la certificación de madera para su comercialización a cualquier nivel de mercado.

Por ello esperamos que vuestro informe concluya que dichas empresas forestales Mininco y Arauco que operan en nuestros territorios han hecho un profundo daño cultural, ambiental, hídrico, social y económico para lograr la producción que ofrecen al mundo.

A raíz de este rubro forestal existe una pérdida incalculable de la cultura, cosmovisión, medio ambiente, materia orgánica productiva del suelo y de la energía hídrica del espíritu del agua, las plantas medicinales, los menocos (nacimientos de agua) y lugares sagrados como son los cementerios y nguillatuwes (lugares de ceremonia) patrimonios comunitarios colectivos de nuestro pueblo.

Las empresas forestales en complicidad con el estado chileno han cometido el delito de genocidio al medio ambiente (ixrofilmongen) al igual como lo han hechos con nuestro pueblo nación mapuche. Estas empresas no se han acercado a las familias y los representantes legítimos territoriales mapuche para definir alguna estrategia de solución a los problemas generados por sus operaciones forestales a gran escala.

En la actualidad la empresa ha definido que 293 comunidades mapuche tienen relación con sus operaciones forestales, ya sea a través de colindancia o que se encuentran a una distancia hasta 3 kms.

Esta cifra es evidentemente incorrecta.

Primero porque fue concebida unilateralmente, sin participación de dirigentes representativos.

Segundo, los impactos que generan las plantaciones forestales y el tránsito de los camiones forestales inciden mucho más allá de 3 kms. En este caso la empresa ha reducido en gran medida los alcances de sus informes sobre los impactos de sus operaciones forestales en el territorio de las comunidades mapuche.

Pues bien la llamada “política de buena vecindad” que ha llevado a cabo la empresa forestal Mininco en los territorios mapuche se ha convertido en una herramienta de engaño y clientelismo. Como dirigentes hemos detectado que las medidas que se han generado bajo este programa, en ningún caso han generado cambios en la situación de pobreza económica, de salud y destrucción ambiental.

Además podemos comentar que EN DERECHO: El actuar de las empresas vulnera los principios y el derecho consuetudinario del pueblo mapuche, violando los derechos establecidos en la legislación nacional, los convenios y tratados internacionales (además del convenio 169 de OIT recientemente aprobado por el estado chileno) y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas aprobada en 2007.


Por tanto, en consideraron de los criterios establecidos como “Estandar para la certificación FSC de plantaciones Forestales de operaciones a gran Gran escala” señalamos los siguiente:


1.- La empresa jamás se ha acercado a los representantes territoriales para definir alguna estrategia de solución a los problemas generados por sus operaciones forestales a gran escala en la 293 comunidades mapuche que tienen relación.

2.-En el tránsito de los camiones forestales inciden mucho más allá de 3 km. En este caso la empresa ha reducido en gran medida los alcances de los informes sobre impactos de sus operaciones forestales en el territorio de las comunidades mapuche y además ello no consideran la gran contaminación acústica y de levantamiento de polvo que producen durante la 24 hrs.

3.- La llamada “política de buena vecindad” que ha llevado a cabo la empresa forestal Mininco en los territorios mapuche se ha convertido en una herramienta de engaño y clientelismo. Como dirigentes hemos detectado que las medidas que se han generado bajo este programa, en ningún caso han generado cambios en la situación de pobreza económica y degradación ambiental que se han generado por la actividad forestal; y al contrario las comunidades mapuche que se encuentran comprometidas en este programa, no quieren denunciar las prácticas insustentables de la empresa por miedo a perder los pocos beneficios económicos que esta les ofrece ya que viven rodeadas por forestales no tienen ninguna otra alternativa de trabajo y apoyo, es decir el estado es suplantado por empresas forestales.

4.- La empresa forestal Mininco no representa ningún desarrollo para los habitantes del territorio Mapuche. Primero esta empresa no tributa en las comunas en las cuales tienen gran parte de su patrimonio. Esto quiere decir que el territorio ocupado por sus plantaciones se encuentra clausurado para generar actividades económicas locales y que generen desarrollo local. Las actividades forestales son mecanizadas por lo que el empleo local es casi nulo, por otra parte las cuadrillas de trabajadores que cumplen labores forestales, provienen casi todos de otras ciudades e incluso otras regiones. Además el trabajo es extremadamente estacional y aislado en el tiempo.

5.- La empresa forestal Mininco es una de las mayores responsables de nuestra tragedia del agua. Para el pueblo Mapuche el agua tiene un valor cultural incalculable, es el gran sostenedor de la vida en nuestro territorio y su ausencia para nuestra cultura es significado de la pérdida cultural en términos de salud, conocimiento ancestral, espiritual, económico y social.

Sabemos que la empresa ha mostrado estudios científicos con el objeto de eximirse de su responsabilidad en la pérdida del agua. Sin embargo los que habitamos diariamente nuestro territorio tenemos otra opinión que es apoyada con el conocimiento tradicional mapuche que es atesorado a través de nuestros Kimche, de nuestros sabios, y que además es reconocido por el derecho internacional, sostiene que las plantaciones forestales a gran escala que esta y otras empresas mantienen en nuestro territorio, son los mayores responsables en la pérdida de esta energía natural vital. Para que hablar de las medicinas naturales usadas desde tiempos inmemoriales por nuestro pueblo, estas han sido asesinadas por estas empresas del dinero.

6.- El sistema de cosecha a tala rasa en grandes superficies (incluso más de 500 hectareas) que esta empresa aplica a sus plantaciones, genera gran cantidad de impactos ambientales en nuestro territorio.

a) Generan erosión en las laderas que son cosechadas y que se mantienen desnudas por varios inviernos.

b) Se pierden grandes cantidades de suelo productivo por la erosión hídrica en los inviernos.

c) Nuestros esteros son contaminados por las grandes cantidades de tóxicos provenientes de las superficies cosechadas erosionadas, además de los químicos que generan las fumigaciones de las nuevas plantaciones. Las fumigaciones son realizadas a mano y vía aérea.

d) La empresa no respeta los caudales de los ríos que en época de verano disminuyen al máximo su caudal y en algunos casos se secan producto de que la empresa planta hasta las orillas de los esteros y en las cosechas dejan desnudas las superficies que debía servir de protección de estos esteros.

e) Nuestros territorios en invierno sufren inundaciones por el colapso de los esteros y ríos; esto es debido a las tala rasa y a las plantaciones que no permiten la infiltración del agua de lluvia a las napas subterráneas,

f) Las napas subterráneas que no recibieron el agua suficiente en invierno, en verano no liberan cantidades suficientes a nuestros esteros, lo que genera sequía.

g) Las grandes superficies de plantaciones forestales de planta exótica causan una gran pérdida de especies nativas de flora y de fauna que son parte sustancial de nuestra cultura, en cuanto a la medicina tradicional mapuche como plantas medicinales, alimentación tradicional, en términos de conocimiento tradicional y el simple hecho de convivencia con estas especies.

7.- Los medio de transporte de la forestal, en este sentido los camiones de las empresas que le prestan servicios a Mininco no se encuentran identificados, por lo que se hace imposible hacer las denuncias correspondientes.

Un punto importante es también el mal estado en que quedan los caminos públicos por el tránsito de camiones forestales de gran tonelaje. Mininco hace uso y abuso de los caminos públicos sin realizar actividades de mantención y reparación de estos después que terminan las cosechas, por lo que nuestras comunidades quedan con los caminos en muy mal estado para transitar. Es como si las carreteras fueran hechas para las empresas forestales.

8.- La Forestal Mininco en muchos caso hace uso de predio indebido y que de cualquier forma le da sustento jurídico y en esa condiciones tiene mucho predio de tierras en forma fraudulenta. Son esas las situaciones que generan los conflictos permanentes con las comunidades, los reciente casos conocidos como el fundo Poluco Pidenco en que las comunidades de Tricauco y Temu cuicuy mantienen serias disputas territoriales que le han causado graves acusaciones judiciales. Frente a este caso la forestal Mininco y otras han solicitado la aplicación de la ley antiterrorista que hasta hoy mantiene a muchos de nuestros hermanos presos en cárceles chilenas.

También ha significado el terrorismo de estado pues muchas comunidades han sido invadidas mediante allanamientos lo que ha significado que las casas son requisadas, las familias aterrorizadas sin respetar a ancianos, niños, mujeres, autoridades tradicionales. En algunos casos la policía llega a las escuelas a interrogar agresivamente a niños en edad escolar, lo que ha producido un sinfín de problemas de salud psicológica que hasta hoy no se curan.

También se ha generado conflicto con Mininco en la comunidad de Requen Lemun. Allí fue asesinado nuestro hermano Alex Lemun el 12 de noviembre del año 2002, el que ha quedado en la impunidad. Otros asesinatos han ocurrido en predios forestales que hoy intentan certificarse para vender mas.

Sería largo de enumerar los cientos de hermanos mapuche procesados judicialmente y otros ya condenados por ley antiterrorista.

Otro caso reciente en la comunidad Relun del cerro Charocura donde la Sra Juana Fierro Araneda junto a sus 6 hermanos herederos todos, padre de familia se les ha usurpado 79 hectáreas y hoy se encuentran amenazados de ser desalojados judicialmente.

9.- La empresa no se encuentra implementando ninguna consulta a las comunidades con el objeto de cumplir con las medidas estipuladas en el Convenio 169 de la OIT.

10.- Mininco a pesar de saber que posee superficies que invade Títulos de Merced de distintas comunidades mapuche no tiene la intención y se resiste a la devolución de estas tierras.

11.- La gran cantidad de superficie que posee esta empresa (739.000 ha) ha traído consigo el aislamiento de las comunidades mapuche que no le vendieron sus tierras. Muchas de nuestras comunidades hoy se encuentran aisladas y rodeadas de un océano de plantaciones forestales. Esto trae consigo un proceso de emigración importante de la población más joven hacia los centros poblados pues en sus lugares de origen tienen escasas posibilidades de educación, trabajo y desarrollo personal. Este es un problema que causa consecuencias de transmisión y mantenimiento del idioma, conocimientos y normas de comportamientos tradicionales. En este sentido la empresa nunca ha hecho esfuerzos reales de enfrentar este aislamiento y avasallamiento cultural.

La cantidad de tierras que poseen las forestales sobrepasa con creces el actual territorio de nuestra nación Mapuche con todas sus comunidades.


12.- Observando el estándar de certificación FSC, nos damos cuenta claramente que esta empresa está lejos de cumplir mínimamente con lo estipulado en el. No vemos con buenos ojos que esta empresa pretenda cambiar su imagen de un día para otro, después de décadas de atropellos, impactos profundos en la vida y en el entorno de las comunidades Mapuche, y que hoy pretenda enarbolar una imagen de manejo responsable cuando el mercado se lo exige, nos parece inaceptable.

Además debemos considerar que todas la forestales producen el mismo daño en nuestro Territorio.

Hacemos esta reflexión hacia Uds. con el objetivo de desenmascarar a estas empresas que causan un daño irremediable en nuestro territorio, a nuestra cultura y a todas las formas de vida que nuestro pueblo ha defendido milenariamente.

Estas empresas merecen ser demandadas judicialmente nacional e internacionalmente por etnocidio cultural y coccidio medioambiental hacia el pueblo Mapuche y Chileno.

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Atte. Autoridades y dirigentes del Wallmapu Fuxa Trawun.

Antonio Cadin: Werkén Comunidad Juan Paillalef

José Miguel Malo: Lonko Comunidad Budi

Juana Calfunao: Lonko Comunidad Juan Paillalef

Ricardo Nahuelpi: Comunidad Pantano

David Huenumilla: Comunidad Loncoche

Domingo Marileo: Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda

Adolfo Millabur: Identidad Lafkenche

Ema Huentemilla: Comunidad Loncoche

Jimena Painequeo: Comunidad Puerto Saavedra

Erica Paillán: Comunidad Loncoche

José Santo Millao: Asociación Nacional Mapuche Ad- Mapu

Mario Mila: Comunal Loncoche

Francisca Linconao Huilcapan: Machi

Jaime Mariqueo: Juan Mariqueo Lof

Ernesto Linkopán: Lonko Felipe Linkopán Lof

Miguel Catriláf: Comunidad Panguipulli

Manuel Painequeo: Alcalde de Lumaco

Cristina Moya Huentemilla: Comunidad Loncoche

Manuel Llancaleo Caniuman: Comunidad Puerto Saavedra

Eduardo Cayupi: Unión de comunidades de Lumaco

Leonardo Calfuleo: Lonko de la región lago Budi

Ronier Pailahueque : Comunal Victoria

Sofía Painequeo: Comunidad Lumaco

Humberto Paillaleo: Comunal Purén

Arturo Coña: Agrupaciones Mapuche de Santiago.

Luís Aillapan: Lonko comunidad Juan Calfukura del LafkenMapu

Antonio Vidal Painen: Werken Malalwe lof.

Leoncio Llancao Comunidad: Victorio Millan - Lumaco

Blanca Flor Colil Lepuman - Comunidad: José Cayuman Calcoy Norte

Hector Manuel Muñoz Guzman: Presidente. comunidad Relun Lafquenche. - Lumaco

Wallmapu, Temuko - Enero de 2011.

Wallmapu Fuxa Trawun

http://futatrawun.blogspot.com

futatrawun@gmail.com

00 56 45 213328

00 56 9 86373842

Reacción Comité defensa del Mar de Mehuin ante acuerdo Universidad Austral de Valdivia y Empresa Forestal Arauco – Celco (Angelini)


¿ACUERDO O CONVENIO DE COLABORACION Y ASISTENCIA RECIPROCA?/ ....“Sin embargo el publicitado acuerdo entre la uach y celco debiera abrir un debate publico sobre la comunicación y relación universidad y comunidad regional, el aislamiento y poca relación de los científicos y la población, en el sentido que la institución educadora debería relacionarse y firmar acuerdos con la sociedad civil en vías de buscar el mentado desarrollo”.

http://movimientoporladefensadelmar.wordpress.com

COMUNICADO PUBLICO



¿ACUERDO O CONVENIO DE COLABORACION Y ASISTENCIA RECIPROCA?La firma estampada entre la UACH y la conocida CELCO ARAUCO nos ha trasladado en el tiempo a otro escenario de acuerdos y colaboración entre los pescadores federados de Mehuin, ex defensores del mar y la misma empresa del conglomerado de Angelini.

La comunidad nacional fue testigo de los más graves episodios de violencia en la comunidad costera de Mehuin en que familiares, amigos, compañeros de trabajo e incluso niños en los colegios se enemistaron peligrosamente a tal punto de quedar estampada más que una firma de colaboración, el quiebre social jamás visto en otras parte del país, esto nada mas por causa del pago de coimas por el silencio y retiro de las filas de oposición al proyecto del ducto de descarga de desechos tóxicos en el mar de Mehuin.

Esta vez tratándose de la colaboración entre una institución universitaria y la misma empresa responsable del desastre social de Mehuin, se deben de tratar los llamados acuerdos o convenios de una manera más siútica y con tintes de mucha seriedad, pues se da en el marco de contribuir al desarrollo regional y en especial de las comunidades en las cuales se encuentran insertos, cuestión que debería lograr la simpatía por lo menos de la comunidad Valdiviana.

No podemos ocultar que nos invade la preocupación por tales acuerdos. En efecto, se trataría de dar vuelta la hoja a los desastres ambientales y sociales que irresponsablemente a desconocido celco Arauco, ahora con respaldos de los propia de la casa de estudios, sentando ahora un nuevo conflicto al interior de la uach, entre lo pro celco y los anti celco, y particularmente porque se sabe de la vieja inclinación hacia la forestal del consejo académico , cuestión que sin duda acarreará presiones a quienes se opongan al acuerdo y todo lo relacionado a las líneas de acción del mismo.

Tal como lo indican prestigiosos académicos sobre la vocación universitaria transgredida por la firma con la cuestionada empresa, vocación del cumplimiento de “las tareas que le son propias con un alto grado de calidad, bondad y rectitud superiores”, que al rendirse inapropiada y astutamente a las artimañas de celco Arauco, delincuentes de cuello y corbata, delincuentes caraduras, terminaría peligrosamente en una especie de corrupción moral ante la comunidad en general.

La historia reciente de violencia en la comunidad costera de mehuin es sin duda la consecuencia de los tratos que se hacen con celco Arauco. Por supuesto que éste hecho marcó una nueva forma de relación empresa y comunidad, en donde opera la impunidad, la complacencia de las autoridades de gobierno, el descaro de la fiscalia local, la cooptación de autoridades ambientales y por último la compra masiva de conciencias y voluntades de habitantes que se verán afectados significativamente en su forma de vida.

Sin embargo el publicitado acuerdo entre la uach y celco debiera abrir un debate publico sobre la comunicación y relación universidad y comunidad regional, el aislamiento y poca relación de los científicos y la población, en el sentido que la institución educadora debería relacionarse y firmar acuerdos con la sociedad civil en vías de buscar el mentado desarrollo.

Por lo anterior, prepararemos junto a nuestros colaboradores una solicitud de investigación científica al consejo académico de la universidad austral de chile, de los hechos resultantes del “convenio de colaboración y asistencia reciproca” entre los sindicatos de pescadores de mehuin y la empresa celulosa Arauco y constitución s.a lo que denominaremos “violencia introducida en la población costera de mehuin, comuna de mariquina, secuelas y responsabilidad social empresarial”.

Mientras tanto, nos coordinaremos con otras organizaciones ciudadanas de la región de los ríos y de la Araucanía, con la finalidad de juntar peso a peso, y que posiblemente saldremos a las calles, nos instalaremos en algunas plazuelas solicitando monedas para pagar los estudios a solicitar a la prestigiosa Universidad Austral de Chile.

COMITÉ DEFENSA DEL MAR

Mehuin 25 de enero de 2011

ACUERDO O CONVENIO DE COLABORACION Y ASISTENCIA RECIPROCA CELCO-UACH

http://movimientoporladefensadelmar.wordpress.com/2011/01/25/acuerdo-o-convenio-de-colaboracion-y-asistencia-reciproca-celco-uach/