La Coordinación de Comunidades en Conflictos Ambientales, junto a la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) y organizaciones integrantes de la Red por la Justicia Ambiental y Social, en diversos ámbitos han venido exigiendo, denunciando y proponiendo una solución íntegra a la discriminación racial de que han sido víctima Comunidades a causa de vertederos y plantas de tratamiento de aguas servidas en la IX Región.
Manuel Curilem, dirigente de la Coordinación de Comunidades realizó diversas gestiones y nuevas interposiciones de denuncias ante diferentes mecanismos y procedimientos de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. A continuación, parte de los contenidos dados a conocer.
El 30 de Noviembre del año 2007 el Estado de Chile debió haber dado respuesta a una serie de consultas que el Comité para la eliminación del racismo – CERD por el racismo ambiental a Comunidades del Pueblo Mapuche en la Región de la Araucanía a causa de los conflictos e impactos generados por recintos de basurales y plantas de aguas servidas. Sin embargo a la fecha el Gobierno no ha entregado el informe correspondiente y tampoco ha dado a conocer las medidas para revertir esta grave situación que se vive en la Región de la Araucanía y que afecta directamente cerca de 100 comunidades y centenares de familias Mapuches.
Cabe mencionar que en esta Región el 20% del total de la superficie de la tierra está en manos de personas Mapuche agrupadas en reducciones. A pesar de esta minoría territorial, el 70% de los basurales se encuentran en estos territorios y las nefastas plantas químicas de tratamiento de aguas servidas, también se encuentran aquí, dentro de las Comunidades o de manera aledaña, hecho que refleja la situación de discriminación que vive esta Región y que se ha venido proyectando en el devenir histórico.
La instalación de estos basurales y plantas de tratamiento escapan a todas las normas ambientales y sanitarias de estándar internacional e incluso locales, como asimismo a todo marco normativo internacional relativo a la eliminación de la discriminación racial y a las disposiciones que establece el Convenio de la OIT 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Cabe mencionar que estos recintos se encuentran en medio de tierras indígenas y a metros de viviendas, escuelas públicas, esteros, ríos y lugares sagrados. Ante esto las comunidades por años han recurrido a diversas autoridades nacionales e instancias judiciales y administrativas, sin alcanzar soluciones al respecto.
Como consecuencia de la denuncia presentada por las comunidades en enero del 2007, en Agosto del mismo año, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas remite la siguiente comunicación en extracto al Estado representado por el Gobierno de Chile y su Presidenta.
1.- Sírvanse proporcionar sobre las medidas adoptadas para asegurar que los basurales actualmente en funcionamiento en la Región de la Araucanía cumplen con los requisitos establecidos en la legislación medio ambiental en vigor, así como en la Ley Indígena N° 19.253, incluyendo el derecho a la consulta de las Comunidades afectadas en relación con proyectos susceptibles de afectarles directamente;
2.- Sírvanse proporcionar información detallada sobre los estudios científicos llevados a cabo para investigar la contaminación de aguas como resultado de los basurales y de las medidas de contención y reparación adoptadas en relación con esta contaminación.
3.- En relación con los planes para instalar plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) en la Región de la Araucanía, o en relación con las plantas ya en funcionamiento, sírvanse a proporcionar información detallada sobre las siguientes cuestiones:
a.- ¿Han sido consultadas las comunidades afectadas?
b.- ¿Han tenido algún impacto sobre lugares de significación cultural y / o espiritual de las comunidades Mapuches o sobre tierras en proceso de recuperación en virtud de la Ley Indígena?
c.- ¿Han sido realizados estudios de impacto socio ambiental en relación con dichos proyectos?.
Al respecto, en base a esta comunicación, es fundamental informar lo siguiente:
1.- Los basurales en funcionamiento no cumplen ni con la legislación ambiental, ni con la legislación indígena que rige para estos casos.
Los basurales, en su mayoría, llevan más de 10 años funcionando, sin cumplir las exigencias sanitarias y ambientales. La contaminación que ya se ha provocado es irreversible en algunos lugares y su sólo perfeccionamiento en el control e infraestructura, no garantiza la seguridad e integridad de las familias que están expuestas. No ha existido ningún cambio sustancial ni voluntad para revertirlo, y los problemas continúan para cientos de familias Mapuche.
En relación a la consulta que el Comité realiza al Estado chileno sobre si ¿Han sido consultadas las comunidades afectadas?, al respecto es importante señalar que ninguna de las comunidades que actualmente se encuentran afectadas han sido consultadas, es más, de todos los recintos de basurales que existen en funcionamiento sólo dos han sido objeto del sistema de evaluación de impacto ambiental, además, en ambos casos, las comunidades no han sido consultadas en atención al artículo 34 de la Ley Indígena referido a la consulta y participación de las comunidades indígenas.
Hecho similar ha ocurrido con el caso de Plantas de tratamientos de aguas servidas, donde la gran mayoría no se ha realizado estudios de impacto ambiental, no ha existido procesos sobre participación ciudadana y menos consulta a comunidades indígenas.
Así mismo, en conformidad a la legislación indígena 19.253 en sus diversas disposiciones, no se ha ni respetado, ni protegido, ni promovido el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades. Tampoco se han adoptado medidas para tales fines y se han desprotegido las tierras indígenas, no velando por su adecuada explotación y equilibrio ecológico.
2.- Con relación a las aguas, no existe información oficial CONFIABLE desde las instituciones públicas competentes sobre estudios científicos de impacto y contaminación.
La información pública disponible es el estudio realizado en el año 2003 por encargo de las propias comunidades afectadas en Boyeco, comuna de Temuco, que arrojó altos índices de contaminación sobre el límite disponible. El estudio de la Universidad de la Frontera dejó en evidencia la contaminación del estero Tromén y Cuzaco Pelahuen, a causa de los depósitos de basura en el vertedero de Boyeco.
El estero Tromén surge al interior del propio recinto del vertedero y Cuzaco Pelahuen se encuentra en las inmediaciones. Ambos suministran de agua a la población para riego de cultivos y consumo de animales e incluso humano. Hay antecedentes de una contaminación física, química y orgánica, detectándose concentración de metales pesados como plomo, níquel, mercurio, cromo y arsénico, peligrosos para la salud de los seres humanos.
Este mismo panorama se puede observar en cada uno de los recintos de basurales en la Novena Región, los cuales están mayoritariamente concentrados en comunidades mapuches (50), las cuales no cuentan con agua potable, quedando mayormente expuestas a los nefastos efectos de los vertederos en numerosos afluentes de agua de consumo humano, animal y agrícola.
3.- En relación con plantas de tratamiento de aguas servidas, no ha existido consulta a las Comunidades Mapuche, no se ha aplicado el artículo 34 de la Ley indígena relativa a consulta y participación y menos aún, se ha considerado el Derecho al consentimiento previo, libre e informado que establecen las normas internacionales de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas.
Con relación a los sitios de significación histórica y cultural emplazados por el funcionamiento de estas plantas, se puede mencionar el caso de la Comunidad Eugenio Cienfuegos de la comuna de Toltén, cuya instalación en el 2007 se realizó en medio de sus tierras afectando un sitio sagrado y ceremonial de uso ancestral llamado Ngillatuwe.
En Loncoche la PTAS primaria químicamente asistida se construye en medio de un sitio arqueológico y en terrenos que se encuentran en proceso de recuperación por la comunidad mapuche Manuel Antilef desde el año 1996.
La Comunidad Pedro Ancalef de Villarrica y la Hueche Huenulaf de Temuco, también han sido afectadas en espacios de significación cultural.
Todas estas plantas afectan directamente a tierras ancestrales del Pueblo Mapuche y sus Comunidades.
La empresa Aguas Araucanía, por medio de concesiones otorgadas por el Estado chileno en la Novena Región, en general, no ha sometido sus proyectos de inversión a estudio de impacto ambiental (EIA), el que lo obliga a medidas de evaluación, mitigación, compensación y proceso de participación ciudadana, por el contrario, la mayoría de sus plantas han sido sometidas a una declaración de impacto ambiental (DIA), el que está directamente asociada a la otorgación de permisos ambientales por los órganos públicos competentes, sin mayores obligaciones.
Dichas plantas afectan directamente a más de 42 comunidades Mapuche en 17 localidades de la región.
Por parte de la Empresa bajo amparo del Estado, de las 16 plantas de tratamiento de aguas servidas en estas 17 localidades, solo una Planta de varias que existen de tipo primaria, es decir con asistencia química y de enorme riesgo e impacto, fue sometida a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), correspondiente a la de Temuco, cuyo proceso fue viciado e irregular, que no contempló los impactos sociales, ambientales, culturales y económicos a las Comunidades, por el contrario, desconoció en todo momento su existencia y presencia. Una segunda planta, fue obligada a someterse a un EIA por los Tribunales de alzada chileno, previo interposición de un Recurso de Protección por parte de la Comunidad Mapuche afectada en la Comuna de Villarrica, con las mismas irregularidades. Ninguna de las dos por EIA contempló consulta a los indígenas y menos el consentimiento previo, libre e informado.
****************
Discriminación racial
Tal como se señalase en las medidas de alerta temprana solicitadas por los propios afectados ante el Comité, los hechos que se han descrito vulneran expresamente obligaciones tales como, no incurrir en acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y velar para que las autoridades e instituciones públicas hagan lo mismo; o la revisión de las políticas gubernamentales nacionales y locales, así como la enmienda o derogación de leyes y disposiciones reglamentarias que creen discriminación o la perpetúen.
Como se puede apreciar, el racismo hacia los mapuche también puede ser descubierto a través de este tipo de conflictos sociales y ambientales ante las políticas que autoridades y empresas privadas realizan para lograr lo que denominan "desarrollo" o "crecimiento económico" del país. Los desechos y costos de estas prácticas y sus impactos negativos al medio ambiente que nadie quiere asumir, se han llevado a las escasas tierras que hoy habitan los mapuches.
Este tipo de racismo social, ambiental y espacial, es una violación de derechos humanos y es una forma de discriminación que viene agrediendo al Medio ambiente, la salud, biodiversidad, la economía local, la calidad de vida y seguridad en comunidades. Esta discriminación racial es ocasionada por las políticas públicas o privadas, y que se manifiesta en la intención de que los costos ambientales sean asumidos por un grupo determinado de la población o en la exclusión manifiesta de este grupo en la toma de decisiones que afectan sus vidas.
Hacia un Plan de Eliminación de la Discriminación Racial
Un aspecto indispensable dentro de la extensión del derecho a la libredeterminación que tiene todo Pueblo es la ausencia de políticas o prácticas oficiales que discriminen injustamente. Es universal el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos raciales.
Ante ello, resulta de vital importancia que el Estado de Chile:
1.- Reconozca, valore y legitime a todas las Comunidades que se encuentran emplazadas por los recintos de Basurales y plantas de tratamiento de aguas servidas en la Región de la Araucanía (IX Región) como victimas de violación de derechos humanos y sobre esto, establezca mecanismos de interlocución formal, directa y representativa con todos los actores afectados en vías de reparar los derechos que les han sido vulnerados.
2.- Los pueblos y sus comunidades tienen el derecho de participar sin discriminación en la toma de decisiones a todos los niveles, con relación a asuntos que puedan afectar directamente sus derechos, vidas y destino. Pueden hacerlo directamente o a través de representantes elegidos por ellos de acuerdo a sus propios procedimientos, consagrados en la propia legislación indígena 19.253, como asimismo en las normativas internacionales de Derechos Humanos universales y de Derechos Humanos Indígenas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT, aprobado recientemente por el Congreso de Chile (En proceso de ratificación) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por el Estado de Chile el 13 de septiembre de 2007. Del mismo modo, en relación al Derecho de consulta y participación, existe una rica jurisprudencia que el propio CEDR mantiene y que debe ser atendida.
3.- Asimismo, hacer las modificaciones legales necesarias para el efectivo cumplimiento y aplicación de las convenciones y acuerdos internacionales relacionados con el resguardo y protección de los derechos de los pueblos indígenas en estas materias, como también, en el crear mecanismos de seguimiento y evaluación pública de estas normas internacionales de derechos, las que hoy no son consideradas ni aplicadas dentro del ordenamiento jurídico, político ni administrativo.
4.- Por consiguiente, resulta indispensable un establecimiento de responsabilidad internacional del Estado y la consiguiente obligación de reparar eficazmente, lo que debe contener al menos:
- Mitigación de daños y estudios confiables de impactos sociales, culturales, económicos, Ambientales y de salud.
- Compensaciones a las comunidades,
- Investigaciones administrativas y sanciones a los responsables.
- Reforma de la legislación sectorial (reglamento de EIA, código sanitario, ley general de municipalidades) para que se cumpla con la consulta y consentimiento previo, y resguardo de tierras, aguas y Recursos Naturales indígenas.
- Planes de eliminación de la discriminación Racial a través de Programas de cierres y erradicación de recintos de basurales y Plantas de Aguas Servidas.
lundi 8 septembre 2008
jeudi 4 septembre 2008
CARLOS CAYUPE QUILAPAN , FUE PUESTO EN LIBERTAD EN LA CIUDAD DE VICTORIA;LUEGO DE SER ALLANADO POR P.D.I. CHILENO.
Velasquez De La Ciudad De Victoria ,Provincia De Malleco Ha Firmar Mensualmente y Con Arresto Domiciliario,Por Lo Que Cayupe Quedo Libre ;Pero, La Investigacion Seguiría Su Curso De Forma Anónima , Para Que No Se Filtre A Los Medios De Comunicación Nacional E Internacional De Este Proceso Que Se Seguiría En Su Contra ,Para Inculparlo De Ser EL Supuesto Autor Material De La Quema De Camión En Plena Ruta 5 Sur o Carretera el 26 De Diciembre Del 2007 .Existe El Temor De Un Supuesto Montaje En Su Contra.
FAMILIA PEWENCHE HABRIA PERECIDO POR INHALACION DE MONOXIDO DE CARBONO EMANADO POR UN BRASERO
Las 6 víctimas del incendio pertenecían a una familia Mapuche Pewenche
Según los últimos antecedentes, perecieron por inhalación de monóxido de carbono emanado de un brasero que luego provocó el siniestro.
SANTA BÁRBARA.- Las seis víctimas fatales del voraz incendio que esta madrugada consumió una vivienda en Santa Bárbara eran miembros de una familia Mapuche Pewenche de la Octava Región.
Según se informó, Juana Pichinao vivía junto a una hermana y una hija en una pieza que arrendaba en un domicilio ubicado junto a la plaza de la ciudad. En ese lugar recibió a familiares –todos Mapuche Pewenche– que residían en la comunidad de Pitril, en Alto Bío Bío.
Ellos habían viajado hasta Santa Bárbara con el objetivo de trasladarse durante hoy hasta Los Ángeles, para visitar a un pariente suyo estaba internado en la UCI.
Todos dormían en la misma pieza cuando se produjo la tragedia. Según la Policía de Investigaciones, perecieron por inhalación de monóxido de carbono emanado de un brasero que tenían encendido en el lugar.
Posteriormente, se recalentó el acero del artefacto y se generó un incendio que calcinó a las víctimas y afectó otras dos viviendas emplazadas en el mismo terreno y una casa vecina, resultando cuatro personas damnificadas y tres afectadas.
Pese a que la vivienda se situaba a unos 30 metros del cuartel de Bomberos de Santa Bárbara, éstos no alcanzaron a hacer nada pues cuando llegaron la construcción ya estaba casa incendiada.
Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados hasta el Servicio Médico Legal (SML) de Los Ángeles y se les están realizando pruebas para poder identificarlos.
Según los últimos antecedentes, perecieron por inhalación de monóxido de carbono emanado de un brasero que luego provocó el siniestro.
SANTA BÁRBARA.- Las seis víctimas fatales del voraz incendio que esta madrugada consumió una vivienda en Santa Bárbara eran miembros de una familia Mapuche Pewenche de la Octava Región.
Según se informó, Juana Pichinao vivía junto a una hermana y una hija en una pieza que arrendaba en un domicilio ubicado junto a la plaza de la ciudad. En ese lugar recibió a familiares –todos Mapuche Pewenche– que residían en la comunidad de Pitril, en Alto Bío Bío.
Ellos habían viajado hasta Santa Bárbara con el objetivo de trasladarse durante hoy hasta Los Ángeles, para visitar a un pariente suyo estaba internado en la UCI.
Todos dormían en la misma pieza cuando se produjo la tragedia. Según la Policía de Investigaciones, perecieron por inhalación de monóxido de carbono emanado de un brasero que tenían encendido en el lugar.
Posteriormente, se recalentó el acero del artefacto y se generó un incendio que calcinó a las víctimas y afectó otras dos viviendas emplazadas en el mismo terreno y una casa vecina, resultando cuatro personas damnificadas y tres afectadas.
Pese a que la vivienda se situaba a unos 30 metros del cuartel de Bomberos de Santa Bárbara, éstos no alcanzaron a hacer nada pues cuando llegaron la construcción ya estaba casa incendiada.
Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados hasta el Servicio Médico Legal (SML) de Los Ángeles y se les están realizando pruebas para poder identificarlos.
mercredi 3 septembre 2008
DESPRECIO DEL HISTORIADOR CHILENO VILLALOBOS HACIA LA NACION MAPUCHE .
Los comentarios de Villalobos son dolorosos por su insensibilidad. Reflejan la existencia de un tipo de sociedad que quisiéramos ver erradicada: la de la intolerancia.El historiador Sergio Villalobos declaró que en Chile "indígenas puros propiamente no existen". Dice que existen "agrupaciones mestizas que se formaron sobre las antiguas etnias" y que los actuales descendientes, aparte de colaborar en su dominación, son responsables de haber entregado las tierras ancestrales, que cambiaban por alcohol y que hoy rige respecto de ellas el concepto de propiedad privada.Con reiterada frecuencia, la prensa conservadora atiza la estrategia de contraponer los derechos indígenas ancestrales con una teoría discriminatoria y racista, de la cual Villalobos o Gonzalo Vial o editorialistas de estos medios dominantes son exponentes. Una sociedad democrática, que camina hacia la idea de una sociedad tolerante, inclusiva y no discriminatoria, no puede sino observar con preocupación que estos conceptos vertidos por el historiador no sólo son injustos, amén de equivocados, sino que despiertan una natural indignación.La sociedad chilena tiene un fuerte componente mestizo que supera a la población indígena. Pero los indígenas puros no han desaparecido, por mucho que hubo intentos genocidas, en especial bajo gobiernos conservadores y dictaduras militares, y están en muchas comunidades originarias del campo e incluso de las ciudades. La prueba radica en la conformación familiar, la herencia cultural y genética de las familias indígenas, tema que no requiere mayor argumentación. Lo preocupante de estas declaraciones es que esa forma de referirse a nuestros pueblos indígenas revive un permanente interés dominante y conservador de evadir un tema de fondo: Chile es un país racista, intolerante, discriminativo y excluyente para nuestros indígenas. Ha costado muchas décadas abrir caminos al reconocimiento de una deuda histórica, lo que se logró en parte en abril de 2004 con el Informe Presidencial de Verdad y Nuevo Trato.¿Ignora Villalobos que la pacificación de la Araucanía implicó que el Estado invadió las tierras indígenas y contra la voluntad de nuestros pueblos las declaró "tierras fiscales" porque asumió que no tenían dueños o eran terrenos baldíos? ¿Ignora que muchas de las actuales haciendas o grandes territorios usurpados de este modo a los indígenas chilenos implicó su exilio interno, su desarraigo cultural, la pobreza y la marginalidad que durante décadas han dominado la relación entre indígenas y chilenos? Denuncia que existen agitadores, amparados por antropólogos y entidades que abren camino a la delincuencia y a un supuesto terrorismo, pero nada dice sobre los hechos de inseguridad que afectan a los indígenas, por la acción de terceros que invaden sus tierras, acosan a sus dirigentes, atemorizan a las comunidades e incitan a la violencia. ¿Tiene resuelto Villalobos el origen de los actos delictuales ocurridos en Vilcún y alrededores? A lo menos, debiéramos pensar en la responsabilidad de grupos interesados en evitar que los derechos indígenas se instalen con justicia y conforme al derecho. Se hace indispensable desnudar a quienes forman estos grupos y a quienes los amparan.En Chile los gobiernos de la Concertación han realizado importantes esfuerzos para reconocer los derechos de nuestros pueblos indígenas. Lo ha hecho también Naciones Unidas con la declaración universal aprobada en septiembre pasado. Lo ha planteado la Iglesia y cabe recordar que todos los candidatos presidenciales desde 1999 a la fecha -sin excepción- han comprometido su voluntad para abrir caminos a este reconocimiento. Los indígenas constituimos una diversidad de pueblos que existíamos desde antes de la instalación del Estado independiente. Los derechos fueron subyugados y el patrimonio confiscado de muchas maneras. A los indígenas la sociedad los escondió, los redujo y los invisibilizó. Sobrevivieron solamente por la fuerza de su cosmovisión y la transmisión oral de nuestro lonkos, lamgen y caciques. En algunos momentos recuperaron parte de sus derechos. En otros, como en la dictadura, mediante un decreto ignominioso, se les quiso borrar del léxico político y jurídico. La dictadura dijo en 1978 que en Chile no existían indígenas.Los comentarios de Villalobos son dolorosos por su insensibilidad. Sus palabras reflejan la existencia de un tipo de sociedad que quisiéramos ver erradicada: la de la intolerancia. Nos conforta, sin embargo, el que la voluntad presidencial es sólida en cuanto a cautelar que antes de 2010 Chile habrá cumplido parte fundamental de sus compromisos con los valores y derechos de nuestros indígenas.
mardi 2 septembre 2008
DANIEL ALVEAL LEVICURA , PRESO POLITICO MAPUCHE, DESDE LA CARCEL DE VICTORIA AL MUNDO .
Desde la Cárcel de la ciudad de Victoria, yo Daniel Ricardo Alveal Levicura. Miembro de la Comunidad Mapuche Ignacio Queipul Millanao TEMUCUICUI nº 2, vengo en denunciar la continua persecución policial hacia mi persona y familia. Alrededor de las 6:30 de la madrugada, del día 27 de agosto del 2008, mientras me encontraba en mi vivienda junto a mi familia en la localidad de Santa Filomena, comuna de Victoria, un gigantesco número de carros policiales y efectivos de la policía de investigaciones de la ciudad de Victoria, irrumpió violentamente mi vivienda destruyendo y dando vuelta todos nuestros enceres, mientras mi esposa se encontraba amarrada en el suelo, siempre con prepotencia, amenazas e insultos racistas, procedieron a detenerme junto a mi esposa e hija de tan solo 5 años, amarrados nos ingresaron a unos de los carros policiales y traslado hasta el cuartel de la policía de investigaciones de dicha ciudad. Una vez en el cuartel, todos los efectivos policiales nuevamente se dirigieron a mi vivienda ahora para allanarla, donde registraron completamente la casa hasta en el sobre techo, destruyendo todo, llevándose herramientas de trabajo como 2 motosierras, hacha, serrucho, lima, ropa, zapatos, fotos familiares y cédula de identidad y $ 500.000, dinero que estaba destinado para cancelar metros ruma, rubro al que me dedico hace bastante tiempo. Posteriormente a las 15:30 hora, fui trasladado bajo fuerte medida de seguridad hasta el Tribunal de Garantía de la ciudad de Victoria, donde procedieron a formalizarme por delitos de amenazas, porte y tenencia ilegal de armas de fuego. En este lugar todas estas herramientas y ropa de trabajo, la Fiscalía del Ministerio Público lo ha exhibido como pruebas para inculparme y preparar este nuevo montaje que se está armando para buscar condenarme. En cuanto a las armas que me han requisado están debidamente inscritas a mi nombre y las amenazas son completamente falsas, esto porque jamás he amenazado a ningún trabajador forestal. En las últimas semanas se han producido graves hechos de violencia en la zona, donde diferentes parlamentarios de derecha (RN, UDI) agricultores agrupados a la SOFO, gremios de Camioneros, han formulado al Gobierno, denuncia de inoperancia de las policías en detener estos ilícitos, ente esta denuncia el Gobierno se ha empeñado en mostrar de manera descontrolada y errada su eficacia en las investigaciones y me han utilizado para mostrar logros ente estas denuncias. Por esta razón rechazo enérgicamente este montaje que se está realizando por parte del Ministerio Público en mi contra, debido a que no he tenido ningún tipo de participación en dicho ilícitos y menos pertenecer a alguna organización, si no un joven Mapuche que trabaja las tierras que se han recuperado. Esta persecución policial en mi contra se arrastra por varios años, primero el particular René Urban me acusó de amenazas por la que me condenaron, posteriormente me trasladé desde la Comunidad Autónoma Mapuche de TEMUCUICUI, al sector de Santa Filomena, lugar donde habito actualmente hace 3 años, en estos momentos mi trabajo consiste en la compra y venta de madera que extraigo de diferentes Comunidades Mapuche de Victoria y Ercilla, en esta actividad constantemente las diferentes policías me han detenido, revisado en innumerable ocasión mi camioneta, sin que me dejen trabajar y transitar libremente. En estos momentos me encuentro injustamente encarcelado y privado de libertad, con mi familia totalmente destruida y abandonada, desde este lugar de castigo, del Estado Chileno hacia el Pueblo Mapuche, hago un amplio llamado a las comunidades y organizaciones Mapuche, Organismos de Derechos Humanos a denunciar estos montajes, solidarizar y a estar atentos a nuevos allanamientos anunciados por el gobierno a mi Comunidad de origen Comunidad Autónoma TEMUCUICUI. Desde la Cárcel de la ciudad de VictoriaDaniel Alveal LevicuraPreso Político Mapuche. 29 de agosto del 2008.
lundi 1 septembre 2008
Blog de la Comunidad autónoma de Temucuicui
Marri marri pu peñi, pu lamuen ka kom pu wenui.
Este es el Blog oficial de la Comunidad de Temucuicui.
Cualquier consulta la pueden realizar a este correo: comunidadtemucuicui@gmail.com
Chaltu mai.
http://comunidadtemucuicui.blogspot.com/
Este es el Blog oficial de la Comunidad de Temucuicui.
Cualquier consulta la pueden realizar a este correo: comunidadtemucuicui@gmail.com
Chaltu mai.
http://comunidadtemucuicui.blogspot.com/
“LOS GOBIERNOS DEMOCRATICOS NO HAN ESCUCHADO AL PUEBLO MAPUCHE”
Torturas y violencia en allanamientos policiales a comunidades mapuches denuncia el abogado José Aylwin, quien también reprocha al ministro del Interior su interés por complacer a los empresarios agrícolas y jamás interesarse por las violaciones de los derechos humanos de los indígenas.
Por Libio Pérez / La Nación Domingo
Habla pausado pero con fuerza para decir que los pueblos indígenas sufren un permanente maltrato, que sus derechos son atropellados y que se está generando un espiral de violencia que el Estado tiene la obligación de frenar. Para esto, el codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin, demanda que las autoridades establezcan un marco jurídico de reconocimiento a los pueblos originarios, promoción de sus derechos, desarrollo, cultura y autodeterminación, así como el respeto a la dignidad de éstos.
Este abogado de la Universidad de Chile, como su padre, el ex Presidente Patricio Aylwin, acusa a los gobiernos de la Concertación de doble estándar en el desarrollo de sus políticas hacia los pueblos indígenas, porque genera programas y entidades para enfrentar sus problemas, pero finalmente optan por privilegiar las inversiones privadas que desplazan y empobrecen a las comunidades al sur del Biobío.
Durante diez años, en tiempos de la dictadura, José Aylwin trabajó en la Comisión Chilena de Defensa de los Derechos Humanos, por eso cuando habla de detenciones ilegales, violencia policial y torturas sabe a qué se refiere. Vive cercano a las comunidades y denuncia que el más reciente allanamiento policial en Ercilla fue hecho con violencia contra los hogares de diez familias y con una orden judicial que nadie vio. Pero también le preocupa y condena las acciones de violencia que producen los comuneros, pero se las explica.
La Araucanía vive un nuevo episodio de tensión, ataques a agricultores, allanamientos policiales a comunidades mapuches, denuncias de atropellos. ¿Qué está sucediendo realmente?
Cada cierto tiempo en esta región ocurren hechos de violencia en el marco de conflictos interétnicos que aquí han existido desde hace mucho tiempo y que ha sido mal llamado "el conflicto mapuche", porque siempre una disputa tiene más de una parte. Este es un conflicto histórico que ha alcanzado mayor intensidad desde 1997 en adelante y tiene que ver con la protesta social mapuche, que mayoritariamente se ejerce de forma pacífica, a través de la organización y del ejercicio del derecho de petición. A veces esta protesta se expresa en acciones de fuerza.
¿Qué cambió en 1997 que hizo crecer la protesta mapuche?
El hecho detonante fue la intervención por parte del Gobierno de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena [Conadi], un órgano que fue pensado como de cogestión de la política pública entre los pueblos indígenas y el Gobierno. En 1997 Conadi tenía que pronunciarse sobre las permutas de tierras por la central Ralco y el Ejecutivo intervino el consejo, cambiando al director y modificando las mayorías. Esto coincide con la proliferación de proyectos de inversión o lo que llamamos la expansión de la economía global hacia los territorios indígenas, ricos en recursos naturales, que en el caso de los territorios mapuches se expresan en proyectos forestales o hidroeléctricos.
¿Y esto generó la protesta social mapuche?
A lo anterior se agrega un hecho de fuerza que se produjo en Lumaco, en contra de camiones de una empresa forestal. Estos dos factores, la exclusión que produce el Gobierno de la gestión en Conadi y la expansión de la economía global impuesta a territorios indígenas, sin consultas y participación, generan un descontento que determina la marginación de gran parte del movimiento mapuche, el que a su vez inicia una estrategia de protesta social, la que se ha manifestado en forma pacífica, pero que en ocasiones también ha desarrollado acciones de fuerza. Éstas, sin embargo, en lo fundamental son contra propiedades.
Las quemas de casas patronales, establos, vehículos
Sí, y estas acciones de fuerza han sido perseguidas por el Estado, judicialmente, y en particular durante el Gobierno de Lagos con la aplicación de la Ley Antiterrorista, con lo que una decena de dirigentes mapuches fueron encarcelados y juzgados. También fueron perseguidas a través de la represión policial, cotidiana y permanente. Nosotros y otros organismos hemos documentado allanamientos de comunidades, acciones de fuerza contra mujeres y niños, aplicación de torturas y en dos casos hubo acciones que terminaron con la muerte de dos comuneros, de las que son responsables agentes del Estado, carabineros en ambas ocasiones. Se trata de los casos de Alex Lemún, el 2001, y Matías Catrileo, en enero de este año.
¿Y esos casos de atropellos que denuncian los conoce el Gobierno?
Llama la atención la pasividad que han tenido los gobiernos bajo los cuales han sucedido estos hechos. No han atendido estas denuncias. Es inexplicable que la propia Presidenta Bachelet no haya escuchado las denuncias del pueblo mapuche que apuntan hacia agentes del Estado. Incluso el ministro del Interior llegó a negar la recepción de denuncias de hechos sucedidos en Ercilla en febrero, cuando documentamos casos que, a la luz del derecho internacional, pueden calificarse de torturas. No logro entender por qué un Gobierno democrático no pone atención a estos atropellos, pero cuando las denuncias de ataques a la propiedad provienen de empresarios agrícolas y sus parlamentarios, son atendidas de inmediato. Al punto que el propio ministro Edmundo Pérez Yoma vino hasta la zona a conversar con ellos. Desde que trabajamos en el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, nunca una autoridad del rango del ministro del Interior ha venido a la región a atender las denuncias por torturas, allanamientos sin órdenes judiciales o la muerte de personas.
¿Y en tribunales?
Los casos han sido llevados a la justicia. Pero los delitos cometidos por agentes policiales son investigados por la justicia militar. Esto es muy grave, según los organismos internacionales, que han pedido que esto sea reformado. Pero las reformas que están en el Congreso, aunque insuficientes, no han avanzado. Los casos denunciados por torturas han sido sobreseídos, no han determinado responsabilidades. El caso de la muerte de Alex Lemún fue sobreseído y el carabinero que disparó sigue en servicio activo. El carabinero que disparó y mató a Matías Catrileo está procesado, pero está en libertad y en servicio activo. Esto genera impunidad, que es otra forma de violencia.
El senador RN Alberto Espina, por ejemplo, dice que en la Araucanía actúan grupos paraguerrilleros, con estructura de mando, uniformados y armados. El propio ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, dijo acá en Temuco que operan "subversivos"
Me llama la atención la reacción de los empresarios agrícolas y de los parlamentarios que los representan, y cómo se hace eco el Gobierno al entender esto como si fuera sólo un problema de seguridad y policial. Se trata de un problema de relaciones interétnicas, de política pública, de reconocimiento y ejercicio de derechos. Las imputaciones de que el movimiento indígena realiza acciones terroristas, que tiene estructura paramilitar, vínculos con ETA, las FARC, Lautaro, los zapatistas, incluso Al Qaeda, no han sido demostradas. Pero cada cierto tiempo están en el discurso del senador Espina y representantes del empresariado.
Pero ha habido hechos de violencia
Sí, pero han afectado principalmente al pueblo mapuche, con los allanamientos, los casos de torturas e incluso muerte. Pero sobre todo ha afectado al pueblo mapuche por la privación de sus tierras ancestrales por parte de empresarios agrícolas y ahora de sus recursos naturales por empresas forestales; ellos imponen sus proyectos de inversión sin consultas y sin participación en los beneficios. Eso genera violencia. La expansión de actividades agrícolas sobre territorios que ancestralmente pertenecieron al pueblo mapuche reconocidos en títulos de merced primero, luego en la reforma agraria es una forma de violencia que cotidianamente viven las comunidades.
Pero muchos dicen que esos proyectos traen desarrollo y empleo
La forestación en más de dos millones de hectáreas al sur del Biobío, con especies de rápido crecimiento, ha generado un impacto devastador en el pueblo mapuche. La economía forestal es avasalladora porque expulsa a la población, porque no requiere una gran cantidad de mano de obra y además produce impactos ambientales de proporciones que han sido negados. Donde se ha implantado la forestación con especies exóticas hay éxodo de población, la que va a parar a las ciudades y localidades urbanas donde se concentra la mayor pobreza del país. Si esto no es violencia, ¿qué es?
La forestal es una de las actividades de punta de la economía chilena
El Estado ha hecho la opción de avalar y expandir la economía global hacia los territorios indígenas. Esto no es diferente a lo que ocurre en el norte con los pueblos andinos, donde la minería se ha apropiado de las aguas ancestrales y también ha producido desplazamiento de indígenas hacia la costa. El Estado ha tenido una política dual hacia los pueblos indígenas: quiere resolver los problemas históricos, pero busca insertar esos territorios en la economía global.
¿Cómo se manifiesta esa dualidad?
Chile se inserta en la economía mundial con la exportación de recursos naturales, los que están principalmente en territorios indígenas. La minería que está en territorios ancestrales de los pueblos andinos, la forestación que se desarrolla al sur del Biobío; asimismo, en la salmonicultura, donde habitan los mapuches huilliches. También ahora con las hidroeléctricas con aguas dentro de territorios indígenas desde el Biobío al sur. Cada vez que el Gobierno tiene que tomar una decisión entre el respeto a los derechos indígenas y los planes de inversión de las empresas, termina privilegiando la opción de la economía global. Y es ahí donde surge la protesta social, que tiene como respuesta la represión, los allanamientos, la tortura y la criminalización.
“Los recursos son repartidos en la Concertación”
–¿Cómo evalúa el trabajo de Conadi?
–Hay un esfuerzo de Conadi, y desde 2001 con el Programa Orígenes, por abordar estos problemas, el de propiedad de la tierra y el desarrollo económico y cultural. Hay logros importantes, cifras oficiales indican que habría medio millón de hectáreas que han sido destinadas al pueblo indígena. Pero buena parte de esa cifra corresponde a tierras regularizadas, que ya estaban en poder de las comunidades. Otra parte corresponde a tierras fiscales, tituladas a favor de pueblos indígenas. Las tierras de ampliación, adquiridas por el Fondo de Tierras y a través del mercado, no superan las 100 mil hectáreas. Pero los recursos destinados a esto son insuficientes. Todavía hay unas 200 mil hectáreas que demanda el pueblo mapuche y que están en lista de espera. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su informe del 2007, constata que el Estado chileno tiene una demora en la delimitación y titulación de las tierras indígenas. Es sobre estas tierras donde hay proyectos de forestación. Pero también hay problemas en la entrega de tierras.
–Por ejemplo…
–A veces se entregan tierras a comunidades que no eran parte de ese territorio, son comunidades relocalizadas, y eso genera tensión. También se han beneficiado comunidades que tienen relación con consejeros de la Conadi. En otros casos se privilegia a sectores por sobre las comunidades que ahí habitaron y que les fueron privadas por empresarios agrícolas; eso ha generado conflictos intracomunitarios de graves proporciones.
¿Y el Programa Orígenes?
–Hay dos lecturas. Una es que la Conadi destina el 75% de sus recursos a la política de tierras y no necesariamente apoya los proyectos de desarrollo que interesan a los pueblos indígenas. Por eso surge el 2000 el Programa Orígenes, con fondos de Mideplan y el BID. La otra lectura es que el Orígenes surge en el contexto del conflicto por tierras, como mecanismo de cooptación.
–¿Cómo es esa cooptación?
–Por la vía del involucramiento de las comunidades en los programas de subsidios para el desarrollo productivo, educación y salud interculturales y apoyo a la organización. Los análisis nuestros y del propio BID indican que esos recursos fueron muchas veces usados de forma inadecuada, con criterios político-partidarios. Hay una evidente distribución de los recursos entre los partidos de la Concertación, y lejos de potenciar la organización de las comunidades indígenas las ha fragmentado y debilitado.
Por Libio Pérez / La Nación Domingo
Habla pausado pero con fuerza para decir que los pueblos indígenas sufren un permanente maltrato, que sus derechos son atropellados y que se está generando un espiral de violencia que el Estado tiene la obligación de frenar. Para esto, el codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin, demanda que las autoridades establezcan un marco jurídico de reconocimiento a los pueblos originarios, promoción de sus derechos, desarrollo, cultura y autodeterminación, así como el respeto a la dignidad de éstos.
Este abogado de la Universidad de Chile, como su padre, el ex Presidente Patricio Aylwin, acusa a los gobiernos de la Concertación de doble estándar en el desarrollo de sus políticas hacia los pueblos indígenas, porque genera programas y entidades para enfrentar sus problemas, pero finalmente optan por privilegiar las inversiones privadas que desplazan y empobrecen a las comunidades al sur del Biobío.
Durante diez años, en tiempos de la dictadura, José Aylwin trabajó en la Comisión Chilena de Defensa de los Derechos Humanos, por eso cuando habla de detenciones ilegales, violencia policial y torturas sabe a qué se refiere. Vive cercano a las comunidades y denuncia que el más reciente allanamiento policial en Ercilla fue hecho con violencia contra los hogares de diez familias y con una orden judicial que nadie vio. Pero también le preocupa y condena las acciones de violencia que producen los comuneros, pero se las explica.
La Araucanía vive un nuevo episodio de tensión, ataques a agricultores, allanamientos policiales a comunidades mapuches, denuncias de atropellos. ¿Qué está sucediendo realmente?
Cada cierto tiempo en esta región ocurren hechos de violencia en el marco de conflictos interétnicos que aquí han existido desde hace mucho tiempo y que ha sido mal llamado "el conflicto mapuche", porque siempre una disputa tiene más de una parte. Este es un conflicto histórico que ha alcanzado mayor intensidad desde 1997 en adelante y tiene que ver con la protesta social mapuche, que mayoritariamente se ejerce de forma pacífica, a través de la organización y del ejercicio del derecho de petición. A veces esta protesta se expresa en acciones de fuerza.
¿Qué cambió en 1997 que hizo crecer la protesta mapuche?
El hecho detonante fue la intervención por parte del Gobierno de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena [Conadi], un órgano que fue pensado como de cogestión de la política pública entre los pueblos indígenas y el Gobierno. En 1997 Conadi tenía que pronunciarse sobre las permutas de tierras por la central Ralco y el Ejecutivo intervino el consejo, cambiando al director y modificando las mayorías. Esto coincide con la proliferación de proyectos de inversión o lo que llamamos la expansión de la economía global hacia los territorios indígenas, ricos en recursos naturales, que en el caso de los territorios mapuches se expresan en proyectos forestales o hidroeléctricos.
¿Y esto generó la protesta social mapuche?
A lo anterior se agrega un hecho de fuerza que se produjo en Lumaco, en contra de camiones de una empresa forestal. Estos dos factores, la exclusión que produce el Gobierno de la gestión en Conadi y la expansión de la economía global impuesta a territorios indígenas, sin consultas y participación, generan un descontento que determina la marginación de gran parte del movimiento mapuche, el que a su vez inicia una estrategia de protesta social, la que se ha manifestado en forma pacífica, pero que en ocasiones también ha desarrollado acciones de fuerza. Éstas, sin embargo, en lo fundamental son contra propiedades.
Las quemas de casas patronales, establos, vehículos
Sí, y estas acciones de fuerza han sido perseguidas por el Estado, judicialmente, y en particular durante el Gobierno de Lagos con la aplicación de la Ley Antiterrorista, con lo que una decena de dirigentes mapuches fueron encarcelados y juzgados. También fueron perseguidas a través de la represión policial, cotidiana y permanente. Nosotros y otros organismos hemos documentado allanamientos de comunidades, acciones de fuerza contra mujeres y niños, aplicación de torturas y en dos casos hubo acciones que terminaron con la muerte de dos comuneros, de las que son responsables agentes del Estado, carabineros en ambas ocasiones. Se trata de los casos de Alex Lemún, el 2001, y Matías Catrileo, en enero de este año.
¿Y esos casos de atropellos que denuncian los conoce el Gobierno?
Llama la atención la pasividad que han tenido los gobiernos bajo los cuales han sucedido estos hechos. No han atendido estas denuncias. Es inexplicable que la propia Presidenta Bachelet no haya escuchado las denuncias del pueblo mapuche que apuntan hacia agentes del Estado. Incluso el ministro del Interior llegó a negar la recepción de denuncias de hechos sucedidos en Ercilla en febrero, cuando documentamos casos que, a la luz del derecho internacional, pueden calificarse de torturas. No logro entender por qué un Gobierno democrático no pone atención a estos atropellos, pero cuando las denuncias de ataques a la propiedad provienen de empresarios agrícolas y sus parlamentarios, son atendidas de inmediato. Al punto que el propio ministro Edmundo Pérez Yoma vino hasta la zona a conversar con ellos. Desde que trabajamos en el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, nunca una autoridad del rango del ministro del Interior ha venido a la región a atender las denuncias por torturas, allanamientos sin órdenes judiciales o la muerte de personas.
¿Y en tribunales?
Los casos han sido llevados a la justicia. Pero los delitos cometidos por agentes policiales son investigados por la justicia militar. Esto es muy grave, según los organismos internacionales, que han pedido que esto sea reformado. Pero las reformas que están en el Congreso, aunque insuficientes, no han avanzado. Los casos denunciados por torturas han sido sobreseídos, no han determinado responsabilidades. El caso de la muerte de Alex Lemún fue sobreseído y el carabinero que disparó sigue en servicio activo. El carabinero que disparó y mató a Matías Catrileo está procesado, pero está en libertad y en servicio activo. Esto genera impunidad, que es otra forma de violencia.
El senador RN Alberto Espina, por ejemplo, dice que en la Araucanía actúan grupos paraguerrilleros, con estructura de mando, uniformados y armados. El propio ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, dijo acá en Temuco que operan "subversivos"
Me llama la atención la reacción de los empresarios agrícolas y de los parlamentarios que los representan, y cómo se hace eco el Gobierno al entender esto como si fuera sólo un problema de seguridad y policial. Se trata de un problema de relaciones interétnicas, de política pública, de reconocimiento y ejercicio de derechos. Las imputaciones de que el movimiento indígena realiza acciones terroristas, que tiene estructura paramilitar, vínculos con ETA, las FARC, Lautaro, los zapatistas, incluso Al Qaeda, no han sido demostradas. Pero cada cierto tiempo están en el discurso del senador Espina y representantes del empresariado.
Pero ha habido hechos de violencia
Sí, pero han afectado principalmente al pueblo mapuche, con los allanamientos, los casos de torturas e incluso muerte. Pero sobre todo ha afectado al pueblo mapuche por la privación de sus tierras ancestrales por parte de empresarios agrícolas y ahora de sus recursos naturales por empresas forestales; ellos imponen sus proyectos de inversión sin consultas y sin participación en los beneficios. Eso genera violencia. La expansión de actividades agrícolas sobre territorios que ancestralmente pertenecieron al pueblo mapuche reconocidos en títulos de merced primero, luego en la reforma agraria es una forma de violencia que cotidianamente viven las comunidades.
Pero muchos dicen que esos proyectos traen desarrollo y empleo
La forestación en más de dos millones de hectáreas al sur del Biobío, con especies de rápido crecimiento, ha generado un impacto devastador en el pueblo mapuche. La economía forestal es avasalladora porque expulsa a la población, porque no requiere una gran cantidad de mano de obra y además produce impactos ambientales de proporciones que han sido negados. Donde se ha implantado la forestación con especies exóticas hay éxodo de población, la que va a parar a las ciudades y localidades urbanas donde se concentra la mayor pobreza del país. Si esto no es violencia, ¿qué es?
La forestal es una de las actividades de punta de la economía chilena
El Estado ha hecho la opción de avalar y expandir la economía global hacia los territorios indígenas. Esto no es diferente a lo que ocurre en el norte con los pueblos andinos, donde la minería se ha apropiado de las aguas ancestrales y también ha producido desplazamiento de indígenas hacia la costa. El Estado ha tenido una política dual hacia los pueblos indígenas: quiere resolver los problemas históricos, pero busca insertar esos territorios en la economía global.
¿Cómo se manifiesta esa dualidad?
Chile se inserta en la economía mundial con la exportación de recursos naturales, los que están principalmente en territorios indígenas. La minería que está en territorios ancestrales de los pueblos andinos, la forestación que se desarrolla al sur del Biobío; asimismo, en la salmonicultura, donde habitan los mapuches huilliches. También ahora con las hidroeléctricas con aguas dentro de territorios indígenas desde el Biobío al sur. Cada vez que el Gobierno tiene que tomar una decisión entre el respeto a los derechos indígenas y los planes de inversión de las empresas, termina privilegiando la opción de la economía global. Y es ahí donde surge la protesta social, que tiene como respuesta la represión, los allanamientos, la tortura y la criminalización.
“Los recursos son repartidos en la Concertación”
–¿Cómo evalúa el trabajo de Conadi?
–Hay un esfuerzo de Conadi, y desde 2001 con el Programa Orígenes, por abordar estos problemas, el de propiedad de la tierra y el desarrollo económico y cultural. Hay logros importantes, cifras oficiales indican que habría medio millón de hectáreas que han sido destinadas al pueblo indígena. Pero buena parte de esa cifra corresponde a tierras regularizadas, que ya estaban en poder de las comunidades. Otra parte corresponde a tierras fiscales, tituladas a favor de pueblos indígenas. Las tierras de ampliación, adquiridas por el Fondo de Tierras y a través del mercado, no superan las 100 mil hectáreas. Pero los recursos destinados a esto son insuficientes. Todavía hay unas 200 mil hectáreas que demanda el pueblo mapuche y que están en lista de espera. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su informe del 2007, constata que el Estado chileno tiene una demora en la delimitación y titulación de las tierras indígenas. Es sobre estas tierras donde hay proyectos de forestación. Pero también hay problemas en la entrega de tierras.
–Por ejemplo…
–A veces se entregan tierras a comunidades que no eran parte de ese territorio, son comunidades relocalizadas, y eso genera tensión. También se han beneficiado comunidades que tienen relación con consejeros de la Conadi. En otros casos se privilegia a sectores por sobre las comunidades que ahí habitaron y que les fueron privadas por empresarios agrícolas; eso ha generado conflictos intracomunitarios de graves proporciones.
¿Y el Programa Orígenes?
–Hay dos lecturas. Una es que la Conadi destina el 75% de sus recursos a la política de tierras y no necesariamente apoya los proyectos de desarrollo que interesan a los pueblos indígenas. Por eso surge el 2000 el Programa Orígenes, con fondos de Mideplan y el BID. La otra lectura es que el Orígenes surge en el contexto del conflicto por tierras, como mecanismo de cooptación.
–¿Cómo es esa cooptación?
–Por la vía del involucramiento de las comunidades en los programas de subsidios para el desarrollo productivo, educación y salud interculturales y apoyo a la organización. Los análisis nuestros y del propio BID indican que esos recursos fueron muchas veces usados de forma inadecuada, con criterios político-partidarios. Hay una evidente distribución de los recursos entre los partidos de la Concertación, y lejos de potenciar la organización de las comunidades indígenas las ha fragmentado y debilitado.
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