samedi 31 janvier 2015

Empresarios y comunidades: Política medioambiental es confusa

Un día después de que Endesa anunciara su decisión de detener el desarrollo del proyecto termoeléctrico Punta Alcalde y que confirmara que el megaproyecto energético HidroAysén no está en su portafolio de trabajos, comienzan los análisis ante una decisión considerada como “casi evidente” por parte de especialistas y dirigentes sociales.
Por Paula Correa - Fuente: radio.uchile.cl 

La citada “incertidumbre” fue el argumento que utilizó Endesa para justificar detención del desarrollo de los proyectos Punta Alcalde e HidroAysén.

La firma, controlada por Enersis, sostuvo que no hay certeza sobre la recuperabilidad de la inversión y que ésta depende de decisiones judiciales y de materias de la agenda energética “que hoy no están en condiciones de prever”, reiterando con esto sus críticas a las indefiniciones del gobierno.

El ministro de Energía, Máximo Pacheco, se refirió a la detención de estos proyectos y adelantó que se espera reducir el precio de la energía en un 25 por ciento para 2021.

Además, afirmó que ha aumentado la construcción de centrales en este periodo: “Cuando asumimos el Gobierno, en Chile habían 28 centrales eléctricas en construcción (…) hoy día hay 45 centrales… hemos comenzado el despertar en el sector”, indicó a la prensa.

Con esto el Ministro reforzó la política esbozada por la Presidenta Michelle Bachelet de potenciar la hidroelectricidad. Sin embargo, expertos y ambientalistas afirman que no hay una decisión acertada de política eléctrica porque se excluyen una de las principales ventajas comparativas del país: las Energías Renovables No Convencionales (ENERC).

Para el Director ejecutivo de la organización Energía Inteligente, Miguel Márquez, ex asesor en la materia del ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, la decisión de Endesa era “más que obvia”, considerando los obstáculos que fueron sufriendo ambas iniciativas en el tiempo. El especialista añadió que, durante todos estos años, los distintos gobiernos han desarrollado una política confusa.

Yo tengo la impresión de que la política de Estado no solamente fue zigzagueante sino que durante décadas se mostró favorable a cualquier tipo de proyecto, sin importar las consecuencias, incluso si en algunos casos se trataba de hipotecar el futuro”. También agregó que el Gobierno actual “no está haciendo más que corroborar decisiones que ya estaban tomadas, en el caso de HidroAysén y leerle la cartilla a un proyecto que no tenía ninguna viabilidad, y que en el caso de Punta Alcalde era algo similar”.

Vale señalar que tanto el caso de HidroAysén como Punta Alcalde tuvieron una larguísima tramitación, la que presentó irregularidades que desataron investigaciones y llegaron incluso a la Justicia.

Para Lucio Cuenca, Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), los dos proyectos tienen en común la sostenida oposición de las comunidades locales, un elemento que, afirmó, debe incidir en las decisiones políticas del gobierno y las empresas.

Lo que, índico, es uno de los principales puntos que requieren un trabajo a nivel institucional; los plebiscitos, las consultas ciudadanas y a los pueblos indígenas.

Sobre esto se refirió el presidente de la Comisión de Medioambiente de la Cámara Baja, el diputado socialista Daniel Melo, quien reconoció que se requieren cambios de orden institucional.

Chile cuenta con una institucionalidad ambiental relativamente nueva. Uno podría decir que esta institucionalidad, sin duda, debe ser perfeccionada, debe ser mejorada. En eso creo que tenemos pendiente una reforma que consolide el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) sobre todo en materia de participación ciudadana y Consulta Indígena. Por este tipo de conflictos muchos casos han ido a los tribunales y, por ende, tenemos un desafío allí como país de perfeccionar la normativa”, afirmó.

El diputado admitió que están a la espera de la reforma del Sistema de Evaluación Ambiental y también a la de la Comisión Asesora en la materia, la que esperan de forme este año para poder avanzar en este tema durante esta administración.




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Comunidades Mapuche presentan Recursos de Protección y Queja contra Ministerio de Desarrollo Social por arbitrariedades en consulta indígena


Gentileza de Daniel Gimenez

Tres asociaciones mapuche de la Región Metropolitana presentaron un Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para detener la finalización de la consulta indígena que prepara el Ministerio de Desarrollo Social con el objeto de aprobar el articulado de la Ley del nuevo Ministerio de Asuntos Indígenas.

Las asociaciones que presentaron el recurso -Asociación Indígena Kallfulican, Asociación Indígena Llug-Kym Hue-Harria y Asociación Mapuche Kiñe Pu Liwen, todas con personalidad jurídica de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena- hicieron historia al convertirse en las primeras comunidades en presentar una acción judicial contra el Estado de Chile para garantizar el efectivo cumplimiento del Convenio 169 de la OIT en la realización de consultas indígenas.

En el escrito presentado, las asociaciones alegan que el Ministerio de Desarrollo Social pretende que la consulta en la Región Metropolitana se dé por finalizada el día 26 de enero. Esta fecha habría sido fijada por la autoridad en atención a que, según ha declarado el funcionario responsable de coordinarla, Juan Lautaro Loncón Antileo, transcurrieron seis meses desde su inicio, a pesar de que las comunidades presentaron una solicitud de prórroga el día 20 de diciembre que, hasta la fecha, no recibe respuesta.

El Recurso argumenta además que la fecha fijada por el Ministerio de Desarrollo Social no procede y que, con esto, estaría vulnerando preceptos del Convenio 169 de la OIT y del DS N° 66 de dicho Ministerio que regula el proceso de las consultas indígenas. En efecto, el artículo 16 del reglamento establece que la consulta debe desarrollarse en un proceso de 5 fases o etapas:

1. Planificación del proceso de consulta;

2. Entrega de información y difusión del proceso;

3. Deliberación interna de los Pueblos Indígenas;

4. DIálogo;

5. Sistematización, comunicación de resultados y término del proceso de consulta.

Según el reglamento, cada fase tiene una duración mínima de 25 días hábiles, y, en conjunto, las cinco suman al menos 6 meses. Sin embargo, el escrito del Recurso argumenta que publicaciones en La Tercera de los días 31 de julio y 11 de agosto llamaron a iniciar la consulta el día 3 de septiembre. Esto implicaría que la fecha de finalización debiera ser, a lo menos, el día 3 de marzo.

No obstante -continúa el Recurso- la entrega de información y difusión del proceso se inició recién en el mes de noviembre, lo que supondría retrasar todas las restantes fases, las que, por esto, debieran terminar en el mes de mayo.

Además el inciso 2 del artículo 9 del Reglamento del DS N° 66 establece que la consulta indígena debe realizarse presuponiendo la buena fe de ambas partes. Eso implica que debe entregárseles a las comunidades indígenas todos los medios y condiciones para intervenir en plano de igualdad ante su contraparte. Y en atención a esto, las comunidades responsables del Recurso solicitaron al Ministerio de Desarrollo Social la contratación de un asesor especialista en materias jurídicas que orientara la formulación de una contrapropuesta de articulado para la mentada Ley del Ministerio de Asuntos Indígenas. No obstante, a la fecha, no se ha dado ninguna respuesta a dicha solicitud.

Hasta el momento, la única respuesta recibida por las comunidades ha sido verbal y confirma la voluntad del gobierno de cerrar la consulta en este mes de enero. Por ello convocó a todas las comunidades indígenas a un encuentro nacional a celebrarse los días 30 y 31 de enero en la ciudad de Los Andes, sin oportunidad de que su propuesta pase por las fases de deliberación y discusión interna.

Ante esta situación, el documento del Recurso denuncia que el comportamiento del gobierno es arbitrario y contrario a la normativa sobre consultas indígenas.

Esta acción judicial se suma a otras acciones de rechazo a la forma en que el Ministerio de Desarrollo Social está conduciendo esta consulta. El sábado 23 de enero las comunidades indígenas de la Región de Arica y Parinacota hicieron entrega de una carta a la Presidencia de la República manifestando similares denuncias respecto a irregularidades en el proceso. La carta puede consultarse en este enlace. De igual forma, el concejal de Isla de Pascua, Mai Teao, denunció el martes pasado que el Ministerio de Desarrollo Social designó a los representates de su comunidad "a puertas cerradas", sin la participación de la comunidad.

El Recurso de Protección presentado por las comunidades de Santiago (N° Ing 4978 - 2015), que se adjunta, fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago debido a que, según el fallo, la demanda excede las materias que pueden reclamarse a través de este tipo de recursos. A pesar de ello, Marcela Lincovil, presidenta de la Asociación Indígena Kallfulikan, indicó que las tres asociaciones mapuche seguirían luchando para detener la finalización de la consulta. Para ello, se encuentran preparando un Recurso de Queja que presentarán a la Corte Suprema. Y si es necesario, Lincovil declaró que llevarán su demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para más información, contactar a

Marcela Lincovil
- Teléfono: 09 - 9827 7099

Samuel Melinao
- Teléfono: 09 - 9882 9744



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jeudi 29 janvier 2015

Millonaria inversión del SAG para controlar a la Avispa taladradora, favoreciendo al irrentable modelo forestal

La sociedad civil es cada vez más consciente de los destructivos efectos que el modelo forestal ha ocasionado en los territorios donde se ha impuesto, impactos que van desde escases de agua, erosión e incendios que ocasionan pobreza en las comunidades colindantes a las plantaciones. Frente a esto la institucionalidad chilena, como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), se han encargado de proteger y encubrir  las malas prácticas de las empresas forestales. En este contexto, desde hace algunos años la avispa taladradora que ataca al pino, ha expuesto el gran interés de sectores políticos y de funcionarios, por resguardar a forestales que no dejan ganancias al país.

Por Paola Henríquez Lagos - Mapuexpress 
El Servicio agrícola Ganadero (SAG) dio a conocer que liberará a 300 ejemplares de un insecto que atacará a la Sirex Noctilio conocida como avispa taladradora. Esta experiencia comenzará a ser probada en la comuna de los Ángeles de la región del Biobío, pero es necesario aclarar que en su ecosistema natural la avispa no presenta amenaza alguna para el bosque nativo, sino que las condiciones de vida artificial de los pinos es la responsable de su proliferación. Aun así, el costo del control corre por manos del Estado, es decir, todos los contribuyentes chilenos aportarán para que las empresas forestales sigan funcionando.

Maritza Schafer, coordinadora Forestal del SAG Araucanía, comentó a Radio Bio-Bio que “durante esta temporada estival estamos reforzando nuestras actividades de control biológico a través de la liberación de 300 ejemplares de ibalia leucospoide que es un controlador de la avispa sirex noxtilio, que ataca directamente a las larvas de primeros estadios”.

El fenómeno de la avispa taladradora ya traía de cabeza al organismo de Estado desde el año 2001 cuando se detectó, y rápidamente se expandió desde el Maule hasta Aysén, pero la investigación para su control biológico comenzó a desarrollarse en el año 2002, entregando resultados tres años después. Entonces se plantearon propuestas para las formas de control biológico, con varios tipos de especies que podrían hacer frente a la avispa taladradora. Mientras todo esto ocurría, funcionarios estatales y empresarios intentaron por todos los métodos mantener en bajo perfil los nocivos efectos de este insecto sobre las plantaciones forestales.

Para el año 2012 era tan evidente su presencia que declararon en cuarentena zonas del Biobío, la Araucanía y Los lagos. Sin embargo en ese entonces Maritza Schafer, tuvo una postura pública de negación a lo que estaba ocurriendo. Por correo interno en una consulta que se realizó el año 2012 contestó, “si tu consulta se refiere a plagas cuarentenarias te informo que no hay registro a la fecha”. La tajante respuesta pudo deberse por no causar alerta a alguna certificación internacional de las forestales.

El SAG que hoy canta victoria públicamente por su plan de control biológico, antes ya había probado con otras especies para atacar a la avispa taladradora. En la región de La Araucanía para el año 2013 funcionarios de este servicio estatal realizaron la incubación de deladenus siricidicola en 2.000 árboles, ya que este insecto afectaría el sistema reproductor de la hembra, causando infertilidad. También han impulsado el uso del parasito Megarhyssa nortoni que se come a las larvas de la avispa. Pero aún escasea la información sobre las consecuencias de introducir nuevas especies exóticas al territorio.
Sobre las responsabilidades de las forestales
La avispa ataca principalmente a pinos, abetos y alerce europeo, especies exóticas en Chile, pero el interés de la avispa por el pino radica en las condiciones que las plantaciones forestales le ofrecen para proliferar.

Esta especie ataca arboles debilitados. Una tesis de la Universidad Austral, realizada por María Ruiz explica que “el incremento poblacional depende de la disponibilidad de material apto para desarrollarse, debido a que cuando se encuentra en bajas densidades no puede concentrar ataques de suficiente magnitud para matar árboles vigorosos”.

Los daños propensos a suceder son la  muerte de los árboles y destrucción de la madera, porque las larvas hacen nido, agujereando al árbol y generan aserrín compacto. El principal daño es en la calidad de la madera, ya que se produce su degradación debido a la acción del hongo Amilostereum areolatum y a la acción de las larvas.
Incendios forestales son la cortina de humo para tapar el daño de la avispa taladradora
Para el año 2012 una gran cantidad de incendios forestales a lo largo del país, despertaron las sospechas de activistas y organizaciones ciudadanas. En ese entonces se escuchó cautelosamente una posible tesis de auto atentados, dado el panorama internacional de la comercialización de la madera, ya que las empresas forestales afectadas por este insecto no califican para la obtención de sellos de certificación ambiental, como FSC en ese año.

Se incorporaron además, medidas específicas que incluye la resolución n° 973 del 14 de mayo del 2010 que permitió el corte de árboles infestados por el Sirex y su eliminación mediante incineración, picado o enterramiento.

En este contexto el equipo de investigación periodística de la Universidad de la Frontera postuló en el libro Vidas de papel, la vinculación de los incendios con la presencia de la avispa taladradora.

El documento enuncia el contexto social que rodeaba al mediático incendio del Fundo Casa Piedra en Carahue en el año 2012, que dejó a 7 brigadistas muertos entre las llamas, “mientras el gobierno y la empresa Mininco, junto a la contratista Cerda insisten en señalar la hipótesis del atentado incendiario de carácter intencional y terrorista, varios actores señalan la posibilidad de que este incendio fuera un autoatentado de la propia forestal”.
El ex Fiscal regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, tuvo esa misma cautela declarando para Radio Biobío y como quedo registrado en el libro: “El persecutor añadió que dentro de las líneas investigativas, tampoco se descarta la vinculación de los incendios forestales con plagas que podrían afectar a los bosques de las empresas”.

Con el paso del tiempo el tema dejo de estar en discusión pero las empresas forestales siguen estando en la mira, en vías de exigir que las forestales paguen por las consecuencias de mantener un negocio irrentable que causa más problemas de los que solventa con puestos de trabajo.


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Presentan denuncia en contra de Carabineros por graves lesiones a comuneros mapuche de la comunidad Antonio Paillao


Fuente: cidsur.cl

Hasta la Fiscalía Militar de Concepción acudió el pasado miércoles 21 de enero del presente el Abogado Pablo Ortega Manosalva del Centro de Investigación y Defensa SUR en compañía de más de un centenar de comuneros mapuche provenientes de diferentes comunidades mapuche de Arauco con el fin de interponer dicha denuncia fundamentada en los siguientes hechos.

El 14 de enero, en la comuna de Tirúa, adyacente a un camino vecinal de la Comunidad Antonio Paillao, Carabineros detiene dos camionetas, en ellas transitaban Gastón y Martin. Martín señala que lo siguen, lo chocan, él se detiene al llegar donde estaba su sobrino, quien a su vez, se detuvo al ver lo que sucedía.

Se bajan dos funcionarios policiales desde una tanqueta, piloto y copiloto, les ordenan que se bajen, con las manos en alto. Primero baja Gastón. Los conminan presentar sus manos en alto, Gastón levanta las manos y recibe una descarga de escopeta -arma de fuego de institucional- de parte del copiloto de la tanqueta.

Martín señala que al ver esto “quedo estupefacto, se agacho en el volante, puso las manos en alto y no quiso bajar, pensó que lo iban a matar. Se acercó el piloto de la tanqueta, le rodena salir con las manos en alto, Martín abre la puerta, comienza a bajar, pone su pie izquierdo en el suelo, no alcanza a poner el otro pues el piloto de la tanqueta se acerca y le dispara a su pierna, destrozando parte de su pantorrilla y ocasionándole una dantesca herida. Luego los carabineros hacen referencia que esto fue porque los mapuche le disparan a los Carabineros”.

Gastón perdió un ojo, un mapuche más sin un ojo, tal vez sus manos en alto lo salvaron, lo protegieron de recibir más impacto de perdigones en su cabeza. Martín sufrió una herida que desgarró su pantorrilla. Ambos quedaran con secuelas de por vida, se trata de verdaderas mutilaciones, ojo, tendón, músculos.


El abogado Pablo Ortega señala que “los funcionarios policiales no actuaron de acuerdo a derecho, un carabinero no puede actuar de esa forma, nadie puede disparar a un ciudadano con las manos en alto, ni provocar una horrorosa herida porque están enojados por actos de otras personas. Acá puede haber un problema de racismo, pues de ser efectivos los hechos relatados por las víctimas, significaría que estos funcionarios sienten odio o resentimiento contra los miembros del pueblo mapuche. Creemos que, aún desde el punto de vista de la institución a la que pertenecen, estos funcionarios no pueden seguir siendo parte de Carabineros”.

Es de esperar que el Alto Mando tome cartas en el asunto. Es urgente que dichos funcionarios sean retirados de la zona mapuche, debería iniciarse un sumario interno y evaluar su actuación. De no hacerlo sería la propia institución la que se vería involucrada moral y jurídicamente en estos terribles hechos.

La Justicia Militar deberá investigar el eventual “incumplimiento de deberes militares”, el Ministerio Público las lesiones graves gravísimas ocasionadas a los heridos. Las familias señalan no esperar mucho del Estado.

Sin embargo, instamos a que estos hechos se investiguen y se sancionen adecuadamente. Lo lógico sería esperar que dichos funcionarios sean expulsados de la institución; pero, sobretodo que el Estado debería repensar su política represiva.

La solución a los conflictos territoriales no puede consistir en copar el territorio con fuerzas policiales militarizadas, no puede ser que el GOPE, sea la institución del Estado que mayor contacto tenga con el mundo mapuche.


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México avanza hacia una Constituyente Ciudadana


5 de febrero de 2015: Presentación pública de la Constituyente Ciudadana y Popular

Hacia la Constituyente Ciudadana-Popular

Las masacres de Tlatlaya y Ayotzinapa y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, coronan la montaña de agravios e injusticias que los grupos gobernantes y las empresas trasnacionales han cometido contra las mayorías nacionales en los últimos 35 años; tiempo en que se profundizaron el despojo y la ocupación neocolonial de nuestro país. Dichos “Crímenes de Estado” y de “Lesa Humanidad” expresan a plenitud el sentido profundo de las llamadas “reformas estructurales” y de los tratados de “libre comercio” bajo las órdenes de los gobiernos de los Estados Unidos.
El desastre económico, ambiental, los fraudes electorales, la corrupción y la violencia, que devinieron en catástrofe humanitaria, fueron provocados por las decisiones de las oligarquías capitalistas neoliberales y la clase política reinante. Son ellos quienes en aras de intereses antinacionales sembraron el caos y provocaron una crisis del Estado nacional que pone en riesgo el futuro de nuestro país, de la sociedad civil mexicana y de cada una de las personas, hombres y mujeres, que constituimos el pueblo de México.
En tales circunstancias, la superación de la crisis pasa por la necesaria refundación del Estado nacional. Por la reconstrucción-transformación de los soportes éticos, económicos, políticos y culturales necesarios para garantizar la independencia nacional, la justicia y el bienestar social, la democracia desde el pueblo, la paz y la libertad.
Una salida de este tipo, basada en las necesidades y anhelos de las mayorías nacionales, de las mujeres, los trabajadores del campo y la ciudad, las clases medias y los indígenas e indígenas-mestizos, no podrá venir de la putrefacta clase política reinante, ni de sus partidos e instituciones que sólo han servido para perpetuar la impunidad de sus integrantes. Y, mucho menos, de las empresas trasnacionales que hicieron de la economía una actividad criminal en la que despojo, delincuencia organizada y ganancias empresariales son una y la misma cosa.
La superación del desastre nacional y de la catástrofe humanitaria sólo podrá venir de nosotros la sociedad civil, de los agraviados y víctimas, no de sus victimarios. Así, la discusión de los contenidos sociales esenciales de lo que fue la Constitución de 1917, de cómo surgió, de qué le suprimieron los políticos y empresarios, es el primer paso para la formulación de un nuevo texto constitucional fincado en las necesidades de las mexicanas y los mexicanos. Es una de la vías que proponemos para generar las bases de un nuevo Proyecto de Nación y la organización de un sujeto social, integrado por millones de personas que haga valer en todo momento nuestro “derecho de alterar o modificar la forma de (…) gobierno” como reza el artículo 39° de la Constitución.
El crimen contra la legalidad y el pueblo cometido por los integrantes del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y Judicial, al usurpar las funciones que por derecho nos pertenecen. Al reformar contenidos esenciales de la Constitución alterando la forma y el sentido nacional y social del Estado surgido de la Revolución Mexicana, sin que mediara un proceso equiparable al Constituyente de 1917. El grado de ilegitimidad y de ilegalidad alcanzado los inhabilita como representantes de la nación, al faltar a su juramento de respetar y hacer valer la “Ley Suprema” que rige a mexicanas y mexicanos.
Así, nuestra iniciativa de Constituyente Ciudadana asume como propia la tarea de generar las condiciones para el desarrollo de un “Proceso Constituyente” que elabore una propuesta de nueva Constitución y restaure la legalidad. Que sea capaz de construir las condiciones necesarias para que las ciudadanas y ciudadanos nombren a las y los representantes de un Congreso de la Unión renovado, desde cada comunidad y desde todos los espacios ciudadanos que forman parte de cada distrito electoral.
Como construcción social desde la base, este proceso marchará de la mano de las iniciativas de lucha social y civil pacífica, por dar paso a un proceso de Refundación Nacional y hacer realidad el clamor de que se vayan todos los responsables de la tragedia nacional. De llevarlos ante la justicia por su responsabilidad en la desaparición forzada de los estudiantes en Iguala y por la violencia que, de forma directa, ha cobrado la vida de más de 150 mil personas y la desaparición de 30 mil en los últimos 8 años. Sin contar feminicidios y sus crímenes económicos y sociales en contra de los derechos de los pueblos.
Insistimos, nuestra vía es la constitucional, la resistencia y la desobediencia civil pacífica ante un régimen ilegal y crecientemente dictatorial, al margen de los partidos políticos. Nuestra vía es la edificación de la unidad a través de la comunidad y la ciudadanía, distinguiendo claramente entre la minoría carente de sentimientos de humanidad y nosotros las mayorías nacionales.
Convocamos a la sociedad civil, a mujeres y hombres, sin importar credos, diversidad de género o clase social a poner en marcha la Refundación Nacional; a dar los pasos necesarios hacia la elaboración de una nueva Constitución que siente las bases democráticas para la elección de las y los representantes de un nuevo congreso sujeto a la voluntad de la ciudadanía, que destierre para siempre todo tipo de ordenamiento jurídico y económico que hace de la gestión pública un botín. Y que ponga fin a la impunidad, el racismo y el patriarcalismo. Servir y mandar obedeciendo ha de ser la nueva condición de quienes ocupen la representación de la sociedad civil.
El próximo 5 de febrero diversos grupos de ciudadanas y ciudadanos daremos a conocer el proyecto de construcción de la Constituyente Ciudadana-Popular, encabezado por el Obispo Raúl Vera López. Las actividades de la Constituyente Ciudadana-Popular iniciaran con el registro de las y los asistentes a la 9 am y se prolongaran hasta las 3 de la tarde en el Centro Universitario Cultural, ubicado en Odontología #35, Copilco Universidad, Ciudad de México.
Atentamente:
Comisión de facilitadoras y facilitadores de la Constituyente Ciudadana-Popular.

Más información en: 


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Realizan encuentro en defensa del territorio y contra las empresas que no respeten derechos: En Trawun de Curarrehue


Trawun-reunión contó con una importante concurrencia de representantes de territorios mapuche de Curarrehue, Panguipulli y Pucón, así como de personas de sociedad civil, y organismos de derechos humanos.

En conjunto analizaron la actual situación sobre la presencia de empresas y sus proyectos de inversión que afectan sus derechos, así como sobre aspectos propios de la identidad, cultura y alianzas para afianzar la unidad y la lucha.

Por Elías Paillan C. - Fuente: observatorio.cl

Diversos representantes de territorios mapuche provenientes del Parlamento de Cozcoz de Panguipulli, Pucón y Curarrehue, además de personas de sociedad civil y el Observatorio Ciudadano como organización de derechos humanos, se reunieron este fin de semana como parte de las actividades que desarrolla la Décima Fería Walung en el Camping Municipal de Curarrehue con el objetivo de compartir experiencias, sobre diversos temas, como lo relacionado con el derecho a la consulta de acuerdo a los estándares internacionales, entre otras.

Feria Walung y sus 10 años

Lo anterior se realizó en el contexto de la realización de la décima versión de la Feria Walung que congrega a diversos productores locales mapuche, y chilenos, con productos de gastronomía, artesanía con diversas materias primas, como cuero, madera, lana, plata entre otras.

En conversación con Anita Epulef Panguilef, Presidenta de la Organización de la Fería Walung quien además asesora a los jóvenes en el aprendizaje de la cultura y la identidad mapuche, cuenta que hace 10 años la mayoría mujeres, impulsaron dicha feria “para empoderarnos con la cultura, encadenar, reactivar la economías locales, los mercados comunitarios que son el autoabastecimiento local de una familia  y la comunidad, y así mostrar también la riqueza que tiene un territorio”, señaló.

Otro aspecto señala fue relevar la “cocina mapuche”, a veces tan escondida y a veces avasallada por la invasión de alimentos destructivos como la chatarra y transgénicos. Destaca también la lucha ante las autoridades para hacer uso de espacios públicos, que eran sus tierras, como el camping municipal, donde este año por primera vez desarrollan la mencionada feria y cuyo acuerdo con el municipio es de un comodato por diez años. Incluso cuenta que le cambiaron el nombre por el “Walung Mapu”. Aunque aclara que el nombre original de esa tierra es Wiñol Trankil.

La importancia del compartir experiencias

Para el lonko Alejandro Coñoequir Curilaf, del lof Trancura Camilo Coñuequir Lloftu Nekul, tierras de donde creció, hoy se encuentra en peligro por la intervención de empresas que quieren construir centrales hidroeléctricas de pasada, cuyo representante legal es Henrich Bagner, aclara. “Kuifi felekelafuiñ”, “antes la vida no era así”, señala con cierta nostalgia. 

Para Anita Epulef, el conversatorio fue un éxito. “Fue fortalecedor porque permitió dialogar y generar lazos de unidad, porque los hermanos que vienen de otro lugar traen sus “newen”, fuerza que les permite seguir luchando por la defensa de sus territorios y de sus diversas vidas, especialmente en esta comuna donde existen 27 solicitudes de concesiones de agua para diversos proyectos como centrales hidroeléctricas de paso".

Mientras que José Aylwin, Codirector del Observatorio Ciudadano, el encuentro fue positivo con presencia de diversos territorios, algunos con proyecto de gran magnitud como Neltume, que están o no están en proceso de evaluación ambiental, que tienen como dato en común también que los procesos de consulta no han sido desarrollados en conformidad con los estándares del 169, y un derecho fundamental que está reconocido en el 169, es el derecho de definir las prioridades en materia de desarrollo tampoco ha sido respetado.

Agregó que la presencia del Observatorio fue aportar elementos de información, empoderamiento de sus territorios referidos al derecho a la consulta y también a los estándares de empresas y derechos humanos, pero sobre todo permitir el intercambio de experiencias y definición de  estrategias, que autónomamente las comunidades tienen que definir, comentó.

Recordó que desde el Observatorio se reiteró la invitación a participar en estrategias más colectivas de participar en generar cambios institucionales en este país, en sus transformaciones de modo de generar escenarios que posibiliten que el derecho de definir las prioridades en materia de desarrollo sea respetado.

La experiencia del parlamento de Cozcoz

Uno de los que asistió fue el werken del Parlamento de Cozcoz, Jorge Hueque, quien consideró la actividad como relevante por cuanto les permite reforzar las alianzas y coordinarse de manera más efectiva para en conjunto hacer frente a los proyectos de inversión en los diversos territorios de la precordillera. 

Hay un fuerte fortalecimiento de los territorios y que hoy están resistiendo fuertemente frente a los proyectos de inversión de carácter capitalista”. “Planteamos nuestra defensa desde la base de la prehistencia para desde ahí potenciar nuestra propia organización, como lo es en este caso el Koyag o conversación y en conjunto con la sociedad civil en conjunto poner los cimientos más fuertes con la resistencia que tienen hoy día las comunidades”.

Consultado sobre los principales temas analizados en el último Koyagtun o parlamento desarrollado el pasado 17 y 18 de enero, Hueque dijo que uno de los temas es la entrega o devolución de las tierras a través de la política de gobierno llamada compra de tierras. También importante fue el derecho que les compete respecto de la autodeterminación como sujetos colectivos pertenecientes a un pueblo. Sobre las resoluciones, así como la posición sobre la forma de como el estado ha desarrollado la consulta, durante los próximos días emitirán una declaración.

Finalmente Hernando Silva, Coordinador Jurídico del Observatorio Ciudadano y quien se relaciona directamente con algunas comunidades, señaló que “la reunión fue realizada con la finalidad de generar un espacio de Trawün en el cual las diversas comunidades mapuche cordilleranas pudiesen intercambiar su experiencia en la definición de estrategias política, legales y administrativas para hacer frente a dichas amenazas”.

Casos de proyectos de inversión

Silva detalló que las comunidades anfitrionas, del Territorio de Curarrehue, se encuentran en diversos procesos de defensa territorial frente a las iniciativas productivas inconsultas. “Entre ellas destacan las comunidades de Trankurra, las que mediante un proceso de consulta indígena, en el que han contado con el apoyo legal del Observatorio Ciudadano, han manifestado su oposición al proyecto Central Hidroeléctrica Añihuerraqui, explicitando que no entregan su consentimiento a la instalación de éste, por cuanto es completamente incompatible con su modelo de desarrollo y con su identidad cultural, razón por la cual el daño que les generaría dicho proyecto no es mitigable ni compensable”.

Destacó la visita de las comunidades del Parlamento de Coz Coz, de Panguipulli, las que han llevado una largo proceso de defensa frente a la instalación de centrales hidroeléctricas en su Territorio, principalmente frente a la amenaza de la Central Hidreoleléctrica Neltume, de la transnacional ENDESA – ENEL.




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Monica Quezada y Catalina Catrileo rechazan indemnización por asesinato de Matías Catrileo


El día 20 de enero, la Corte de Apelaciones de Santiago informo su decisión de confirmar la sentencia del Segundo Juzgad Civil de Santiago, que condena al Fisco por el asesinato de Matías Catrileo, estableciendo la responsabilidad del estado por su asesinato.

Mediante un comunicado público Mónica Quezada y Catalina Catrileo, manifiestan su rechazo al pago de la indemnización que ordena el fisco. "Las indemnización que los tribunales de justicia ordenan al Fisco pagarnos no reparan el dolor y rabia que significó la muerte de Matias", señalan. La hermana y madre de Matías Catrileo, agregaron que una vez que la sentencia quede firme informarán como procederan al mismo tiempo que expresaron que su decisión es personal, y que respetan  "a las familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos que han recibido este tipo de reparaciones. Pero para nosotras este dinero esta manchado con la sangre de Matías y no podemos recibirlo".

En el comunicado recordaron que aún no hay justicia en el caso de la muerte de Matías. "El autor material del asesinato de nuestro hijo y hermano, recibió una condena que le permite estar hoy tranquilamente en libertad. Este fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, solo viene a confirmar nuestra posición: es el Estado y sus autoridades, el responsable de la violencia que enfrenta el pueblo mapuche, produciendo muertes como la de Matias".

A continuación se reproduce el comunicado:

Comunicado Público

En relación al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa rol 6247-2014, dado a conocer recientemente señalamos lo siguiente: 

1. El único objetivo de esta acción judicial ha sido demostrar que la responsabilidad por el asesinato de nuestro hijo y hermano, el 3 de enero del año 2008, es del Estado de Chile. Si bien fue Walter Ramírez, cabo 2° de Carabineros, quien disparó por la espalda a Matias, es el Estado y sus autoridades, incluyendo a la entonces Presidenta Bachelet, los responsables de este crimen. 

2. Recordamos que nunca hemos recibido justicia. El autor material del asesinato de nuestro hijo y hermano, recibió una condena que le permite estar hoy tranquilamente en libertad. Este fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, solo viene a confirmar nuestra posición: es el Estado y sus autoridades, el responsable de la violencia que enfrenta el pueblo mapuche, produciendo muertes como la de Matias.

3. Esta resolución no nos deja conforme, por que no garantiza que estos hechos no vuelvan a ocurrir y que todos los responsables sean verdaderamente castigados. Pero nos permite, como todas las acciones que hemos emprendido, seguir denunciando los crímenes que comete el Estado contra el Pueblo Mapuche.

4. Esperamos que el fallo de segunda instancia quede pronto ejecutoriado, y que no se presenten recursos que vuelvan a dilatar este proceso judicial.

5. Las indemnización que los tribunales de justicia ordenan al Fisco pagarnos no reparan el dolor y rabia que significó la muerte de Matias. Como ya se señalo, nuestro objetivo con esta demanda no era obtener indemnización alguna, sino lograr que la justicia, aunque sea en forma mínima, declararé que fue el Estado de Chile el responsable del asesinato de Matias Catrileo.

6. Por tanto, informamos que rechazamos ese dinero y que no haremos uso de él. Una vez que quede firme la sentencia informaremos como procederemos. Nuestra decisión es personal, respetamos a las familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos que han recibido este tipo de reparaciones. Pero para nosotras este dinero esta manchado con la sangre de Matías y no podemos recibirlo.

7. Rechazamos las titulares de medios de comunicación que han informado que recibiremos “millonarias sumas”. Este tipo de informaciones buscan ensuciar tanto nuestra incansable búsqueda de justicia, como el legado de lucha y fortaleza que nos dejo Matias.


Mónica Quezada M.                  Catalina Catrileo Quezada





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mardi 27 janvier 2015

Las antagónicas posiciones sobre el denominado “desarrollo energético en Chile”


(Nota – Video y Audio) El jueves 22 de enero, en el auditórium CIP (Centro innovación profesional) de la Universidad de la Frontera de Temuco, se realizó un foro abierto sobre el desarrollo eléctrico en Chile, donde participaron exponentes de la academia, empresariado, gobierno y organizaciones sociales.

El foro  fue organizado por el Instituto de sociología de la Pontificia Universidad Católica de Santiago y NUMIES y se enmarcó en el segundo encuentro de Chile de estudios sociales de la ciencia y la tecnología, cuyos anfitriones fueron: El centro de investigaciones sociológicas de la Universidad de la Frontera, la facultad de ciencias sociales de la Universidad Católica de Temuco y CTS Chile.

En la ocasión, varios temas salieron a la discusión, tales como: La llamada crisis energética de Chile, los conflictos territoriales a causa  de proyectos hidroeléctricos, las prácticas empresariales, 

la relación de los proyectos de energía  en Chile y las actividades mineras, la transgresión de los derechos de los Pueblos indígenas, las políticas de “asociatividad” que promueve el ministerio de energía, las políticas inconsultas, los centralismos, la mercantilización de recursos naturales en regiones y las concesiones de derechos de agua, la imposición de políticas de crecimiento del negocio energético por sobre las vocaciones territoriales, el rol de la academia, entre otros temas.

El panel estuvo conformado por:

Ian Nelson,  gerente de energía  Llaima, ligada al ex presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC),  Juan Claro, con proyectos hidroeléctricos  en Alto Maipo en la región metropolitana e impulsando  negocios energéticos en el norte y  proyecciones en el sur de Chile, quien reconoció interés de negocio en la zona de Curacautín donde la empresa tiene derechos de agua en el río Cautín.

Por su parte, también estuvo Nicolás Campos, coordinador regional de la división de participación y diálogo social,  en reemplazo del  Jefe de la Unidad de Diálogo y Participación del Ministerio de energía, quien dio énfasis al proceso de generación de “políticas de asociatividad” entre sectores poblacionales y empresas.

Como expresión de la academia, intervino Gustavo Blanco, del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, de la Universidad Austral de Valdivia, con estudios de post grado en Dinamarca y Holanda sobre “Sociedad, Ciencia y Tecnología”.  

También participó Alfredo Seguel, del área de comunicación de la Red por la defensa de los territorios en la Araucanía y del grupo de trabajo por derechos colectivos, exponiendo los principales puntos disidentes con el sector empresarial y gubernamental .

 La organización del foro fue  moderada por Manuel Tironi de la PUC, quien tenía como objetivo promover una conversación amplia sobre los conflictos y desafíos  del desarrollo eléctrico en Chile, con miradas desde los procesos  sociales de resistencia, desde las políticas públicas y desde el planteamiento empresarial, atendiendo perspectivas en ciencia, tecnología y sociedad.

A continuación se extiende nota informativa de HISPANTV y posteriormente los registros de audio de la actividad:

VER VIDEO HISPANTV




AUDIOS





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Presentan querella criminal comunero mapuche Rodrigo Melinao, asesinado en octubre del 2013por


Éste 23 de enero del 2015, a casi 18 meses de los hechos, Herman Melinao  Millacheo y Francisca Lican Montoya, padres del fallecido dirigente mapuche, acudieron hasta el Juzgado de Garantía de Collipulli en compañía de abogados delCentro de Investigación y Defensa Sur a interponer una querella criminal contra los que resulten responsables en calidad de autores, cómplices y encubridores del delito de homicidio calificado, consumado, en la persona de Rodrigo Eliecer Melinao Licán.

RODRIGO ELICER MELINAO LICÁN al momento de su asesinato tenía 27 años de edad, 4 hijos y era un reconocido dirigente mapuche perteneciente a la comunidad Los Lolocos de la Comuna de Ercilla.
Su cuerpo sin vida fue hallado en un la Parcela nº 6, Sector Chihuaihue, comuna de Ercilla, con fecha 6 de agosto de 2013 muerto por impacto de perdigones de escopeta en su torax.
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Lamentablemente jamás se pudo acudir en su ayuda y su cuerpo fue encontrado al día siguiente, tendido de espaldas, bajo la lluvia, sin ningún rastro más que los impactos de perdigón en su torax, percutados a corta distancia y que terminaron trágicamente con su vida. Su certificado de defunción señala como causa de muerte: “Traumatismo toraxico complicado por herida de escopeta/homicidio”.
A casi 18 meses de ocurridos los hechos aun no existen formalizados y según sus familiares “No han recibido información alguna acerca de los avances y líneas de investigación que ha seguido la fiscalía”
Con esta acción legal se espera poder tener acceso a los antecedentes de investigación  e instar ya como querellantes al esclarecimiento del caso que hasta el día de hoy se encuentra en la impunidad.


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Organizaciones indígenas de Tarapacá rechazan proceso de Consulta Indígena


Denuncia de organizaciones indígenas de la región de Tarapacá respecto al proceso de consulta indígena  para la creación  del Ministerio de Pueblos indígenas  y el Consejo o consejos de Pueblos indígenas realizado por la Seremi de Desarrollo Social en conjunto con CONADI.

“Que el Estado de  Chile no  ha  restituido las deficientes relaciones que  mantiene con los pueblos originarios, perpetuando nuestra  condición histórica  de pueblos  vulnerados en nuestros  derechos,  al hacer caso omiso de las exigencias realizadas a nivel nacional, respecto  a la derogación de los decretos  66 y 40, los cuales entraron en vigencia con actos de mala fe por parte del mismo”, señala en una de sus partes.

Las organizaciones que suscriben son: Comunidad Indígena de Sibaya,     Comunidad Indígena de Limaxiña,     Asociación Indígena de Chiapa,     Comunidad Indígena de Coscaya,     Comunidad Indígena de Poroma,     Comunidad Indígena de Casablanca,     Junta de Vecinos de Laonzana,     Junta de Vecinos de Chiapa,     Junta de Vecinos de Jaiña,     Comunidad Indígena de Huarasiña,     Comunidad Indígena de Huasquiña,     Asociación Pueblos Indígenas Unidos de la Cuenca, Quebradas Tarapacá-Coscaya-Aroma-Miñi-Miñi.


A continuación acceder a comunicado completo

COMUNICADO  PÚBLICO

Con fecha viernes 16 de Enero del año 2015, las comunidades  pertenecientes a la comuna de Huara que adhieren al presente  comunicado, declaran lo siguiente:

Que con fecha 04 de Septiembre de 2014, el gobierno de Chile da comienzo al proceso de consulta indígena en la región de Tarapacá, para la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo o Consejos de Pueblos, por lo cual, acudimos a la asamblea ampliada realizada en la comuna de Pozo Almonte, donde los representantes de distintas comunidades de manera  unánime, decidimos condicionar el proceso de consulta indígena hasta la derogación de los decretos  66 y 40, con la finalidad de restituir las relaciones de confianza entre  pueblos indígenas y el Estado, disminuida aun más, con la entrada  en vigencia de forma arbitraria y carente de representatividad en la formulación de ambos decretos.

Que el acta redactada en dicha oportunidad, exigía una respuesta del Estado en un plazo de 20 días; sin embargo, el gobierno sólo entrega una respuesta  después de dos meses, a través de un documento en el cual, sólo se compromete  a hacer una revisión de los mencionados decretos.

Que con este acto, el Estado retoma el proceso de consulta indígena, realizando una nueva asamblea en  Pozo Almonte con  fecha  22 de  Noviembre de  2014,  la cual  tuvo  un  proceso  de  difusión deficiente, concurriendo a dicha reunión solo un cuarto de las personas reunidas en la primera instancia.

Que  con  este  grupo  de  personas,  el Ministerio de  Desarrollo  Social y CONADI,  logran mediante presiones  y mala  fe,  acelerar  la  planificación  programada  por  los  mismos  estamentos, incumpliendo  lo señalado en la primera reunión de consulta, en la cual se comprometieron a realizar este proceso de acuerdo a los estándares del convenio 169 de la OIT, además,  se cambian unilateralmente los objetivos y número  de reuniones  programadas  afectando  con  ello  la  planificación  de  los  dirigentes  y vulnerando  los  derechos reconocidos para los pueblos originarios.

Que en dicha oportunidad, con el consentimiento de algunos dirigentes y de otros desinformados y presionados, los encargados de ambos estamentos, acuerdan dar por finalizada la etapa  de planificación y de información, utilizando esta reunión para consensuar la metodología a ocupar hasta la finalización del proceso de consulta, quedando estipulado de esta manera en el acta de reunión, que las comunidades acuerdan que se organizarán por comuna y que la fecha establecida para hacer entrega  de las propuestas  de Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo o Consejos de Pueblos sería el 15 de Enero de 2015. Esto significa que para participar de este proceso de consulta, los pueblos debieron ser capaces de realizar la Etapa de Información, la Etapa de Diálogo Interno y la Etapa de Diálogo Regional en aproximadamente 30 días hábiles.

Que las comunidades abajo firmantes, al darse cuenta de las graves implicancias de dichos acuerdos, deciden separarse  del grupo de trabajo liderado por los dirigentes sometidos a los requerimiento del Estado,
debido  a  contradicciones  profundas  respecto  a  la  comprensión  del  proceso  que  vivimos  como  pueblos originarios y que  se  manifiesta en  las demandas  metodológicas que  estamos  exigiendo,  producto  de  las deficiencias que evidenciamos.

Que haciendo ejercicio de los derechos que tenemos como pueblos originarios y apelando a la buena fe que  se  debiera  garantizar  en  este   proceso,   enviamos  dos  cartas   al  ejecutivo,  manifestando  nuestro descontento con estas malas prácticas y exigiendo que se nos den las garantías necesarias para llevar un buen proceso; sin embargo, las autoridades a cargo del proceso, aludiendo a temas de plazos y recursos, no accedió a considerar nuestras  peticiones, por lo que; no hemos  recibido la etapa  informativa, de deliberación y de diálogo conforme a lo propuesto  por el Estado, tampoco recursos para logística y asesores, y aún más, no se nos permitió entregar  una propuesta  propia, sino que se nos exigió acoplarnos al documento  enviado por los pueblos de Huara que aceptaron someterse  a los plazos establecidos por el gobierno.

De modo  que,  considerando los antecedentes mencionados y estando  en  conocimiento que  otros pueblos que continúan trabajando en este proceso han planteado las mismas deficiencias y que otras comunas se han restado de participar del presente  proceso de consulta indígena, denunciamos:

Que el Estado de  Chile no  ha  restituido las deficientes relaciones que  mantiene con los pueblos originarios, perpetuando nuestra  condición histórica  de pueblos  vulnerados en nuestros  derechos,  al hacer caso omiso de las exigencias realizadas a nivel nacional, respecto  a la derogación de los decretos  66 y 40, los cuales entraron en vigencia con actos de mala fe por parte del mismo.

Que nuevamente los compromisos que el Estado asume  con los pueblos originarios quedan  sólo en discursos y que la imagen a nivel internacional que muestra como país difiere absolutamente de la realidad, ya que vulnera nuestros derechos constantemente, lo que queda evidenciado en las malas prácticas que estamos denunciando.

Que en ningún caso, el proceso de consulta se ha ajustado a los estándares del Convenio 169 de la OIT, ni siquiera a los estándares del nefasto decreto 66, y aún más, ni siquiera han sido capaces de responder  a la metodología programada por el mismo gobierno, la cual entregaron  previamente a los pueblos.

Que en virtud de este contexto, las comunidades no hemos podido decidir la forma de organizarnos, acorde a nuestras  propias prácticas de organización y/o costumbres,  no hemos tenido procesos informativos acordes  y claros, no hemos  tenido procesos  de ida y vuelta que nos permita hacer un buen  trabajo  como dirigentes  informando  y  recogiendo  la  opinión  de  nuestras   bases,  no  hemos  contado   con  asesores   y observadores  durante  el proceso,  a todo  lo cual el gobierno alude constantemente a la falta de tiempo y recursos, evidenciando así una constante  improvisación sobre factores claves para garantizar procedimientos adecuados como lo señala el convenio 169 de la OIT.

Que con estas acciones el Estado demuestra  que en ningún caso pretende hacer efectivos los acuerdos ratificados por Chile, respecto  a los derechos  que  debe  garantizar para  los pueblos originarios, ya que  el proceso de consulta se está llevando a cabo como un mero trámite, donde el Estado en virtud de su propio beneficio y comodidad, a ajustado este proceso a sus tiempos, cuya lógica occidental vulnera las condiciones que debe considerar y garantizar para nuestros pueblos.
Que en este mismo sentido, el Estado ha condicionado la entrega  de recursos, logística y espacios de diálogo sólo a aquellas comunidades que  se  amoldan a sus estrategias, incurriendo con ello en  acciones discriminatorias hacia a aquellas comunidades que no lo hacen y que, por lo demás, solo exigen sus derechos.

Que considerando la experiencia que tuvieron nuestros pueblos respecto  a lo ocurrido con la llamada “mesa de consenso  para la creación  del  Decreto 66”, algunas  comunidades  han continuado  participando  a pesar de no estar de acuerdo con las condiciones impuestas por el Estado, lo que sienta muy mal precedente respecto  a las formas de participación y lo cual demuestra  que nuestras  comunidades no tienen alternativas para exigir un buen proceso, sino que deben ajustarse a lo establecido para no verse aún más perjudicadas al tratar de exigir nuestros derechos, coacción que imposibilita la existencia de procesos libres.

Que de acuerdo  a como lo hemos  descrito, denunciamos que el gobierno está  llevando a cabo un proceso tan importante, de relevancia histórica para nuestras  comunidades en un tiempo aproximado de 36 días hábiles, lo que nos parece tremendamente irresponsable, al llevar adelante acciones que sólo ratifican la falta de voluntad que tiene el Estado de dar aplicabilidad a los acuerdos suscritos por Chile y para restituir las relaciones debilitadas que ha mantenido históricamente con nuestros pueblos.

Por tanto, como dirigentes conscientes de nuestros  derechos, en conocimiento de la vulneración que se  ha  hecho  de  los mismos y en  virtud de  la responsabilidad que  tenemos  de  llevar la voz de  nuestras comunidades,  manifestamos  que;  NO QUEREMOS   SER  CÓMPLICES  DE  ESTE  PROCESO,   QUE   POR SUS CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS  SENTARÁ LAS BASES QUE  DEFINIRÁN  NUESTRA  RELACIÓN CON  EL ESTADO  Y POR ENDE,  LA   FORMA   EN  QUE   SE  TOMARÁN   FUTUROS   ACUERDOS  QUE   AFECTARÁN  A NUESTRAS COMUNIDADES.  Por tanto,  con  la  convicción  de  restablecer nuestra  posición  como  sujetos  de  derecho, declaramos y exigimos al Estado lo siguiente:

Maya (1): Que se restablezcan las instancias del proceso de consulta, de acuerdo a los estándares del Convenio 169 de la OIT, ya que hemos sido discriminados arbitrariamente solo por exigir nuestros derechos, lo cual sabemos, complica aspiraciones y compromisos políticos del gobierno de Chile; pero que, sin embargo, no pueden ser cumplidos a costa de la vulneración de nuestros derechos humanos.

Paya (2): Rechazamos y desconocemos los acuerdos plasmados en la llamada “Propuesta Aymara de Huara” enviada a instancias nacionales y exigimos que en adelante cuando se haga alusión a aquel documento, se explicite que es una propuesta  que solo representa  a los pueblos que participaron de ella, cualquier alusión que  haga  referencia a  que  representa  a  toda  la comuna  de Huara,  será  denunciada como ilegitima y no representativa, ya que  ha  sido elaborada en  nuestra  opinión,  solo por  una  pequeña  minoría sometida al gobierno. Por otro lado quisiéramos aclarar, que con estos dichos no pretendemos  deslegitimar los acuerdos desarrollados por otras comunas que hayan sido logrados de forma previa, libre e informada.

Kimsa (3): Solidarizamos y valoramos la decisión  de  otros  pueblos que  se  encuentran  en  similar situación y han  decidido legítimamente no continuar participando de este  proceso. Asimismo, valoramos a aquellas comunidades que aun pueden participar bajo el prisma de la reivindicación, fortalecimiento y defensa de nuestros pueblos originarios, esperamos que continúen con la misma convicción y denuncien estos hechos en instancias nacionales, ya que en estos  momentos  son nuestra  voz en las siguientes etapas,  por lo menos, mientras no se restablezcan nuestros derechos humanos a participar.

Pusi (4): Exigimos al Gobierno de Chile, responsable de velar por el buen ejercicio de nuestros derechos y sancionar cuando estos derechos sean vulnerados, que según corresponde  a sus obligaciones, se tomen  las medidas de sanción pertinentes para  todos  aquellos que resulten responsables de los hechos que estamos denunciando.

Phisqa (5): Solicitamos la presencia inmediata en la región de observadores que puedan dar cuenta del efectivo cumplimiento de los estándares de Consulta Indígena en la región de Tarapacá.

Suxta  (6):  Rechazamos  los  comentarios  y  descréditos  mal  intencionados  que  realizan  algunos comuneros en contra de nuestros dirigentes y profesionales de apoyo, quienes realizan un trabajo  de defensa voluntario  basado  en  el  compromiso  con  nuestros  pueblos,  aclaramos  que,  en  ningún  momento  hemos pretendido  realizar  acciones  en contra  de la  participación  de otros  pueblos,  sino que por el contrario,  solo hemos exigido el ejercicio de nuestros  derechos, de modo que de continuar con estas  injurias públicas nos veremos en la obligación de tomar acciones legales al respecto.

Por último, instamos a todas las personas, quienes tengan acceso a leer este comunicado, sensibles con este  proceso, a nuestros  jilallanaja y kullallanaja de diferentes pueblos originarios, a buscar las formas para hacer visible lo que está aconteciendo y buscar instancias que nos permitan unirnos para exigir la restitución de nuestros derechos como pueblos originarios. De la misma forma, hacemos un llamado a todas las personas y estamentos relacionados con la observancia de los derechos humanos, para que puedan apoyar esta manifestación, ya sea investigando, asesorando o haciendo visible lo comunicado.

Comunidades y organizaciones que adhieren al presente  comunicado:

    Comunidad Indígena de Sibaya

    Comunidad Indígena de Limaxiña

    Asociación Indígena de Chiapa

    Comunidad Indígena de Coscaya

    Comunidad Indígena de Poroma

    Comunidad Indígena de Casablanca

    Junta de Vecinos de Laonzana

    Junta de Vecinos de Chiapa

    Junta de Vecinos de Jaiña

    Comunidad Indígena de Huarasiña

    Comunidad Indígena de Huasquiña

    Asociación Pueblos Indígenas Unidos de la Cuenca

Quebradas Tarapacá-Coscaya-Aroma-Miñi-Miñi



Iquique, Enero de 2015.




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