Intencional: Interponen querella por delito de incendio a ruca del Consejo Mapuche de Maquehue

"El lugar estaba impregnado de combustible, además vieron que el pilar central de la Ruca había sido cortado con motosierra, y que en torno a él, se encontraban diversos artefactos de madera (mobiliario existente al interior de la ruca) con los cuales se habría iniciado el siniestro, ya que aquel día llovía torrencialmente, por lo que para originar el fuego era necesario apilar madera seca.
De lo anterior se deduce, que el incendio no fue un hecho casual, sino un atentado intencional", es parte del contenido del documento.
Texto y foto Elías Paillan, Lunes 08 de septiembre de 2008.
Hasta el juzgado de Garantía de Temuco llegaron esta mañana (ayer) los dirigentes Vicente Millañir Collinao de la Comunidad José Manuel Millapan y Daniel Ancavil Millañir, Presidente del consejo Mapuche de Maquehue, acompañados de comuneros para presentar una querella criminal por el delito de incendio, en contra de todos aquellos que resulten responsables de la quema a la ruca en la madrugada del 31 de agosto y según ellos fue intencional.
La acción judicial patrocinada por el abogado Richard Caifal y el Observatorio Ciudadano se funda en los hechos que señalan que en la madrugada del día domingo 31 de agosto pasado, Francisco Melivilu Collinao, comunero mapuche, vecina a la del lugar del siniestro, siendo cerca de las 4 AM, se percató que la Ruca del Consejo de Maquehue se estaba incendiando. Tras ello, Collinao llamó de inmediato a Carabineros para denunciar el hecho, lo que se encuentra consignado en el parte número 2103 de la 3° Comisaría de Padre de Las Casas y a bomberos quienes acudieron procediendo a sofocar el siniestro.
Una vez apagado el incendio, y haciendo revisión de los restos de la siniestrada Ruca, los dirigentes del Consejo de Maquehue se percataron de que el lugar estaba impregnado de combustible, además vieron que el pilar central de ella había sido cortado con motosierra, y que en su entorno, se encontraban diversos artefactos de madera (mobiliario existente al interior de la ruca) con los cuales se habría iniciado el siniestro, ya que aquel día llovía torrencialmente, por lo que para originar el fuego era necesario apilar madera seca. De lo anterior se deduce que el incendio no fue un hecho casual, sino un atentado intencional, según se consigna en el documento presentado en tribunales.
Sobre lo que se busca con esta querella, el abogado Caifal señaló: "El objetivo principal de esta querella es primero que nada que el Ministerio Público haga una investigación por el incendio ocurrido el día Domingo recién pasado por petición de los integrantes del Consejo Mapuche de Maquehue que se le incendió de manera intencional la ruca que estaba precisamente en el sector denominado Maquehue".
En tanto que para Daniel Ancavil este hecho fue premeditado: "Nadie a esa hora a las 3 de la mañana va a andar con bencina y motosierra y cortar los pilares, más encima ese día llovía y difícilmente se puede hablar de un hecho fortuito. Aquí hubo premeditación, alguien pagó por esto que se tiene que investigar" dijo.
Consultado sobre los compromisos de la Intendenta Nora Barrientos que se apersonó el día del siniestro y entregó todo su respaldo a las comunidades afectadas el dirigente dijo: "Ella se comprometió a restablecer el espacio de la ruca que fue consumida por las llamas, comprometió la participación de la Intendencia en cualquier proceso que se presente para identificar y sancionar a los responsables, y prestar toda la colaboración mientras seguimos en los planes de gestión territorial", finalizó.
Se hace constancia en el recurso que desde diciembre del año 2006, una porción de la hijuela número 9 de la Comunidad Indígena José Manuel Millañir, perteneciente a don Vicente Millañir Collinao, ubicada en el kilómetro 2 de la Ruta al Aeropuerto Maquehue, comuna de Padre de Las Casas, fue cedida en arriendo al Consejo Mapuche de Maquehue, organización representativa de un conjunto de comunidades indígenas del territorio de Maquehue y que hace poco firmaron un documento de gestión Territorial con el Gobierno Regional.
En dicho lugar, los miembros del Consejo construyeron una Ruka que desde entonces ha servido de sede social de la organización, realizándose en ella reuniones, encuentros y demás actividades relacionadas con la vida comunitaria. Su valor supera las 40 UTM siendo el valor estimativo del bien cercano a los $4.000.000, además del incontable valor cultural que tenía.
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Elias Paillan C.
Periodista

Ricardo Lagos y un nuevo tiro por la culata al capitán Planeta

El sábado 6 de Septiembre recién pasado en la Casa de Conciertos (Konserhuset) de Estocolmo, lugar emblematico ya que es allí donde se entregan los premios Nobel, se realizó una conferencia internacional sobre el medio ambiente organizada por el partido Socialdemócrata sueco junto con la Internacional Socialista.
Entre los "invitados estelares" se encuentraba nada más ni nada menos que el ex-presidente de Chile Ricardo Lagos Escobar; asistiendo en calidad de Embajador de Naciones Unidas para el cambio climatico. Nadie más inapropiado que Ricardo Lagos para ser nombrado para cumplir esa responsabilidad a nivel mundia! Nadie más inapropiado que Lagos para defender el medio ambiente!
Para muchos es sabido que durante su gestión de gobierno en Chile 2000-2006, Lagos Escobar vendió Chile a los capitales internacionales que saqueron y siguen saqueando los recursos naturales de ese país latinoamericano con la consiguiente destrucción ecológica y social.
En las afuera del local (ya que no se nos permitió la entrada) nos reunimos un grupo de latinoamericanos, en su mayoría chilenos, para repudiar y denunciar el doble discurso de este verdadero depredador ambientalista y lobbista neoliberal de las transnacionales. Junto con carteles y pancartas alusivos a nuestra protesta repartimos cientos de volantes con el prontuario de este “socio-listo” representante del gran capital. Pese a que la policia intentó que nos retiraramos y las muchas fotografías que nos tomó un miembro de la socialdemocracia sueca (no quizo identificarse ni decir el motivo de su acción) nos quedamos bajo la lluvia más de dos horas funando al cínico de Lagos!
Para vuestra información el texto de la pancarta grande es:
RICARDO LAGOS ES PARA EL MEDIO AMBIENTE LO QUE PINOCHET FUE PARA LOS DERECHOS HUMANOS!
Les alcanzamos algunas fotos y un video de la funa que pueden ver en la siguiente dirección: http://www.youtube.com/watch?v=Pf_t_9kmIS0
He aquí algo del prontuario de Ricardo Lagos Escobar:
CASO CELCO (Celulosa Arauco-Constitución):la muerte de miles de cisnes de cuello negro en el río Las Cruces en el santuario natural Carlos Anwandter, en la provincia de Valdivia. Desastre ecológico producido por la contaminación de ese santuario al botar los residúos químicos la empresa papelera de CELCO del grupo economico Angelini, que siempre tuvo el apoyo y la defensa de Ricardo Lagos. Junto con la contaminación fluvial aquella zona ha sido afectada por la destrucción de la flora milenaria por la acción de las empresas madereras permitidas por la administración gubernamental de Lagos.
PROYECTO MINERO PASCUA-LAMA: Proyecto que inició las prospecciones y excavaciones en el Glaciar del mismo nombre gracias al apoyo que le brindó el gobierno de Lagos. En busca de oro y otros minerales, la empresa Barrik Gold de capitales canadienses que cuenta entre sus accionistas mayores a la familia Bush, ha comenzado a derretir los hielos eternos de ese glaciar provocando alteración en los circuitos de aguas hacia los valles de la 3a Región y contaminando dichas aguas que servían para regadío y para la gente de esa zona. Producto de esta situación tanto el norte de Chile como el de Argentina sufrirán daños mediomabientales irreparables.
Ese ha sido el rol de Ricardo Lagos en calidad de presidente de Chile.Favorecer el saquéo de las empresas transnacionales mostrando un desprecio total a la naturaleza y sus ciclos ecológicos.
Comité 5 de Octubre, Colectivo de Izquierda, Comité de apoyo por la libertad de los 5.

SEIS EN TOTAL SON LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHES RECLUÍDOS EN LA CARCEL DE ANGOL .

Desde territorio mapuche, Septiembre, 2008COMUNICADO PÚBLICOLa comunidad mapuche "Newen mapu" José Millacheo de Chekenko, comunica a la opinión pública lo siguiente:Ante las últimas detenciones de Leonardo Lican Lican y Juan Lican Melinao, recluidos en la cárcel de Angol, junto a 4 peñi de nuestra comunidad, denunciamos que:Existe una persecución político judicial en contra de nuestra comunidad y de algunas familias en particular, por el hecho de ser una comunidad que exigimos y luchamos por reivindicar nuestros derechos ancestrales como mapuche y por mantener el control territorial del fundo Chihuaihue.Producto de esta persecución hemos sido víctimas de un montaje judicial de parte del gobierno que protege los intereses de inversionistas forestales que invaden y se apropian de nuestra comunidad, teniendo como consecuencia la prisión de 6 mapuche.Denunciamos el accionar represivo de parte de las fuerzas policiales hacia nuestras casas y nuestras familias, con amedrentamiento y golpes injustificados a niños, ancianos y mujeres de nuestra comunidad.Por último legitimamos el derecho a la resistencia de estos abusos de parte de nuestra comunidad ya que este nuevo montaje tiene como objetivo desmovilizar a nuestro lof y busca detener a nuestro lonko Juan Ciriaco Millacheo, clandestino desde el viciado juicio Poluco Podenco, más dos mapuche que se encuentran perseguidos por este nuevo montaje.LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHEDESMILITARIZACIÓN DEL WALL MAPUFUERA LATIFUNDISTAS, FORESTALES Y TRANSNACIONALES DE NUESTRO TERRITORIOMARRICHIWEW!!!

Ministra Quintana Reconoce Responsabilidad Del Estado y Emplaza a Congresistas: "Tenemos un Parlamanto Conservador

Paula Quintana se refiere en entrevista de La Nación a la “deuda histórica” con el pueblo mapuche,reconoce la responsabilidad del Estado, pero emplaza puntualmente a los congresistas por no aprobar el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Por otra parte se refiere a la ratificación del convenio 169 e insiste con que el problema "No se trata de si existe o no declaración interpretativa" (sic)
Y afirma una barbaridad: "que la OIT acepte la ratificación en los términos que los plantea Chile"... La quinda que faltaba a la comedia de la raificación: poner condiciones.
Ministra, es el Estado de Chile quien debe ratificar de buena fe y en los terminos que exige la OIT y la decencia internacional: sin reservas ni "declaraciones interpretativas".
Foto: Leandro Chávez
Domingo 7 de septiembre de 2008
Por Beatriz Michell / La Nación Domingo
En: http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080906/pags/20080906204911.html
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Una denuncia pública de funcionarios de la Conadi sobre la restitución de hectáreas sin concursos ni sorteos a mapuches de la Concertación, fue la guinda de la torta; un balde agua fría para el ministerio a cargo del tema indígena y la Conadi.
El jueves, la ministra Paula Quintana partió a la Araucanía a raíz del temporal, pero antes de tomar el avión conversó con LND sobre los problemas de corrupción en la Conadi, el conservadurismo de los parlamentarios que impiden avanzar en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, las reformas que vienen por la aprobación del Convenio 169 de la OIT y la violencia que después de 500 años sigue dominando la Araucanía.
Funcionarios de la Conadi denunciaron la entrega de un 45% de subsidio de tierras sin concurso y la mayoría habría sido entregada a comunidades ligadas a mapuches de la Concertación. ¿Ustedes tenían antecedentes de esto?
El sistema de subsidios para la restitución de tierras implica un proceso de postulación, pero también deja abierto un procedimiento para casos excepcionales. El director nacional de la Conadi, cuando asumió, revisó este proceso y los acuerdos que había tomado el Consejo de la Conadi en la administración anterior.
¿Qué medidas han tomado?
El domingo pasado pedimos un informe que el director de la Conadi respondió inmediatamente. Además, solicitamos un informe de procedimiento jurídico para aclarar qué porcentaje se entregó como caso especial, y yo voy a solicitar al Consejo de la Conadi que delimite los casos especiales para que no superen un 15%. De todas maneras, estos casos se refieren a familias que habían concursado anteriormente y habían optado al subsidio, pero las tierras adquiridas fueron insuficientes para su subsistencia. No es que arbitrariamente se haya entregado el beneficio a una familia que no haya estado en ningún concurso.
Pero esas familias podrían haber vuelto a concursar.
Esa es la explicación que estamos solicitando. Los casos especiales deben ser una cantidad razonable de acuerdo al sentido común, que implica la excepcionalidad y que la mayoría tiene que ser por concursabilidad.
¿Habrá sanciones si se demuestran irregularidades?
De acuerdo al informe del director de la Conadi, vamos a iniciar o no algún proceso administrativo. El estatuto administrativo establece cuáles son los procedimientos a seguir cuando hay una situación irregular.
Un Parlamento conservador
Se han incrementado los operativos en la zona. Organismos de derechos humanos han manifestado su preocupación por la violencia que aplica Carabineros en estos operativos y que han terminado incluso con niños baleados y golpeados. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Creo que el tema no se trata de más o menos carabineros. El enfoque correcto no es en el sentido del conflicto, sino de abordar integralmente el tema de la inclusión de los pueblos indígenas. Así como tenemos aún una deuda histórica con ellos, hemos avanzado en construir una institucionalidad en conjunto y hay que respetarla. Para acceder a la compra de tierras es necesario hacerlo por los caminos institucionales. La violencia le hace daño a la causa indígena.
Las comunidades han perdido la confianza en los caminos institucionales y alegan que la ley no es igual para todos. Por ejemplo, todavía no hay un responsable por la muerte de Matías Catrileo; sin embargo, cuando se incendia un fundo las comunidades indígenas son allanadas. ¿Cómo puede convencer a estas comunidades para que no utilicen la violencia?
El Estado tiene el deber de garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos, por eso la violencia es sancionable y no es el camino para resolver la deuda histórica que tenemos. Nosotros planteamos el respeto al camino institucional, el reconocimiento de los derechos políticos y la necesidad de mejorar la gestión de los programas para los pueblos indígenas. Tenemos el deber y la obligación moral de hacer un llamado a todos los actores a respetar las vías institucionales que contemplan el respeto de los derechos humanos de los indígenas.
El Parlamento aprobó el Convenio 169 de la OIT con una declaración interpretativa que impide tomar en cuenta los avances del derecho internacional en el tema indígena. ¿Qué opina de esta declaración?
Lo sustancial es que el Convenio 169, en la medida en que lo suscribe el Estado chileno y la OIT lo acepta en los términos que lo plantea nuestro país, tiene que ser asumido en su integridad. No se trata de si hay o no declaración interpretativa.
Para cumplir el convenio se tendrán que adecuar políticas públicas con respecto a derechos políticos, territoriales y culturales. ¿Hay nuevos proyectos en esta dirección?
Lo importante del 169 es que tiene que haber un ajuste institucional para que se puedan ejercer esos derechos y contamos con programas que van en esa dirección. Tenemos treinta proyectos habitacionales orientados hacia familias indígenas. En salud contamos con centros y hospitales interculturales, y hoy se discute en el Parlamento la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, donde se establece el derecho de los indígenas a ser atendidos de acuerdo a sus costumbres en la atención pública. En educación, la Junji-Integra está estableciendo jardines interculturales y ha habido un incremento en becas indígenas de 30 mil el año 2000 a 43 mil este año. Respecto a tierras, se han entregado más de 500 mil hectáreas. De esas, casi 90 mil se han canalizado por la Ley Indígena. También estamos trabajando en un sistema para que las comunidades participen de las utilidades que generan proyectos de inversión que se desarrollan en tierras de propiedad o de desarrollo indígena, que va a ser obligatorio para el sector público como primer paso. Además, estamos trabajando en la formulación de proyectos de ley que permitan una mayor representación y participación política.
Desde el Gobierno de Aylwin se está prometiendo una Subsecretaría de Asuntos Indígenas, ¿cuándo se concretará eso?
El martes ingresamos el proyecto de ley que crea la subsecretaría a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Esta subsecretaría dependería del Mideplan y tendría por rol la articulación y coordinación de la política indígena.
Desde 1990 se han presentado cinco proyectos para reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas. ¿Qué pasa con el último proyecto que envió la Presidenta el año pasado al Parlamento?
Ese proyecto plantea el reconocimiento de los pueblos indígenas, con el derecho a vivir con sus costumbres. Un factor fundamental es la relación que establece con los recursos naturales, y particularmente con el derecho a la tierra y al agua. Yo le recordaría a los parlamentarios, sobre todo a quienes cuestionan la política de tierras, que la Ley Indígena se aprobó en 1993 por unanimidad y en ella se establecen los procedimientos institucionales para restituir las tierras indígenas.
¿Cree que las leyes no se han aprobado porque tenemos un Parlamento conservador?
Sí, eso se demuestra todos los días. Hay que ver quiénes están por avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas indígenas, para incluirlos como ciudadanos plenos, reconociendo su cultura y sus costumbres.
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“HAY QUE TOMAR MEDIDAS MÁS SUSTENTABLES QUE UN BONO”
El domingo pasado, Joaquín Lavín, en su papel de presidente del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, comenzó una polémica con la ministra Paula Quintana por la estimación del número de pobres y el alza de los alimentos. Para producir acercamientos, en la misma línea del bacheletismo-aliancismo, la ministra recibió el jueves al ex abanderado presidencial y llegaron a un acuerdo: lo importante es encontrar soluciones para las familias vulnerables ante el alza de precios. La ministra tiene clara la apuesta del Gobierno: sistema de protección social.
–El alza del precio de los alimentos está golpeando duramente a las familias chilenas. Hay expertos que han propuesto un IVA diferenciado para una canasta básica. ¿Qué opina de esta idea?
–En Chile estamos haciendo lo que tenemos que hacer. El Banco Central ya tomó medidas respecto a política monetaria y el Gobierno se pronunció respecto a las medidas de austeridad en política fiscal: evitar los gastos que son prescindibles, sin que ello implique disminuir el gasto social. En esa perspectiva, lo sustancial para enfrentar la inflación son medidas de protección social. Estamos orientando nuestros programas específicos y los subsidios al 40% de la población con más riesgo a caer en pobreza.
–¿Aumentarán algunos bonos u otras medidas paliativas?
–En el primer semestre se contó con un bono para contribuir a las familias con el alza de los alimentos, pero creemos que hay que tomar medidas más sustentables. Es lo que estamos haciendo con la reforma previsional y la pensión básica solidaria, que hoy recibe el 40% de los hogares más vulnerables. Esos mismos hogares también reciben subsidios únicos familiares. También es importante contar con trabajo protegido y decente. Por eso, el martes se inició la discusión en el Parlamento de las modificaciones al seguro de cesantía. También estamos trabajando en un proyecto de ley de subsidio al trabajo, que va a mejorar el sueldo de los trabajadores con menores ingresos e incentivará la contratación para incorporar personas cesantes y formalizar trabajos informales.
–Según un estudio de Joaquín Lavín, los precios de la canasta básica han aumentado en un 25,8% y hay un millón más de pobres. ¿Hay alguna propuesta, en lo inmediato, para garantizar el acceso de esas familias a los alimentos básicos?
–La inflación afecta hoy día especialmente a la población más vulnerable. Con respecto al primer quintil de ingresos, el 43% de su ingreso familiar está orientado a alimentación, por lo que tiene un impacto significativo. Nuestra respuesta frente a eso es un sistema de protección social. Que el Estado cumpla el rol de contener a las familias para que no caigan en la pobreza. Estas medidas son las que tienen el mayor impacto: la mejor orientación y focalización a los que más lo necesitan. Esto se verá en el corto plazo. Las familias chilenas tendrán mayor tranquilidad de contar con una protección desde el Estado.

CHILE: DISCRIMINACIÓN RACIAL A CAUSA DE RECINTOS DE BASURALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

La Coordinación de Comunidades en Conflictos Ambientales, junto a la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) y organizaciones integrantes de la Red por la Justicia Ambiental y Social, en diversos ámbitos han venido exigiendo, denunciando y proponiendo una solución íntegra a la discriminación racial de que han sido víctima Comunidades a causa de vertederos y plantas de tratamiento de aguas servidas en la IX Región.
Manuel Curilem, dirigente de la Coordinación de Comunidades realizó diversas gestiones y nuevas interposiciones de denuncias ante diferentes mecanismos y procedimientos de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. A continuación, parte de los contenidos dados a conocer.
El 30 de Noviembre del año 2007 el Estado de Chile debió haber dado respuesta a una serie de consultas que el Comité para la eliminación del racismo – CERD por el racismo ambiental a Comunidades del Pueblo Mapuche en la Región de la Araucanía a causa de los conflictos e impactos generados por recintos de basurales y plantas de aguas servidas. Sin embargo a la fecha el Gobierno no ha entregado el informe correspondiente y tampoco ha dado a conocer las medidas para revertir esta grave situación que se vive en la Región de la Araucanía y que afecta directamente cerca de 100 comunidades y centenares de familias Mapuches.
Cabe mencionar que en esta Región el 20% del total de la superficie de la tierra está en manos de personas Mapuche agrupadas en reducciones. A pesar de esta minoría territorial, el 70% de los basurales se encuentran en estos territorios y las nefastas plantas químicas de tratamiento de aguas servidas, también se encuentran aquí, dentro de las Comunidades o de manera aledaña, hecho que refleja la situación de discriminación que vive esta Región y que se ha venido proyectando en el devenir histórico.
La instalación de estos basurales y plantas de tratamiento escapan a todas las normas ambientales y sanitarias de estándar internacional e incluso locales, como asimismo a todo marco normativo internacional relativo a la eliminación de la discriminación racial y a las disposiciones que establece el Convenio de la OIT 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Cabe mencionar que estos recintos se encuentran en medio de tierras indígenas y a metros de viviendas, escuelas públicas, esteros, ríos y lugares sagrados. Ante esto las comunidades por años han recurrido a diversas autoridades nacionales e instancias judiciales y administrativas, sin alcanzar soluciones al respecto.
Como consecuencia de la denuncia presentada por las comunidades en enero del 2007, en Agosto del mismo año, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas remite la siguiente comunicación en extracto al Estado representado por el Gobierno de Chile y su Presidenta.
1.- Sírvanse proporcionar sobre las medidas adoptadas para asegurar que los basurales actualmente en funcionamiento en la Región de la Araucanía cumplen con los requisitos establecidos en la legislación medio ambiental en vigor, así como en la Ley Indígena N° 19.253, incluyendo el derecho a la consulta de las Comunidades afectadas en relación con proyectos susceptibles de afectarles directamente;
2.- Sírvanse proporcionar información detallada sobre los estudios científicos llevados a cabo para investigar la contaminación de aguas como resultado de los basurales y de las medidas de contención y reparación adoptadas en relación con esta contaminación.
3.- En relación con los planes para instalar plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) en la Región de la Araucanía, o en relación con las plantas ya en funcionamiento, sírvanse a proporcionar información detallada sobre las siguientes cuestiones:
a.- ¿Han sido consultadas las comunidades afectadas?
b.- ¿Han tenido algún impacto sobre lugares de significación cultural y / o espiritual de las comunidades Mapuches o sobre tierras en proceso de recuperación en virtud de la Ley Indígena?
c.- ¿Han sido realizados estudios de impacto socio ambiental en relación con dichos proyectos?.
Al respecto, en base a esta comunicación, es fundamental informar lo siguiente:
1.- Los basurales en funcionamiento no cumplen ni con la legislación ambiental, ni con la legislación indígena que rige para estos casos.
Los basurales, en su mayoría, llevan más de 10 años funcionando, sin cumplir las exigencias sanitarias y ambientales. La contaminación que ya se ha provocado es irreversible en algunos lugares y su sólo perfeccionamiento en el control e infraestructura, no garantiza la seguridad e integridad de las familias que están expuestas. No ha existido ningún cambio sustancial ni voluntad para revertirlo, y los problemas continúan para cientos de familias Mapuche.
En relación a la consulta que el Comité realiza al Estado chileno sobre si ¿Han sido consultadas las comunidades afectadas?, al respecto es importante señalar que ninguna de las comunidades que actualmente se encuentran afectadas han sido consultadas, es más, de todos los recintos de basurales que existen en funcionamiento sólo dos han sido objeto del sistema de evaluación de impacto ambiental, además, en ambos casos, las comunidades no han sido consultadas en atención al artículo 34 de la Ley Indígena referido a la consulta y participación de las comunidades indígenas.
Hecho similar ha ocurrido con el caso de Plantas de tratamientos de aguas servidas, donde la gran mayoría no se ha realizado estudios de impacto ambiental, no ha existido procesos sobre participación ciudadana y menos consulta a comunidades indígenas.
Así mismo, en conformidad a la legislación indígena 19.253 en sus diversas disposiciones, no se ha ni respetado, ni protegido, ni promovido el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades. Tampoco se han adoptado medidas para tales fines y se han desprotegido las tierras indígenas, no velando por su adecuada explotación y equilibrio ecológico.
2.- Con relación a las aguas, no existe información oficial CONFIABLE desde las instituciones públicas competentes sobre estudios científicos de impacto y contaminación.
La información pública disponible es el estudio realizado en el año 2003 por encargo de las propias comunidades afectadas en Boyeco, comuna de Temuco, que arrojó altos índices de contaminación sobre el límite disponible. El estudio de la Universidad de la Frontera dejó en evidencia la contaminación del estero Tromén y Cuzaco Pelahuen, a causa de los depósitos de basura en el vertedero de Boyeco.
El estero Tromén surge al interior del propio recinto del vertedero y Cuzaco Pelahuen se encuentra en las inmediaciones. Ambos suministran de agua a la población para riego de cultivos y consumo de animales e incluso humano. Hay antecedentes de una contaminación física, química y orgánica, detectándose concentración de metales pesados como plomo, níquel, mercurio, cromo y arsénico, peligrosos para la salud de los seres humanos.
Este mismo panorama se puede observar en cada uno de los recintos de basurales en la Novena Región, los cuales están mayoritariamente concentrados en comunidades mapuches (50), las cuales no cuentan con agua potable, quedando mayormente expuestas a los nefastos efectos de los vertederos en numerosos afluentes de agua de consumo humano, animal y agrícola.
3.- En relación con plantas de tratamiento de aguas servidas, no ha existido consulta a las Comunidades Mapuche, no se ha aplicado el artículo 34 de la Ley indígena relativa a consulta y participación y menos aún, se ha considerado el Derecho al consentimiento previo, libre e informado que establecen las normas internacionales de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas.
Con relación a los sitios de significación histórica y cultural emplazados por el funcionamiento de estas plantas, se puede mencionar el caso de la Comunidad Eugenio Cienfuegos de la comuna de Toltén, cuya instalación en el 2007 se realizó en medio de sus tierras afectando un sitio sagrado y ceremonial de uso ancestral llamado Ngillatuwe.
En Loncoche la PTAS primaria químicamente asistida se construye en medio de un sitio arqueológico y en terrenos que se encuentran en proceso de recuperación por la comunidad mapuche Manuel Antilef desde el año 1996.
La Comunidad Pedro Ancalef de Villarrica y la Hueche Huenulaf de Temuco, también han sido afectadas en espacios de significación cultural.
Todas estas plantas afectan directamente a tierras ancestrales del Pueblo Mapuche y sus Comunidades.
La empresa Aguas Araucanía, por medio de concesiones otorgadas por el Estado chileno en la Novena Región, en general, no ha sometido sus proyectos de inversión a estudio de impacto ambiental (EIA), el que lo obliga a medidas de evaluación, mitigación, compensación y proceso de participación ciudadana, por el contrario, la mayoría de sus plantas han sido sometidas a una declaración de impacto ambiental (DIA), el que está directamente asociada a la otorgación de permisos ambientales por los órganos públicos competentes, sin mayores obligaciones.
Dichas plantas afectan directamente a más de 42 comunidades Mapuche en 17 localidades de la región.
Por parte de la Empresa bajo amparo del Estado, de las 16 plantas de tratamiento de aguas servidas en estas 17 localidades, solo una Planta de varias que existen de tipo primaria, es decir con asistencia química y de enorme riesgo e impacto, fue sometida a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), correspondiente a la de Temuco, cuyo proceso fue viciado e irregular, que no contempló los impactos sociales, ambientales, culturales y económicos a las Comunidades, por el contrario, desconoció en todo momento su existencia y presencia. Una segunda planta, fue obligada a someterse a un EIA por los Tribunales de alzada chileno, previo interposición de un Recurso de Protección por parte de la Comunidad Mapuche afectada en la Comuna de Villarrica, con las mismas irregularidades. Ninguna de las dos por EIA contempló consulta a los indígenas y menos el consentimiento previo, libre e informado.
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Discriminación racial
Tal como se señalase en las medidas de alerta temprana solicitadas por los propios afectados ante el Comité, los hechos que se han descrito vulneran expresamente obligaciones tales como, no incurrir en acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y velar para que las autoridades e instituciones públicas hagan lo mismo; o la revisión de las políticas gubernamentales nacionales y locales, así como la enmienda o derogación de leyes y disposiciones reglamentarias que creen discriminación o la perpetúen.
Como se puede apreciar, el racismo hacia los mapuche también puede ser descubierto a través de este tipo de conflictos sociales y ambientales ante las políticas que autoridades y empresas privadas realizan para lograr lo que denominan "desarrollo" o "crecimiento económico" del país. Los desechos y costos de estas prácticas y sus impactos negativos al medio ambiente que nadie quiere asumir, se han llevado a las escasas tierras que hoy habitan los mapuches.
Este tipo de racismo social, ambiental y espacial, es una violación de derechos humanos y es una forma de discriminación que viene agrediendo al Medio ambiente, la salud, biodiversidad, la economía local, la calidad de vida y seguridad en comunidades. Esta discriminación racial es ocasionada por las políticas públicas o privadas, y que se manifiesta en la intención de que los costos ambientales sean asumidos por un grupo determinado de la población o en la exclusión manifiesta de este grupo en la toma de decisiones que afectan sus vidas.
Hacia un Plan de Eliminación de la Discriminación Racial
Un aspecto indispensable dentro de la extensión del derecho a la libredeterminación que tiene todo Pueblo es la ausencia de políticas o prácticas oficiales que discriminen injustamente. Es universal el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos raciales.
Ante ello, resulta de vital importancia que el Estado de Chile:
1.- Reconozca, valore y legitime a todas las Comunidades que se encuentran emplazadas por los recintos de Basurales y plantas de tratamiento de aguas servidas en la Región de la Araucanía (IX Región) como victimas de violación de derechos humanos y sobre esto, establezca mecanismos de interlocución formal, directa y representativa con todos los actores afectados en vías de reparar los derechos que les han sido vulnerados.
2.- Los pueblos y sus comunidades tienen el derecho de participar sin discriminación en la toma de decisiones a todos los niveles, con relación a asuntos que puedan afectar directamente sus derechos, vidas y destino. Pueden hacerlo directamente o a través de representantes elegidos por ellos de acuerdo a sus propios procedimientos, consagrados en la propia legislación indígena 19.253, como asimismo en las normativas internacionales de Derechos Humanos universales y de Derechos Humanos Indígenas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT, aprobado recientemente por el Congreso de Chile (En proceso de ratificación) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por el Estado de Chile el 13 de septiembre de 2007. Del mismo modo, en relación al Derecho de consulta y participación, existe una rica jurisprudencia que el propio CEDR mantiene y que debe ser atendida.
3.- Asimismo, hacer las modificaciones legales necesarias para el efectivo cumplimiento y aplicación de las convenciones y acuerdos internacionales relacionados con el resguardo y protección de los derechos de los pueblos indígenas en estas materias, como también, en el crear mecanismos de seguimiento y evaluación pública de estas normas internacionales de derechos, las que hoy no son consideradas ni aplicadas dentro del ordenamiento jurídico, político ni administrativo.
4.- Por consiguiente, resulta indispensable un establecimiento de responsabilidad internacional del Estado y la consiguiente obligación de reparar eficazmente, lo que debe contener al menos:
- Mitigación de daños y estudios confiables de impactos sociales, culturales, económicos, Ambientales y de salud.
- Compensaciones a las comunidades,
- Investigaciones administrativas y sanciones a los responsables.
- Reforma de la legislación sectorial (reglamento de EIA, código sanitario, ley general de municipalidades) para que se cumpla con la consulta y consentimiento previo, y resguardo de tierras, aguas y Recursos Naturales indígenas.
- Planes de eliminación de la discriminación Racial a través de Programas de cierres y erradicación de recintos de basurales y Plantas de Aguas Servidas.

CARLOS CAYUPE QUILAPAN , FUE PUESTO EN LIBERTAD EN LA CIUDAD DE VICTORIA;LUEGO DE SER ALLANADO POR P.D.I. CHILENO.

Velasquez De La Ciudad De Victoria ,Provincia De Malleco Ha Firmar Mensualmente y Con Arresto Domiciliario,Por Lo Que Cayupe Quedo Libre ;Pero, La Investigacion Seguiría Su Curso De Forma Anónima , Para Que No Se Filtre A Los Medios De Comunicación Nacional E Internacional De Este Proceso Que Se Seguiría En Su Contra ,Para Inculparlo De Ser EL Supuesto Autor Material De La Quema De Camión En Plena Ruta 5 Sur o Carretera el 26 De Diciembre Del 2007 .Existe El Temor De Un Supuesto Montaje En Su Contra.

FAMILIA PEWENCHE HABRIA PERECIDO POR INHALACION DE MONOXIDO DE CARBONO EMANADO POR UN BRASERO

Las 6 víctimas del incendio pertenecían a una familia Mapuche Pewenche
Según los últimos antecedentes, perecieron por inhalación de monóxido de carbono emanado de un brasero que luego provocó el siniestro.
SANTA BÁRBARA.- Las seis víctimas fatales del voraz incendio que esta madrugada consumió una vivienda en Santa Bárbara eran miembros de una familia Mapuche Pewenche de la Octava Región.
Según se informó, Juana Pichinao vivía junto a una hermana y una hija en una pieza que arrendaba en un domicilio ubicado junto a la plaza de la ciudad. En ese lugar recibió a familiares –todos Mapuche Pewenche– que residían en la comunidad de Pitril, en Alto Bío Bío.
Ellos habían viajado hasta Santa Bárbara con el objetivo de trasladarse durante hoy hasta Los Ángeles, para visitar a un pariente suyo estaba internado en la UCI.
Todos dormían en la misma pieza cuando se produjo la tragedia. Según la Policía de Investigaciones, perecieron por inhalación de monóxido de carbono emanado de un brasero que tenían encendido en el lugar.
Posteriormente, se recalentó el acero del artefacto y se generó un incendio que calcinó a las víctimas y afectó otras dos viviendas emplazadas en el mismo terreno y una casa vecina, resultando cuatro personas damnificadas y tres afectadas.
Pese a que la vivienda se situaba a unos 30 metros del cuartel de Bomberos de Santa Bárbara, éstos no alcanzaron a hacer nada pues cuando llegaron la construcción ya estaba casa incendiada.
Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados hasta el Servicio Médico Legal (SML) de Los Ángeles y se les están realizando pruebas para poder identificarlos.