samedi 30 juin 2012

Frente a dichos de autoridades, fiscales y latifundistas-empresarios: ¿Paramilitarización en el wallmapu?, ¿guerrilla rural? o ¿incitación a la violencia?


Desatinada, desafortunada, irresponsable, intencionada o lo que sea. Es imposible no poner atención a lo que hoy señala el ministro de Agricultura Luis Mayol, quien afirmó que es atendible y comprensible que los agricultores de Ercilla se defiendan ante las amenazas a sus bienes y familias, tal como lo han señalado los agricultores quienes visitaron al intendente Andrés Molina, para manifestarles su decisión de armarse para evitar ser víctimas de atentados por parte de encapuchados, lo que entre líneas está dirigida como mensaje a enfrentar los procesos de recuperación y defensa territorial de las comunidades mapuche.
Frente a dichos de autoridades, fiscales y latifundistas-empresarios: ¿Paramilitarización en el wallmapu?, ¿guerrilla rural? o ¿incitación a la violencia?

Por Gonzalo Manquepillán O.
http://mvpvlen-manke.blogspot.com/

"La ley contempla lo que es la legítima defensa, eso está contemplado, entonces uno puede tener dentro de la legalidad algún grado de resguardo ya que hay familias, hay hijos, hay pequeños, obviamente que se comprende", finaliza diciendo el ministro justificando el uso de armas de fuego en los latifundistas civiles en el territorio de la Araucanía. (http://www.eldinamo.cl/2012/06/29/ministro-mayol-se-comprende-que-agricultores-se-armen-ante-ataques-incendiarios/)
Preocupación causa esto que acaba de avalar una autoridad de estado, más aún cuando su jefe, el presidente de la república, ha insistido en la aplicación de un programa gubernamental en la zona de Ercilla. Nos recuerda vívidamente al Frente Común de Defensa de la Tierras que se organizara en la década del año 2000, conformado por agricultores y empresarios forestales asentados en la comuna de Collipulli y el llamado Comando Trizano, grupo paramilitar que anunciaba con asesinar y dinamitar a dirigentes mapuche de ese entonces, los que incluso llegaron a la casa del entonces dirigente de la CAM Víctor Ancalaf y le dispararon más de 400 tiros de escopeta, en la más absoluta impunidad.
"En aquel tiempo nadie andaba tranquilo en las comunidades. A cualquier hora ingresaban por los caminos las camionetas con los guardias armados de la forestal, todas a gran velocidad y disparando al aire sus armas. Cuando no eran los forestales, eran civiles, hombres de Freddy Molina quienes ingresaban a la comunidad, filmaban nuestras casas y luego se iban. Por la noche los disparos no nos dejaban dormir. Un día en Collipulli se me acercaron unos tipos y me dijeron que si seguía movilizando a las comunidades, me matarían a mí y a toda mi familia. El mensaje me lo envió Freddy Molina y sólo fue el primero de muchos otros que vinieron después", relató Ancalaf en su oportunidad.
Durante estos últimos días hemos leído de innumerables comentarios respecto del recrudecimiento de la violencia en el territorio mapuche, haciendo creer que ésta violencia es por el conflicto Mapuche, cuando en realidad no son los mapuche quienes están en conflicto como tampoco son el conflicto. La defensa del territorio por parte de las comunidades y su lucha por sus reivindicaciones es violentamente reprimida por los organismos estatales con allanamientos, persecución, heridos y presos, como lo hemos visto últimamente en Temucuicui, Wente Winkul Mapu y ahora recientemente en Loloco, donde no se respeta ni a mujeres, niños ni ancianos.
Querrá el señor ministro con esto darle luz verde a la paramilitarización en la zona? Y si es así, cuando habla de autodefensa, se permitirá a los mapuche hacer uso legítimo de armas para defender lo que se le usurpa o cuando son violentamente atacados y allanados en sus viviendas en horas de la madrugada? De seguro que no, eso está vedado para el mapuche, a él se le criminaliza por cada acto que se realiza.
“La criminalización de las demandas mapuche, se explica por sí sola en la aplicación de una legislación aberrante como son la Ley Antiterrorista y de Seguridad Interior del Estado, así como la justicia militar, que deja impune a sus miembros. La aplicación intencional de estas aberraciones judiciales tiene como objetivo concreto buscar condenas arbitrariamente en el entendido de que todos los juicios son políticos, de persecución a nuestras ideas y planteamientos, dándose curso a espurios procesos judiciales con indebidos procedimientos y la imposibilidad de juicios justos” señalaba Héctor Llaitul desde la cárcel.
"No somos un peligro para la sociedad, buscamos una aleación con el pueblo chileno, no buscamos dañar a ninguna persona civil", señaló hace un tiempo el werken Mijael Carbone, cuando el gobierno de Bachelet encomienda a Pérez Yoma solicitar al FBI colaboración para enfrentar las demandas del pueblo mapuche.
En aquella oportunidad, después de una serie de visitas de diplomáticos norteamericanos a la zona mapuche, en sus conclusiones desestimaron los temores instalados en La Moneda. Varios despachos enviados a Washington -los que datan entre 2008 y 2009- señalan que los mapuche son un pueblo evidentemente "no violento", por lo que se trata de un conflicto de "bajo nivel", pero magnificado por la cobertura informativa que "muchas veces es muy superior a la que se da a crímenes mucho más graves cometidos por chilenos no indígenas". Claro y preciso.
Quién entonces incita a la violencia?
Será este grupo de latifundistas la “guerrilla rural” que ha señalado el fiscal Ljubetic la que está provocando serios daños en la Araucanía? Los planteamientos del Fiscal Regional, la postura del Intendente y las palabras del ministro hoy, al avalar una iniciativa a todas luces ilegal e irresponsable, no hacen más que divulgar fantasiosas tesis de foquismo mapuche y amenaza terrorista.

Reportaje - La lucha Pewenche en pedregoso (Lonquimay): "POR UNA ESCUELA DIGNA PARA NUESTRA GENTE"


“Él (intendente), el año pasado nos vino a decir que el 2013 vamos a estar inaugurando la Escuela nueva ¿Hasta cuando nos van a seguir engañando? si no tenemos una respuesta concreta de parte de las autoridades nosotros vamos a tomar medidas mucho más grandes que una toma de carretera internacional”...
Reportaje - La lucha Pewenche en pedregoso (Lonquimay): "POR UNA ESCUELA DIGNA PARA NUESTRA GENTE"



Periodista: Francisco Jerez.

Reportero gráfico: Felipe Inostroza.


“Él (intendente), el año pasado nos vino a decir que el 2013 vamos a estar inaugurando la Escuela nueva ¿Hasta cuando nos van a seguir engañando? si no tenemos una respuesta concreta de parte de las autoridades nosotros vamos a tomar medidas mucho más grandes que una toma de carretera internacional” señaló enfática Gladis Smith vocera del Centro de Padres y Apoderados en medio de la movilización.


Con lluvia, aire puro y un ambiente de tranquilidad envidiado en la ciudad nos recibió hoy Pedregoso, una comunidad Pewenche ubicada en el sector cordillerano de la novena región, entre Lonquimai y Liucura a unos 1100mts sobre el nivel del mar. Los hualles y las araucarias que la caracterizan se contrastaron esta vez con los hechos ocurridos el martes 26 de junio en plena movilización por la reconstrucción de la Escuala Malal Mahuida, establecimiento que se encuentra en paupérrimas condiciones luego que en octubre del año 2009 fuera afectado por un incendio.

Incendio

Fue una noche de primavera cuando ocurrió el desastre “se quemó más de la mitad de la Escuela; las cuatro salas del segundo ciclo; el taller, laboratorio, comedor; radio, bodega, multitaller; sala de profesores y dirección” señaló el director José Carrillo Lagos el que, posterior al siniestro, tomó las riendas del establecimiento.

Las investigaciones dieron como resultado que el problema se originó en las instalaciones eléctricas y había seguros comprometidos, los que a juicio de don José “no pagaron lo que tenían que pagar” por lo que la municipalidad no aceptó el dinero apelando a dicha medida. Finalmente se aumentaron los fondos, pero aún así según el director “la cifra fue muy baja para lo que implica la construcción de una Escuela”.

Infraestructura

Así comenzó una historia que hoy tiene a los niños y niñas de Pedregoso con enfermedades respiratorias, como lo comenta Fanny Torres, apoderada de la Escuala “estamos preocupados por la salud de los niños por que todos o la gran mayoría de ellos está enfermo. Están resfriados, algunos tienen amigdalitis; mi hija por ejemplo no ha ido a la escuela hace dos meses, desde que empezó la lluvia, por que tengo miedo que le de bronconeumonía, ya que no hay infraestructura adecuada en la escuela como para que estén ahí. La calefacción es mala y si nosotros no cooperáramos la leña los niños estarían peor”.

Los problemas que presentan son variados y aparte de tener que reutilizar espacios habilitando, como lo señaló el director, “dormitorios de varones, la sala de biblioteca, la sala de estar, todas utilizadas hoy como sala de clases” se han tenido que enfrentar además, tanto estudiantes como docentes a las constantes anegaciones. “En la mañana cuando los niños llegan a la sala, los suben a las mesas para poder secar el piso y así hacer las clases, yo creo que así la misma humedad los va enfermando” señaló Cesar Huaiquillan Cayul presidente Centro de Padres y Apoderados de la Escuela.

Si bien, el señor José Carrillo se manifestó bastante conforme con el desarrollo de la escuela, las falencias estructurales están a la vista. Un gimnasio hecho de lata y nailon (reutilizando el zing recuperado del incendio) es en donde hoy en día se realizan los actos. Según las propias palabras del director, la gente aguantaba en las actividades por una cuestión de respeto, por que le ha tocado estar ahí con temperaturas bajo cero. “Ese mismo patio techado que ustedes ven ahí al frente, pucha, yo creo que hasta un galpón es más decente que eso, se gotea por todos lados, entra aire por todos lados, yo ni en la ciudad he visto como están los niños acá”, comentó bastante decepcionada Fanny madre y apoderada.

Si bien, las condiciones del recinto dejan bastante que desear, los docentes y auxiliares hacen lo posible para que las clases se lleven a acabo; cortar leña y limpiar posas en la sala, son sólo algunas de las labores que practican día a día. “Aquí ha habido mucha voluntad de las personas para trabajar. Hacer clases en una sala con un tabique mal puesto y donde entra todo el viento son atributos suficientes como para decir, yo no puedo ejercer la docencia en estas condiciones. Sin embargo, los profesores hacen un esfuerzo y siguen su labor” destacó el director.


Movilización

La demora en la construcción de la Escuela Malal Mahuida, aparte de provocar enfermedades en los niños y niñas, forjó una nueva tribuna para que candidatos políticos prometieran en cada campaña una escuela nueva. Esto combinado con la reevaluación constante del proyecto, la disminución del espacio ha construir (de 1.2mt cuadrado a 1.1 metro cuadrado por niñx) y la constante inasistencia a reuniones del intendente Andrés Molina fueron los detonantes de la movilización. “Él, el año pasado nos vino a decir que el 2013 vamos a estar inaugurando la Escuela nueva ¿Hasta cuando nos van a seguir engañando? si no tenemos una respuesta concreta de parte de las autoridades nosotros vamos a tomar medidas mucho más grandes que una toma de carretera internacional” señaló enfática Gladis Smith vocera del Centro de Padres y Apoderados al comenzar el corte de carretera.

En la madrugada del Lunes 25 de junio comenzaron las acciones. Marcharon más de 150 pewenche hacia la Ruta-89 que va en dirección de Lonquimay al paso fronterizo Pino Achao, instalando en el camino troncos, alambres de púa, ramas, piedras y neumáticos para cortar la vía. Según los datos entregados del complejo fronterizo Pino Achado para el día martes 26 en la mañana habían más de 80 camiones apostados en la frontera.

LA ruta se mantuvo sin tránsito aproximadamente 30 horas, en eso tiempo las autoridades no dieron respuesta al petitorio que estba conformado por 3 comuniades que apoyaban la causa:

Sector Pedregoso: escuela Malalmahuida que piden escuela nueva.

Sector Mallín del Treile, escuela Domingo Camargo: Mejoramiento y ampliación de infraestructura.

Sector Cruzaco, escuela Cruzaco: Mejoramiento y ampliación de infraestructura

En estos momentos la radicalización de las medidas era inminente, hasta que los comuneros fueron avisados con anticipación que la FFEE iba en camino (sierra nevada) hacia la comunidad en cuestión. “En eso llegaron las camionetas de unos peñi y fueron a buscar a más gente para aguantar. Y justo llegaron los de fuerzas especiales. El zorrillo, el guanaco y una micro, ahí se bajó el capitan y nos dijo que debiamos desalojar, nosotros nos negamos y comenzó el enfrentamiento” agregó comunero que se encontraba en el lugar.

Entonces comenzó la resistencia; palos y piedras eran las herramientas utilizadas por la comunidad para evitar la entrada de carabineros al sector; gases lacrimógenos, balines de goma y un helicóptero era el armamento utilizado por la fuerza de orden público para reprimir la manifestación. “nosotros pensábamos que estaba disparando al aire pero cuando nos zumbaban los balines en la oreja nos dimos cuenta que corríamos peligro” según contaban los comuneros que estuvieron en el lugar. El saldo del enfrentamiento fue 3 heridos por perdigones en las piernas y Cesar Huaquillan Cayul quien nos contó la agresión propinada por carabineros, “el carro lanza gases me pasó a tropellar y me mandó volando hacia un cerco y después de que pasó todo recién me dolió, si ahora tengo que estar en cama y por razones obvias no quiero ir al hospital”.

“El helicóptero dividió el grupo, ya que bajó a amedrentar intentando aplastar a la gente, en eso unos corrimos para el monte y otros para el río y ahí llegaron más pacos y se llevaron detenido a uno”. Las personas detenidas: Juan Huaiquillan Cayul, Gustavo Huaquillan Rain y Pedro Morales Marihuan fueron derivados a la subcomisaría de Lonquimai en donde pasaron la noche y al día siguiente, luego del control de detención en Curacautín, fueron formalizados por desórdenes públicos y daño a la propiedad privada, para luego quedar en libertad con la medida cautelar de arraigo nacional.

“Ahora el gobierno se está acostumbrando que a través de presiones como ésta se puedan resolver los problemas. Recién ayer, luego de enfrentamientos el gobernador pudo presentarse acá a conversar y cuesta para que vengan las autoridades. Yo creo que son necesarias este tipo de presiones hoy en día para tener respuesta a nuestras peticiones. Señaló en sus declaraciones el peñi Carlos Chaima, oriundo de pedregoso, el que también agregó “Sabiendo que nosotros somos débiles como pueblo mapuche, siempre nos atropellan, no nos respetan, no nos toman en cuenta. Entonces también estamos iniciando esta nuevo instrumento. Y se vio que la gente respondió, habían más de 300 personas.”

Así terminó la tarde del martes 26 de junio, el corte de carretera se disolvió y las autoridades avisaron que visitarían el lugar en las próximas horas.


¿Resolución de Conflicto?

A las 16.30hrs del día martes 26 hicieron su llegada a pedregoso el intendente Andrés Molina y el alcalde de Lonquimay Guillermo Vásquez quienes se reunieron con los voceros del movimiento en la misma Escuela en cuestión. Hasta ahí llegaron más de 500 peñi y lamgien a apoyar a sus voceros y a pedir explicaciones en torno a la represión vivida esa en la mañana, “nosotros estábamos esperando una respuesta de las autoridades pero ellos mandaron a la policía. Hay que dejar en claro que no queríamos enfrentamiento pero cuando ellos llegaron con violencia a nosotros no nos quedó otra que defendernos” exclamaba aún exaltada la vecina de la escuela.

La reunión duró aproximadamente 1 hora y según lo conversado por Carlos Chaima “la gente que estaba ahí y si no hubiesen quedado conforme, las autoridades no salen de acá”. Así culminó sin incidentes dicha reunión y los acuerdos tomados fueron .

-La no disminución del metro cuadrado por estudiante.
-Terminar el trámite burocrático antes del 30 de Agosto.
-Comenzar la construcción del nuevo colegio a partir de Marzo.
-Liberar a los detenidos en el enfrentamiento.

De esta forma entonces culminó una jornada bastante extensa de movilizaciones, pero (bajo la apreciación de los peñi y lamgien que se encontraban en el lugar) se abrió otro proceso, el de fiscalización, ya que dicen que al encontrarse tan lejos las autoridades hacen caso omiso de peticiones básicas, como ocurrió esta vez. Las autoridades tienen plazo hasta el 30 de agosto y si no cumplen vamos a seguir con esto declaró el Presidente del Centro de Padres y apoderados.

Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) aclara contenido del documento “Radiografía al Instituto Nacional de Derechos Humanos”


"En relación al documento “Radiografía al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)”, emanado del Instituto Libertad y Desarrollo y la Universidad del Desarrollo, y cuyas conclusiones fueron sintetizadas en una nota en diario El Mercurio del día domingo 24 de junio de 2012, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos estima necesario hacer la siguiente aclaración"...
Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) aclara contenido del documento “Radiografía al Instituto Nacional de Derechos Humanos”


Instituto Nacional de Derechos Humanos

1. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es un órgano del Estado, autónomo, cuya composición y atribuciones se encuentran fijadas en la Ley 20.405, así como en los Estatutos y Reglamentos respectivos y que son de público conocimiento. Para el desarrollo de su función, el Consejo ha adoptado un conjunto de políticas generales que junto a la planificación anual aprobada por dicho órgano, le permiten concretar la labor de promoción y protección de los derechos humanos. Una vez al año el Instituto rinde cuenta de su gestión, tanto a las principales autoridades como a la ciudadanía, sin perjuicio del control interno que lleva el Consejo a través de informes cuatrimestrales elaborados por la Dirección.

2. Los temas que se tratan en los informes anuales de derechos humanos han sido fruto de una discusión interna, cuya decisión final es producto del consenso forjado entre todos/as los/las integrantes del Consejo del Instituto. Asimismo, la versión final de los informes ha sido aprobada por la unanimidad de sus miembros en una clara señal que permita fijar una perspectiva y doctrina común, evitando un enfoque que pudiera vincular los temas a una agenda ideológica particular, sin perjuicio de la regla de mayoría que establece la ley como mecanismo de decisión. Más allá de los legítimos debates que pueden suscitarse en algunos ámbitos de los derechos humanos a nivel académico y de centros de estudio, el Instituto, en tanto órgano del Estado, responde a las obligaciones jurídicas que ha contraído el Estado de Chile con la comunidad internacional, reconocidas en la Constitución y en los tratados de derechos humanos que hacen parte de la legislación nacional.

3. El Instituto Nacional de Derechos Humanos valora el que distintos centros de estudio, así como organizaciones de derechos humanos, hagan ejercicio de su libertad de expresión y evalúen el trabajo que realiza, puesto que contribuye a enriquecer y mejorar la labor que la ley le encomienda. No obstante, el INDH considera que el documento de referencia adolece de falta de información y hace un mal manejo de la que presenta, arribando, en casos, a conclusiones erradas.


En este sentido resulta importante señalar que toda la información que da cuenta de la gestión del INDH se encuentra disponible en el portal web institucional (www.indh.cl) y que de la misma se deduce que en el total del período de funcionamiento de esta institución, la gran mayoría de las operaciones se hacen por Convenio Marco (434 que constituyen un 71,1% por un monto de $ 426.142.503), seguidas por operaciones por trato directo (106 que constituyen el 17,4% por un monto de $199.211.844) y licitaciones públicas propias (70 que representan el 11.5% del total por un monto de $82.913.490).

4. Por último, cabe aclarar que todos/as los/las integrantes del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos han sido designados/as o elegidos/as ante todo, por su compromiso y trayectoria en materia de derechos humanos. Asimismo, el INDH reconoce a las organizaciones de derechos humanos inscritas en el Registro de Instituciones, por su incansable labor de promoción y defensa de una gran gama de derechos y por su aporte a la democracia. Es justamente este atributo, el compromiso con los derechos humanos por sobre cualquier otra consideración, el que permite a la comunidad de derechos humanos reconocerse como tal en Chile y el mundo.

En este marco, resulta inconveniente atribuir y distribuir las obligaciones legales, constitucionales e internacionales del Instituto y de sus órganos, a izquierdas y/o derechas. La convicción del Consejo, más allá de las legítimas opciones personales de sus integrantes, es que los derechos humanos constituyen deberes integrales y transversales para el Estado de Chile.

Familiares de Presos Políticos Mapuches se pronuncian ante incumplimientos de acuerdos y denuncian hacinamiento


Como observamos, la política de todos los gobiernos de turno chilenos no darán solución a las reivindicaciones del Pueblo Mapuche y por lo tanto, insistirán en la represión a sus comunidades con el resultado de nuevos(as) presos políticos mapuche, sumado esto a la no aplicación del Convenio 169, en el sentido de determinar otras formas alternativas a la prisión.
Familiares de Presos Políticos Mapuches se pronuncian ante incumplimientos de acuerdos y denuncian hacinamiento
Fuente: www.werken.cl

COMUNICADO PUBLICO DE LOS FAMILIARES DE LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE DE ANGOL


Estimadas y estimados señores

Junto con saludarles cordialmente, nos dirigimos a ustedes con el objeto de denunciar el estado de hacinamiento en el cual se encuentran los presos políticos mapuche en la cárcel de Angol y el incumplimiento de parte de Gendarmeria de Chile de los acuerdos alcanzados con las anteriores huelgas de hambre respecto de las condiciones carcelarias.

Denunciamos que con las últimas detenciones, Gendarmeria insiste en dejar a los jóvenes comuneros mapuche junto a la población penal común, cuya solución no es la disgregación de nuestros hermanos en diferentes cárceles como fue antes de la huelga.

Junto con lo anterior, se insiste en allanamientos que trasgreden las costumbres culturales del Pueblo Mapuche, utilizándose actualmente un detector de metales. Es sabido que las mujeres mapuche, en especial sus machi, acostumbran a utilizar joyas de plata, debiendo también sacarse los zapatos. Cabe mencionar que este tipo de allanamientos es sólo para las mujeres existiendo una clara discriminación.

Como observamos, la política de todos los gobiernos de turno chilenos no darán solución a las reivindicaciones del Pueblo Mapuche y por lo
tanto, insistirán en la represión a sus comunidades con el resultado de nuevos(as) presos políticos mapuche, sumado esto a la no aplicación
del Convenio 169, en el sentido de determinar otras formas alternativas a la prisión.

Por lo anteriormente expuesto queremos recordar las conversaciones y acuerdos entre los PPM y el Gobierno en las cuales la Iglesia Católica
Chilena y el Instituto de Derechos Humanos son garantes, en las cuales se hablo en varias ocasiones respecto de la necesidad de contar con un espacio exclusivo, en la cárcel de Angol, para los prisioneros políticos mapuche, ya sea con la construcción de un modulo especial, para un mayor números de personas, o definitivamente la construcción de una cárcel mapuche anexa a la cárcel de Angol, con espacio suficiente para la realización de ceremonias mapuche, tales como
llellipun, palin, machitun etc.

Finalmente, a nombre de los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, solicitamos vuestra presencia, en calidad de veedores nacionales e internacionales, para dar solución a estas situaciones antes de que ocurran nuevos conflictos y provocaciones de parte de Gendarmeria, como el ocurrido el miércoles de esta semana y que pudieran terminar con algún hecho de violencia o el inicio de una nueva huelga de hambre.

Sin otro particular, se despiden

Familiares PPM Cárcel de Angol

Fuerte enfrentamiento entre presos políticos mapuche y gendarmería en Angol


Gendarmería deja a nuevos comuneros detenidos del Lov Chekenco en modulo de presos comunes. Presos Políticos Mapuche protestaron ante la arbitraria medida en la cárcel de Angol.
Fuerte enfrentamiento entre presos políticos mapuche y gendarmería en Angol
Por Wichan
Fuente:http://wichaninfoaldia.blogspot.com

El día miércoles 16 de junio, se habría producido un fuerte enfrentamiento verbal entre Gendarmería y los presos políticos mapuche, lo que llevo a estos últimos a realizar una especie de motín al interior del modulo.

La situación se habría presentando ante la negativa de Gendarmería de trasladar a los dos nuevos detenidos mapuche del Lov Chequenco al modulo especial para presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, quienes fueron dejados en un modulo de presos comunes.

Frente a esta grave situación los PPM procedieron a exigir a Gendarmería el inmediato traslado de estos hermanos a su modulo, lo que en un principio fue rechazado por Gendarmería, finalmente, ante la presión de los PPM quienes decidieron amotinarse en su modulo e inclusive iniciar una huelga de hambre, Gendarmería traslado a nuestros hermanos.

Cabe señalar que en estos momentos son 12 los presos políticos mapuche en la cárcel de Angol, los cuales están distribuidos en cuatro celdas, es decir, tres en cada una, existiendo un evidente hacinamiento.

Efectivamente si el gobierno chileno pretende continuar con la represión a las comunidades mapuche deteniendo a sus dirigentes, pu cona y pu weichafe deberá proveer a los ppm módulos especiales para su reclusión cumpliendo con los estándares internacionales.

Denunciamos con esto el incumplimiento del estado chileno en garantizar condiciones intrapenitenciarias dignas y correspondientes a la calidad de presos políticos de nuestros hermanos, cuyos principios deben basarse en:

- Segregación: es decir que permanezcan en un modulo separado de la población penal común.

- La no disgregación: es decir, que permanezcan todos los PPM juntos en un mismo modulo y en una misma cárcel que cumpla con tales condiciones.

Junto a lo anterior denunciamos el constante hostigamiento de parte de Gendarmería al limitar tales condiciones y condicionar las visitas a allanamientos que no respetan los aspectos culturales mapuche, situación ocurrida especialmente el día sábado 23 de junio para el Wiñol Tripantu, en la cual se obstruyo el ingreso de las visitas demorando su ingreso por más de dos horas.

Hacemos un llamado urgente a los organismos de derechos humanos a hacerse presente en la cárcel de Angol a constatar estas graves irregularidades.

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NOTA AL MARGEN: En la tarde del 29 de junio, Gendarmería señaló a través de Radio Bio Bio que efectivamente había existido una protesta de los presos Mapuche con amenaza de huelga de hambre... Y que habría sido resuelta la situación...

Ministerio Publico es obligado a respetar el debido proceso: deberá entregar la identidad de 4 testigos protegidos


La Corte Suprema confirmo decisión de la Jueza del Tribunal de Garantía de Temuco de revelar a las defensas la individualización de cuatro testigos que figuraban como protegidos en la carpeta de investigación.
Ministerio Publico es obligado a respetar el debido proceso: deberá entregar la identidad de 4 testigos protegidos
Fuente: Poder Judicial

Ver fallos (PDF)

La Corte Suprema rechazó un recurso de protección presentado por el Ministerio Público de Temuco en contra de una decisión de jueza del Juzgado de Garantía de la ciudad, quien resolvió que defensas conocieran identidades de cuatro testigos protegidos, en una causa por los delitos de incendio terrorista y robo con intimidación.

En fallo unánime (causa rol 3065-2012), los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal -Sergio Muñoz, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda y María Eugenia Sandoval- ratificaron la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, la que había determinado que el recurso de protección no es la vía legal para impugnar la determinación que tomó la magistrada Luz Arancibia Mena.

Dicha controversia ha sido sometida a la decisión de un tribunal, en la especie el Juzgado de Garantía de Temuco, por lo que el acto impugnado emana de una decisión jurisdiccional dictada por juez competente dentro de un procedimiento regulado por el ordenamiento jurídico y debidamente tramitado, todo lo cual conduce a concluir que la situación planteada por el actor de protección se encuentra sometida al imperio del derecho en sede jurisdiccional, en la que las partes han formulado sus alegaciones y defensas, luego de lo cual la petición fue resuelta por el tribunal, como se ha indicado”, dice el fallo.

La resolución agrega: “No se advierte una actuación arbitraria o ilegal por parte de la juez recurrida, la que adoptó una decisión dentro del ámbito de su competencia y motivada luego de una audiencia pública y contradictoria, por lo que la acción constitucional deducida deberá ser rechazada”.

El 15 de marzo pasado, la jueza Arancibia Mena acogió el amparo de garantía presentado por los abogados defensores de los imputados por el delito de incendio terrorista y robo con intimidación, ilícitos que habrían ocurrido el 11 de septiembre de 2009, en el Fundo Brasil de Vilcún. La magistrada resolvió que se revelará a las defensas la individualización de cuatro testigos que figuraban como protegidos en la carpeta de investigación.

vendredi 29 juin 2012

Educadores tradicionales de Chile reciben libro "Rapa Nui. Pasado, presente y futuro" de la UNESCO


La oficina de la UNESCO en Santiago donó el libro Rapa Nui: pasado, presente y futuro a los 300 educadores tradicionales que enseñan en escuelas focalizadas. Los libros fueron repartidos en nueve regiones y se están explorando posibilidades de trabajo colaborativo en otras instancias, comenzando por la campaña de Naciones Unidas para promoción de la cultura de los pueblos originarios.
Educadores tradicionales de Chile reciben libro "Rapa Nui. Pasado, presente y futuro" de la UNESCO
UNESCO / Giovana Santillán

Como una forma de apoyar y generar nuevos espacios de colaboración entre el Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación y la oficina de la UNESCO en Santiago, se donó el libro Rapa Nui: pasado, presente y futuro a los 300 educadores tradicionales que enseñan en escuelas focalizadas.

“Los educadoras y educadores tradicionales son los encargados de implementar la asignatura de lengua indígena en las escuelas. Ellos y ellas se han habilitado en el ejercicio de la docencia, o trabajan con el apoyo en didáctica y evaluación del profesor o profesora del curso. Este material que recibimos de UNESCO enriquece el “Maletín Intercultural” que fue distribuido a principio de este año a cada una de las escuelas en las que se está aprendiendo y enseñando las lenguas indígenas” afirmó Alicia Salinas, Coordinadora Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y Encargada de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación. Lea la entrevista completa

“Parte del sentido del trabajo de UNESCO es crear los puentes necesarios que nos posibiliten avanzar hacia sociedades más justas y respetuosas de la diversidad. La entrega de estos libros es una manera concreta de apoyar el importante trabajo que hace el Ministerio de Educación en este sentido” afirmó Victoria Uranga, Coordinadora de la Gestión de Conocimiento de la Oficina de la UNESCO en Santiago de Chile.

Los libros fueron repartidos en nueve regiones en que se desarrolla el programa y se están explorando posibilidades de trabajo colaborativo en otras instancias, comenzando por la campaña de Naciones Unidas para promoción de la cultura de los pueblos originarios Mucho Chile www.muchochile.cl

Entrevista a Alicia Salinas Alvarez

Río+20: Sin decisiones sobre calentamiento global


Decepción con los resultados de Rio+20 es lo que sienten ambientalistas y científicos que esperaban que la conferencia señalara rumbos más concretos para enfrentar los grandes desafíos socioambientales globales, la lucha contra el cambio climático entre ellos.
Río+20: Sin decisiones sobre calentamiento global


Por José Pedro Martins desde Rio de Janeiro
COMUNICACIONES ALIADAS

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Rio+20, realizada en Rio de Janeiro del 20 al 22 de junio, no fue convocada para discutir cuestiones ambientales, sino la transición hacia una economía verde asociada a la lucha contra la pobreza. Sin embargo, era inevitable que los grandes desafíos ambientales globales se abordaran en el evento, lo que en efecto sucedió, por ejemplo, con el gran dilema de luchar contra el calentamiento global. Y en ese sentido se esperaba que Rio+20 al menos señalase caminos más esperanzadores en términos de la contribución de la economía verde a la lucha contra el calentamiento global, lo que en los hechos no ocurrió, frustrando a muchas organizaciones no gubernamentales y otras instituciones que promovieron debates paralelos sobre el tema.

Los daños anuales que América Latina y el Caribe sufrirán como consecuencia de los impactos físicos asociados con un aumento de 2ºC en la temperatura sobre los niveles preindustriales, serán superiores a US$100 millardos, cerca de 2% de los valores actuales del producto interno bruto del continente.

Este es uno de los datos del estudio “El Desafío Climático y de Desarrollo en América Latina y el Caribe: Opciones para un Desarrollo Resiliente Bajo en Carbono”, que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio a conocer en el marco de Rio+20.

La gravedad de la cuestión del clima fue reiterada en varios momentos de Rio+20, en términos de su impacto para las poblaciones más vulnerables. El estudio de la CEPAL observó que, por su situación geográfica y porque gran parte de sus actividades económicas dependen de la explotación de sus recursos naturales, América Latina y el Caribe son particularmente vulnerables a los cambios climáticos proyectados para los próximos años.

Entre las consecuencias previstas para el 2050, la CEPAL cita el colapso de gran parte del bioma de corales en el Caribe, la desaparición de la mayoría de los glaciares ubicados por debajo de los 5,000 metros, la posibilidad de sabanización de parte de la Amazonia y la reducción de los rendimientos agrícolas de varios cultivos. Habría impactos, por lo tanto, en el suministro de agua y la seguridad alimentaria de millones de personas.

Acelerada urbanización

En ausencia de consensos gubernamentales de alto nivel para combatir el calentamiento global, queda el papel de las poblaciones que viven en las ciudades. Y en este sentido, Rio+20 mostró el nivel de preocupación por esta cuestión en la esfera de la sociedad civil y las autoridades locales.

La red C-40, compuesta por 59 grandes ciudades del mundo incluyendo Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Curitiba, Lima, Rio de Janeiro, Santiago de Chile y São Paulo, promovió un gran encuentro en Rio de Janeiro durante Rio+20, y la lucha contra el calentamiento global fue uno de los temas centrales, teniendo en cuenta la urbanización acelerada en el planeta y el papel de las metrópolis en las emisiones de gases de efecto invernadero. La declaración final del encuentro indicó los compromisos de las metrópolis globales para implementar políticas, como el estímulo al transporte público, con miras a una reducción del 45% de las emisiones previstas para el 2030. Esta reducción, si se logra, sería de 1.3 millardos de toneladas, o 1.3 gigatones.

“Las ciudades pueden hacer mucho para reducir las emisiones”, coincide Paula Duarte Chrestan, doctora en planificación energética e investigadora del Instituto Aqua Genesis. Ella fue una de los responsables del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en el estado de São Paulo, el estado más rico, industrializado y poblado de Brasil.

Duarte Chrestan observa que los refrigeradores de alimentos y bebidas representan el 28% del consumo residencial de energía en Brasil. La creación del Sello Procel (sigla del Programa de Conservación de Electricidad) para calificar los mejores equipos, ya permitió una reducción del 20% en el consumo de energía en el periodo 1995-2005.

“Más de la mitad del potencial de eficiencia energética en Brasil está en el consumo de los hogares (sector residencial) y las industrias”, afirma la investigadora. También destaca el papel de las autoridades municipales en la promoción de cambios en el sistema de transporte público, con la adopción de combustibles renovables como medida esencial para ayudar a combatir el calentamiento global.

Potencial de energías renovables

El fomento de las energías alternativas, como parte de la lucha contra el calentamiento global, fue defendido en Rio+20 por organizaciones ambientalistas como Greenpeace, que presentó en el marco del evento la publicación “Horizonte Renovable” y el mapa Acuarela Renovable, resultado de una expedición realizada por todo Brasil. Las publicaciones documentan el potencial del país en energías renovables.

“El mapa traza para cada estado cuál sería la mejor opción de generación de energía para que la matriz brasileña sea más eficiente”, afirmó Camila Bastianon, coordinadora de investigaciones de Greenpeace.

En cualquier caso, a diferencia de Rio 92 —la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida como Cumbre de la Tierra— Rio+20 no dejará marcas que indiquen grandes transformaciones, especialmente en temas como la lucha contra el calentamiento global y la deforestación que conduce a la erosión de la biodiversidad.

Rio + 20 “contribuyó al avance de la conciencia ambiental, el conocimiento de nuevas ideas y experiencias, pero en la práctica se requieren compromisos mucho más fuertes que en 1992, porque los problemas no han hecho más que aumentar en los últimos 20 años”, observa la superintendente ejecutiva de la Asociación Mineira de Defensa del Ambiente (AMDA) del estado de Minas Gerais, Maria Dalce Ricas.

Ella cree que la ausencia de debate sobre el calentamiento global y la erosión de la biodiversidad son particularmente graves para Brasil, teniendo en cuenta que más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país se derivan de incendios y otras formas de uso indebido del suelo.

“La deforestación produce emisiones y conduce a la disminución de la biodiversidad. Es fundamental tener metas concretas y políticas muy eficaces para reducir la deforestación “, dice Dalce Ricas. “Los dueños del dinero y el poder creen que son inmunes a las consecuencias del cambio climático y otros desequilibrios ambientales. Y de hecho las consecuencias llegan primero a los más vulnerables, pero los dueños del poder no son inmunes”, agrega Ricas, reflejando un sentimiento generalizado en los movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales en cuanto a los resultados de Rio+20. —Noticias Aliadas.

Se desploma el “caso Quino”


En fallo dictado el 4 de junio la Corte Suprema selló la definitiva exclusión del Ministerio Público del juicio oral contra nueve mapuches acusados de participar en el “caso Quino”. Ante el Tribunal de Garantía de Victoria, en el proceso por asalto a una plaza de peajes e incendio de un camión, actuará ahora como único querellante el Ministerio del Interior, que persigue una condena por delitos comunes y no por actos terroristas como pretendió infructuosamente el Ministerio Público.
Se desploma el “caso Quino”

Comunicaciones ANIDE
boletín pichikeche

Los acusados son mapuche jóvenes provenientes de las comunidades Temucuicui Autónoma y Cacique José Guiñón. Dos de ellos, L.M.C. y J.P.Q., eran personas menores de edad al momento de registrarse los presuntos delitos, en octubre de 2009, pese a lo cual el Ministerio Público no cejó en su afán de que se les aplicarala Ley Antiterrorista.En todo este tiempo todos ellos han sufrido persecución, maltratos y prolongados períodos de reclusión.

El fallo de la Corte Supremaconstituye un duro revés para el Ministerio Público en su afán de aplastar el movimiento social mapuche mediante la maquinaria judicial del Estado. Sin embargo, el Fiscal Regional, Francisco Ljubetic, no se da por vencido y vuelve a la carga: una semana después de verse excluido del “caso Quino” volvió a la carga afirmando que en la zona de Ercilla existe “una guerrilla rural que está provocando serios daños en la Araucanía, un temor generalizado en una vasta parte de la población”. Y evidentemente acorde con dicha tesis, en días pasados el Intendente Regional, Andrés Molina, valoró la creación de un “Comité Rural de vigilancia”, formado por empresarios agrícolas de Angol, Ercilla y Collipulli y cuyo presidente “no descartó respuesta armada ante atentados”, según informó El Mercurio.

Los planteamientos del Fiscal Regional y la curiosa la postura del Intendente al avalar una iniciativa a todas luces ilegal y delictiva, en definitiva confluyen en un mismo intento de reanimar las fantasiosas tesis del foquismo mapuche, de la agitación y de la amenaza terrorista. Ya en un pasado reciente se lanzaron irresponsables acusaciones de vínculos entre activistas mapuche y las guerrillas de las FARC. Vuelven ahora a la misma práctica que por peligrosa e irresponsable todos los sectores deberían condenar.

Mientras tanto los jóvenes mapuche, que durante estos años sufrieron tortura y largos períodos de prisión preventiva por acusaciones artificiosas y nunca comprobadas, vuelven a quedar expuestos a los avatares de la justicia. Si bien, ya no podrán ser procesados por Ley Antiterrorista como buscó con desmesurado ahínco el Ministerio Público.

Wente Winkul Mapu, epicentro de la represión


El pasado viernes 22 de junio el ministro Alejandro Vera, dela Cortede Apelaciones de Temuco, recibió a un grupo de niños y niñas mapuche para conocer directamente de ellos lo ocurrido dos semanas antes, cuando Carabineros allanó la comunidad Wente Winkul Mapu. Un recurso de amparo interpusola Defensoría PenalMapuche haciendo presente la violencia usada en este hecho por las fuerzas policiales yla Corte, como una de las medidas para mejor resolver, pidió oír a los niños y niñas afectados.
Wente Winkul Mapu, epicentro de la represión


BOLETÍN PICHIKECHE /
POR COMUNICACIONES ANIDE

Al margen de este testimonio escuchado por el tribunal de alzada, existen dos versiones sobre esa operación de madrugada que condujo el fiscal Luis Chamorro para detener a un joven comunero acusado de participar en el homicidio frustrado de un policía en 2011.

Según el prefecto de Carabineros de Malleco, Iván Vega, sus hombres fueron atacados con palos y hachas, resultando heridos cuatro uniformados. Y de ahí la represión con disparos de escopetas y de bombas lacrimógenas.

El Werken de la comunidad allanada, Daniel Melinao, lo desmiente: “Ellos llegaron violentamente, agrediendo a niños, golpeando a mujeres y disparándole a un anciano. No ha habido ninguna agresión hacia ellos y lo que están haciendo es justificar su violencia”. Fotografías de personas baleadas fueron difundidas por las redes sociales como evidencia.

Según el relato de la comunidad, la institucionalidad del Estado siguió maltratando a los lesionados cuando fueron conducidos al hospital de Collipulli, donde se les declaró “heridos leves” a pesar de la seriedad de sus lesiones. En el caso del Kimche Venancio Montoya, esta condición le fue reconocida más tarde en el Hospital de Victoria, adonde debió ser llevado debido a su agravamiento por los disparos de escopeta que recibió en las piernas. Erick Montoya, de 20 años, hijo del Kimche y objetivo del allanamiento, recibió impactos de perdigones en el cuello, tórax y una pierna, además de una fuerte golpiza y, pese a su estado, fue encarcelado en el presidio de Angol.

Distinto trato recibió el carabinero Miguel Lagos: fue llevado en helicóptero al Hospital de Angol con una contusión provocada por el golpe de un palo en la cabeza.

Reivindicando derechos ancestrales

Unas 30 familias viven en Wente Winkul Mapu. En su mayoría están formadas por parejas jóvenes con sus hijos que comparten con padres y abuelos en viviendas muy modestas. Sus escasas tierras se han ido agotando y, como no tienen otros espacios donde trabajar, muchos se ven obligados a emigrar, aunque sus expectativas afuera tampoco son buenas pues pocos de ellos han podido alcanzar el octavo año de enseñanza básica.

Desde el año 2009 los comuneros vienen reivindicando derechos ancestrales sobre 2.500 hectáreasde terreno que antiguamente ocupaban los caciques Lizama y Naweltripay y que hoy se encuentran en poder de las forestales Mininco, Arauco y Cautín y del particular Juan de Dios Fuentes. No han conseguido nada y, al contrario, “por el hecho de levantar nuestra bandera de dignidad, el 80 por ciento de los hombres de nuestra comunidad están procesados por diversos hechos en los tribunales”, explicaba el Werken Melinao en abril, tras el allanamiento que concluyó en un confuso incidente del que salió herido de muerte del carabinero Hugo Albornoz. Los comuneros insisten en atribuir el fatal episodio a disparos realizados por los mismos agentes del orden, en el marco de un violento allanamiento a la comunidad.

La localidad, ya se ve, sabe de violencias excesivas y esto lo constatabala Cortede Apelaciones Temuco el 16 de diciembre de 2011 en un dictamen referido a otros violentos allanamientos ocurridos el mes anterior, en el cual cuestionaba el “accionar, al aparecer desprovisto de racionalidad” de Carabineros, y disponía que esta institución “deberá abstenerse de realizar actos de violencia contra mujeres y niños y de lanzar bombas lacrimógenas en las patios de las viviendas particulares de la comunidad indígena ya referida”.

Como se recordará, bajo el nuevo contexto generado por la muerte del policía Albornoz, la apelación de Carabineros fue acogida porla Corte Supremaque, en fallo dividido, estableció que “no resulta procedente dar órdenes de carácter general ala Policíaacerca de su conducta futura en hechos que puedan afectar el orden público”.

De allí que el abogado Nelson Miranda, defensor de los mapuche en diversos casos, atribuya ahora a la justicia buena parte de culpa en esta reiteración de la violencia policial.

Responsabilidades y disposición al diálogo

A su vez el Fiscal que condujo éste y otros operativos policiales que suman más y más comunidades violentadas, es cuestionado también e incluso se pide su salida del cargo. Tras el reciente episodio, el Defensor Público Gregory Schubert planteó que “es momento de que el Ministerio Público, en resguardo de los valores del sistema de justicia, evalúe el comportamiento funcionario del Fiscal Luis Chamorro”, por llevar adelante una acción “desproporcionada, en la medida que afectó por igual no sólo a los imputados que el procedimiento buscaba detener, sino que a miembros inocentes de la comunidad, incluidos niños y ancianos que resultaron incluso gravemente heridos”.

Pero la responsabilidad superior en esta situación de abuso de derechos que sufren las comunidades mapuche recae finalmente sobre el Ejecutivo, y de manera directa sobre su Ministro del Interior, encargado del orden público, del actuar de Carabineros y del respeto a los principios humanitarios y de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado en materia de derechos de los pueblos originarios y de derechos de los niños.

Así lo entienden los líderes mapuche y el Werken Daniel Melinao, que viajó a Santiago y llegó hastaLa Moneda para entregar una nota escrita exponiendo los graves hechos de violencia acontecidos y la situación de angustia en que viven su comunidad: “Con esta carta repudiamos públicamente los violentos allanamientos y también queremos pedirle una explicación al ministro Hinzpeter por la grave situación que vive la comunidad”. Agregó que esta situación de violencia es única responsabilidad del Gobierno, y también dela Corte Suprema. “Hemos agotado todas las instancias, siempre hemos estado dispuestos a conversar y no hemos sido escuchado, porque son ellos (las autoridades del Gobierno) que no han tenido la capacidad política de responder a nuestras demandas de tierras que son de nuestros antepasados”.

Ministro Longueira puso un murallón a petitorio de los pescadores artesanales y terminó abruptamente reunión sin acoger sus demandas


Preocupados y molestos se encuentran los pescadores artesanales de Queule y La Barra, luego de la escasa acogida expresada por el Ministro de Economía Pablo Longueira al petitorio de 21 puntos que desde el mes de marzo vienen planteando a las autoridades regionales.
Ministro Longueira puso un murallón a petitorio de los pescadores artesanales y terminó abruptamente reunión sin acoger sus demandas
Por Equipo Revista Marejada / http://www.marejadadequeule.cl/?p=644

El ministro de Economía se retiró abruptamente del encuentro y manifestó que “hay puntos que no se pueden acoger, siempre como en todas las reuniones hay encuentros y desencuentros”.

En la jornada, el ministro manifestó la negativa postura del gobierno de cara a bajar la Ley de Pesca que actualmente se tramita en el Congreso, el cual fue uno de los puntos que generó mayor polémica en el marco del encuentro.

“Entendemos que hay muchos puntos que no se comparten, las materias de ley las está resolviendo el congreso”, señaló Longueira.

En esta línea, el ejecutivo se comprometió a seguir avanzando en una ley que a su juicio se centre en la sustentabilidad, “porque lo único que ha ocurrido es la reducción de este recurso. Vamos a mantener un cambio institucional donde se garantice la recuperación de las pesquerías y comprometernos con todos los chilenos”, declaró.

Además, el gobierno anunció la creación del Consejo Zonal de Pesca, medida que fue calificada como “insuficiente” por los pescadores.

Opinión de los pescadores

Los pescadores artesanales manifestaron nuevamente su rechazo, debido a la retirada del ministro de una discusión donde cada sector ponía sus puntos de vista respecto a la Ley de Pesca y otros temas relacionados a la situación de la pesca artesanal en La Araucanía.

Aldo Ulloa Jaramillo, representante del sindicato de pescadores de La Barra, comuna de Toltén, expresó que el ministro Longueira, al igual que el intendente “nos dio un portazo en nuestra cara al retirarse y no contestar nuestras consultas, respecto a las justas demandas que estamos haciendo. Nos dimos cuenta que no hay solución a nuestros temas”.

Patricio Olivares, presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Queule añadió, “nos quedamos con una peor sensación, pues con la actitud que tuvo el Ministro Longueira al retirarse de la reunión, entendemos cual es la forma de gobernar que tiene el gobierno, pues creé que lo único valido es lo que dice él, tenemos toda la información para asegurar que esta ley nos desfavorece como sector”, sostuvo Olivares.

Alertando que el principal riesgo de aprobarse la Ley de Pesca, sería el término de la pesca artesanal. “Corremos el riesgo de desaparecer, se apunta a abrir la región para que llegue una gran cantidad de embarcaciones del Bio Bio a realizar extracción en La Araucanía, queremos que se proteja nuestra zona, por eso se deben cuidar los recursos que hay aquí”, indicó.

Parlamentarios

Otro de los actores presentes durante la jornada, fueron los parlamentarios de la región Fernando Meza y Rene Manuel García, quienes rechazaron la actitud tomada por Longueira de cara a atender las demandas de los pescadores artesanales.

“Los puntos de desencuentro son tremendos entre el Ministerio de Economía y los pescadores artesanales. Hay un proyecto de ley de pesca que muchos parlamentarios hemos rechazado antes de que se vote, porque favorece a las grandes industrias de la pesquería artesanal y consorcios que influyen al interior de la cámara de diputados y senadores”, dijo el diputad Fernando Meza.

Por su parte el diputado René Manuel García, anunció la nula voluntad del gobierno al no escuchar las demandas de los pescadores artesanales, “va a tener consecuencias que traerán consigo más movilizaciones”, concluyó.

intervencion de Werken Temucuicui autónoma ante el Consejo de Derechos Humano Ginebra Suiza


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Wallmapuche, jueves 27 de Junio de 2012, el Werken de la comunidad Autónoma de Temucuicui, Jaime Huenchullan, hoy en 20° periodo de sesiones de la asamblea general del Consejo de Derechos Humanos celebrado en Ginebra Suiza, expuso sobre la negación de los derechos humanos tanto individuales como colectivos, del cual ha sido objeto el Pueblo Mapuche, en particular aquellas comunidades ubicadas en la región de la Araucanía que se encuentran en un proceso de recuperación de sus tierras ancestrales.

Se adjunta Intervención.


Asamblea General
Consejo de Derechos Humanos
20° período de sesiones



Punto 4 : Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo

Debate general



Tal como nuestra organización lo ha indicado muchas veces, la situación del pueblo Mapuche no cambia (Argentina y Chile)a pesar de recomendaciones y promesas; se agrava.

Nuestro pueblo es objeto sistemático de la negación de sus derechos humanos tanto individuales como colectivos, en particular aquellas comunidades ubicadas en la región de la Araucanía que se encuentran en un proceso de recuperación de sus tierras ancestrales. Los conflictos actuales se derivan por la falta de voluntad política de parte del estado chileno.

En mi comunidad Temucuicui, sus dirigentes son constantemente reprimidos, enjuiciados, encarcelados, torturados e insultados por su condición de indígena. Con el pretexto de buscar armas, la policía destruye las viviendas de las Comunidades, roban dinero, animales, herramientas de trabajo, que luego utilizan como evidencias acusatorias y mas aun, resultan heridos ancianos, mujeres y niños.

Las autoridades chilenas utilizan la violencia y la política asistencialista como método para someter y criminalizar nuestras demandas. Los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo mapuche están constantemente vulnerados, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas son ignorados. Los procesos judiciales se conducen en tribunales que carecen de imparcialidad y no son independientes. A pesar de los compromisos de los gobiernos chilenos de no utilizar la Ley Antiterrorista, esta se continua aplicando a comuneros mapuche, donde arriesgan condenas de hasta 60 años, vulnerando de esta manera el derecho a un debido proceso.

En consecuencia queremos:

Ø Denunciar al Estado chileno por su continua violación de Derechos Humanos hacia el pueblo Mapuche en sus justas demandas por sus derechos colectivos.

Ø Llamar la atención sobre 2 comunidades, Temucuicui y Wente Winkul Mapu que constantemente son allanadas por la policía militar y el fiscal Luis Chamorro: ejerciendo violencia y brutalidad extrema hacia los comuneros mapuche, como es el caso de Erick Montoya y Benancio Montoya.

Ø Pedir que este Consejo trate estas demandas en su agenda en el punto 4: las situaciones que requieren la atención del Consejo.

Muchas gracias Sra. Presidenta.


27 Juno 2012

Jaime Huenchullan Cayul 
Comunidad Temucuicui
Wallmapu

Reforma del Código Civil argentino: Dura crítica de pueblos indígenas


El Consejo Plurinacional Indígena denunció que el proyecto de Código Civil atenta contra los derechos de los pueblos originarios, afirma que las comunidades no fueron consultadas (como establece la legislación vigente) y exige que la propiedad comunitaria indígena sea reglamentada con una ley especial.
Reforma del Código Civil argentino: Dura crítica de pueblos indígenas
OPSUR


Por Darío Aranda.- “La Propiedad Comunitaria (indígena) no puede quedar encorsetado en un Código Civil y debe ser reglamentado en una ley especial, como lo prometió la Presidenta en el marco de los festejos del Bicentenario”, denunció el Consejo Plurinacional Indígena respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo para modificar el Código Civil argentino. En un duro comunicado, la organización afirma que se viola los derechos de los pueblos indígenas, advierte que no se consultó a las comunidades (hecho imprescindible legislado en numerosas leyes nacionales e internacionales) y explica que los derechos constitucionales “ganados en décadas de lucha, pueden quedar reducidos a un Código Civil que no mide el impacto que va a generar en nuestras vidas y culturas”. Los dieciséis dirigentes indígenas que firman el comunicado aseguran que la vulneración de derechos presentes en el proyecto “no es un descuido” y lo entienden como una avanzada contra “el derecho indígena, el único que tiene legitimidad, autoridad moral y peso jurídico para condicionar o detener un modelo de explotación extractivista, que es un proyecto de muerte para nuestros territorios”.

El 27 de marzo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, presentaron públicamente el anteproyecto de reforma del Código Civil (las normas que regulan las relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, sean privadas o públicas), que data de 1865. Fue bienvenido por el dirigencia política y los diferentes actores del Poder Judicial. Todos coinciden en la necesidad de actualizarlo.

También fue bien recibido por los medios de comunicación, que –entre otros aspectos– remarcaron que se beneficiaría a los pueblos indígenas.

El Consejo Plurinacional Indígena, espacio de articulación de organizaciones nacido luego de la histórica marcha indígena de mayo de 2010, difundió un documento en el que puntualiza: “Actualizar un Código Civil que hoy es obsoleto y contradice la realidad que pretende regular, es sumamente necesario. Lo que es inadecuado a todas luces es reglamentar la propiedad comunitaria indígena mediante la incorporación de un título especial en el Código Civil, toda vez que la posesión y propiedad indígena no sólo son diferentes a la posesión y propiedad civil, sino muchas veces, hasta incompatibles”.

“Queremos señalar el alerta, porque se quiere regular el tema más sentido por los pueblos indígenas en el país: el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales. Es urgente revisar esta situación”, solicitan, con la firma de –entre otros– Paz Argentina Quiroga (huarpe de San Juan), Eduardo Nievas (diaguita de Amaicha del Valle, Tucumán) y Felix Díaz (qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh, de Formosa).

Denunciaron la falta de consulta a comunidades (vigente en la legislación actual y que obliga a dar participación siempre que se pudiera afectar a las comunidades). Detalla que “ni siquiera” se consultó al Consejo de Participación Indígena (CPI), ámbito creado en el marco del gubernamental Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y donde existen delegados cercanos al Gobierno.

El Consejo Plurinacional objeta que el proyecto proponga legislar sobre “inmueble” y no “territorio”, concepto mucho más amplio y reconocido por convenios internacionales (169 de la OIT) a los que Argentina adhirió. “El borrador de nuevo Código no sólo baja de rango un derecho ya normado por la Constitución Nacional sino que además pretende interpretar la relación que los pueblos tenemos con nuestros territorios estableciendo una relación material y economicista de la tierra, despojándolo de toda su dimensión cosmogónica y cultural”, explica.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) y parte del Consejo Plurinacional, explicó que de aprobarse el nuevo Código Civil “así como fue enviado será negativo para los pueblos indígenas, un claro retroceso normativo y será una herramienta más para que jueces racistas desalojen comunidades y avancen las empresas extractivas (mineras, petroleras) y estancieros”. Nahuel aclaró que no se oponen a un nuevo Código Civil, pero llamó a escuchar a los afectados directos: las comunidades indígenas. Precisó que la propiedad comunitaria y el derecho a la participación deben (en consonancia con la normativa ya vigente) “quedar fuera del Código Civil y ser reglamentados con leyes especiales”.

El Consejo Plurinacional también objeta que sólo se tenga en cuenta a comunidades rurales (deja de la lado la gran cantidad de población indígena urbana, en muchos casos expulsada de sus territorios comunitarios en las últimas décadas) y rechaza el artículo 148 del borrador, que establece la figura de “persona jurídica de derecho privado” a las comunidades. “Se sitúa a las comunidades al mismo nivel que las asociaciones civiles, que las fundaciones, que las sociedades comerciales, pese a que la Constitución Nacional establece su reconocimiento como consecuencia de reconocer el carácter de pueblos preexistentes al Estado Nacional. De este modo se niega la realidad jurídica previa que tienen las comunidades indígenas”, aclara y recuerda que el otorgamiento de personerías jurídicas son utilizadas por los gobiernos en la actualidad como espacios de “intervención y control” sobre la autonomía indígena.

Hacen especial hincapié en el derecho a la consulta referido a los recursos naturales. “Es de una gravedad alarmante. Es un derecho que está costando hasta vidas humanas por la importancia estratégica para defendernos del avance de la explotación irracional sobre nuestros territorios”, subraya y denuncia que el proyecto enviado por el Ejecutivo establece, en su artículo 2038, que la explotación de recursos naturales “está sujeto a previa información y consulta a las comunidades”. A entender de los dirigentes indígenas, así redactado, el nuevo Código será “violatorio de todos los avances” sobre derecho indígena. Y explica que el Convenio 169 y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas establecen la “necesidad de obtener el libre consentimiento” de los pueblos indígenas afectados. “Este avance conseguido en la última década queda reducido en el borrador a un mero trámite administrativo de ‘información y consulta’”, denuncia el Consejo Plurinacional.

El colectivo de organizaciones solicita que la propiedad comunitaria indígena “no quede encorsetada en un Código Civil” y exigen que sea reglamentada en una ley especial “como lo prometió la Presidenta en la reunión que mantuvo con el Consejo Plurinacional en el marco de los festejos del Bicentenario”.

A propósito de la reforma del Código Civil, la postura del ODHPI aquí / http://odhpi.org/2012/05/a-proposito-de-la-reforma-del-codigo-civil/

Revisión Crítica ante inconsulto Proyecto Ley de Pesca “Longueira”


“EL primer indicador de evaluación que este documento plantea para interpretar la cuestión de la aplicación del Convenio 169 de la OIT en lo concerniente a considerar el proceso de consulta previa, libre e informada; respecto a proyectos de ley y en particular, al proyecto de Ley del Sr. Longueira, que dice relación a la destinación, explotación y uso de los recursos marinos presentes en las aguas de territorios de afectación indígena por derecho ancestral”
Describe el documento que le es aplicable toda vez que "a través de alguna medida legislativa o administrativa, se dé aplicación a alguna de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT"; El segundo indicador indica que "dicha medida sea susceptible de afectar directamente a uno o más pueblos indígenas".
Revisión Crítica ante inconsulto Proyecto Ley de Pesca  “Longueira”



Revisión crítica del documento " Razones por las que el proyecto de ley boletín 8091-21, no requiere consulta indígena", de circulación interna datado con "SSV/AVP/11.06.2012".

María Paz Villalobos Silva,
Bióloga Marina

EL primer indicador de evaluación que este documento plantea para interpretar la cuestión de la aplicación del Convenio 169 de la OIT en lo concerniente a considerar el proceso de consulta previa, libre e informada; respecto a proyectos de ley y en particular, al proyecto de Ley del Sr. Longueira, que dice relación a la destinación, explotación y uso de los recursos marinos presentes en las aguas de territorios de afectación indígena por derecho ancestral, describe el documento que le es aplicable toda vez que "a través de alguna medida legislativa o administrativa, se dé aplicación a alguna de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT"; El segundo indicador indica que "dicha medida sea susceptible de afectar directamente a uno o más pueblos indígenas".

Hay un error gravísimo en estos enunciados, una interpretación totalmente tergiversada sobre las disposiciones contenidas en el Convenio. el Convenio al ser un conjunto de normas de derecho que emanan de la naturaleza humana, eleva su rango jurídico a derecho de garantía constitucional. Es autoejecutable, la legislación interna debe adaptar su legislación a las disposiciones contenidas en este, para lo cual chile tuvo un año plazo antes de la plena entrada en vigencia del Convenio para la protección de los derechos de los pueblos originarios. Por tanto, no es ejecutable solo en caso que alguna medida legislativa o administrativa "aplique" normas del Convenio. El Convenio es un conjunto de Normas Internacionales de Derechos Humanos que se vuelven parte integral del diseño y la aplicación de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente los derechos de los pueblos originarios.

Vamos leyendo este texto, al menos curioso! por decirlo de alguna manera, empiezo manifestando mi cuestionamiento a la interpretación de los textos referenciales ligados a extractos de sentencias en otros países. Este texto es un documento oficial, de carácter legislativo porque busca normar los criterios de evaluación para la aplicación de leyes de supremacía jurídica, como lo es el Convenio 169 respecto de un "proyecto" de ley de pesca, que carece de contenido estatario en cuanto a las garantías de protección de derechos que emanan de la naturaleza humana, como lo son el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho ancestral sobre los territorios de los pueblos originarios.

Cuando una lee normas, políticas, leyes, reglamentos, aprende un código referencial de trabajo y cuando de pronto te presentan un texto, cuyas referencias son al menos poco claras (véase la primera) o simplemente no están, en un texto que busca orientar la aplicación de un conjunto de normas de vital importancia para el desarrollo de las sociedades que forman un estado, estado que forma parte de diversas agrupaciones internacionales; no puede ser considerado un texto habilitado para una discusión de carácter jurídico. Se hace referencia a la interpretación de aplicabilidad del Convenio en el diseño de legislaciones que el Sr. James Anaya, relator especial de Derechos de Pueblos Indígenas de la ONU, aparentemente a emitido o manifestado en algún texto. Sin embargo, no se entrega ninguna cita o referencia que permita al lector certificar las palabras citadas, en los textos del autor, para contar con los elementos que le permitan llegar a aquellas interpretaciones.

Este texto es un descripción perjudicial/ dañina/perniciente/ casi como para confundir (siempre a favor de los intereses de las 7 familias benefactoras del proyecto de ley de pesca), el entendimiento en la interpretación de las normas internacionales a las que Chile se ha suscrito como parte de sus obligaciones de estado - pese a la abierta y pública doble moral con la que actúa al interior del país con los pueblos originarios presentes - ; no es posible aceptar que una normativa que afecta a una parte importante de la población, que afecta irremediablemente nuestros derechos y los de las próximas generaciones sobre la disposición de recursos marinos, sea escrita desde esta lógica de razonamiento, simplemente no es aceptable en el ámbito profesional y de la sociedad civil, que una entidad oriente sus fundamentaciones jurídicas sobre la base de un argumento simplista, de escasa lógica, rebuscado en su composición, y absolutamente alejado de la realidad internacional desde la cual se aplican las disposiciones contenidas en el Convenio.
En este insólito documento se describe que el proyecto a que alude, es "para establecer un proceso de toma de decisiones nuevo dentro de la institucionalidad pesquera; incorporar en la regulación las cuotas individuales transferibles, a través de las licencias transables de pesca; y, otras materias relativas a la pesca artesanal y a la investigación, todo ello, dentro de un marco que garantice el uso sustentable de los recursos pesqueros a nivel nacional y de carácter general". No es un texto representativo de los intereses de la población local ni nacional, no aseguran la protección de recursos marinos para las futuras generaciones, ni para las presentes porque ha sido diseñado para garantizar la perpetuidad del negocio pesquero a 7 familias chilenas.

La CEPAL define hace varios años un concepto aceptable por la comunidad internacional, respecto del término "sustentabilidad" en el uso y explotación de recursos; la cual es "aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro por atender sus propias necesidades". Existe una controversia nacional desde que el proyecto que contiene estas ideas, fue presentado a análisis al congreso. La reprobación de todos los sectores (a excepción de los típicos que negocian migajas), aumenta las presiones de la sociedad y principalmente de la mayoría del sector pesquero artesanal nacional, debido a que el proyecto pretende entregar cuotas altísimas de extracción de peces y otros recursos, a barcos de pesca de alta carga para ciertos grupos, durante los próximos 25 años; contiene ideas que implican la extinción de la posibilidad de mantención de la pesca artesanal; fue presentado por un ministro ultra neoliberal de extrema derecha, que a veces, cuando pensamos que duerme, en realidad -cuenta en prensa- "veo a mis dioses y me hablan".

Son miles mas y mas profundos los fundamentos que rechazan la viabilidad de la sustentabilidad en el uso de los recursos, proyectada en el proyecto de ley de pesca del Sr. Longueira, él busca vender lo que hay al mejor postor, los pescadores buscan utilizar y proteger los recursos de manera de subsistir hoy sin afectar ni dejar de asegurar la disposición de los mismos para las futuras generaciones.

Las argumentaciones que contiene el documento citado sin referencias, en su parte III "Razones por las que el Proyecto de ley. Boletín 8091 no requiere consulta indígena", son de tipo infundadas, que buscan o intentan jugar con palabras para socializar un mensaje en la opinión pública abiertamente interventor, por tanto del todo cuestionable en los principios que han guiado su construcción intelectual de tipo racista-cortoplacista y de escaso entendimiento sobre la "sustentabilidad" en el uso de recursos y de manejo pesquero.

El texto-norma aquí presentado carece de argumentación jurídica para evaluar objetiva y éticamente, la pertinencia o no de aplicar normativas de rango constitucional que dicen relación a la protección de los derechos ancestrales sobre los territorios, maritorios y los recursos que en estos viven y se desarrollan y cuyo destino son de afectación directa de todos los pueblos originarios habitantes en el borde costero nacional.

Señalan que Concejo de Ministros analizará "construcción" de ducto al mar de Celulosa Arauco en Los Ríos durante Julio


El Consejo de Ministros decidirá en julio la continuidad o revocación del proyecto de ducto al mar de la empresa Celulosa Arauco, en la Región de Los Ríos. La información fue confirmada por el seremi de Medioambiente, quien señaló que si bien aún no hay una fecha fijada, en el mes de julio el consejo de ministros debe zanjar el tema, ya que lo tiene en pauta.
Señalan que Concejo de Ministros analizará "construcción" de ducto al mar de Celulosa Arauco en Los Ríos durante Julio


Nota:
RADIO BIO BIO

Imagen: Movimiento por la defensa del Mar


El Consejo de Ministros decidirá en julio la continuidad o revocación del proyecto de ducto al mar de la empresa Celulosa Arauco, en la Región de Los Ríos.

La información fue confirmada por el seremi de Medioambiente Daniel del Campo, quien señaló que si bien aún no hay una fecha fijada, en el mes de julio el consejo de ministros debe zanjar el tema, ya que lo tiene en pauta.

En esa oportunidad, según la autoridad, los Ministros discutirán los recursos de reclamación interpuestos por la empresa y la ciudadanía y decidirán si se comienzan las obras y se da inicio al plan de mitigación por el proyecto de ducto al mar de Celulosa Arauco para la descarga de riles, o bien es rechazado.

A juicio de Eliab Viguera, dirigente del Consejo de Defensa del Mar, los Ministros no pueden desconocer la ley de pesca o la ley Lafkenche, que impide la descarga de riles al mar en la zona de Mariquina.

Esta instancia, la discusión del recurso de reclamación por el Consejo de Ministros, es la etapa final para ambas de recurrir por la continuidad o paralización del proyecto, que ha marcado diferencias y divisiones en la zona de Mehuin y Mariquina.

El proyecto contempla la construcción de un ducto de casi 40 kilómetros desde la Planta Valdivia hasta la Bahía de Maiquillahue, y 2 mil 25 metros hacia el mar, con una profundidad de de 18 metros, fuera de la Zona de Protección Litoral.

El Concejo Municipal de Mariquina decidió omitir el trazado de proyecto del ducto al mar de la empresa Celulosa Arauco en la confección del Plan Regulador Comunal.

Al respecto hay división en los ediles, toda vez que de cuatro de ellos decidieron que no se incluya el en plano regulador el trazado del proyecto, que busca eliminar hacia el mar los riles de la Planta Valdivia de la empresa forestal.

La concejal DC María Cristina Epuante, que votó por la mayoría, aseguró que no podían incluir un proyecto que aún no se concreta.

Muy por el contrario, el concejal del PS Jaime Ramírez señaló que la empresa aún no soluciona en lo concreto las descargas de riles.

Mientras, la concejal de la UDI y representante de las agrupaciones en defensa del mar en Mehuin, la UDI Guisela Manríquez votó por que se omita en el plano regulador el trazado del proyecto de Arauco.

Al respecto dijo que lo hizo porque el documento municipal debe avanzar y más adelante podría ser modificado en ese aspecto.

En tanto, el concejal Andrés Jiménez también de la UDI, señaló que espera el trazado del ducto esté incorporado, más adelante claro, por lo que significa para la comuna.

Pese a las diferencias en las votaciones, todos los ediles coincidieron que este tema debe ser nuevamente discutido más adelante, incorporando el trazado al plano regulador, pero una vez que éste ya esté aprobado.

Alianza Autónoma de Pueblos indígenas demanda al Estado contra reglamento ambiental que mutila la consulta


El Reglamento deja muchos derechos indígenas contenidos por el Convenio 169, como los efectos en el trabajo indígena y en el derecho a decidir su propia forma de desarrollo. Los indígenas indígenas terminan trabajando para mineras, por ejemplo, abandonan sus formas tradicionales de trabajo: los indígenas reclamamos que no somos esclavos de la visión del desarrollo que imponen las transnacionales”.
Alianza Autónoma de Pueblos indígenas demanda al Estado contra reglamento ambiental que mutila la consulta


La Alianza Autónoma de Pueblos Indígenas, presentó hoy, en la Corte de Apelaciones de Santiago, un recurso de protección en contra del Director del Servicio de Evaluación Ambiental, Ignacio Toro; contra el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benitez; contra el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet; y contra Ramiro Alfonso Mendoza Zúñiga, Contralor General de la República, por la aprobación del Reglamento Ambiental, que a juicio de las organizaciones indígenas “mutila la consulta indígena del Convenio 169 de la OIT”.

ARIEL LEÓN BACIÁN, Presidente de la Corporación Cultural AymaraJach\'aMarkaAru, señaló que “la consulta ambiental es el mecanismo de evaluación ambiental más importante, pues protege los derechos indígenas frente a los megaproyectos. Es un mecanismo de diálogo y acuerdos entre los indígenas y el Estado. La consulta garantiza una evaluación ambiental adecuada a la cosmovisión y cultura de los pueblos indígenas, después de siglos de imposición exógenal. La aprobación de una consulta falsa, permite la instalación indiscriminada de proyectos mineros, forestales, acuícolas, portuarios, geotérmicos y otros, impactando negativamente en los sistemas de vida, salud, patrimonio y medio ambiente de los pueblos indígenas, imposibilitando que salgan de la pobreza estructural que los aqueja. El Reglamento Ambiental es una carta blanca en favor del etnocidio y la discriminación ambiental.

FRANCISCO VERA MILLAQUÉN, werkén de la Comunidda Mapuche Huilliche Pepiukelen de Pargua critica que “el Reglamento deja fuera del mecanismo de consulta a varios efectos ambientales, como los “riesgos para la salud de la población”, y el “efectos adverso significativo sobre recursos naturales renovables”. Para el Reglamento, los indígenas no tenemos salud, ni sufrimos la escasez de agua. Es ridículo que se permita la consulta indígena sobre el patrimonio, pero no por los efectos de la contaminación en nuestra salud, o por la escasez de recursos naturales”.

CATALINA CORTÉS, aymara Consejera del Área de Desarrollo Indígena Jiwasa Oraje, por la Ecozona de Matilla, argumenta que “el deber de consulta indígena no se podrá referir a los efectos paisajísticos de los proyectos que se desarrollen en su territorio, lo que vulnera el derecho a la igualdad, pues el paisaje es parte de los activos económicos más importantes de muchas comunidades, incluidas la de los recurrentes. Ello, debido a que el paisaje es parte de los atractivos más relevantes para los proyectos turísticos y etnoturísticos que se desarrollan en los lugares donde los indígenas tienen interés o donde habitan. El Reglamento Ambiental nos corta las manos”.

MARCELA LINCOQUEO ANCAMILLA, miembro de la Organización Mapuche LaKuTuN, reprocha que “El deber de los Estados de celebrar consultas, bajo mecanismos de participación especial con los pueblos indígenas, en los procesos de decisiones que los afecten tiene por objeto poner fin al modelo histórico de exclusión del proceso de adopción de decisiones con el objeto de que las decisiones importantes no se impongan a los pueblos indígenas sino con ellos, y que éstos puedan prosperar como pueblos distintos”. Asimismo señaló que “El Reglamento tiene un contenido provisional, pero nadie conoce su contenido actual ni final, pues ahora está en manos de la Presidencia, donde puede sufrir nuevos cambios. Luego va a Contraloría, quien puede aprobarlo, rechazarlo o modificarlo. Su texto provisional y público es una agresión racista y etnocida, y creemos que empeorará, por lo que nuestra preocupación es máxima

AMELIA MAMANI CHARCAS, del pueblo quechua, del Consejo Autónomo Ayllu Sin Fronteras, declaró que “El Reglamento deja muchos derechos indígenas contenidos por el Convenio 169, como los efectos en el trabajo indígena y en el derecho a decidir su propia forma de desarrollo. Los indígenas indígenas terminan trabajando para mineras, por ejemplo, abandonan sus formas tradicionales de trabajo: los indígenas reclamamos que no somos esclavos de la visión del desarrollo que imponen las transnacionales”.

SONIA CATALINA RAMOS CHOCOBAR, del Consejo Autónomo Ayllu Sin Fronteras, señaló que “lo que quiere este Reglamento es eludir las últimas sentencias, como la de la Corte Suprema, en el caso Parque Eólico de Chiloé, donde una Comunidad Indígena logró que la justicia ordenara consulta indígena incluso ante Declaraciones de Impacto Ambiental. El Reglamento dice que el “diálogo con grupos humanos indígenas”, PUEDE proceder ante Declaraciones de Impacto, para aplicar el cierre del proceso en caso de líneas de base deficientes e incorregibles. Pero las sentencias de la Suprema y el Convenio 169 de la OIT, no distinguen entre los sistemas de evaluación”.

También contamos con la presencia del hermano MARCELO CONDORE, Consejero del área de Desarrollo Indígena del Alto Tarapacá, quienes criticó que “los avisos radiales para notificar de los proyectos a las comunidades indígenas, deben ser bilingües en zonas de alta densidad indígena, rurales, y donde haya una cantidad relevante de hablantes de los idiomas indígenas. Para los que no tengan radio, deben ser notificados mediante volantes bilingües. De lo contrario, se nos niega la información, y se nos imponen los mega proyectos

Para los indígenas, “Este recurso de protección, es una manifestación de nuestro repudio a este nuevo intento de mutilar la consulta. Queremos decir con ello que no bastan las meras declaraciones, y que debemos ejercer todas las acciones para evitar esta nueva agresión contra los pueblos. La Madre Tierra necesita defensa, y entendemos que lo que hacemos es en honor de ella, de nuestros ancestros, y por la sobrevivencia de nuestros pueblos. Esperamos que el Poder Judicial esté a la altura y evite nuestra extinción, y la destrucción de nuestros lugares sagrados que aún quedan

Cabe mencionar que la ALIANZA AUTÓNOMA DE PUEBLOS INDÍGENAS está representada por: Ariel León Bacián, aymara, Presidente de la Corporación Aymara Jacha Marka Aru; Francisco Vera Millaquén, mapuche williche, werken de la Comunidad Williche Pepiukelen de Pargua Alto; Sonia Ramos, likan Antai, Ayllu sin Fronteras; Amelia Mamani, quechua, Ayllu sin Fronteras; Catalina Cortés, aymara, Consejera ADI Jiwasa Oraje, Ecozona Matilla; y Marcela Lincoqueo, mapuche, Sabiduría del Lakutun.

mercredi 27 juin 2012

Indignación de Comunidad de Calbuco ante nuevo derrame generado por empresa petrolera de Angelini (Copec)


"Las autoridades han hecho oídos sordos a nuestras advertencias de que la Planta, en estas condiciones, sin la evaluación ambiental exigida por la Ley, es un peligro para todas las actividades económicas de la Comuna de Calbuco. Nos preguntamos qué estarán esperando ¿que la guinda de la torta sea un accidente con los camiones con cargas peligrosas que van y vienen de la Planta?, ¿Que tenga que morir gente para que reaccionemos?.. ¿Qué tiene que morir alguien para que reaccionen y se dejen de proteger el abuso al que nos vemos indignamente expuestos día a día?"
Indignación de Comunidad de Calbuco ante nuevo derrame generado por empresa petrolera de Angelini (Copec)

FUENTE: TERRAM /


Estimados conciudadanos:
Como es de su conocimiento el día lunes 25 de junio nuevamente tenemos que lamentar un derrame de petróleo desde la Planta Copec Pureo, esta vez se produjo en el muelle distante a 2Km. mientras el carguero “Punta Gruesa” realizaba sus labores de descarga de combustibles hacia la Planta almacenadora. Al parecer el combustible se habría fugado por el ducto que abastece los estanques, en su punto de unión con el barco y vecinos de Pureo acusan que no sería la primera vez que esto sucede.

En esta oportunidad gracias a la acción del viento, la ola y la marea, el derrame quedó depositado en la ribera norte de punta Caicaén Isla de Calbuco, distante a aprox 1,5 Km frente al Puerto de descarga de propiedad de Cabo Froward. A juzgar por la mancha negra adherida a la playa, midiendo promedio de 3 metros por 1Km de largo, se observa a simple vista que fue el doble de mayor (en volumen) al anterior derrame al mar, ocurrido el 6 de Septiembre(6S), día de inauguración de la Planta en pleno Duelo Nacional.

Al lugar asistieron personal del Departamento del Medioambiente de la Armada y la autoridad Sanitaria. Por su parte Sernapesca luego de constatar en el lugar lo ocurrido, decretó la prohibición de extracción en 3 sectores de la comuna (Canal Caicaén, Punta Chucahua, Sur Punta Anclote), afectando a 15 centros de cultivos de mitilidos (choritos) con la medida.

Luego de este evento queda de manifiesto que el famoso proyecto estrella de Copec “La Planta más segura de Sudamérica”, Planta Pureo, tiene deficiencias notables en el diseño, materialidad, medidas y protocolos de seguridad para su correcto funcionamiento, como venimos advirtiendo desde diciembre del año pasado, cuando denunciamos a la autoridad ambiental Comisión de Evaluación Ambiental COEVA, múltiples incumplimientos relacionados a este proyecto.

Entre los incumplimientos que denunciamos destacamos que Copec no construyó el estanque contra incendios (8.000.000 Lts), no construyó la laguna (1 Hectárea) de su Planta de tratamientos, no construyó el Estacionamiento de Emergencias (5.000 m2), ni 700 m2 de superficie segura y techada, que no se evaluó el aumento de almacenamiento de la Planta construida (de 67.000m3 a 75.000m3), que ahora cuenta con una con capacidad de carga un 80% mayor a la proyectada (de 12 a 20 camiones por hora), que no se evaluó el impacto a la Granja Orgánica “Los Maitenes”, que no se evaluó el impacto del derrame en la Laguna-Posa Pureo luego del derrame, entre otros.

Las autoridades han hecho oídos sordos a nuestras advertencias de que la Planta, en estas condiciones, sin la evaluación ambiental exigida por la Ley, es un peligro para todas las actividades económicas de la Comuna de Calbuco. Nos preguntamos qué estarán esperando ¿que la guinda de la torta sea un accidente con los camiones con cargas peligrosas que van y vienen de la Planta?, ¿Que tenga que morir gente para que reaccionemos?.. ¿Qué tiene que morir alguien para que reaccionen y se dejen de proteger el abuso al que nos vemos indignamente expuestos día a día?

Recordemos que también denunciamos que el transporte de sustancias peligrosas desde la Planta Pureo, por la Ruta V-85 de Calbuco (La Ruta del Miedo), NO CUENTA CON MDIFICACIÓN DE RESOLUCION DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL (RCA), ES MÁS NISIQUIERA CUENTA CON RCA ALGUNA. Esto lo volvemos a alegar categóricamente, a pesar de que la autoridad ambiental está diciendo lo contrario; que lo den por escrito y que luego se hagan responsables.

Ya llevan más de 6 meses desde que se presentó las denuncias, apoyadas por más de 1300 firmas de vecinos preocupados por la situación y la autoridad todavía no nos ha entregado respuesta a nuestras denuncias de incumplimiento a la RCA e ilegalidad del transporte de combustibles.

Sin duda, el cómo hacer que Copec cumpla la Ley y que la Autoridad actúe fiscalizando su cumplimiento, ha sido nuestro gran problema:observamos que por un lado tienes a las empresas más poderosas de Chile, que no cuentan con el más mínimo halito de responsabilidad social, miserables por antonomasia y por otro lado tienes a los títeres incapaces de cumplir su función pública de fiscalizar, por miedo a perder su trabajo en el mundo privado.

Un helecho en peligro en extinción como única razón de evaluación ambiental de la Planta, es una burla a la luz de los últimos acontecimientos. Y que pasó con los helechos?: fueron trasplantados y murieron todos debido al pésimo estudio.

Recalcamos como Ciudadanos por la Responsabilidad Social Ambiental, que: sólo recuperaremos la imagen de “las aguas azules” de Calbuco, cuando se paralice la operación de esta "nueva" Planta y se someta al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) todas las modificaciones asociadas, tal como lo señala la Ley. La permanencia de este proyecto en el corazón acuícola de la Comuna, demanda un Estudio en donde se evalúen los reales impactos ambientales e inseguridades que está generando a la población y sus actividades económicas. Un Estudio, en donde se proponga junto a la participación de la ciudadanía (tenemos varias ideas de cómo mejorar la situación) las obras y medidas de mitigación, los planes de seguimiento de variables ambientales y las correspondientes compensaciones, que este proyecto requiere para su correcto funcionamiento.

Entre las prontas acciones a seguir podemos informar: se solicitará un informe completo a la Gobernación Marítima y se realizarán diversas reuniones entre los dirigentes, comunidad y autoridades de manera de enfrentar de mejor manera este nuevo escenario. Lo más probable es que luego estas reuniones se presente ante Contraloría los antecedentes de nuestras denuncias acusando el abandono de deberes de diversas autoridades, no se descarta un recurso de protección.

Ciudadanos por la Responsabilidad Social Ambiental en Calbuco, 27 de junio 2012