Es inconcebible que el principal responsable de la crisis y
caídas del gobierno chileno, quien además está acusado de ser parte de
conspiraciones y montajes, y que no solo ha puesto en duda credibilidades, sino
además principios, valores y moral, siga manteniendo un cargo público de
confianza, ¿Piñera y Hinzpeter son lo mismo? ¿Quién gobierna? A propósito del
caso Bombas, incendios forestales y del terrorismo de estado.
Sobre el llamado caso Bombas: Familiares y Organización de
DDHH piden renuncia de Hinzpeter… “exigimos la renuncia del Ministro del
Interior, Rodrigo Hinzpeter, y del ex fiscal y actual funcionario de esa
cartera, Alejandro Peña, por su responsabilidad en la imputación de hecho sobre
la base de pruebas “sesgadas, exiguas e impertinentes”, por el daño ocasionado
en los imputados y sus familias, por los costos económicos (fondos públicos) e
institucionales para el poder judicial, por las afectación al estado de derecho
y el impacto social que ha provocado esta persecución política”.
INDICE
• DECLARACIÓN PÚBLICA ORGANIZACIONES DDHH POR
EL DENOMINADO CASO “BOMBAS”
•
Abogado caso Bombas critica dichos de
Hinzpeter
•
Siguen pedidos de renuncia a ministro
Hinzpeter y ex fiscal Peña por Caso Bombas
•
Lucha "intransigentemente democrática" para
combatir "Casos Bombas" y montajes en temas Mapuche
DECLARACIÓN PÚBLICA
Ante la absolución de todos los imputados en el denominado “Caso Bombas”,
tras más de seis meses de juicio, como familiares y organizaciones de derechos
humanos declaramos a la opinión pública lo siguiente:
1.- Valoramos el veredicto, que confirma no solo la inocencia de los todos
imputados en este juicio, sino también la existencia de una persecución y en
definitiva de un juicio que ha sido de carácter político. Ya que como lo
estableció el propio tribunal en las consideraciones finales, la prueba
presentada “resultó no solo insuficiente para establecer los elementos
subjetivos de los hechos”, sino también “incompleta y con sesgo de parcialidad”,
pues se persiguió a personas únicamente por habitar casas ocupadas. Lo que
constituye una estigmatización de estos movimientos y una criminalización de la
protesta social.
También quedó acreditado que la declaración del imputado Gustavo Fuentes
Aliaga, relato que sustanciaba gran parte de las acusaciones, fue un testimonio
obtenido de forma extrajudicial, sin la presencia de un abogado defensor y sin
existir constancia de la lectura de sus derechos, así como que los hechos le
fueron descritos por la fiscalía para que los ratificara.
A lo anterior se suma otro hecho denunciado por familiares y organizaciones
de derechos humanos, referido irregularidades en la cadena custodia y la no
coincidencia de firmas en peritajes aportados por la fiscalía. Señalando el
tribunal que “la rúbrica en un informe pericial es importante, pues permite
medir actitudes y experiencia de los peritos. Por lo que el actuar de quienes no
suscribieron sus pericias, es un hecho grave”.
Finalmente, en cuanto a las imputaciones de “financistas” que pesaba sobre
dos de los imputados, el tribunal sostuvo que no corresponde extender esta
figura vinculada a la “asociación ilícita terrorista” de la cual fueron
sobreseídos todos los imputados en octubre de 2011, y que la prueba aportada en
este sentido es “exigua e impertinente”.
2.- Que la calificación terrorista de los hechos, fue también descartada por
el tribunal, por no contener los elementos de “violencia extrema, aguda y de
afectación a la vida de la personas” que constituyen estándares en la materia,
como sostuvieron los jueces durante el veredicto.
Al respecto, se debe recordar además que diversos organismos internacionales
de derechos humanos han señalado al estado chileno la necesidad de adecuar esta
legislación, por contener figuras demasiado amplias, como es la posibilidad de
calificar delitos contra la propiedad, sin afectación a personas, como hechos de
carácter terrorista.
Asimismo, recordamos que la calificación terrorista rige con la sola
invocación por parte de la fiscalía, y no es resuelta sino hasta el veredicto.
Lo que en la práctica produce que las personas sean investigadas y procesadas
bajo las disposiciones de esta legislación especial y antidemocrática,
permitiendo largos periodos de privación de libertad y amplios plazos de
investigación, como ocurrió en esta causa donde los imputados estuvieron por más
de nueve meses en cárceles de alta seguridad, siendo sometidos a la aplicación
de tratos vejatorios y torturas.
Por lo que si en estos hechos ha existido algún tipo de terrorismo, éste es
terrorismo de estado.
3.- Exigimos que tras este veredicto, los ahora absueltos y sus familiares no
sean objeto de nuevos seguimiento o infiltraciones a sus comunicaciones, como
hasta el día de hoy se denuncia por parte de sobreseídos en esta causa y que no
fueron parte del juicio.
Pues eliminadas todas las medidas cautelares en contra de quienes fueron
parte de este juicio, se debe respetar su derecho a la integridad física y
síquica, así como su libertad de desplazamiento, y el derecho a retomar la
normalidad de sus vidas, tras estas injustas e infundadas imputaciones.
4.- Por último, exigimos la renuncia del Ministro del Interior, Rodrigo
Hinzpeter, y del ex fiscal y actual funcionario de esa cartera, Alejandro Peña,
por su responsabilidad en la imputación de hecho sobre la base de pruebas
“sesgadas, exiguas e impertinentes”, por el daño ocasionado en los imputados y
sus familias, por los costos económicos (fondos públicos) e institucionales para
el poder judicial, por las afectación al estado de derecho y el impacto social
que ha provocado esta persecución política.
Familiares de los imputado/as
Agrupación de –Familiares Políticos AFEP
Cas Memoria José Domingo Cañas
Centro de salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS
Comisión Ética contra la Tortura CEC
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU
Comunidad Ecuménica Martin Luther King
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC
Grupo de Psicología por Ñuñoa
Londres 38, Espacio de Memorias
Observatorio Ciudadano
Observatorio de la Escuela de las Americas
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Abogado caso Bombas critica dichos de
Hinzpeter
TERRA
/
El abogado Mauricio Daza, defensor de Francisco Solar Domínguez en el
denominado caso Bombas criticó al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter por
sus dichos donde le atribuye al Ministerio Público toda la responsabilidad por
el fracaso en esta investigación y que terminó con todos los acusados absueltos
el viernes pasado.
El jefe de gabinete señaló que “"genera frustración el que no se califique
por parte de los tribunales como actos terroristas la colocación y detonación de
bombas (…) es frustrante que luego de un trabajo de mucho tiempo, en el que
intervinieron muchos fiscales, terminemos con absoluta ignorancia de quiénes son
los autores de las bombas. Eso debe abrir razonablemente un espacio para
preguntarnos por qué ocurrió eso. Creo que es oportuna una reflexión. El
Ministerio Público debe revisar por qué no logró acreditar quiénes son los
autores" señaló Hinzpeter.
El abogado Mauricio Daza le respondió que “esto es responsabilidad del
Ministerio del Interior. Básicamente acá, lo que ha hecho el ministro Hinzpeter
es utilizar causas penales con objetivos políticos contingentes. Hay que
recordar el caso del ciudadano paquistaní, donde él le dijo al país de que era
un miembro de Al-Qaeda; hay que recordar también que hace una temporada le echo
la culpa sin ningún antecedente concreto a una organización mapuche terrorista
por los incendios que ocurrieron en la Araucanía. Yo creo que aquí lo que
corresponde es que el ministro Hinzpeter empiece a obrar de manera responsable y
deje de utilizar causas penales con objetivos de política contingente” apuntó el
penalista.
Asimismo, el ex fiscal de la zona Oriente y hoy decano de la Universidad San
Sebastián, Xavier Armendáriz resaltó que más que sorprenderse por la palabras de
Hinzpeter, las instituciones deben sacar las lecciones del caso.
Armendariz afirmó que “si el ministro del Interior u otra persona señala que
el responsable de las investigaciones es el Ministerio Público, la verdad es que
se podría decir por un lado que no hay nada nuevo y por otra parte tiene la
razón. Si los jueces escucharon y presenciaron durante seis meses los debates,
las pruebas, los testigos y las alegaciones de las partes es una opinión que hay
que escucharla, ya que quienes son los que resuelven quienes es culpable o
absuelto son los jueces, por lo tanto, la construcción de los estándares
probatorios para lograr convencerlos, que en el sentido que le interesa a la
Fiscalía que es para buscar condenas, es obviamente un aspecto de debe llamar la
atención de la institución” señaló el ex persecutor.
El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago emitirá la sentencia
absolutoria el próximo 2 de agosto.
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Siguen pedidos de renuncia a ministro
Hinzpeter y ex fiscal Peña por Caso Bombas
elboyaldia.cl
/ Radio Universidad de Chile /
La absolución de los seis imputados en el Caso Bombas siguió produciendo
reacciones este sábado. Organizaciones de DD.HH. y familiares de los acusados
insistieron en pedir la renuncia del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y
del funcionario de esa cartera y ex fiscal Alejandro Peña.
Mediante un comunicado, señalaron que ambos deberían dimitir “por su
responsabilidad en la imputación de hecho sobre la base de pruebas sesgadas,
exiguas e impertinentes, por el daño ocasionado en los imputados y sus familias,
por los costos económicos (fondos públicos) e institucionales para el Poder
Judicial, por las afectación al estado de Derecho y el impacto social que ha
provocado esta persecución política”.
Los familiares valoraron el veredicto que exculpó a los acusados de los
cargos de colocación de artefactos explosivos y financiamiento de asociación
ilícita terrorista y sostuvieron que la resolución confirma que se trató de un
juicio político.
“Como lo estableció el propio tribunal en las consideraciones finales, la
prueba presentada resultó no solo insuficiente para establecer los elementos
subjetivos de los hechos, sino también incompleta y con sesgo de parcialidad,
pues se persiguió a personas únicamente por habitar casas ocupadas, lo que
constituye una estigmatización de estos movimientos y una criminalización de la
protesta social”, agregó el documento.
Asimismo, los familiares exigieron que las seis personas absueltas y ellos
mismos no sean objeto de nuevos seguimientos e infiltraciones a sus
comunicaciones.
Por otra parte, el diputado RN Cristián Monckeberg dijo que el Gobierno
debería evaluar los cuestionamientos que la Asociación de Fiscales ha hecho a
Alejandro Peña, cuya renuncia fue solicitada luego del fallo.
“Hay que escuchar los planteamientos que están haciendo los fiscales en ese
sentido, y el Gobierno tiene que evaluar si es prudente que el ex fiscal, con
toda la situación que se ha producido, deba seguir prestando asesoría, porque ha
producido una complicación”, señaló.
Sobre la llegada de Peña al ministerio del Interior, el parlamentario
oficialista indicó que “se produce una suerte de nexo que quedó demostrado que
no es tal, pero que ahí está, y por lo tanto es un tema que hay que resolver”.
Una postura distinta manifestó el senador UDI Juan Antonio Coloma:
“Permítanme discrepar con la justicia o con los fallos de los tribunales, porque
¿cómo no va a ser terrorista el hecho que hayan explotado cien bombas en cuatro
años?”, cuestionó.
“Hay un divorcio entre lo que entendemos debe ser la aplicación de la ley y
la forma en que algunos jueces entienden como ésta debe aplicarse”, agregó.
Según Coloma, la justicia tiene que buscar a los responsables de los bombazos
y “no puede haber impunidad”: “En el caso particularmente de la responsabilidad
del ministro Hinzpeter, él es querellante en un caso, como es la obligación de
cualquier ministro del Interior cuando hay 100 actos de violencia terrorista.
Aunque algunos jueces no les guste, y me di cuenta que no les gustaba esa
expresión, que para mí es la colocación de bombas”, indicó.
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Lucha "intransigentemente democrática" para
combatir "Casos Bombas" y montajes en temas Mapuche
Radio
del Mar /
REACCIÓN ANTE UNA INTERPELACIÓN A PROPÓSITO
DEL “CASO BOMBAS”
Por: Sergio Grez Toso
Hace algunos días he sido interpelado junto a otros colegas por una “Carta a
los historiadores e historiadoras” de la Agrupación de Familiares y Amigos por
la Libertad de los/as Presos/as del 14 de agosto de 2010, en que se nos llama a
los “historiadores e historiadoras que en otros tiempos y en otros momentos ya
han alzado su voz y lanzado sus palabras para que vuelen por el viento de la
justicia histórica, aquella que muchas veces no se encuentra en los fallos de
los altos tribunales, pero que sí puede bañar con su brisa las conciencias de
miles de personas que antes de simplemente aceptar la realidad impuesta, le dan
un espacio de vida a la duda y el cuestionamiento”. Se nos convoca a que, una
vez más, pongamos nuestras palabras y acciones al servicio de la justicia
histórica encarnada en una causa ciudadana actual(1).
Coincido en lo más sustantivo con los integrantes de la Agrupación de
Familiares y Amigos por la Libertad de los/as Presos/as del 14 de agosto cuando
señalan que “históricamente, el Estado chileno, se ha puesto al servicio de
sectores muy privilegiados y minoritarios de su sociedad, a quienes ha
perpetuado en el poder y llenado de todos los beneficios que la explotación
sobre otros pueda generar; pero no es menos cierto, esa bolsa de riqueza sólo se
ha logrado constituir por encima de un larga y triste franja represiva”.
Represión que ha costado miles de vidas de hombres y mujeres de las clases
populares, los pueblos originarios y contestatarios de diverso tipo que han
constituido el “enemigo interno” contra el que este Estado ha dedicado sus
mejores esfuerzos para contener, reprimir, y si es preciso, aplastar de manera
inmisericorde. Solo precisaría que más que “ponerse al servicio” de los sectores
privilegiados de la sociedad chilena, el Estado republicano ha sido su
instrumento y construcción para la defensa de esos intereses minoritarios.
A las masacres de obreros, campesinos, pobladores, estudiantes y mapuches se
han agregado a lo largo de dos siglos de vida republicana las restricciones de
todo tipo a las libertades individuales y colectivas, los estados de excepción,
las leyes represivas y excluyentes, las dictaduras y asonadas militares, los
poderes omnímodos de ciertos aparatos de Estado y de sus representantes, la
violación de la legalidad por parte de esos mismos personeros, la “configuración
extra constitucional de la institucionalidad” (vía decretos con fuerza de ley y
otras mediadas abiertamente inconstitucionales), y de manera general, el
autoritarismo convertido en norma de gobierno y cultura política dominante.
Estos han sido rasgos permanentes de la construcción del Estado en Chile. Solo
la irrupción de las clases y grupos dominados en ciertos momentos de la historia
ha matizado ese panorama, logrando mediante un alto costo humano conquistar
frágiles espacios democráticos y ver cumplidas ciertas reivindicaciones que, una
y otra vez, se han visto amenazadas y anuladas por las políticas de las clases
dominantes cuando estas han estimado que sus concesiones y retroceso táctico
había llegado demasiado lejos.
Entonces no debería extrañarnos que en el Chile actual –cuyo marco político
fue el fruto de una negociación a espaldas de la masa ciudadana entre
representantes de la dictadura pinochetista y dirigentes de la oposición
moderada a ese régimen-las limitaciones a las libertades democráticas y los
actos ilegales de autoridades y agentes del Estado sean pan de cada día.
Cualquier observador medianamente perspicaz puede darse cuenta que el “enemigo
interno” sigue siendo el objetivo principal del celo represivo del Estado
chileno. Así como en el siglo XIX este “enemigo interno” estuvo personificado
por los “rotos alzados” y en el siglo XX por los anarquistas, comunistas,
“subversivos”, “marxistas” y ”extremistas” de variada índole, desde 1990 lo han
sido también los “subversivos”, junto a “terroristas”, “anti-sociales” y
“delincuentes”, conceptos elásticos y acomodaticios que se aplican de manera
separada o en amalgama, según las coyunturas y designios del poder, a mapuches,
okupas, anarquistas, jóvenes populares y variadas categorías de izquierdistas o,
simplemente, a personas o grupos que manifiesten comportamientos disruptivos
frente al actual orden social.
El carácter de la transición chilena –“amarrada” y vigilada por los poderes
fácticos y con desmovilización social alentada por el bloque concertacionista
que gobernó el país durante veinte años-ha dado como resultado una democracia
restringida, tutelada y de baja intensidad, que ha mantenido y reforzado las
bases del modelo de economía y sociedad neoliberal.
Las decenas de personas ejecutadas por las fuerzas represivas del Estado en
“enfrentamientos” y en movilizaciones sociales en estas últimas dos décadas, la
fuerte represión a las manifestaciones de protesta social, la inveterada
costumbre policial de torturar, vejar y abusar de su poder, y la actuación
igualmente abusiva e ilegal de policías y fiscales que recurren a montajes para
incriminar y condenar a sus perseguidos (como si tuviesen que llegar a toda
costa a una “cuota” de condenados para afirmar sus grises carreras
profesionales), la intervención descarada de altos representantes del poder
político (como el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter) en montajes
policíacos en concomitancia con los servicios de espionaje e inteligencia de una
potencia extranjera (los Estados Unidos) para acusar y condenar a inocentes
(como el pakistaní Saif Khan), son elementos congruentes con el carácter de la
transición política que se dio en Chile en la fase de declive de la dictadura,
el tipo de Estado, de democracia y de modelo económico y social que existe en la
actualidad.
l igual como lo fue, no hace mucho tiempo, la solicitud de ayuda del entonces
Ministro del Interior concertacionista Edmundo Pérez Yoma a los servicios de
inteligencia de la misma potencia imperial para combatir la “subversión”
mapuche, como ha quedado al descubierto por los documentos secretos
norteamericanos publicados por Wikileaks.
La democracia tutelada, restringida y de baja intensidad así lo exige.
Primero fueron los “subversivos” de los años 90, ahora son los mapuches,
anarquistas, “terroristas” y “delincuentes”. Mañana serán otros los que
encarnarán al “enemigo interno”. La amalgama reduccionista, reiterada y
machacada por los políticos del sistema y los medios de comunicación, siempre da
buenos resultados. Al menos mientras no exista suficiente masa ciudadana con
sentido crítico y reflexivo.
Ante esto, surgen muchas interrogantes: ¿Qué podemos hacer los ciudadanos que
logramos percibir estas realidades y que no disponemos de los recursos del poder
económico y político? ¿Cómo impedir tanto abuso y prepotencia del poder del
Estado y sus representantes?, ¿Qué caminos escoger para que nuestras acciones
sean útiles y no meros ejercicios testimoniales?, ¿Cómo evitar que nuestros
propios actos sirvan a los propósitos de quienes se proponen criminalizar y
judicializar las protestas sociales? ¿Qué hacer para que las libertades se
amplíen y no disminuyan?
La respuestas son ciertamente complejas y diversas, pero tengo la convicción
de que solo la lucha democrática, intransigentemente democrática, de la mayoría
oprimida, explotada y perjudicada de diversas maneras por el actual sistema
puede ser el punto de partida de futuros proyectos de emancipación. La
movilización militante con apoyo social por la defensa del debido proceso, por
el respeto de las garantías judiciales y de los Derechos Humanos de los presos y
detenidos, por el respeto a la presunción de inocencia hasta prueba de
contrario, por salvaguardia del honor de los acusados, y contra los montajes
policiales y judiciales, son algunos de los combates que hoy se pueden dar en
esa perspectiva. El reciente ejemplo de los presos políticos mapuches, sus
organizaciones, familiares y redes militantes, con el apoyo de las comunidades
de los territorios ancestrales del Wallmapu, nos indica el camino. Y aunque el
desenlace de esa lucha aún no está claro, ya hay indicios de que los montajes de
los fiscales en la Araucanía comienzan a desmoronarse. Otros montajes –como el
del “caso bombas”-pueden y deben ser objeto de la crítica demoledora de la
inteligencia y movilización ciudadanas. En esas luchas, los historiadores e
historiadoras, al igual que otros intelectuales que no se han convertido en
“científicos asépticos” o en consiglieri estipendiados del Príncipe, deberían
hacer oír su voz.
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Este artículo fue publicado por Sergio Grez Toso el 25 de diciembre de 2010.
1 El involucramiento público y colectivo de ciertos historiadores e
historiadoras en los combates del tiempo presente viene sucediendo de manera
regular en Chile, a lo menos desde 1999.Tres manifiestos de historiadores
referidos a la dictadura militar, los Derechos Humanos y la historia de Chile
Contemporáneo (enero de 1999, diciembre de 2004 y abril de 2007), tres
Declaraciones de historiadores e historiadoras en apoyo al pueblo mapuche (enero
de 2008, agosto de 2009 y septiembre de 2010) acompañadas de sendas
movilizaciones callejeras, y el actual desarrollo de un Movimiento por la
Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales en la Educación chilena, a partir
de una Declaración de Historiadores y profesores de Historia y Ciencias Sociales
(22 de noviembre de 2010) como reacción inmediata a las medidas de recorte de
las horas de estas materias en la Enseñanza Básica y Media anunciadas por el
Ministro de Educación Joaquín Lavín, prueban que ello no ha ocurrido solo “en
otros tiempos” sino que ha sido una constante que se deriva de nuestras
concepciones de la Historia, del deber social de los historiadores y de su rol
como agentes del pensamiento crítico.
