lundi 31 décembre 2012

Por un 2013 libre de la transnacional Endesa-Enel en territorio Mapuche


Con un emplazamiento directo a los estados de Italia, España y Chile, responsables del actuar de la transnacional Endesa – Enel y sus malas prácticas en territorio Mapuche, siguen adhiriendo diversas personas para exigir el retiro del proyecto del territorio de Neltume y poner fin a los abusos y arbitrariedades de esta empresa que pretende continuar devastando diversos espacios de vida, así como lo hizo en Ralco, Altos del Bio Bio.
Por un 2013 libre de la transnacional Endesa-Enel en territorio Mapuche


Se exige al estado chileno la paralización y cancelación de los proyectos Central Hidroeléctrica Neltume y línea de Alta Tensión Neltume Pullinque impulsados por el conglomerado italiano-español sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades mapuche afectadas.

Además, los proyectos no obedecen a una necesidad de energía local ni nacional, sino que busca dotar de electricidad a la demanda extractivista (fundamentalmente minera) que pretende acumular riqueza a costa de los territorios, derechos, cultura y vida del pueblo mapuche.

ACCEDER AL SIGUIENTE ENLACE PARA ADHERIR CARTA

CARTA A LOS ESTADOS DE ITALIA – ESPAÑA Y CHILE PARA EL RETIRO DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DE ENDESA – ENEL EN NELTUME - HACER CLICK AQUÍ

Justicia chilena nuevamente ordena a Carabineros “no vulnerar las leyes” en Ercilla


La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de amparo interpuesto por 3 miembros de la Comunidad Folil Mapu y uno de Los Lolocos, quienes fueron brutalmente agredidos por decenas de carabineros armados.
Justicia chilena nuevamente ordena a Carabineros “no vulnerar las leyes” en Ercilla


PAIS MAPUCHE

Los hechos se remontan al 3 de diciembre pasado, cuando los cuatro mapuche regresaban de ayudar al trabajo de una comunidad vecina, cuando fueron interceptados por un fuerte contingente de fuerzas especiales y del Gope en el camino entre San Ramón y Chequenco, al interior de Pidima.

Fueron golpeados, tirados al piso, amarrados con sellos plásticos y humillados al ponerlos arrodillados en fila, siempre amenazados por subametralladoras. Luego fueron conducidos a la base de Pidima, siendo liberados varias horas más tarde y acusados -sorpresivamente- de “amenazar a Carabineros”.

Tras ello presentaron el recurso de amparo que este viernes 28 fue acogido por los jueces de Temuco, luego que constataran que no hubo tal amenaza de parte de los mapuche y considerando antecedentes aportados por la Prefectura de Malleco, el Juzgado de Collipulli, y el Hospital de Collipulli, comprobaron que los mapuche fueron brutalmente golpeados quedando con varias heridas en una detención completamente fuera de la ley.

Es por ello que la Corte de Temuco ordenó a Carabineros -por tercera vez el último año- “que en lo sucesivo los procedimientos policiales deberán llevarse a cabo con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal, absteniéndose de afectar los derechos fundamentales de las personas”.

El abogado representante Nelson Miranda señaló que “habiendo ya cinco pronunciamientos de la Corte de Temuco y dos de la Corte Suprema de similar tenor, cerramos este año 2012 con la constatación fáctica que las agresiones a familias en territorio mapuche siguen igual o peor”.

“Se declara, nuevamente, que el actuar de carabineros en el sector de Chequenco es ilegal y vulnera los derechos y garantías básicos de los comuneros. Frente a este actuar recurrente y cotidiano de las fuerzas represivas de ocupación, los políticos chilenos miran para el lado mientras el gobierno monta un show por la presencia de jóvenes italianas que, justamente, vienen a observar los atropellos a los derechos que afectan al pueblo mapuche, ya que acá parece no interesarle, seriamente, a nadie”, sentenció el abogado.

Víctimas de la dictadura militar en Bolivia exigen justicia y reparación


Señalan: “El 13 de marzo del presente iniciamos de manera decidida y militante, una acción de reclamo por el cumplimiento de la Ley 2640, la revisión de los expedientes descalificados, improcedentes y ejecutoriados y la apertura de otra etapa de admisión de solicitudes de resarcimiento de todos aquellos que no pudieron presentarlas”. Ver más antecedentes...
Víctimas de la dictadura militar en Bolivia exigen justicia y reparación
Imagen: Manifestación víctimas de la dictadura - Foto: Victoria Aldunate


Reproducimos textualmente:

El 13 de marzo del presente iniciamos de manera decidida y militante, una acción de reclamo por el cumplimiento de la Ley 2640, la revisión de los expedientes descalificados, improcedentes y ejecutoriados y la apertura de otra etapa de admisión de solicitudes de resarcimiento de todos aquellos que no pudieron presentarlas.

El 13 de diciembre se han cumplido NUEVE MESES de nuestra vigilia permanente y valiente , el Gobierno y su Ministra de Justicia, mantienen un silencio muy parecido a la irracionalidad y al desprecio, al negarse a cumplir expresa normativa internacional que obliga a los Estados a brindar a las víctimas de delitos y del abuso de poder una justa reparación, incluida la restitución y la rehabilitación, incumplimiento que abarca también la Constitución Política del Estado y, consiguientemente, la Ley 2640.

Debemos manifestar de manera contundente que todo Estado en el que se han cometido actos internacionalmente ilícitos como los ocurridos en nuestra Patria durante 18 años de gobiernos dictatoriales y usurpadores de la voluntad popular, no pueden recurrir a pretextos inconsistentes para modificar o incumplir la obligación de reparación, misma que deviene del carácter de imprescriptibilidad de las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de las violaciones graves del derecho internacional humanitario que hayan sido producto de crímenes en virtud del derecho internacional, máxime si en el caso de Bolivia, además, se han exigido pruebas imposibles de presentar como certificados de violación a las mujeres, testigos que avalen la agravante de tortura, visas de entrada y salida de quienes clandestinamente tuvieron que refugiarse en el exterior y volvieron al País en igual forma y las pruebas que se presentaron, ni siquiera fueron tomadas en cuenta por los seudo calificadores de CONREVIP y COMTECA que debidamente instruidos y aleccionados por quienes quieren borrar la historia, de forma totalmente arbitraria e ilegal descalificaron de un plumazo a reconocidos dirigentes obreros y populares quienes arriesgaron sus vidas enfrentándose a las dictaduras hasta conseguir el retorno de la democracia, que ahora es abusada y pisoteada con esta forma de gobernar.

A tal punto llega esta actitud violatoria y revictimizadora, que el Gobierno preñado de corrupción en sus más altas esferas ni siquiera ha considerado nuestra situación de personas de la tercera edad, la mayoría delicados de salud, pero aún así, firmes en la lucha donde nos seguiremos manteniendo porque nos une la firme convicción de reivindicar nuestra calidad de víctimas de violencia política – sobrevivientes de las dictaduras.

Por todo ello, llamamos y convocamos nuevamente a todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos, la Central Obrera Boliviana, Universidades, Sindicatos y pueblo en general para que todos unidos y a una sola voz hagamos escuchar nuestro grito de justicia y reparación con toda firmeza, puesto que estamos dispuestos incluso a sacrificar nuestras vidas hasta que este gobierno escuche nuestra justa petición.


PLATAFORMA DE LUCHADORES SOCIALES CONTRA LA IMPUNIDAD POR LA JUSTICIA Y LA MEMORIA HISTÓTICA DEL PUEBLO BOLIVIANO

samedi 29 décembre 2012

Crímenes de Lesa Humanidad: Querella por golpe militar de 1973


La acción, involucra la petición de una serie de gestiones que busca esclarecer responsabilidades, desde uniformados de la época e incluso, sobre responsabilidades de funcionarios del gobierno de Estados Unidos al momento del golpe, a sectores políticos y medios de prensa escrita, como el Mercurio y La Tercera. La querella fue presentada por la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de familiares de ejecutados políticos.
Crímenes de Lesa Humanidad: Querella  por golpe militar de 1973
LORENA PIZARRO SIERRA, EN REPRESENTACIÓN DE LA “AGRUPACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS”, AFDD y ALICIA LIRA MATUS, EN REPRESENTACIÓN DE LA“AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS”, presentaron recientemente una querella criminal por los delitos en contra de todos quienes corresponda, chilenos o extranjeros, militares o civiles, en relación a los crímenes perpetrados con ocasión del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y como dice el escrito “que constituyen la estructura y esencia misma de esa sublevación antidemocrática que abrió paso al genocidio que los tribunales investigan hasta hoy, pero sin que hasta ahora se juzge el golpe en sí y los delitos que ese propio acto implica”.
Para las agrupaciones, el golpe en sí mismo y los ilícitos penales cometidos el propio 11 de septiembre del 73 constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles de acuerdo a los Tratados Internacionales suscritos por Chile que gozan de rango constitucional y de acuerdo además con la propia Jurisprudencia de nuestros tribunales y en especial de nuestra Excma. Corte Suprema en fallos reiterados.
Se señala en uno de los relatos de los hechos “en los años de la dictadura y pese a los notables esfuerzos de los familiares de las víctimas y de sus organizaciones, con el apoyo de un grupo de abogados, de entidades humanitarias y religiosas y de la elevada actitud de determinados jueces y ministros de Corte, lo objetivo es que el avance en materia de investigación y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en nuestro país durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, fue escaso y excepcional”.
Las agrupaciones hacen referencia a las querellas presentadas anteriormente y relacionadas con graves casos de lesa humanidad “La querella en enero de 1998 en las nuevas condiciones del país y acogida a trámite por del Poder Judicial a través de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue la que abrió paso a una etapa nueva en la historia judicial chilena. A fines de ese mismo año eran alrededor de 400 las querellas contra Pinochet y los demás responsables de las debía conocer un solo magistrado, el Ministro del Fuero don Juan Guzmán Tapia. Entre ellas las de casos emblemáticos como los de “Calle Conferencia”, “Caso de los 119”, “Operación Cóndor”, “Caravana de la muerte”, “Colonia Dignidad” y muchos otros”.

Para ver documento completo del escrito de la querella – hacer click en el siguiente Link

http://www.mapuexpress.net/images/publications/29_12_2012_16_7_46_1.docx

Denuncian montaje contra observadoras italianas en la Araucanía


La Comisión Europea de Derechos Humanos y Pueblos Ancestrales – Harald Edelstam, a través de un comunicado público, denuncia que la campaña para inculpar a dos ciudadanas italianas de activistas en marchas mapuche es un montaje. Ambas son observadoras de DDHH de la Unión Europea y el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno estaba al tanto de su presencia desde el 29 de noviembre.
Denuncian montaje contra observadoras italianas en la Araucanía


Imagen: ciudadanas italianas Luisa Costalbano y Valentina Fabbri


Fuentes:

Mapuexpress
Adkimvn Comunicaciones
Movimiento Generación 80

Comunicado Publico

La Comisión Europea de Derechos Humanos y Pueblos Ancestrales – Harald Edelstam, con sede y Personería jurídica en Suecia, da a conocer lo siguiente:

Con fecha 27 de diciembre y en adelante, los medios de comunicación de Chile inician difusión de campañan en contra de dos ciudadanas italianas a través de supuesta participación como activistas en marcha no autorizada en Collipulli.

El Estado renococe a través de los medios de comunicación que han venido, desde el 27 de diciembre en reunión evaluando la aplicación de expulsión del país de dos observadoras de derechos humanos, lo que aumenta nuestra preocupación, ya que dicha evaluación se basa principalmente en la carta de presentación e información enviada oficialmente al ministerio de Relaciones Exteriores de Chile el 29 de noviembre 2012 en donde se informa a los siguientes correos la siguiente información: Direccion de Derechos Humanos MINREL (aguerra@minrel.gov.cl); ccornejo@minrel.gov.cl; pureta@minrel.gov.cl; gfernandezb@minrel.gov.cl

Señoras y Señores
Ministerio Relaciones Exteriores de Chile

Se solicita tenga la amabilidad de hacer llegar la siguiente carta adjunta a los encargados de esta instancia. De nuestra máxima consideración, las organizaciones que firman carta adjunta, nos dirijimos a usted para informar sobre la labor de Derechos Humanos de IL Cerchio y CEDPHA – Edelstam. Por consiguiente deseamos informarles de la llegada de dos ciudadanas italianas que irán a Chile como observadoras de derechos humanos: Luisa Costalbano, educadora y Valentina Fabbri, Mediadora Intercultural. Sin mas que agregar y en espera de acuse recibo.

Con esto mencionamos que nuestra labor ha sido transparente y que las instancias informadas no ha tenido la delicadeza de acusar recibo de esta información, aprovechandose de estos datos para intentar crear un montaje de ciertas agitadoras, lo que es completamente equivocado. Las observadoras, como en cualquier parte del mundo, apoyadas en el Derecho internaciona sobre Observadores de Derechos Humanos, podran estar presente en todo lugar de conflicto para documentar y realizar sus informes.

Considerando que las declaraciones difundidas afectan a dos integrantes de nuestras organizaciones debemos mencionar que en este momento, las observadoras están ejerciendo un trabajo de monitoreo y observaciones de derechos humanos en territorio de la Araucanía y otras regiones de Chile.

Recordamos que las dos ciudadanas italianas ingresaron a Chile legalmente el 4 de diciembre 2012, a través de policía internacional, no en calidad de turistas, sino como observadoras de Derechos Humanos, el mismo dia 4 se presentaron ante la embajada italiana de Santiago según instrucciones y, posteriormente asistieron a reunión planificada con la Delegación Permanente de la Unión Europea en la capital, a quienes se informó su pertenencia a organizaciones que se ocupan de los derechos humanos y que certifican su papel de observadoras internacionales de derechos humanos en territorio chileno y donde se acuerda trabajo entre las observadoras y esta institución.

En relación a nuestras observadoras, cabe recordar que a su llegada a Santiago se reunieron con Beatriz González, Policy officer de la Delegación de la Unión Europea, quedando concordado que antes de salir de Chile entregaran informe respecto a la Observación de Derechos Humanos en terreno, cumpliendo de este modo con la diplomacia y relación entre Intituciones y la sociedad civil.

En comunicación directa con nuestras observadoras, se nos ha informado de seguimiento de personas no identificadas, como asi la presencia permanente de vehiculos particulares de vigilancia, entre otros, por personal de carabineros, datos confirmados por personas que viven en ese sector donde hospedaban ellas.

A través de los medios de comunicación hemos podido constatar que inicialmente se intento crear situaciones de confusión, tergiversando casos de dos italianos expulsados del país el 2008 con las presencia de nuestra observadoras. También hemos podido ver el trabajo de inteligencia del Estado de Chile, al tratar de vincular supuestos financiamientos desde el extrajero, haciendo mención de seguimiento historial de uno de los familiares de las observadoras, lo que sentimos como insulto a la democracia y al derecho internacional. Ver noticia: Chile expulsó de su territorio a los ciudadanos italianos Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi

Cabe mencionar que Chile, incumple con acuerdos internacionales, asi como la aplicación en su totalidad del Convenio 169 de la OIT para pueblos Indígenas, en especial lo que refiere a la Consulta. Chile no esta entregando protección a los observadores de Derechos Humanos, muy por el contrario se viene realizando seguimiento y acoso ejercido por organismos del Estado en contra de estos.

Ante esto, hacemos un llamado a organizaciones que trabajan por los Derechos Humanos, a pesonalidades politicas y civiles tanto nacional e internacional a manifestar la preocupación por la proteccion a observadores de derechos humanos que estan en Chile.

Entre los instrumentos internacionales que mencionamos, deseamos destacar que:

En relacion a la difusión de parte del historial personal de una de las observadoras, nos apoyamos en el articulo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. En referencia a las comunicaciones escritas por nuestras observadoras, mencionamos que su y nuestro trabajo se basa fundamentalmente en el artículo 19 del mismo pacto:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Cuando se trata de la situación en la Araucanía, es importante destacar que en las declaraciones de dueños de predios, estos particulares manifiestan abiertamente salir de caceria, y tomar la ley en sus propias manos, por tanto pensamos que todas difusión de esto sin que el estado chileno tome medidas correspondientes, pudiese interpretarse como apología al odio nacional. Sobre esto citamos el Artículo 20; 2, Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

Para finalizar mencionamos que según el artículo 14 de la convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), nuestras observadoras tienen todo el derecho a que se rectifique todas tergiversación de la información publicada hasta el momento. Artículo 14. 1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

Firma

Directiva Ejecutiva
CEDHPA Edelstam

Persecución en Neuquén conflicto petrolera: Detuvieron a dos autoridades Mapuche


Comunidad Mapuche opositora a la explotación petrolera de la transnacional Apache, señala: “Queremos informar a toda la sociedad sobre los hechos ocurridos ayer en territorio de la comunidad mapuce Winkul Newen ubicada en Portezuelo chico a 25 km de cutral co. La misma resistió a una orden de desalojo dictada por la Jueza Ivonne San Martin de Zapala la cual imponía el ingreso de la empresa APACHE a territorio comunitario. Agregan: “Este hecho impune terminó con dos autoridades mapuche detenidas: Martin Maliqueo werken de la comunidad y Mauricio Rain lonko de la comunidad wiñoy folil fueron detenidos y llevados a la comisaria 22 de Zapala”.
Persecución en Neuquén conflicto petrolera: Detuvieron a dos autoridades Mapuche


Imagen: Martín Maliqueo y toma de infraestructuras de la empresa petrolera con explotación en territorio Mapuche


Comunidad Mapuche Winkul Newen – de Portezuelo Chico Pcia Neuquen, opositora a la explotación petrolera de la transnacional Apache, señala: “Queremos informar a toda la sociedad sobre los hechos ocurridos ayer en territorio de la comunidad mapuce Winkul Newen ubicada en Portezuelo chico a 25 km de cutral co. La misma resistió a una orden de desalojo dictada por la Jueza Ivonne San Martin de Zapala la cual imponía el ingreso de la empresa APACHE a territorio comunitario. Agregan: “Este hecho impune terminó con dos autoridades mapuche detenidas: Martin Maliqueo werken de la comunidad y Mauricio Rain lonko de la comunidad wiñoy folil fueron detenidos y llevados a la comisaria 22 de Zapala”.
Cabe mencionar que la detención se produjo luego de que las autoridades mapuche se entrevistaran con uno de sus abogados en la ruka de la Confederación mapuche de Neuquén la cual fue rodeada de efectivos policiales según denunciaron.
Los hechos se conocieron a través de un comunicado emitido por Violeta Velazquez y Relmu Ñamku en representación de la comunidad quienes dijeron: “Esta es la impunidad que se vive en esta provincia "Capital de los derechos Humanos" pero que ninguno se cumple”.

Llamado de alerta
Las voceras manifestaron: “Alertamos a la ciudadanía en general sobre estos hechos y los que puedan ocurrir ya que en varias oportunidades la policía amenazó con golpearnos cuando nos detuvieran”. Continuaron señalando. “Repudiamos el accionar policial y judicial en complicidad de la Empresa Apache, que solo acusa y detiene al pueblo originario mapuce por defender sus derechos y libera o caduca las causas de asesinos como Sobich”.
Asimismo denunciaron al Gobernador Sapag “porque su paz social es mano dura para quienes defendemos que no se contamine el medio ambiente y prefiere garantizar el saqueo de los recursos naturales a cualquier precio”, indicaron.
Finalizaron diciendo: “Sabemos que no es casualidad que se provoquen estos hechos de impunidad entre medio de brindis y festividades es por esto que alentamos a los sectores sociales a acompañarnos que la lucha por la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y un medio ambiente sano es de todos”.

DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN PERMANENTE EN LAS COMUNIDADES MAPUCHE


Durante estas últimas semanas ha resurgido con fuerza, en los medios de comunicación chilenos, la problemática política y social entre el Estado chileno y el Pueblo mapuche, donde conceptos como terrorismo, delincuencia, apoyo internacional y aún la solicitud expresa para decretar el estado de sitio en la zona, son los que predominan (desde hace décadas) en las declaraciones de empresarios, latifundistas y personeros del gobierno de turno.
DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN PERMANENTE EN LAS COMUNIDADES MAPUCHE


Por Centro de Investigación y Defensa Sur.

Ciertamente, la manera con que el Estado aborda esta problemática, esencialmente compleja, no ha sido otra más que políticas discriminatorias de reacción, ya sea mediante la invocación de leyes de excepción para reprimir y militarizar las comunidades, o bien mediante la creación de estrechos espacios de dialogo circunscritos a temas marginales, política y territorialmente irrelevantes y reproductoras del asistencialismo estatal, como es la creación de un Área de Desarrollo Indígena en la ciudad de Ercilla[1]. ¿Quién puede cuestionar que esta aérea de desarrollo fue creada precisamente como respuesta a las reivindicaciones levantadas por las comunidades que históricamente han reclamado por sus derechos políticos y territoriales en la Provincia de Malleco?

En efecto, los recientes allanamientos y detenciones de dirigentes mapuche obedece justamente a esta política de reacción, con el objeto de demostrar resultados ante la opinión pública. Para ello nada más simple que el encarcelamiento de aquellos comuneros reconocidos por su liderazgo al interior de sus respectivas comunidades y que ya han debido sufrir largos periodos de privación de libertad por su reconocida militancia por las reivindicaciones territoriales mapuche.

La atribución de responsabilidad criminal hacia el Pueblo Mapuche en general y a sus dirigentes en particular, respecto de todo incendio ocurrido en las provincias de Arauco, Malleco o Cautín aún antes de la realización de las primeras diligencias, obedece a una política discriminatoria que permite distraer la atención respecto a las históricas solicitudes de las comunidades para la devolución de sus espacios territoriales.

Luego, la invocación de la ley Nº 18.314 sobre conductas terroristas sólo cuando el imputado pertenece al Pueblo Mapuche corrobora esta política de reacción discriminatoria. Un caso paradigmático lo constituye la presentación por parte del gobierno de Chile de una querella por infracción a la ley antiterrorista en el incendio ocurrido en la ciudad de Carahue a con fecha 5 de enero de 2012, donde resultaron muertos 7 brigadistas forestales. Tras una larga investigación, sólo una persona ha sido condenada, a quien se le aplicó una multa por infracción a la Ley de bosques, al haber elaborado carbón en la zona sin las debidas medidas de protección. Por supuesto no se trató de un comunero mapuche, de lo contrario otro sería el resultado.


De este modo la invocación arbitraria de una ley de excepción como lo es la ley antiterrorista permite socavar las reivindicaciones del pueblo Mapuche, aceptadas como válidas para la gran mayoría de la población no mapuche. Así, el terrorista no puede ser incluido en el debate democrático precisamente porque se atenta contra las bases de este sistema cual es el respeto a los Derechos Humanos. Queda marginado. Sus pretensiones deslegitimadas. Así, lo reconoce la Constitución Política en su Art. 9º y sanciona, en el Art. 17, con la pérdida de la ciudadanía a los condenados por delitos que la ley califique de terroristas.

Sin embargo, no sólo la condena bajo esta ley excepcional provoca la deslegitimación de la contraparte. Esto también se puede indicar cuando la Ley Nº 18.314 sobre conductas terroristas es invocada por el Ministerio Público o por el Gobierno de Chile, aún cuando luego los Tribunales de Justicia rechacen tal calificación.

Vale destacar que el único Poder del Estado competente para calificar jurídicamente un hecho es el Poder Judicial, quién ha señalado en 3 oportunidades, durante los años 2011 y 2012, que las conductas realizadas tanto en la Octava como Novena Región no constituyen delitos terroristas. En efecto, tanto el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete en la Provincia de Arauco mediante sentencia de fecha 22 de marzo de 2011 en causa RIT Nº 35-2010, el tribunal Oral en lo Penal de Temuco en la Provincia de Cautín mediante sentencia de fecha 8 de octubre de 2011 en causa RIT Nº 158-2011, así como el Tribunal Oral en lo Penal de Angol en la Provincia de Malleco mediante sentencia de fecha 29 de agosto de 2012 en causa RIT Nº 58-2012 han desestimado la calificación terrorista para una serie de delitos enmarcados dentro de la protesta social mapuche.

Sin embargo, esta jurisprudencia no es óbice para que toda la investigación sea desarrollada al amparo de esta ley, ni para que tanto el Ministerio Público como el Gobierno de Chile la invoquen una y otra vez, todo lo cual redunda en que todas las diligencias de investigación desarrolladas por las policías se enmarquen dentro de la Ley Antiterrorista, lo que no sólo provoca un desmedro en las garantías procesales de los imputados, sino que también permite tratarlos como tales ante los medios de comunicación, al menos hasta que la sentencia definitiva determine otra cosa, lo que ciertamente nunca es comunicado con la fuerza con que se los acusa.

A lo anterior, debemos agregar que durante este año la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco mediante sentencias de fecha 21 de noviembre de 2011, 5 de julio de 2012, 3 de septiembre de 2012 y 7 de diciembre de 2012 le ha ordenado a Carabineros de Chile que en sus procedimientos deben ser realizados con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, teniendo una especial consideración respecto de los menores de edad. No obstante lo anterior, la violencia policial no ha sido corregida lo que ha quedado en evidencia con un nuevo recurso de amparo acogido por la Ilma. Corte de Apelaciones en sentencia de fecha 21 de diciembre de 2012 en causa Rol Nº 838-2012 señalando al efecto que: “El rigor desplegado por la policía para enfrentar un grupo de personas, debiendo procurar en su accionar no provocar mayores males que los necesarios para dar debido cumplimiento a su obligación de controlar grupos de personas, excedió el marco de lo aceptable con lo cual afectó derechos y garantías de los amparados…”. (El subrayado es nuestro).

De este modo, observando el actuar del Estado de Chile a través del Ministerio Público, las policías y el propio Gobierno, no resulta aventurado asegurar que en las zonas habitadas por el Pueblo mapuche la realidad de sus dirigentes y sus comunidades viven en un permanente Estado de Excepción que no se aleja tanto de un Estado de Sitio o de guerra interna legalmente declarado, tal y como lo han solicitado diputados y empresarios de la zona.

*****************

[1] El Art. 26 de la Ley Indígena señala que: “El Ministerio de Planificación y Cooperación, a propuesta de la Corporación, podrá establecer áreas de desarrollo indígena que serán espacios territoriales en que los organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades.”

El candidato presidencial Golborne propone balines de acero en vez de goma en La Araucanía


En su gira por La Araucanía y Osorno el candidato presidencial UDI Laurence Golborne hizo una crítica implícita a los tribunales de justicia al plantear que ”no podemos permitir que algunos delincuentes, porque eso son, delincuentes que no representan al pueblo mapuche, pongan en peligro y en riesgo nuestra institucionalidad, para ello hay que empoderar a las policías, hay que darles las herramientas de inteligencia, de recursos físicos y de soporte político para que puedan hacer su trabajo adecuadamente. Porque no podemos enviar a policías con balas de goma a enfrentar delincuentes armados hasta los dientes“.
El candidato presidencial Golborne propone balines de acero en vez de goma en La Araucanía

Foto de Felipe Durán (archivo) – Allanamiento a comunidad Temucuicui durante “visita” de presidente Piñera

Por Luis García-Huidobro -

Fuentes:

ADKIMVN COMUNICACIONES

El Ciudadano

Fuente original: El Quinto poder

El candidato presidencial UDI contradice así la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco de la semana pasada, donde ordena a la Prefectura de Malleco “efectuar los procedimientos policiales que se le ordenaren con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración en cuanto a los medios de disuasión que se utilicen para controlar a grupos de personas que provoquen desórdenes”. Pocos días antes el tribunal de Temuco había acogido otro recurso de amparo contra Carabineros por disparar perdigones desde un helicóptero al interior de una comunidad en la que se encontraban niños.

Durante el año 2012 la Corte Suprema tres veces (5 de enero, 25 de julio y 26 de septiembre) ha instruido a la prefectura de carabineros de Malleco exigiéndole que sus operativos se ejecuten dentro de la normativa legal vigente.

Al respecto, hace pocas semanas el Centro de Investigación y Defensa SUR había declarado que“la actitud reiterada y continua en orden a la utilización de fuerza desmedida y proporcionada por Carabineros de Chile en contra de comuneros mapuche, no constituyen hechos aislados y/o accidentales. Obedecen a un actuar que es respaldado por los altos mandos de la institución, los que a su vez son acogidos por las autoridades políticas del país”.

Esta es la segunda declaración pública que hace el candidato UDI en referencia al conflicto territorial en La Araucanía y los derechos indígenas, anteriormente en una polémica con el longko Eric Vargas Quinchamán por una privatización de aguas, le planteó a la autoridad tradicional que “usted lo que tiene que hacer es conseguirse los votos para que lo nombren parlamentario, esa es la forma en una democracia, la democracia obliga a que usted deje gobernar”.

*Sacerdote Jesuita - Tomado de El Quinto Poder

Comunidad Mapuche ofrece asilo político a ciudadanas italianas acusadas por el gobierno de Chile


La comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui, se pronunció ante las acusaciones de autoridades de gobierno e inminente expulsión de Chile de dos ciudadanas italianas, Luisa Costalbano y Valentina Fabbri, quienes cumplen labores en calidad de Observadoras Internacionales de Derechos Humanos en territorio Mapuche, expulsión que de concretarse, la comunidad les brindaría asilo político en su territorio.
Comunidad Mapuche ofrece asilo político a ciudadanas italianas acusadas por el gobierno de Chile
Fuente: adkimvn.wordpress.com

Comunicado de la Comunidad Autónoma Temucuicui ante la posible expulsión de dos ciudadanas italianas


La comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui, ante la posible expulsión de Chile de dos ciudadanas italianas que cumplen funciones como Observadoras Internacionales de Derechos Humanos, emite ante la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

El Estado Chileno se encuentra evaluando expulsar del país a dos mujeres de nacionalidad Italiana, argumentando que estarían “involucradas en manifestaciones en favor de la causa Mapuche”.
El ministro del interior, Andrés Chadwick, ha realizado declaraciones ante los medios de comunicación señalando: “Enfrentamos a un enemigo poderoso que goza de apoyo político, comunicacional e internacional”, aclarando con esto la postura del gobierno chileno ante las demandas del Pueblo Mapuche.

De la misma forma, el intendente de la región de La Araucanía, Andrés Molina, señaló ante los medios que abogados de la intendencia presentarán ante tribunales los requerimientos judiciales respectivos para lograr su expulsión del país, agregando: “Nosotros estamos dispuestos a recibir a los extranjeros, pero no a tener acciones donde no les corresponde a ellos sumarse”.

Queremos ser enfáticos en señalar que, las dos mujeres de nacionalidad Italiana, se encuentran en el territorio Mapuche en calidad de Observadoras Internacionales de Derechos Humanos. Que producto de las múltiples denuncias presentadas internacionalmente en contra del estado chileno vienen a verificar dichas situaciones, participando de los juicios orales y tomando testimonio a familias brutalmente golpeadas por las acciones represivas del estado chileno ante las legítimas reivindicaciones territoriales de nuestras comunidades.

Lamentamos que la expulsión de ciudadanos extranjeros ya sea una práctica habitual que el estado chileno ha adoptado con quienes solidarizan con nuestras legitimas reclamaciones, como sucedió recientemente con ciudadanas argentinas y con ciudadanos italianos. Contrariamente a lo que ocurre con extranjeros empresarios que se han instalado en nuestro territorio para sobreexplotar los recursos naturales y destruir nuestra tierra, a quienes el estado chileno les entrega garantías (como por ejemplo la utilización de la policía como guardias privados de predios y faenas industriales).

Señalamos que con esta actitud represiva del estado chileno, queda claramente demostrado el nivel de persecución y discriminación que existe hacia el Pueblo Nación Mapuche, pretendiendo aislarlo de la solidaridad internacional y ocultar la sistemática violación a los Derechos Humanos que Chile ha cometido con las comunidades Mapuche, contraviniendo las disposiciones de instrumentos internacionales de derecho, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Por tanto, rechazamos categóricamente la expulsión de las dos ciudadanas italianas que han solidarizado con nuestro pueblo únicamente en su calidad de Observadoras Internacionales de Derechos Humanos. Asimismo, instamos al gobierno de Chile a retractarse de las acusaciones infundadas en su contra, realizadas con el objetivo de desvirtuar las legítimas reivindicaciones de nuestro pueblo y pretendiendo criminalizar e involucrar a quienes solidarizan con nosotros, en hechos que no tienen relación con su labor en nuestro territorio, desviando la atención ante la opinión pública y evadiendo las responsabilidades políticas que el estado chileno mantiene con las comunidades Mapuche.

Por lo anterior, de hacerse efectiva la expulsión y para garantizar la integridad física de las dos mujeres italianas, haciendo ejercicio de nuestra autonomía y autodeterminación, las comunidades de nuestro Pueblo estamos dispuestos a brindarles asilo político en nuestro territorio Mapuche.

Comunidad Autónoma Temucuicui

Wallmapuche, 28 de Diciembre de 2012.

Solicitan al Fiscal Nacional no ascender a fiscal racista responsable de la condena de Gabriela Blas


Nos oponemos a la posibilidad que la Sra. Fiscal Javiera López Ossandón asuma el cargo de Fiscal Regional de Arica y Parinacota. Se dejaría a cargo de la responsabilidad de la persecución penal a nivel regional y del control de los fiscales adjuntos a quien ha tenido una actitud racista y discriminadora contra el pueblo aymara y todos los otros pueblos que comparten la cosmovisión andina (quechua, colla, diaguita y lickan antai).
Solicitan al Fiscal Nacional no ascender a fiscal racista responsable de la condena de Gabriela Blas
Señor
Sabas Chahuán Sarrás
Fiscal Nacional
Ministerio Público de Chile.
Av. General Mackenna 1369
Presente:

Las organizaciones abajo firmantes, representando el sentir del pueblo aymara, organizaciones de mujeres y de la sociedad civil en general, en relación a la inclusión de la Sra. Fiscal Adjunta Javiera López Ossandón en la terna elaborada por la Ilma. Corte de Apelaciones de Arica para el cargo de Fiscal Regional de Arica y Parinacota, manifestamos lo siguiente:

1. Nos oponemos a la posibilidad que la Sra. Fiscal Javiera López Ossandón asuma el cargo de Fiscal Regional de Arica y Parinacota. Se dejaría a cargo de la responsabilidad de la persecución penal a nivel regional y del control de los fiscales adjuntos a quien ha tenido una actitud racista y discriminadora contra el pueblo aymara y todos los otros pueblos que comparten la cosmovisión andina (quechua, colla, diaguita y lickan antai).

2. En efecto, la Sra. Fiscal Javiera López persiguió penalmente una práctica ancestral aymara en el caso de nuestra hermana Gabriela Blas. Se le condenó por una práctica que nuestros abuelos y nuestras abuelas hacemos: al buscar el ganado, no dejamos a nuestros hijos en la casa habitación, sino que los llevamos, y muchas veces es necesario dejarlos en un aguayo, pues sino los animales se arrancan. Lo mismo en la precordillera: se lleva a los niños a la chacra. En dicho sentido, las pericias antropológicas presentadas por dos funcionarios públicos, incluido uno de CONADI, de vasta experiencia y reconocido prestigio en el tema, lo que fueron objetos de comentarios despectivos por la Sra. Fiscal[1]. Considerando que más de una 35% de la población regional es aymara o descendiente, nos preocupa su desconocimiento sobre nuestra cultura.

3. La Sra. Fiscal no presentó ninguna pericia antropológica ni buscó asesoramiento alguno en materia de interculturalidad.[2] Se aplicó estándares “occidentales”, “urbanos”, para valorar una práctica cultural propia de los y las aymara.[3] No se respetó, por ende, los principios de objetividad y legalidad, pero lo que es más grave, implicó un mirada etnocentrista y prejuiciosa[4]. ¿Qué le impide que esta misma fiscal, en caso de asumir la Fiscalía Regional, no aplique el mismo etnocentrismo para perseguir penalmente otras prácticas ancestrales, como el porte de hojas de coca para rituales religiosos? ¿es que usted avalaría o se haría cómplice de estos intentos de integración forzada de la cosmovisión aymara a la occidental?

4. La Sra. Fiscal no tomo en cuenta el derecho constitucional y de derecho internacional de los derechos humanos, pues no aplicó el Convenio 169 de la OIT, importante instrumento internacional y ley vigente en Chile,[5] obviando el principio de legalidad. También desconoce los estudios de género, pues usa y abusa de estereotipos machistas argumentando en función de los roles asignados tradicionalmente al sexo femenino[6]: se exige a Gabriela comportarse como una “buena madre”, olvidando que ella es aymara y no participa del todo en los patrones culturales occidentales.

5. El caso de Gabriela Blas está siendo conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y según los últimos informes, lo más seguro es que se admita a tramitación. La actuación del Ministerio Público, con la Sra. Fiscal Javiera López Ossandón, en conjunto con los tribunales penales, puede conllevar un nuevo bochorno para el Estado de Chile y conllevar su condena internacional, tal como paso con el caso de Karen Atala. En Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha señalado que “los/as administradores de justicia han omitido la condición étnica de las personas y las costumbres de los pueblos indígenas, con lo cual reiteran en la actuación judicial la discriminación histórica que los afecta. En este contexto, los obstáculos que las mujeres enfrentan en la justicia, se potencian; se trenzan en este acto la discriminación de género y la de etnia junto con aquella que resulta de la pobreza” (Informe 2011, pp 129-130). Cabe recordar, además, el indulto presidencial a Gabriela, constituyendo una suerte de reconocimiento de los abusos cometidos contra ella.

6. Dado lo anterior, las organizaciones firmantes declaramos no confiar en una eventual jefatura regional de la nombrada Fiscal. Los y las aymaras, sin exagerar, tenemos un profundo temor ante la llegada de Javiera López y el consiguiente reforzamiento de la persecución penal étnica. Hasta la fecha ella no ha realizado ninguna disculpa pública.

7. La ciudadanía regional y nacional sabe que el pueblo aymara ha sido tremendamente respetuosa de las normas jurídica chilenas. En caso de usted decida elegirla, aumentaría la decepción, no solo de los y las aymara, sino de diversas organizaciones de derechos humanos, en la labor del Ministerio Público, aumentando las dudas acerca de la imparcialidad y objetividad que la ley exige al actuar de los Fiscales, lo que podría dar pie a expresiones de reclamo no ocupada antes (marchas, etc.)

8. Hacemos un llamado a vuestra autoridad a que instaure una unidad de facilitación, mediación y asesoría intercultural, a sazón de la defensoría penal pública, para asesorar a su personal en la atención de víctimas indígenas y en los procedimientos seguidos contra imputados e imputadas indígenas, a fin de que se respeten las reglas y principios de derecho internacional de derechos humanos y se tomen en cuenta las desigualdades, vulnerabilidad y características culturales de los y las indígenas. Además, solicitamos realizar capacitaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT y demás estándares internacionales que vienen a complementarla, con el objeto de asegurar un debido proceso.


Eliseo Huanca Yucra
Luis Jiménez Cáceres
Asociación Indígena J´acha Marka, R.M.

Ariel León Bacián
Corporación J´acha Marka Aru

Yamila Flores Vargas
Asociación de Estudiantes de Pueblos Originarios

Nancy Piñones
Luis Ojeda Taucare
Asociación Indígena Inti Marka, R.M.

Maria Isabel Matamala Vivaldi
Gloria Maira Vargas
Beatriz Sotomayor y demás integrantes de la
Articulación Feminista por la Libertad de Decidir
Noelia Duran Colipi
Asociación Mapuche Pikun Arica Asociación Indigena Suma Qamaña

Ricardo Asis Cortez
BRIGAY

Sandra Bravo Bobadilla
Encargada Línea de Prevención en Violencia Contra la mujer –CEDEMU Arica

Silvana Gutierrez Vilca
Asociación Indígena Suma Qamaña

Gladys Cisternas Riveros
Movimiento Feminista de Arica

Milene Molina Arancibia
Mujeres Afrodescendientes de Chile Luanda

Soledad Rojas B.
Sandra Palestro C.
Tamara Vidaurrázaga
Gloria Leal
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres

Patricia Huichulef Curimil
Asociación Indígena Wilkunche

Elizabeth Antilef H
Asociación Indígena Meli Newen Mapu

Sonia Millahual Cheuque
Comunidad Mapuche francisco Trecan

Francisca Calfin Alcapan
Comunidad Francisca Lienlaf Viuda de Calfin

Yerson Alcapan
Comunidad Francisco Huaquin

Juan Antonio Correa Calfin
Corporación para el Desarrollo Intercultural Social Indígena

Willy Morales Madariaga
Director nacional RENPO CHILE Red Nacional de Pueblos indígenas en respuesta al SIDA

Yamil Pastenes López .
Williche kelwo Chiloe

Juana Cheuquepan Colipe
Asociación indígena mapuche kiñe puliwen de la Pintana

Sandra Soriano Inostroza
Marcela Nuñez Díaz
Marcela Díaz Díaz
Organización MUJERES HOY Comuna de La Renca

Irís Hernández Morales
Colectiva Ideas sin Género

Ana Cortes Castillo Red de acción por los derechos de la mujer de Arica y Parinacota

Jaqueline López Supanta
Sara Cáceres Coñajagua
Hijos/as de la Comunidad de Chiapa Sede Arica

Zenón Alarcón Rodríguez
Consejero Nacional Indígena por el Pueblo Aymara ante la CONADI

Ángel Bolaños Flores
Consejo Autónomo Aymara.

Fernando Anza Anza
Centro de Comunicación e Investigación Indígena Chaskinayrampi

Marjorie Cortés Mancilla
Movimiento Ciudadano de Arica

Hortencia Hidalgo Cáceres
Red chilena contra la violencia domestica y sexual Arica y Parinacota

Notas:
[1] Dice la primera sentencia “el esfuerzo de las pericias de Alejandro Supanta e Inés Flores, son subjetivas, basadas en una versión, sin metodología y sin rigor científico”.

[2] Es más, las pericias psicológicas ordenadas y supervisaras por la Sra. Fiscal no tomaron en cuentan las condiciones socioculturales de Gabriela Blas, por lo que, a juicio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, “configura una vulneración de las garantías judiciales que establece la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8 a. y b.)” (INDH, Informe Anual 2011, pp. 131).

[3] Incluso la Sra. Fiscal llega a sostener un verdadero racismo biológico, al creer que la forma que ella ve la vida se aplica a todas las culturas: “Se llega a absurdos que son naturales los ritos de sacrificios de animales y que los humanos tienen la misma jerarquía de animales. Es un error pensar que es un juicio contra el pueblo aymara; el reproche y exigibilidad son contenidos que trasciendo el tema interculturalidad, respeto a la vida, relaciones instintivas de madre e hijo con contendido biológico” o frases como “Sabe que la defensa planteará que se trató de un hecho accidental en el desarrollo de las costumbres aymaras, entre las que no está el abandonar un hijo".

[4] Dice la primera sentencia “Contra examinado por el Ministerio Público [el perito Alejandro Supanta] explicó que la acusada fue al colegio pero también en poblados como una población muy mínima, pero gran parte de su vida estuvo aislada o bien “Se dice que no tenían valoraciones, pero Gabriela y Cecilio fueron a la escuela pertenecen a una religión, que tenían contacto con la sociedad [...]”. La Sra. Fiscal sugiere que un indígena aymara, por el solo hecho de ir al colegio y recibir educación “chilena”, abandona sus valores, lo que contradice todos los estudios antropológicos-sociales. Por lo demás, vasta con ver en la ciudad de Arica que los aymara llevan su cultura y ética incluso a la ciudad.

[5] La Sra. Fiscal señala en la primera sentencia que “El mismo convenio [169 de la OIT] establece que la costumbre siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales reconocidos, el derecho a la vida de un menor de tres años es un derecho reconocido". Al parecer, la Sra. Fiscal no sabe que, en caso de haber conflictos entre derechos fundamentales, se aplica la ponderación de derechos.

[6] Dice la primera sentencia: “El delito [abandono de menores] es de rara ocurrencia y menos que sea la propia madre la que abandone a su hijo”. Como se sabe, la mayoría de los imputados por este delito son mujeres, en base a la exigencia del estereotipo de “buena mujer”, única encargada del cuidado de los niños. El padre del menor participó en la investigación, pero solo en calidad de testigo.

vendredi 28 décembre 2012

Llamado a una iniciativa humanitaria para contribuir al término de la huelga de hambre de Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo


El “problema Mapuche” entonces no es un tema simplemente policial o jurídico; es un tema político que implica reconocer que los Mapuche están embarcados en una causa que brota de la ocupación abusiva que hizo Chile de su territorio al sur del Bío-Bío, ocupación de la cual Chile hasta ahora no ha estado dispuesto a dar razón ni reparación.
Llamado a una iniciativa humanitaria para contribuir al término de la huelga de hambre de Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo

La huelga de hambre es un recurso extremo al que recurre alguien al ver que el diálogo razonable no opera.

Esta es la situación en que se encuentran ahora los dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo, quienes desde el día 14 de noviembre de 2012 se encuentran empeñados en conseguir una reconsideración de su situación legal después de una sentencia por homicidio frustrado.

La revisión de esta sentencia por parte de la Corte Suprema ha logrado que se reconocieran diversos factores, con resultado de reducción de penas, pero creemos que con esto no se toca la esencia del reclamo que los huelguistas están dirigiendo al Estado chileno y a la sociedad chilena, al costo de su salud y eventualmente de sus vidas.

Este reclamo se refiere a la necesidad perentoria de que Chile reconozca algo que está plenamente documentado y que muy claramente lo ha expresado el recién laureado con el Premio Nacional de Historia, Jorge Pinto Rodríguez en entrevista en El Mercurio del día 2 de septiembre de 2012, donde afirma, refiriéndose a la CAM: “considero que sus demandas son legítimas, porque se inspiran en esa larga historia de abusos, atropellos y expropiaciones de tierras que tanto empobrecieron al Mapuche”.

El “problema Mapuche” entonces no es un tema simplemente policial o jurídico; es un tema político que implica reconocer que los Mapuche están embarcados en una causa que brota de la ocupación abusiva que hizo Chile de su territorio al sur del Bío-Bío, ocupación de la cual Chile hasta ahora no ha estado dispuesto a dar razón ni reparación.

Esto implica que ni Llaitul ni Llanquileo puedan ser tratados como delincuentes y mucho menos como terroristas y al mantenerlos en esa condición se hace que cada día sea más difícil llevar adelante el diálogo que está pendiente entre la Nación chilena y el pueblo Mapuche. Por lo tanto ponemos a consideración del país un camino de paz y de justicia bajo los siguientes predicamentos:

1.- La libertad inmediata e incondicional de Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo como forma de terminar con la huelga de hambre.

2.- Creación de una instancia de diálogo entre el Estado chileno y los representantes legítimos del pueblo Mapuche.

3.- Definición de una agenda común que pueda desembocar en un acuerdo que considere la autodeterminación y formas de representación y autogobierno del pueblo Mapuche.

4.- Recuperar para las comunidades los territorios Mapuche que en su gran mayoría se encuentran en manos de las forestales y reconocimiento del Tratado de Tapihue de 1825, vigente y no respetado por el Estado Chileno, aplicándose el principio "pacta sunt servanda"; vale decir, los tratados se deben respetar tal como ha sido la línea de Chile para todo conflicto internacional.

5.- Promover con urgencia una ley de indulto general a los presos por este conflicto territorial y, en lo inmediato, la consagración del debido proceso en las causas judiciales, término de la actual prisión preventiva prolongada e ilegal y acceso real a la defensa y a la Justicia para todos los integrantes de los pueblos originarios detenidos y procesados por defender sus tierras.

6.- Pleno respeto al Convenio 169 de la OIT, firmado y ratificado por Chile a fin que los pueblos originarios sean efectivamente consultados sobre las políticas y programas sociales y de inversión que les conciernen.

7.- Resguardo de la integridad física y psíquica de la niñez mapuche y cumplimiento de todos los compromisos establecidos por el Estado chileno ante el concierto internacional en materia de Derechos Humanos.

Nos parece que todo intento de diálogo por parte de algún organismo del Estado u oficina del Gobierno, por bien intencionado que sea, no llegará a buen puerto sino considera estos puntos, porque no se hace cargo de la demanda principal del movimiento y de la reparación del daño causado con la criminalización de estas demandas.

Tarde o temprano el país y el gobierno de turno tendrán que tener el valor de caminar en esa dirección.

Santiago, 27 de diciembre de 2012 a 43 días del comienzo de la huelga de hambre.

Firman el presente llamado:
§ Jorge Pinto Rodríguez, Premio Nacional de Historia 2012.
§ Luis Álvarez Figueroa, Pastor Presidente Iglesia Evangélica Luterana en Chile.
§ José Balmes Parrón, Premio Nacional de Arte 1998.
§ Juan Pablo Cárdenas Squella, Premio Nacional de Periodismo 2005.
§ Raúl De la Puente Peña, Profesor de Estado, Presidente Nacional de la ANEF.
§ Viviana Díaz Caro, Premio Nacional de Derechos Humanos 2011.
§ Andrés Fielbaum, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH.
§ Sergio Grez Toso, Historiador y Académico de la Universidad de Chile.
§ Juan Guzmán Tapia, Jurista, ex Juez de la República.
§ Enrique Paris Mancilla, Presidente del Colegio Médico de Chile
§ Armando Uribe Arce, Diplomático, Premio Nacional de Literatura 2004.
§ Diego Vela Grau, Directiva Federación de Estudiantes de la Universidad Católica – FEUC.

Pastoral Mapuche Comisión Ética Contra la Tortura

La "democracia chilena": Anuncian expulsión de ciudadanas italianas por participar en manifestación Mapuche en octubre


El gobierno chileno continúa los trámites para expulsar a dos turistas italianas que, según la versión oficial, fueron detectadas en manifestaciones de apoyo a la causa mapuche en la región de la Araucanía, 670 kilómetros al sur de Santiago. "Los extranjeros son bienvenidos, pero no para agitar" expresó el intendente de la zona, Andrés Molina, quien no dio la identidad de las dos europeas.
La "democracia chilena": Anuncian expulsión de ciudadanas italianas por participar en manifestación  Mapuche en octubre

ANSA - ITALIA

A su vez, el vicecónsul de Italia en Temuco, Italo Capurro, dijo desconocer detalles sobre las dos mujeres, que fueron grabadas y fotografiadas en la provincia de Malleco, donde se han producido los más severos enfrentamientos de la policía con los mapuches que reclaman sus tierras ancestrales. En los últimos días, el Gobierno ha endurecido su postura respecto a la Araucanía y el ministro del Interior, Andrés Chadwick –quien se trasladó a la zona- sostuvo que en el movimiento mapuche están involucradas personas de otros países, que serían expulsadas. En junio de 2008 fueron expulsados los italianos Darío Joseffi y Giusseppe Gabriele por filmar en un predio de la empresa Forestal Mininco, la cual había denunciado el robo de madera. Los extranjeros sostuvieron que estaban entrevistando a un lonco (jefe) para un documental. (ANSA). MBA-DS/ACZ

jeudi 27 décembre 2012

Dirigentes mapuche repudian amenazas de muerte y responsabilizan al estado por el conflicto existente


Tras rayados encontrados en las paredes de la casona patronal del fundo Chequenco el pasado martes, y el ultimátum de 24 horas dado el fin de semana por agricultores al gobierno, de tomar justicia por su propias manos sin no toma medidas drásticas. / El fundo Chequenco -de 1.053 hectáreas- cuenta con protección policial, a lo que se suma trabajadores de las empresas forestales Mininco, Arauco y Millalemu que operan como “guardias”, así como particulares armados, son algunos de los hechos que también denuncian. “Sabemos de dónde viene la violencia”, señaló una dirigente mapuche.
Dirigentes mapuche repudian amenazas de muerte y responsabilizan al estado por el conflicto existente


Por Elías Paillan,
Observatorio Ciudadano


Diversos dirigentes mapuche de la Araucanía repudiaron tajantemente los rayados con amenazas de muerte contra miembros de este pueblo en un muro de la casa patronal del Fundo Chequenco, los que fueron descubiertos por niños de la comunidad Cacique José Guiñon, cuando jugaban en dicho lugar.

En efecto, en los muros de adobe se leen frases escritas con spray amarillo, tales como "Lemun, Catrileo, Collio, Carbone, Daniel Melinao, le va a llegar su hora". Los primeros de ellos, asesinados por carabineros en el marco del proceso de reivindicación de tierras usurpadas, aparecen con una cruz, amenazando con el mismo destino en el caso de Carbone y Melinao. Del mismo modo, se señala se atentará contra mujeres y niñas.

José Guiñon

Mediante comunicado público, la comunidad Cacique José Guiñon señaló que "las horrorosas y cobardes intimidaciones y amenazas de muerte a los jóvenes mapuche que pertenecen a comunidades en proceso de recuperación territorial ancestral, nos recuerdan todas las violaciones a nuestras abuelas y madres, y como también los asesinatos y descuartizamientos que sufrieron otras mujeres y niñas mapuche, como consecuencia por defender nuestro territorio usurpado".

A juicio de la comunidad, "con estos hechos el Estado chileno y sus instituciones dejan al descubierto sus intenciones de incentivar las violaciones y el sucio abuso de poder, como forma de bajar y callar la lucha de nuestro pueblo por la liberación de nuestro territorio, usurpado por latifundistas y mega empresas".

Lonko Jorge Calfuqueo

Por su parte el lonko e integrante de la Alianza Territorial Mapuche, Jorge Calfuqueo, junto con condenar este tipo de rayados, expresó que “es un sistema de amedrentamiento y de amenazas a los líderes promovidos por el Comando Hernán Trizano (grupo paramilitar que ha formulado anteriormente amenazas de muertes a otros comuneros), “los que siempre ha promovido una mentalidad racista”, afirmó.

“Creo que detrás de esto están efectivamente los empresarios y está ese comando Trizano también”. Agregando que “todo es producto del desconocimiento de una situación, social, político y cultural de trasfondo y que la lucha mapuche es una lucha social no se puede criminalizar”, añadió.

Calfuqueo respondió además a los dichos del diputado de Renovación Nacional, Germán Becker, quien en días pasados señaló que el Gobierno debe evaluar declarar estado de sitio en la región. A juicio de Calfuqueo, las expresiones de Becker tienen también como objetivo contribuir a este clima de amedrentamiento. Becker representa la postura de todo el mundo político empresarial clásico, que no hace otra cosa que demostrar una postura de discriminación y racismo total. Advirtiendo que “en el mundo político y empresarial, debiera existir una preocupación de conocer el proceso histórico de cómo fue la usurpación de las tierras en el territorio mapuche”, para que tengan una postura desde la realidad mapuche.

Finalmente acusó al estado de no ser capaz de reconocer y restituir las tierras usurpadas, y tampoco ha sido capaz de entablar una mesa de diálogo, pero real, con el pueblo mapuche”.

Niños afectados

Carola Marileo, aseguró que los niños están preocupados por las amenazas y resulta muy chocante para las mujeres, las amenazas específicas que contra ellas se formula en los rayados. Agregando que saben de dónde viene la violencia, y es tan responsable de ella quienes la ejercen como el gobierno. “Esto es para amedrentar a la gente, para que dejen su proceso de reinvindicación de lado y no sigan reclamando sus tierras”. Adviertiendo que ese fundo (Chequenco) tiene resguardo policial y los rayados “viene de ellos”.

La comunidad José Giñon reclaman la devolución de sus tierras ancestrales, consistente en 3 mil hectáreas, siendo el fundo Chequenco –con una superficie de 1.053- parte de ellas. “Ahí hay personas de las empresas forestales Mininco, Arauco y Millalemu, además de particulares, que hoy tienen nuestras tierras”, afirmó.

Marileo denunció además la detención, tras un violento allanamiento el pasado sábado 22 de diciembre, alrededor de las 19:30horas, de Jaime Marileo y Jorge Mariman, acusados de un supuesto robo con intimidación. Ambos quedaron con prisión preventiva por tres meses en la cárcel de Angol.

Leer comunicado completo de la Comunidad Cacique José Guiñon AQUÍ

http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=9606

http://www.observatorio.cl/node/8078

“Han desplegado (nuevamente) un perverso manto de turbiedades en territorio Mapuche”


Nuevamente, desde los mismos sectores antidemocráticos chilenos, acostumbrados a avalar y promover toda violación a los derechos humanos, hacen aparecer los términos: Infiltrados, manipulación, financiamiento extranjero y terrorismo en su denominado “zona de conflicto Mapuche”,, justo cuando se han reafirmado en diversos lugares las reclamaciones por tierras ancestrales, activándose un clima represivo, de militarización y de campañas mediáticas.
Como ya se ha dicho antes, frente este tipo de climas orquestados, “ Son actos repulsivos, repugnantes, sin moral, que buscan desviar la atención sobre los verdaderos temas de fondo que reclama el Pueblo Mapuche y que versan sobre reclamaciones de tierras ancestrales, restauración de derechos humanos y exigencias de reparaciones frente a los abusos, violaciones, usurpaciones, arbitrariedades, negaciones y empobrecimiento causado por un estado colonial y patriarcal, controlado por grupos de poder fáctico…”
“Han desplegado (nuevamente) un perverso manto de turbiedades en territorio Mapuche”
Con fecha 24 de diciembre, el ministro del Interior, Andres Chadwick, se dirigió a la Araucanía para presentar querellas en contra de “responsables” de ataques y atentados indicando que “estamos enfrentando a un adversario que es preparado, que se aprovecha de las circunstancias de la zona, de la naturaleza para poder esconderse, que actúa encapuchado (…) no tenemos temores ni nos va a temblar la mano, sabemos que enfrentamos un enemigo poderoso, que goza de apoyo político, comunicacional e internacional“.

Asimismo, sostuvo tras una reunión con los fiscales, de que habría “evidencia de delito terrorista”, señalando al respecto: “Vamos a presentar la recalificación de la querella para que se aplique la Ley Antiterrorista”.

“Complementariamente”, los diarios vinculados al empresario golpista, Agustín Edwards, con el mercurio y la segunda principalmente, desde donde se ha originado la terminología “terrorismo mapuche”, “zona de conflicto”, “zona roja”, particularmente post muerte de un campesino chileno pobre de la zona de Arauco, refuerza estos términos y acompaña los dichos oficiales de voceros de gobierno y sectores políticos conservadores.

En la misma línea, el intendente de la Araucanía, ex empresario de la industria forestal y yerno de uno de los principales latifundistas en la región de la Araucanía sale vilmente al paso de las declaraciones de una dirigenta de Quepe luego de un ataque incendiario de un camión en el marco de la construcción de un conflictivo proyecto de aeropuerto en zona Mapuche refiriéndose a un auto atentado y ante esto, el funcionario de gobierno la amenaza con criminalizarla sosteniendo a la prensa: “A través de nuestro equipo de profesionales de la Unidad Penal de la Intendencia Regional, hemos reunido antecedentes para presentar la querella que se hizo efectiva el mismo martes 11 de diciembre por este ataque, y por esta razón, con esta información que tenemos, podemos concluir que los dichos irresponsables de esta señora, en nuestro concepto, son injuriosos y calumniosos". Cabe mencionar que la dirigente es Luz María Huincaleo, una joven madre integrante de la comunidad Fermin Manquileo y cuyo único propósito, haciendo uso de la libertad de expresión como derecho humano fue el de alzar la voz ante un turbio hecho y que ha traído como consecuencia la intervención del territorio por parte de todo el aparato represivo y que busca involucrar a las comunidades la que además, ha manifestado reclamaciones de tierras ancestrales. La dirigente solo exige paz para su sector, sin embargo, el “valiente” intendente, la amenaza. Molina, hace rato viene actuando como operador político en estos escenarios.

Por su parte, el senador oficialista por Malleco, Alberto Espina, puntualizó este 26 de diciembre a medios radiales que existen "grupos muy organizados, que actúan como comandos y donde participan personas de diferentes etnias y otras personas que no son mapuches". Dijo en medios de su calaña: “la información que maneja el Ministerio Público apunta a que hay contactos con extranjeros". Agregó que "estamos frente a un hecho terrorista, que quieren infundir temor en la población y boicotear las políticas públicas del gobierno con las comunidades mapuches".

Cabe mencionar que el pasado jueves 20 de diciembre, según fuentes oficiales, cuatro personas encapuchadas ingresaron a una parcela en Cañete, hecho que terminó con un parcelero muerto, el campesino Osvaldo Zapata (54) y su esposa herida. Como suele ocurrir en estos casos, de diferentes formas, se dejó entrever que ocurría en una “zona de conflicto Mapuche”.

Al respecto, la organización Coordinadora Arauco Malleco (CAM) a través de un comunicado señalaba: “Nos debemos a una ética política del weichan, o de lucha, por consecuencia no tenemos una línea de confrontación indiscriminada contra parceleros y campesinos, estamos categóricamente en contra de eso. No atacamos a los más débiles aunque estén en territorio mapuche“, declaran en el documento, en el que identifican al capitalismo como su enemigo, representado por las “empresas forestales (Mininco, Volterra, etc) y sus expresiones de inversión y usurpación”. El campesinado chileno, dicen, no es ni será un objetivo para la CAM. “Es más, los consideramos un sector también oprimido por el sistema político económico imperante…”
A esto se debe agregar una seguidilla de extraños atentados que han involucrado esta vez a campesinos chilenos pobres, ataque a furgón escolar, escuela de niños y en algunos casos, a los intereses de latifundistas, lo que ha profundizado las políticas represivas y de militarización por parte de fuerzas especiales y del gope en diversos sectores, con continuos allanamientos y control de territorios.

Estos hechos han sido utilizados publicitariamente, donde nuevamente, desde los mismos sectores antidemocráticos chilenos, acostumbrados a avalar y promover toda violación a los derechos humanos, hacen aparecer los términos: Infiltrados, manipulación, financiamiento extranjero y terrorismo en su denominado “zona de conflicto Mapuche”, justo, cuando se han reafirmado en diversos lugares las reclamaciones por tierras ancestrales, activándose un clima represivo, de militarización y de campañas mediáticas.

¿La consagración de un modus operandi?

Estos sectores han desplegado (nuevamente) un perverso manto de turbiedades en territorio Mapuche y como ya se ha dicho antes, frente este tipo de climas orquestados, “ Son actos repulsivos, repugnantes, sin moral, que buscan desviar la atención sobre los verdaderos temas de fondo que reclama el Pueblo Mapuche y que versan sobre reclamaciones de tierras ancestrales, restauración de derechos humanos y exigencias de reparaciones frente a los abusos, violaciones, usurpaciones, arbitrariedades, negaciones y empobrecimiento causado por un estado colonial y patriarcal, controlado por grupos fácticos de poder…”

Estos hechos, vienen ocurriendo en zonas donde diversas comunidades mantienen activa sus reclamaciones por tierras ancestrales y que han asumido públicamente sus reivindicaciones y demandas y que mayoritariamente involucran los intereses de empresas forestales y en algunos casos de latifundios de descendientes de colonos. En estos sectores, junto con el control policial, también operan mercenarios – sicarios, que son grupos de seguridad privada de empresas forestales donde ha existido registro desde hace algunos años, del involucramiento de ex agentes de CNI (inteligencia dictadura militar) y de uniformados en retiro, donde ha habido acusaciones por auto atentados, como también, de sectores sindicados como paramilitares bajo la denominación de “comando Hernán Trizano”, supuestamente vinculado a grupos de terratenientes ultras y xenófobos.

Cabe mencionar, ante recientes ataques incendiarios a inmuebles de latifundios en algunos lugares de la Araucanía, se ha acusado directamente a comuneros mapuche y se han enviado duros mensajes, uno de ellos, bajo el anonimato a través de la prensa este 23 de diciembre. Se dijo en la radio Bio Bio: “ Hoy día se les acaba el plazo para detener a este gente, mañana nosotros empezamos a actuar, tan simple como eso. 24 horas para que detengan a esta gente. Nosotros sabemos cómo hacer las cosas y las vamos a hacer. Mañana empieza la cacería“. Sucesivamente han aparecido una serie de rayados y amenazas de muerte contra dirigentes Mapuche, tal cual lo ha denunciado la Comunidad José Guiñon, a modo de ejemplo.

¿A quién conviene este clima y escenario?

Un comunero, una familia, una comunidad que exige justicia, que les reparen derechos territoriales, que demanda al estado chileno restitución y que denuncia las prácticas de ciertas empresas forestales ¿Va a querer que le militaricen el territorio donde vive? ¿Va a querer que allanen sus viviendas y maltraten a los integrantes de su familia?

Estamos hablando de zonas que no son el denominado “conflicto Mapuche” inventado por grupos de poder ultras, sino de conflictos que ha instaurado el estado chileno con los procesos de usurpación de tierras y de impactos de la industria forestal, donde existe en el presente un masivo control de agentes policiales con formación militarizada del estado chileno, donde operan diversos servicios de inteligencia y en donde se viene invirtiendo millones y millones de dólares para supuestos fines de “seguridad”, con la más alta tecnología ¿es posible entonces pasar desapercibido así? Estamos hablando de zonas de “sacrificio” donde no interesa a las políticas oficiales del estado el desarrollo de comunidades o la restitución de sus derechos, sino de expansión de ciertas industrias, como las forestales.

Asimismo se ha hablado de “grupos armados” e incluso ha habido varias acciones penales en contra de jóvenes por supuesta “tenencia ilegal de armas”, reforzando el estigma de violentismo y “guerrilla” en zonas de control estatal y de ciertos sectores privados, pero de ser así, nadie de los acusadores se ha preguntado ¿quién está ingresando esas supuestas armas?, lo que, ante la masiva concurrencia e invasión policial, más que un acto temerario, sería un acto suicida.

En medio del entrelazo de sectores de poder público y privado, no cabe duda que ante las legítimas reclamaciones de comunidades, este clima y escenario gatillado desde estos sectores, busca intensificar la persecución hacia quienes reclaman tierras y neutralizar las movilizaciones en ese sentido, desviando la atención de los temas de fondo.

¿Es nuevo esto?

Son diversos los antecedentes similares al respecto, pero uno de los últimos, fue en enero del 2012, donde, desde las palabras del propio Presidente de la República y consecutivamente del aquel entonces Ministro del interior Rodrigo Hinzpeter, se señaló a medios de prensa que el origen de unos incendios que arrasó plantaciones forestales en la Región del Bio Bio y la Región de la Araucanía, y que en Carahue cobró la vida a 7 brigadistas, habría sido provocado por “manos criminales” y que estas provendrían de organizaciones mapuche, en particular apuntando a la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, relacionando este hecho como un acto con calidad de “terrorista” y se aplicó la Ley Antiterrorista (LAT) para todo el proceso de investigación y que se cayó a pedazos.

En esta actitud, también se identificó a autoridades locales designadas como el Intendente de la Araucanía, Andrés Molina; Al diputado de la República, José Edwards; Al Senador de la República, Alberto Espina; Al Senador designado, Carlos Larraín, y a medios de información masiva que han hicieron relación directa entre los incendios y causas Mapuche.

Sin embargo se ha venido informando y denunciando por diversos sectores, que antes de los incendios forestales, en medio de la resequedad de terrenos por la falta de agua, miles de hectáreas de plantaciones forestales de pino en el centro sur de Chile se encontraban devastadas por una plaga descontrolada de una especie denominada avispa taladradora “forestal Sirex noctilio”, lo que afectó los intereses en comercio y exportación de las empresas y que también involucró seguros comprometidos.

Los únicos realmente poderosos que operan en territorio Mapuche a modo de ejemplo, son las grandes empresas forestales como Mininco y Arauco y sus propietarios, la familia Matte y Angelini. También, es la transnacional Endesa y ciertos mega latifundistas, quienes, desde la dictadura militar vienen controlando el aparato público del estado, con redes políticas absolutamente corrompidas y obteniendo suculentas ganancias y acumulación de riqueza a costa de la explotación, depredación y violaciones a los Derechos Humanos, siendo absolutamente necesario desenmascararlo y frenarlo.

ENDESA Y SU AMENAZA HIDROELÉCTRICA EN EL RIO PUELO


RÍO MANSO: La gran cuenca hidrográfica del sur de Chile después del Rio Baker en Aysen, es el Río Puelo. La cuenca se ubica administrativamente en la Comuna de Cochamo a 138 km de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. La totalidad de la cuenca bi nacional, tiene una superficie aproximada de 880.000 hectáreas, de las cuales el 65,9 % o 580.000 hectáreas son de jurisdicción Argentina y solo 300.000 hectáreas o el 34,1 %, se ubican en Chile.”
ENDESA  Y SU AMENAZA HIDROELÉCTRICA EN EL RIO PUELO



PUELO SIN REPRESAS

La empresa española - italiana de energía Endesa – Enel tiene proyectado construir una gran central hidroeléctrica, represando este río con un muro de 100 m de altura, e inundando cerca de 5000 ha. Un selecto grupo de amigos y asociados del presidente de Chile, el empresario Sebastián Piñera, ademas han tomado el control de mas de 100 mil hectáreas de esta cuenca, además de los derechos de agua de Río Manso, y el objetivofinal es el desarrollo de una central hidroeléctrica Mediterraneo S.A., para suministrar energía para el sector minero del norte de Chile.

El remate de aguas de Río Manso, realizada el año 2008, por una cifra cercana a los 44 millones de dólares, marco un hito en el proceso de remates de este vital elemento en el denominado Mercado del Agua en Chile. El ministerio de Obras Publicas, en un polémico proceso, adjudico el caudal de este pequeño río, el cual es tributario de la mas importante cuenca hidrográfica binacional del sur de Chile después del Baker, es decir Río Puelo.

La sociedad denominada Mediterráneo S.A., marca un nuevo frente de conflicto con la ciudadanía, pero esta vez con consecuencias internacional, ya que se interviene una cuenca binacional, amparada por protocolos y acuerdos entre Argentina y Chile. Este conflicto, se destacara de los otros ya existentes, debido al grupo de inversionistas involucrados, quienes son los reales dueños del proyecto energético, y que están directamente conectados con las esferas de poder y gobierno en Chile, y que deteriorara la ya maltrecha imagen del empresario Sebastián Piñera y actual presidente de Chile.

VER TAMBIÉN


PREOCUPANTE AVANCE DE ENDESA EN CUENCA BINACIONAL PUELO / http://fmgentederadio.radioteca.net/leer.php/7963477


VER LAS SIGUIENTES WEB INFORMATIVAS


http://www.bolsonweb.com/noendesa.html
http://www.bwnpatagonia.com.ar
http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/det...

mercredi 26 décembre 2012

Frustrado Intento de desalojo y amedrentamiento a comunidad Mapuche – Williche Weichan Mapu


"por suerte mi gente no resulto herida, si uno de nuestros caballos, rompieron nuestras banderas y carteles, las tranqueras, esta es la gente que le trabaja a Samuel santa cruz, esto no es ahora no más desde hace unos días atrasa carabineros anduvo indagando cuantos vivíamos en nuestra comunidad, esto lo hacen con el solo hecho de amenazarnos y que nos salgamos del lugar, ello quemaron nuestras banderas, este es un método que usa el estado para criminalizar a mi comunidad"
Frustrado Intento de desalojo y amedrentamiento a comunidad Mapuche – Williche Weichan Mapu
Por Edgardo Collinao
Fuente: www.futawillimapu.org

Siendo las 23 horas del día martes 25 de diciembre un grupo de trabajadores de la Empresa Transnacional Holandesa, Sociedad Lácteos San Luis S.A, acompañados por carabineros ingresa al sector donde se encuentra en procesos de recuperación por más de un año la comunidad mapuche williche Weichan Mapu.

Los hechos se produjeron luego que el grupo de trabajadores de la empresa al mando de uno de los cuidadores provocara verbal a los mapuches con insultos y amenazas de muerte, derribando las tranqueras, cortando las cadenas de seguridad, rompiendo bandera mapuche y letreros instalados por la comunidad.

La comunidad responde al ataque con gritos de Marricheweuu, intentando frenar el avance de la turba, que hacia ingreso hacia la comunidad, hecho que fue reprimido por los trabajadores del fundo en presencia de carabineros con disparos de escopeta al cuerpo de los jóvenes weichafes, afortuna mente ningún peñi resulto herido, si un caballo que logro ser alcanzado por dos perdigones a la altura de su cuello pero sin riesgo de muerte.

A la media noche la werken y presidenta de la comunidad weichan mapu, Florinda Martínez Gaez, llega hasta lugar de los hechos logrando percatarse que carabineros de Frutillar custodiaba la casa del cuidador y la entrada principal, no permitiendo el ingreso de la líder a su comunidad, allí logro dialogar con carabineros, quienes no poseían ninguna orden para hacer ingreso a la comunidad, dando a conocer que había sido llamados por el cuidador y el supuesto dueño del fundo, Samuel Santa Cruz, ante esto la Werken solicita a carabineros que hagan abandono del lugar, contabilizando al menos unas dos patrullas y tres camionetas civiles con personas en su interior más los trabajadores de la agrícola quienes propinaban insultos racista a líder de la comunidad mapuche y además obligaban a carabineros a intentar desalojar a las familias del lugar.

Ha eso de las 02:30 del día Miércoles 26 carabineros y trabajadores se retiran, quedándose solo un radio patrulla por todo la madrugada en las afueras de la comunidad y retirándose una ves que vieron la presencia de cámaras y de comunicadores que llegaron al lugar a eso de las 09:00 de la mañana.

La werken indico: "por suerte mi gente no resulto herida, si uno de nuestros caballos, rompieron nuestras banderas y carteles, las tranqueras, esta es la gente que le trabaja a Samuel santa cruz, esto no es ahora no más desde hace unos días atrasa carabineros anduvo indagando cuantos vivíamos en nuestra comunidad, esto lo hacen con el solo hecho de amenazarnos y que nos salgamos del lugar, ello quemaron nuestras banderas, este es un método que usa el estado para criminalizar a mi comunidad. Samuel Santa Cruz es el representante de la empresa Lácteos San Luis, él quiere amedrentarnos pero no lo va a conseguir, anda ofreciendo dinero a los jóvenes para que se retiren de la comunidad, anoche mi madre que tiene más de 80 años tuvimos que sacarlos de acá junto a los niños para protegerlos; quiero hacer un llamado a director de la CONADI de Osorno José Pedro Vázquez que se haga presente acá, el otro día hablo que estamos en una postulación y que estamos en el número 23, nosotros acá no estamos en ninguna postulación, nosotros queremos el traspaso de estas tierras a nombre de la comunidad Weichan Mapu, no necesitamos una postulación para recupera las tierras que son nuestras, queremos informar que acá no estamos jugando, nosotros estamos para recuperar las tierras que fueron usurpados el año 91 cuando desalojaron a mi familia, acá daremos una lucha y si va correr sangre no será la nuestra precisamente, este grupo está bien fuerte para defender estas tierras que nos pertenecen por décadas, nosotros no nos daremos por vencido con el teatrito que hizo la policía anoche somos mapuches y somos fuertes y vamos seguir luchando por este territorio que nos pertenece, Samuel Santa Cruz no nos amedrentara con esto".

La werken señalo que interpondrán un recurso de protección dentro de los próximos días para proteger a las personas que están dentro de la comunidad entre ellos niños y ancianos.

La werken envió un saludo y un mensaje a los presos de la Coordinadora Arauco Malleco, (CAM) a mis hermanos que están en huelga de hambre, ellos están luchando por la recuperación de las tierras y por los montajes que ellos sufrieron.

Tres vidas, una misma injusticia. Carta del padre de Matías Catrileo


En los tres casos la investigación interna realizada por Carabineros determinó que ninguno de los funcionarios policiales tenía culpa en los actos en los cuales dieron muerte a los jóvenes mapuche: todos habían actuado en defensa propia. La Corte Marcial y el alto mando de Carabineros estuvieron alineados, al igual que en la dictadura, para amparar la más absoluta impunidad.
Tres vidas, una misma injusticia. Carta del padre de Matías Catrileo
Por Mario Catrileo, padre de Matías Catrileo
Fuente: www.theclinic.cl

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado chileno por discriminación y por vulnerar los derechos humanos de Karen Atala, al quitarle la tuición de sus hijas por su condición sexual. En el acto de desagravio que ordenó la CIDH estuvieron, ministros de Estado y ministros de la Corte Suprema. La organización del acto y la asistencia de altos funcionarios de gobierno y del Estado es un reconocimiento implícito de que efectivamente se vulneraron los derechos básicos de la jueza: la justicia tarda pero por alguna parte llega. Al parecer este no es el caso de los jóvenes mapuche asesinados en el Wallmapu .

Alex Lemun Saavedra -asesinado de un balazo en la cabeza el 2002 a los 17 años-, Matías Catrileo Quezada -asesinado de un balazo por la espalda el 2008 a los 23 años- y Jaime Mendoza Collio -asesinado de un balazo por la espalda el 2009 a los 24 años-, tres jóvenes mapuche que participaban de un proceso de reclamación de tierras que ancestralmente pertenecieron a comunidades mapuche, fueron asesinados por miembros de Carabineros de Chile en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

Los tres responsables y confesos de los asesinatos de estos jóvenes permanecen en las filas de la institución. Los tres crímenes pasaron por la justicia militar. En los casos de Alex Lemun y Jaime Mendoza, la Corte Marcial anuló los cargos de violencia innecesaria con causa de muerte, aduciendo defensa propia. En el caso de Matías Catrileo, a pesar de la sentencia de tres años y un día y la inhabilitación absoluta para ocupar cargos u oficios públicos y la inhabilitación absoluta para ejercer derechos políticos, el agente policial hoy sigue en las filas de Carabineros.

En los tres casos la investigación interna realizada por Carabineros determinó que ninguno de los funcionarios policiales tenía culpa en los actos en los cuales dieron muerte a los jóvenes mapuche: todos habían actuado en defensa propia. La Corte Marcial y el alto mando de Carabineros estuvieron alineados, al igual que en la dictadura, para amparar la más absoluta impunidad.

Estos hechos no difieren de lo ocurrido hace no mucho tiempo, situación por la que algunos funcionarios del actual gobierno dicen arrepentirse por no haberse dado cuenta en su momento. Se trata de los muchos dirigentes políticos de oposición que conocieron y sufrieron personalmente de los abusos de poder de los agentes del Estado, de instituciones como la Iglesia Católica que lucharon contra la tortura y el respeto a la vida. Al parecer por ahora cada uno tiene sus propios afanes y no es reclamar por la violación al derecho más básicos de todos, el de la vida.

Es posible que en un futuro no muy lejano la CIDH condene al Estado chileno por estos y otros casos que ocurren a diario en el Wallmapu. Entonces veremos a connotados dirigentes de turno rasgar vestiduras por los hechos ocurridos.

Claro está que no es necesario esperar que la justicia nos venga desde afuera para detener los abusos de poder que están pasando hoy aquí.

PD: Los connotados carabineros de Chile que asesinaron a Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza, son: Marcos Treuer Heyssen (Mayor), Walter Ramírez Inostroza (Cabo 2do.), Miguel Jara Muñoz (cabo 1ero). A todos ellos la patria hoy les rinde honores y los protege.

Un promedio de quince kilos han perdido mapuches presos en huelga de hambre


"es posible establecer que el paciente se encuentra hidratado, astenia, afebril, palidez cutánea mucosa, cefalea predominio frontal, decaimiento generalizado, dolor musculatura paravertebral, calambres en miembros superior e inferior, pérdida de fuerza muscular, dolor abdominal difuso y una baja de peso 16.800 kilogramos en 38 días sin ingesta de alimento"
Un promedio de quince kilos han perdido mapuches presos en huelga de hambre
Fuente: www.canaldenoticias.cl

Hasta la cárcel de Angol, llegó el doctor Juan Carlos Reinao Marilao (alcalde de Renaico), con el objeto de realizar un examen de salud a los comuneros que están privados de libertad: Héctor Llaitul Carillanca y Ramón Llanquileo Pilquimán, quienes se encuentran en huelga de hambre desde el 14 de noviembre del año en curso.

El facultativo, procedió a hacer un chequeo médico de los internos y posterior hizo público un informe de anamnesis y algunos antecedentes clínicos:

Héctor Llaitul Carrillanca: (45 años de edad), casado cinco hijos, estudios universitarios (Asistente social) de procedencia rural con antecedentes de salud anterior: Alta miopía; meniscopatia de rodilla izquierda severa; Gastropatía crónica. Huelga de hambre año 2007 de 80 días; 81 días el año 2010 y el año 2011. Actualmente se encuentra en huelga de hambre líquida desde el 14 de noviembre de 2012, con un peso inicial de 95.300, el cual en la actualidad está en 78.500 kilogramos.

Conclusiones: Por los antecedentes clínicos y examen físico, es posible establecer que el paciente se encuentra hidratado, astenia, afebril, palidez cutánea mucosa, cefalea predominio frontal, decaimiento generalizado, dolor musculatura paravertebral, calambres en miembros superior e inferior, pérdida de fuerza muscular, dolor abdominal difuso y una baja de peso 16.800 kilogramos en 38 días sin ingesta de alimento. No medición de diuresis.

Obs: Pendiente ecografía abdominal.

Ramón Llanquileo Pilquimán: de 31 años de edad, con dos hijos, procedencia rural con antecedente de salud anterior: Bradicardia en estudio; perdida de la visión sobre un 50% en ojo derecho por un balín de goma; huelga de hambre de 81 días año 2010 y huelga de hambre en año 2011. Refiere encontrarse en huelga de hambre liquida desde el 14 de noviembre de 2012. Peso inicial 69.400 kilogramos y actualmente 56.100 kg.

Conclusiones: Por los antecedentes clínicos y examen físicos, es posible establecer que el paciente se encuentra: hidratado, astenia, afebril, palidez cutáneo mucosa, cefalea generalizada, dolor de la musculatura paravertebral permanente, mareos permanente, calambres en miembros superiores e inferiores e insomnio permanente, dolor abdominal difuso leve. Además presenta pérdida de fuerza muscular y una baja de peso de 13.300 kilogramos en 38 días sin in-gesta de alimento. No medición de diuresis.

Luego de el examen el doctor Reinao, sugirió para los pacientes, las siguientes recomendaciones:

1. Vigilancia según evolución.

2. Medir signos vitales cada 6 horas.

3. Mantener suministro de agua potable las 24 horas.

4. Mantener suministro eléctrico 24 horas

5. Mantener medidas higiénicas acorde a las circunstancias.

Comunidad de Ercilla preocupada por fuertes amenazas contra mujeres mapuche en fundo Chequenco


Preocupación manifestaron los integrantes de la comunidad cacique José Guiñón, luego que se descubrieran una serie de rayados en la casona patronal del Fundo Chequenco en el sector Vida Nueva en Ercilla.
Comunidad de Ercilla preocupada por fuertes amenazas contra mujeres mapuche en fundo Chequenco
FUENTE: www.biobiochile.cl
Ante eso, los integrantes de la comunidad, particularmente Carola Marileo, señaló que se preocupa por las amenazas de muerte en el territorio, agregando que con esto se viene a dar cuenta de una situación que se puede tornar insostenible en el sector de las comunidades mapuche.

La comunidad señaló además que están estudiando algún tipo de acción por este hecho y lamentaron que las consignas plasmadas en la casona las hayan descubierto los niños, situación que siembra más preocupación.