Declaración Pública: El Gobierno debe asumir plenamente las recomendaciones de los expertos internacionales en materia de consulta a los pueblos indígenas.
El Gobierno ha convocado a un proceso de consulta sobre “institucionalidad indígena” que se llevará a cabo entre los meses de mayo y septiembre del presente año. En dicho proceso se pretende obtener la opinión de los pueblos indígenas respecto de cinco temas que tienen una enorme gravitación para la observancia plena de sus derechos. Se consultará: 1) sobre un texto de reconocimiento constitucional, 2) sobre la creación de una agencia de desarrollo indígena que eventualmente reemplazará a la Conadi, 3) sobre la creación de un consejo de pueblos indígenas, 4) sobre un mecanismo que regule las futuras consultas a los pueblos indígenas y, 5) sobre una parte del reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que aborda fórmulas de consulta a comunidades indígenas.
Se debe valorar que el Gobierno decida consultar estas iniciativas, en lugar de instar al Congreso a su aprobación inconsulta, y que además lo haga en referencia a los deberes que el Estado ha adquirido al ratificar el Convenio 169, y teniendo en consideración las recomendaciones de la Comisión de Expertos de la OIT.
No obstante lo anterior, al emprender esta iniciativa de manera unilateral, sin consultar previamente, ni hacer participes a los pueblos indígenas del diseño, ni de los contenidos de la consulta, el Gobierno ha desatendido las recomendaciones sobre principios internacionales aplicables a estos procesos, que el Relator Especial de Naciones Unidas para Asuntos Indígenas, James Anaya, hiciera a Chile con ocasión de la consulta nacional sobre reconocimiento constitucional de 2009. Ello, porque entre los criterios mínimos y requisitos esenciales de una consulta válida a los pueblos indígenas en virtud del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, se encuentra el requisito de la existencia de un cierto nivel de aceptación mutua por las partes acerca del mismo procedimiento de consulta,[1] lo que supone la participación de los pueblos indígenas en las etapas de planificación de estos procesos.
Tampoco el Gobierno ha considerado adecuadamente el examen de las memorias detalladas del Convenio 169, en relación a la “obligación de consultar”, que realizara la Comisión de Expertos de la OIT y que están contenidas en su informe 2011, a pesar de citarlo como fundamento de su actuación ante la consulta. En dicho informe la Comisión incluyó una observación general aclaratoria sobre el concepto de “consulta”, que respecto a la forma y el contenido de sus procedimientos y mecanismos, se señala tienen que permitir la plena expresión de las opiniones de los pueblos interesados, para que estas consultas se lleven a cabo de una manera que resulte aceptable para todas las partes.[2]
El gobierno argumenta que la modalidad de la consulta ha sido sugerida en las Mesas Regionales que funcionaron el 2009, y en las Mesas para un Reencuentro Histórico de 2010. Sin embargo, las listas de participantes y las actas de esas sesiones no son de dominio público y no existen antecedentes que permitan determinar que dichas reuniones cumplieron con los requisitos del Convenio.
En cuanto a la modalidad del proceso, no resulta pertinente que el gobierno haya dispuesto poner en consulta un mecanismo que formalice y permita desarrollar apropiadamente estos procesos, cuando al mismo tiempo está consultando sobre temas de alto impacto en la situación de los pueblos indígenas, y no antes. Sobre este aspecto, el Relator Especial James Anaya ha señalado la utilidad de llevar a cabo una "consulta sobre la consulta", para definir estos mecanismos de manera previa a la adopción de cualquier medida, además como una forma de crear confianza y fomentar el diálogo.[3] En el mismo sentido se pronunció la Comisión de Expertos de la OIT en 2008, al señalar que resulta “prioritario” que los gobiernos establezcan, con participación de los pueblos indígenas, mecanismos apropiados de consulta. El uso del vocablo prioritario se refiere tanto a la importancia como a la antelación de la definición de estos mecanismos antes que cualquier otra medida.[4]
También se debe mencionar que tres de los temas en consulta –texto de reconocimiento constitucional, agencia de desarrollo indígena y consejo de pueblos indígenas– fueron tramitados por el Gobierno anterior como proyectos legislativos en el transcurso de 2009, y se encuentran actualmente en el Congreso. Al respecto, el gobierno no asume la interpretación que la propia OIT ha hecho del Convenio 169, al señalar que las consultas deben realizarse “antes” a las medidas adoptadas.[5] Asimismo, desestima la interpretación del Relator Especial James Anaya, en cuanto a que las consultas deben ser desarrolladas en las fases previas a la tramitación parlamentaria de los proyectos.[6] De igual modo, soslaya la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso del Pueblo Saramaka v. Surinam) en cuanto a que los pueblos indígenas deben ser consultados en las primeras etapas de un proyecto y no solo cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad.[7]
Por las razones antes expuestas, el Observatorio Ciudadano si bien valora la intención de someter a consulta los proyectos mencionados, insta al gobierno a acoger adecuadamente las recomendaciones de los expertos internacionales en materia de consulta y a cumplir de buena fe las obligaciones contraídas por el Estado al ratificar el Convenio 169 de la OIT. En la situación actual, ello implicaría a lo menos reorganizar el proceso en curso, de modo de iniciarlo con una consulta sobre el mecanismo formal y apropiado para consultar a los pueblos indígenas sobre todas aquellas medidas legislativas y administrativas que les conciernan y crear –en cooperación con los pueblos indígenas– una comisión de alto nivel que sea responsable de planificar y llevar a cabo las consultas, así como de sistematizar sus resultados.
Temuco - Santiago, 31 de mayo de 2011
[1] Anaya, James (2009). – “Principios internacionales aplicables a la consulta en relación con la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas en Chile”. - A/HRC/12/34/Add.6, 2009). Disponible en: http://bit.ly/kLyaCD [fecha de consulta: 30-04-2011], párr. 25.
[2] OIT (2011).- “Informe de la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones”. - Conferencia Internacional del Trabajo, 100ª reunión 2011. Disponible en: http://bit.ly/gbFwVD [fecha de consulta: 05-05-2011], p. 863
[3] Anaya, James (2009). – “La situación de los pueblos indígenas en Chile: seguimiento a las recomendaciones hechas por el Relator Especial anterior”. – Consejo de Derechos Humanos, 12º período de sesiones 2009. Disponible en: http://bit.ly/e92OK7 [fecha de consulta: 05-05-2011], p. 6 y 18
[4] OIT (2011).- “Informe de la comisión…”. Op.Cit: p. 863
[5] Ibid: p. 863
[6] Anaya, James (2009). – “Principios internacionales…”.Op.Cit: p. 5
[7] Citado por Anaya, James (2009). Op.Cit: p. 5
jeudi 2 juin 2011
Prensa Internacional: “Mapuches a la espera de la Justicia”

Mientras se realiza una jornada internacional de movilización solidaria con los Presos Políticos Mapuche, Radio Nederland, así como diversas agencias internacionales de Noticias están a la expectativa de lo que ocurrirá con Chile con respecto al prometido pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el Recurso de Nulidad interpuesto a favor de cuatro comuneros condenados a 20 y 25 años de cárcel en un juicio viciado e irregular llevado por un tribunal de Cañete bajo elementos de la ley anti terrorista.
FUENTE: RADIO NEDERLAND
http://www.rnw.nl/espanol/article/chile-mapuches-a-la-espera-de-la-justicia
“Pase lo que pase con ellos, nosotros tenemos que seguir con esto, eso es lo que nos dicen”, sostiene Cristina, pariente de Ramón Llanquileo, uno de los 4 comuneros mapuches que lleva ya más de 80 días de huelga de hambre en Chile.
Escuche la entrevista con Cristina, pariente de Ramón Llanquileo:
Internado en un hospital en la Araucanía chilena, Ramón se encuentra delicado de salud y pesa tan sólo 45 kilos. Rodeado de sus familiares y compañeros de la causa mapuche, el comunero se encuentra a la espera de que la Corte Suprema tome una decisión sobre su caso.
Penas exageradas
Lo que piden Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical es un juicio justo. Las condenas que pesan sobre ellos, de entre 20 a 25 años de cárcel, fueron emitidas bajo una ley antiterrorista heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, por lo que presentaron una demanda de nulidad del juicio.
En una primera instancia la demanda tuvo respuesta positiva y la Corte de Apelaciones de Concepción ratificó la absolución de los casos. Sin embargo, los familiares de los mapuches temen que el Ministerio Público Militar o los querellantes puedan presentar un recurso a la Corte Suprema en los próximos días.
Juicio injusto
Los 4 comuneros fueron condenados por su activismo y lucha por los derechos del pueblo mapuche. Según informaciones, ellos estarían detrás del ataque a un fiscal, Mario Elgueta, en octubre de 2008. Las condenas impuestas, según defensores de los derechos humanos, han sido producto de juicios llevados a cabo con vicios y uso de reglas excepcionales no dables en un contexto de democracia.
“Ellos están disconformes con el trato de la justicia” indica Cristina quien asegura que los 4 comuneros en huelga son inocentes. “Ellos no forman parte de lo que los están acusando. Es todo un tema político muy comprometedor”.
Cristina coincide con los abogados de los mapuches en el sentido de que las investigaciones no se han dado de forma justa, se ha favorecido los testimonios de las víctimas y se han tomado declaraciones de forma coercitiva.
Movilización mundial
A la preocupación por el estado de salud de los cuatro ´presos políticos´ de este pueblo indígena sudamericano, se suma el anuncio de movilizaciones de solidaridad con la causa mapuche en diversas partes del mundo.
En Alemania, Francia y Bélgica, entre otros países, decenas de personas se apostaron los últimos días frente a las embajadas chilenas en los respectivos países.
El día central de la Jornada de Solidaridad Internacional para con los mapuches se realiza este jueves 2 de junio. Esto a la espera del pronunciamiento el viernes de la Corte Suprema Chilena.
Corte Suprema e igualdad ante la ley Penas remitidas para criminales y ¿nulidad del juicio a mapuche?

Con la esperanza y el apoyo del pueblo mapuche y de una parte de la sociedad chilena como único alimento, los cuatro prisioneros políticos mapuche en huelga de hambre desde hace 80 días, esperan que llegue el 3 de junio. La Corte Suprema informó que ese día dará a conocer el fallo sobre la petición de nulidad del viciado juicio que los condenó a penas de 25 y 20 años. “Si los condenan, nos condenan a todos”, expresan sus familiares.
Imagen: El ministro Hugo Dolmetsch, integrante de la segunda sala que decidirá sobre la nulidad del juicio a los comuneros mapuche
POR LUCÍA SEPÚLVEDA, PERIODISTA
http://www.periodismosanador.blogspot.com/
También la Corte se condenaría a sí misma, y evidenciaría incumplimiento de la igualdad ante la ley, a la luz de otros fallos anteriores dictados por esta sala que posibilitaron la libertad para culpables de delitos de lesa humanidad.
Los alegatos terminaron el 16 de mayo, abriendo paso a una prolongada deliberación de los jueces. La huelga de hambre no ha sido para ellos un factor a considerar respecto del plazo fijado para la entrega de la decisión. Los ministros Jaime Rodríguez, Hugo Dolmetsch y Guillermo Silva, junto a los abogados integrantes Benito Mauriz y Jorge Lagos están analizando los argumentos presentados por los abogados defensores de los líderes mapuche Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche, que fundamentan la petición de un nuevo juicio para estos condenados de la tierra, sentenciados por delitos no consumados, en el marco del proceso de recuperación de tierras ancestrales y con procedimientos sólo permitidos por la legislación antiterrorista. La defensora penal pública, Paula Vial, Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional y Juan Pablo Letelier, vicepresidente del Senado, han expresado su convicción de que el juicio llevado adelante en Cañete debe ser anulado por la Corte Suprema por no cumplir con las normas del debido proceso, mientras el gobierno de Sebastián Piñera, a través de su abogado, exige la ratificación de las condenas ignorando los compromisos contraídos en la mesa de diálogo el año pasado, que tuvieron como garante a quien ahora ostenta la máxima jerarquía en la iglesia chilena, monseñor Ezzatti.
Historial de la segunda sala
Esta sala de la Corte ha fallado en los últimos 5 años causas por delitos de lesa humanidad, aplicando mayoritariamente criterios de “clemencia” a través de la media prescripción, posibilitando la libertad para violadores de los derechos humanos en lo que ha llegado a conocerse informalmente como la “doctrina Dolmetsch” que supuestamente beneficia a quienes colaboran con la justicia. Ello ha sido severamente criticado por organismos de derechos humanos.
En octubre de 2010, el Presidente Milton Juica llevó adelante un seminario sobre Igualdad y no discriminación que incluyó un panel sobre igualdad y pueblos indígenas. El día 3 de junio quedará en claro si esta capacitación tuvo efectos reales y los ministros de corte aplican un criterio similar en el juicio de Cañete, en que ni siquiera hay hechos de sangre involucrados. ¿Serán capaces los jueces de darle a los cuatro comuneros en total 105 años de cárcel por intentar atentar contra la autoridad, en circunstancias que han dejado en libertad a muchos ex miembros de la CNI y la DINA que cometieron crímenes de lesa humanidad? Existe un historial de sentencias con penas mínimas firmadas por integrantes de la Segunda Sala, en casos no considerados emblemáticos, que beneficiaron a ex uniformados culpables de crímenes como desapariciones y ejecuciones. Las sentencias originales de jueces como el Ministro Alejandro Solís, que investigaron las causas, ratificadas por la Corte de Apelaciones fueron rebajadas considerablemente.
Criminales en libertad
Así fue como el coronel retirado Hugo Guerra y el civil Luis García, responsables de la desaparición de 15 campesinos del complejo maderero Panguipulli (cerca del lago Neltume, en la actual Región de los Lagos) quedaron libres, con pena remitida. Los máximos jefes de la DINA recibieron también pena remitida por la desaparición del sacerdote español Antonio Llidó (1974). Los cuatro carabineros que hicieron desaparecer en Temuco a José San Martín (septiembre 1973), entre otros criminales, fueron amnistiados por esta sala, con una composición diferente a la que tendrá en esta oportunidad. Los asesinos de Gastón Vidaurrazga Manríquez y Felipe Rivera Gajardo (septiembre 1986, después del fallido atentado a Pinochet) quedaron con penas remitidas. Todos los altos oficiales y subalternos involucrados en la Operación Retiro de Televisores para exhumar cuerpos de desaparecidos y lanzarlos al mar, recibieron sentencias de 270 días. También quedaron en libertad los responsables del homicidio de Fernando Vergara Vargas (1984).
Sin embargo en las cárceles chilenas de Temuco, Angol y Los Angeles, 18 mapuches permanecen en prisión sin haber jamás quitado la vida a nadie, y 44 comuneros están procesados –la mayoría por ley antiterrorista- con medidas cautelares mientras se preparan juicios que buscan llevarlos nuevamente a prisión. No hay reparación ni excusas públicas ni programas especiales de Canal 13 o Televisión Nacional para limpiar el honor de la veintena de presos políticos que fueron absueltos de las acusaciones de terrorismo y de todo delito, después de pasar más de un año en prisión. Así es la justicia en Chile para los mapuche. ¿Acaso puede no saberlo la Corte Suprema?
Las “diplomáticas” y “bellas” palabras del Gobierno chileno: Amenaza de violencia Bélica y “apagones”

El Gobierno está dando preocupantes síntomas por declaraciones que demuestran graves y peligrosos trastornos sicológicos. Por una parte, sin mediar razón, ofrece armas frente a los legítimos y pacíficos intentos del País plurinacional de Bolivia de obtener su derecho al mar; Y en los conflictos internos el propio presidente ofrece “apagones” frente a la disidencia al modelo industrial que intenta imponer como los los proyectos hidroeléctricos a favor de Endesa y Colbún.
El Gobierno está demostrando su absoluta incapacidad de poder generar canales democráticos para la búsqueda de soluciones, tampoco el de respetar normas y sistemas internacionales de Derechos Humanos a los cuales se debe someter.
Chile “tiene Fuerzas Armadas prestigiadas, profesionales y preparadas, que están en condiciones de hacer respetar los tratados internacionales y de cautelar adecuadamente la soberanía y la integridad territorial”, dijo hace algunos días a la prensa el ministro de Defensa, Andrés Allamand, en respuesta a la decisión del gobierno boliviano de acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA) para exigir una solución frente a su demanda de una salida soberana al mar.
Si se tiene la razón como dice Allamand quien dijo además que Chile “es un país que en esta materia actúa unido, es un país que tiene en su posición todo el amparo del derecho internacional”, entonces ¿Por qué el solo hecho de acudir a un sistema internacional de derecho va a generar como reacción el ofrecimiento de las Fuerzas Armadas?
Por su parte el Presidente de Bolivia, Evo Morales, ante esta provocación bélica del violento Allamand, sin aludirlo directamente dijo “Bolivia ha decidido ser un país pacifista. La Constitución Política del Estado expresamente dice que Bolivia es un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como una cooperación entre pueblos y el mundo”.
Los “Apagones” de Piñera
Mientras la gran mayoría de los países verdaderamente desarrollados está apostando por el establecimiento de economías y energías limpias y renovables, el Presidente empresarial chileno que intenta imponer junto a Endesa y Colbún los arcaicos Proyectos de Represas hidroeléctricas ofrece “apagones”. Hace algunos días señalaba a la prensa “Si no tomamos las decisiones hoy día, estamos condenando a nuestro país a un apagón hacia fines de esta década",
Ante esta desubicada opinión bien vale preguntarse ¿Hay realmente crisis energética para los Pueblos, sus Comunidades y Ciudadanías en Chile? O mejor deberíamos preguntarnos, ¿hay necesidad eléctrica a gran escala para mega proyectos extractivos de poderoso grupos económicos? Es totalmente seguro que el consumo eléctrico de comunidades y ciudadanía no es el problema ni el riesgo..
Negocios de unos pocos en desmedro de la mayoría
Los proyectos Hidroeléctricos que aunque se emplazan y se justifican por “La utilidad pública” o bien el “interés nacional” son negocios de unos pocos, en desmedro de las grandes mayorías y sus territorios. Atentan a Derechos fundamentales y generan graves e irreversibles impactos. Inundaciones, desplazamientos de poblaciones, pérdidas sociales, culturales y económicas, desplazamientos de enormes maquinarias, excavaciones profundas y movimientos de tierras, intervención de bosques nativos, pérdida de flora y fauna, entre muchas otras consecuencias. Variados son los antecedentes que demuestran que redes de poder político en Chile están fundidos con los intereses económicos y comerciales en este tipo de inversiones, ver el historial del Presidente Piñera con Enersis de Endesa, por ello, no es de extrañarse que las acciones para imponer este tipo de proyectos se hagan con la promoción, complicidad y amparo del Estado y de gran parte de sus instituciones, fuera de toda moral, ética, sentido de justicia y democracia, con un descarado saqueo.
¿Quién debe Ahorrar Energía?
En relación al emplazamiento y cuestionamiento sobre consumo de energía, ésta responsabilidad no se ha hecho a las grandes empresas industriales y comerciales, que son las principales succionadoras de energía. Si las exigencias fueran para que estas ahorren, sin lugar a dudas no se requeriría nuevas Centrales Hidroeléctricas, sobrarían. ¿Acaso los Matte (dueños de Colbún) ahorran energía en sus plantas de celulosa y aserraderos en CMPC? ¿Las grandes tiendas comerciales ahorran en energía en sus edificaciones y publicidad?, claramente No y podríamos seguir enumerando a muchas otras de este corte.
¿Y la Minería?
Ya es hora de que se vaya desenmascarando los intereses e impactos que causa la gran minería, más encima parásita, vive a costa de la depredación, de la contaminación, de la succión de aguas, destruye toda riqueza y diversidad económica y cultural y más encima es parásita, ni siquiera es capaz de generar su propia energía y espera que el estado lo beneficie. Transnacionales como Barrick Gold y el grupo Luksic están en la fila.
En Temuco Pretenden demoler Bien Artístico y Cultural

Se trata del edificio de la ESCUELA Socio Cultural y Artística “La Fabrika”, espacio recogido por grandes valores de artistas quienes llevan años contribuyendo activamente al desarrollo de la expresión, la creación y en donde l@s beneficiari@s directos ha sido la ciudadanía de Temuco. Hoy, mientras autoridades guardan silencio, un particular amenaza con el uso de la fuerza bruta demoler años de trabajo. Masivo respaldo a la “Fabrika”
Imagen: Lunes 30 de Mayo y llegada de maquinaria amenazante con demolición / Foto: Daniela Pritzke
Son ya muchos años desde que una fábrica de cecinas paralizó su producción y los dueños hicieron un irresponsable abandono del lugar de un espacio que terminó siendo luego basural clandestino, cuna del alcoholismo, violentos asaltos e incluso violaciones como se recuerdan varios pobladores de Temuco.
Frente a esto, desde el año 2001, la organización de la Escuela Sociocultural, procede a hacerse cargo del recinto, comenzando una ardua tarea de limpieza y desinfección del lugar, para luego re-acondicionar espacios con el objetivo de generar un proyecto de Escuela de formación, promoción y difusión de las artes y la cultura.
Años de trabajo, de mejoras, de infraestructura, de talleres, de participación activa donde han transitado cientos de personas en búsqueda de colores, de alegría, de creación, de amor, donde la ciudadanía y las autoridades han estado en pleno conocimiento incluso facilitando condiciones básicas de servicio para su desarrollo, sin embargo hoy aparece el sentido de la “propiedad” y una persona amenazó el lunes 30 de mayo con demolerla con maquinaria y con carabineros en las afueras del recinto.
Los integrantes de la Fabrika señalan a través de una declaración que “Nuestra Escuela forma parte de la red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social. El Objetivo de esta escuela es ser una plataforma de base para el desarrollo de la educación, fortalecer las redes sociales locales, nacionales y latinoamericanas de arte, fomentar la creación colectiva con diversidad de lenguajes y sistematizar metodologías de trabajo en educación sociocultural”.
Agregan: “La Escuela Sociocultural de las Artes a falta de instancias que salvaguarden el derecho a la diversidad cultural como una característica esencial de la humanidad y consciente que esta diversidad constituye un patrimonio común a la humanidad, que debe valorarse y preservarse en provecho de todos, según lo estipula el Convenio sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005, firmado por Chile ante la UNESCO, se ha constituido en un referente cultural, que ha relevado la identidad local y el patrimonio cultural inmaterial”.
La Fabrika en todo este tiempo ha aportado mediante la organización y realización de diversos talleres e instancias que han fomentado la participación social, tales como: talleres de música, artes escénicas, artes circenses, agroecología, medicina alternativa, entre muchos otros. Actualmente hay dos grupos de danza afro y un temascal mensual, además de la ejecución del proyecto Fondart sobre Construcción y Manipulación de Marionetas Gigantes y Música Experimental para la realización de un carnaval de primavera en el barrio.
La Poeta de la Casa de Arte Mapuche Rayen Kvyeh señala a los integrantes de la Fabrika: “Vaya para ustedes un otoñal saludo, en estos días secos y ciegos de los aparatos y leyes del estado”…. “En la memoria de mis recuerdos han quedado grabadas las acciones de apoyo y solidaridad en la lucha libertaria y por los derechos de nuestro pueblo, de estudiantes, trabajadores y actores sociales que luchan por sus derechos.
La FABRIKA ha sido y es un referente cultural y social, para quienes tenemos sueños.
Estoy con ustedes en estos aciagos días en que pretenden destruir los sueños, pero estos viven y seguirán viviendo junto a nosotras y nosotros”.
L@s integrantes ESCUELA Socio Cultural y Artística “La Fabrika”, entregan el siguiente mensaje: “Hacemos un llamado a la comunidad regional, agrupaciones, colectivos, instancias de educación, regionales a defender este espacio cultural único en la región y a ejercer el derecho a la cultura. Agradecemos el apoyo que espontáneamente ha ido surgiendo desde diversas organizaciones y personas tanto a nivel regional como nacional e internacional. Y los instamos a estar atentos a las presentes y futuras acciones que se organizaran en este ámbito”. Continúan señalando: “Finalmente hacemos un llamado a la comunidad regional, agrupaciones, colectivos, instancias de educacion y cultura a defender este espacio único en la región y ejercer el legitimo derecho a la cultura y proteccion del patrimonio. Agradecemos el apoyo que espontáneamente ha ido surgiendo desde diversas organizaciones y personas tanto a nivel regional como nacional e internacional. Y los instamos a estar atentos y atentas a las futuras acciones que se organizanran, para hacer frente a la violencia y prepotenmcia de individuos, que no respetan la historia y creación de este espacio cultural”.
Cabe mencionar que cientos de personas han llegado hasta la Fabrika a manifestar su apoyo solidario y ante esta afrenta bueno seria ver el comportamiento de ciertas autoridades para que hagan un mínimo de reconocimiento y valor al desarrollo artístico y cultural en un espacio, que era un basural nido de delincuencia y hoy es un orgullo para la Ciudad de Temuco.
Para ver declaraciones, actividades, etc. En la Fabrika Ingresar al siguiente Link
http://www.fabrikatemuko.blogspot.com/
Newen pu peñi ka pu lamgen
AVANZANDO HACIA UNA RECUPERACIÓN INTERCULTURAL DE LA UFRO

Agrupación de Estudiantes Mapuche Chilkatufeen Temuco / Iniciativa de estudiantes mapuche, la cual nos explica Cecilia Valenzuela Huaiquiñir, dirigente de la agrupación, quien cree que la interculturalidad debe producirse fuertemente en estos espacios y es un derecho por el cual se tiene que trabajar.
Por Stefanie Pacheco Pailahual.
Con el propósito de impulsar a la universidad a crear un contexto de interculturalidad, es que nace, el 14 de abril de este año, la agrupación de Estudiantes Mapuche Chilkatufe UFRO Mew en la Universidad de La Frontera. Formada por estudiantes de la casa de estudios y del hogar mapuche Pelontuwe, se concreta una idea en la que hace años sus integrantes, venían trabajando para conformar un grupo que canalizara demandas y actividades mapuche. Esto fué a través de la alternativa de las agrupaciones universitarias, de la Dirección de Orientación y Desarrollo estudiantil (DODE,) de la UFRO.
Cecilia Valenzuela Huaiquiñir, tesorera de la agrupación, en el marco de su asistencia a un encuentro mapuche en Santiago, nos comenta que la finalidad de Chilkatufe, es crear en la UFRO, instancias, actividades y por qué no llegar a generar un política institucional de la universidad en torno a la interculturalidad. Agrega además, que la casa de estudios que se jacta de estar en tierra mapuche, utilizar un kultrun en su logo, mencionar en su visión institucional la diversidad cultural, entre otras acciones simbólicas; se queda solo en el discurso y no inicia un proceso real de interculturalidad.
La interculturalidad, según nos explica Huaiquiñir, pasa por que la universidad genere instancias reales de reconocimiento y visibilización del mapuche, en torno a la lengua, cosmovisión, medicina mapuche, etc. Entre las actividades que como agrupación pretenden implementar son talleres autónomos de lengua mapuche, ceremonias tradicionales del pueblo mapuche (wexipantu), incorporar (y compartir) a las comunidades a la universidad, recuperaciones simbólicas y materiales. Hoy se encuentran trabajando fuertemente para celebrar el Wexipantu en la Universidad de La Frontera, gestionando recursos y lugares.
Entre sus dirigentes se encuentra Luis Penchuleo, que al igual que muchos de sus integrantes son jóvenes activos en la causa mapuche, los que hoy plantean implantar la interculturalidad, en una universidad que se encuentra en Wallmapu y que por lo tanto debe responder a esa posición territorial y simbólica en la que se localiza, y realizar acciones concretas y prácticas.
Falsas y engañosas declaraciones de personeros de Gobierno ¿Descaro o sabotaje interno ?

Cuando se ven cierto tipo de declaraciones como las de Donoso en la ONU señalando que el Gobierno es respetuoso de la Declaración ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas o ver a personeros del gobierno como Von Baer o Larroulet indicando falsamente que “ninguno de los comuneros fue juzgado por delitos terroristas”, con relación a los cuatros presos políticos condenados a 20 y 25 años de cárcel en el juicio irregular y viciado de Cañete, uno se pregunta ¿Están mintiendo descaradamente o un sector está saboteando al interior del mismo Gobierno?
Defensora pública y vocera de comuneros desmienten a Larroulet
The Clinic Online:
http://www.theclinic.cl/2011/05/30/defensora-publica-y-vocera-de-comuneros-desmienten-a-larroulet/
La vocera de los cuatro presos mapuche condenados a 20 y 25 años por el ataque al fiscal Mario Elgueta en 2008, y que se encuentran en su 77º día de huelga de hambre, salió al paso de las declaraciones del ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, quien dijo que “ninguno de los comuneros fue juzgado por delitos terroristas”.
El secretario de Estado señaló a radio Cooperativa que “el gobierno cumplió todos los compromisos, hay que recordar que nosotros hicimos dos cambios legales profundos: impedimos que cualquier civil fuese juzgado por la justicia militar y modificamos la Ley Antiterrorista para que esto tuviera un debido proceso”.
Sin embargo, la vocera mapuche Natividad Llanquileo volvió a refutar los dichos de Larroulet recordando que si bien los cuatro comuneros (Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical) no fueron condenados por Ley Antiterrorista, “durante todo el proceso se usó ese procedimiento”. “Las pruebas que se ocuparon, los argumentos, el uso de testigos protegidos, todo se hizo bajo la lógica de la Ley Antiterrorista. Decir que no se aplicó es faltar a la verdad porque en realidad sí se hizo”, dijo Llanquileo a The Clinic Online.
La vocera recordó que si bien los mapuche, hoy en su 77º día de huelga de hambre, recibieron condenas por robo con intimidación, homicidio frustrado y lesiones graves, la fiscalía de Cañete pedía 102 años para Llaitul, supuesto líder de la Cordinadora Arauco Malleco (CAM), porque habría incurrido además en amenazas, incendio y asociación ilícita con carácter terrorista.
Defensora pública también desmiente a Larroulet
En la misma línea, la vocera explicó que dos de los condenados, Ramón y Jonathan, siguen en un estado muy complicado de salud, promediando una baja de 24 kilos cada uno. Sin embargo, la vocera dice que no terminarán la huelga hasta saber la resolución de la Corte Suprema, agendada para este viernes a las 15:00 horas.
Llanquileo dijo que esperaban que el fallo “fuera positivo” y dejará sin efecto el juicio que condenó a los cuatros comuneros “tomando en cuenta los dos fallos anteriores que hicieron lo mismo: el tribunal militar de Valdivia y el de Concepción, al no existir las pruebas suficientes”.
Sobre este tema, la defensora penal pública, Paula Vial, dijo que “por como se ha llevado a cabo la investigación, que de acuerdo a la afectación de garantías en el juicio, lo que corresponde es que el juicio se anule y se dé uno nuevo donde se resguarden los derechos y garantías de estos comuneros”.
Finalmente, Vial también respondió al ministro Larroulet asegurando que el Ministerio Público igual usó garantías de la Ley Antiterrorista. “Toda la investigación se llevó en el marco de esta ley, el juicio en sí mismo también y esto supuso una serie de prebendas procesales que facilitaron el arribar a esta sentencia, la cual está basada principalmente en el testimonio de un testigo sin rostro, el cual no podemos identificar y por lo tanto no podemos contrastar adecuadamente y este testimonio llevó a la condena por delitos civiles”, dijo a radio Cooperativa.
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