“LOS GOBIERNOS DEMOCRATICOS NO HAN ESCUCHADO AL PUEBLO MAPUCHE”

Torturas y violencia en allanamientos policiales a comunidades mapuches denuncia el abogado José Aylwin, quien también reprocha al ministro del Interior su interés por complacer a los empresarios agrícolas y jamás interesarse por las violaciones de los derechos humanos de los indígenas.
Por Libio Pérez / La Nación Domingo
Habla pausado pero con fuerza para decir que los pueblos indígenas sufren un permanente maltrato, que sus derechos son atropellados y que se está generando un espiral de violencia que el Estado tiene la obligación de frenar. Para esto, el codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin, demanda que las autoridades establezcan un marco jurídico de reconocimiento a los pueblos originarios, promoción de sus derechos, desarrollo, cultura y autodeterminación, así como el respeto a la dignidad de éstos.
Este abogado de la Universidad de Chile, como su padre, el ex Presidente Patricio Aylwin, acusa a los gobiernos de la Concertación de doble estándar en el desarrollo de sus políticas hacia los pueblos indígenas, porque genera programas y entidades para enfrentar sus problemas, pero finalmente optan por privilegiar las inversiones privadas que desplazan y empobrecen a las comunidades al sur del Biobío.
Durante diez años, en tiempos de la dictadura, José Aylwin trabajó en la Comisión Chilena de Defensa de los Derechos Humanos, por eso cuando habla de detenciones ilegales, violencia policial y torturas sabe a qué se refiere. Vive cercano a las comunidades y denuncia que el más reciente allanamiento policial en Ercilla fue hecho con violencia contra los hogares de diez familias y con una orden judicial que nadie vio. Pero también le preocupa y condena las acciones de violencia que producen los comuneros, pero se las explica.
La Araucanía vive un nuevo episodio de tensión, ataques a agricultores, allanamientos policiales a comunidades mapuches, denuncias de atropellos. ¿Qué está sucediendo realmente?
Cada cierto tiempo en esta región ocurren hechos de violencia en el marco de conflictos interétnicos que aquí han existido desde hace mucho tiempo y que ha sido mal llamado "el conflicto mapuche", porque siempre una disputa tiene más de una parte. Este es un conflicto histórico que ha alcanzado mayor intensidad desde 1997 en adelante y tiene que ver con la protesta social mapuche, que mayoritariamente se ejerce de forma pacífica, a través de la organización y del ejercicio del derecho de petición. A veces esta protesta se expresa en acciones de fuerza.
¿Qué cambió en 1997 que hizo crecer la protesta mapuche?
El hecho detonante fue la intervención por parte del Gobierno de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena [Conadi], un órgano que fue pensado como de cogestión de la política pública entre los pueblos indígenas y el Gobierno. En 1997 Conadi tenía que pronunciarse sobre las permutas de tierras por la central Ralco y el Ejecutivo intervino el consejo, cambiando al director y modificando las mayorías. Esto coincide con la proliferación de proyectos de inversión o lo que llamamos la expansión de la economía global hacia los territorios indígenas, ricos en recursos naturales, que en el caso de los territorios mapuches se expresan en proyectos forestales o hidroeléctricos.
¿Y esto generó la protesta social mapuche?
A lo anterior se agrega un hecho de fuerza que se produjo en Lumaco, en contra de camiones de una empresa forestal. Estos dos factores, la exclusión que produce el Gobierno de la gestión en Conadi y la expansión de la economía global impuesta a territorios indígenas, sin consultas y participación, generan un descontento que determina la marginación de gran parte del movimiento mapuche, el que a su vez inicia una estrategia de protesta social, la que se ha manifestado en forma pacífica, pero que en ocasiones también ha desarrollado acciones de fuerza. Éstas, sin embargo, en lo fundamental son contra propiedades.
Las quemas de casas patronales, establos, vehículos
Sí, y estas acciones de fuerza han sido perseguidas por el Estado, judicialmente, y en particular durante el Gobierno de Lagos con la aplicación de la Ley Antiterrorista, con lo que una decena de dirigentes mapuches fueron encarcelados y juzgados. También fueron perseguidas a través de la represión policial, cotidiana y permanente. Nosotros y otros organismos hemos documentado allanamientos de comunidades, acciones de fuerza contra mujeres y niños, aplicación de torturas y en dos casos hubo acciones que terminaron con la muerte de dos comuneros, de las que son responsables agentes del Estado, carabineros en ambas ocasiones. Se trata de los casos de Alex Lemún, el 2001, y Matías Catrileo, en enero de este año.
¿Y esos casos de atropellos que denuncian los conoce el Gobierno?
Llama la atención la pasividad que han tenido los gobiernos bajo los cuales han sucedido estos hechos. No han atendido estas denuncias. Es inexplicable que la propia Presidenta Bachelet no haya escuchado las denuncias del pueblo mapuche que apuntan hacia agentes del Estado. Incluso el ministro del Interior llegó a negar la recepción de denuncias de hechos sucedidos en Ercilla en febrero, cuando documentamos casos que, a la luz del derecho internacional, pueden calificarse de torturas. No logro entender por qué un Gobierno democrático no pone atención a estos atropellos, pero cuando las denuncias de ataques a la propiedad provienen de empresarios agrícolas y sus parlamentarios, son atendidas de inmediato. Al punto que el propio ministro Edmundo Pérez Yoma vino hasta la zona a conversar con ellos. Desde que trabajamos en el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, nunca una autoridad del rango del ministro del Interior ha venido a la región a atender las denuncias por torturas, allanamientos sin órdenes judiciales o la muerte de personas.
¿Y en tribunales?
Los casos han sido llevados a la justicia. Pero los delitos cometidos por agentes policiales son investigados por la justicia militar. Esto es muy grave, según los organismos internacionales, que han pedido que esto sea reformado. Pero las reformas que están en el Congreso, aunque insuficientes, no han avanzado. Los casos denunciados por torturas han sido sobreseídos, no han determinado responsabilidades. El caso de la muerte de Alex Lemún fue sobreseído y el carabinero que disparó sigue en servicio activo. El carabinero que disparó y mató a Matías Catrileo está procesado, pero está en libertad y en servicio activo. Esto genera impunidad, que es otra forma de violencia.
El senador RN Alberto Espina, por ejemplo, dice que en la Araucanía actúan grupos paraguerrilleros, con estructura de mando, uniformados y armados. El propio ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, dijo acá en Temuco que operan "subversivos"
Me llama la atención la reacción de los empresarios agrícolas y de los parlamentarios que los representan, y cómo se hace eco el Gobierno al entender esto como si fuera sólo un problema de seguridad y policial. Se trata de un problema de relaciones interétnicas, de política pública, de reconocimiento y ejercicio de derechos. Las imputaciones de que el movimiento indígena realiza acciones terroristas, que tiene estructura paramilitar, vínculos con ETA, las FARC, Lautaro, los zapatistas, incluso Al Qaeda, no han sido demostradas. Pero cada cierto tiempo están en el discurso del senador Espina y representantes del empresariado.
Pero ha habido hechos de violencia
Sí, pero han afectado principalmente al pueblo mapuche, con los allanamientos, los casos de torturas e incluso muerte. Pero sobre todo ha afectado al pueblo mapuche por la privación de sus tierras ancestrales por parte de empresarios agrícolas y ahora de sus recursos naturales por empresas forestales; ellos imponen sus proyectos de inversión sin consultas y sin participación en los beneficios. Eso genera violencia. La expansión de actividades agrícolas sobre territorios que ancestralmente pertenecieron al pueblo mapuche reconocidos en títulos de merced primero, luego en la reforma agraria es una forma de violencia que cotidianamente viven las comunidades.
Pero muchos dicen que esos proyectos traen desarrollo y empleo
La forestación en más de dos millones de hectáreas al sur del Biobío, con especies de rápido crecimiento, ha generado un impacto devastador en el pueblo mapuche. La economía forestal es avasalladora porque expulsa a la población, porque no requiere una gran cantidad de mano de obra y además produce impactos ambientales de proporciones que han sido negados. Donde se ha implantado la forestación con especies exóticas hay éxodo de población, la que va a parar a las ciudades y localidades urbanas donde se concentra la mayor pobreza del país. Si esto no es violencia, ¿qué es?
La forestal es una de las actividades de punta de la economía chilena
El Estado ha hecho la opción de avalar y expandir la economía global hacia los territorios indígenas. Esto no es diferente a lo que ocurre en el norte con los pueblos andinos, donde la minería se ha apropiado de las aguas ancestrales y también ha producido desplazamiento de indígenas hacia la costa. El Estado ha tenido una política dual hacia los pueblos indígenas: quiere resolver los problemas históricos, pero busca insertar esos territorios en la economía global.
¿Cómo se manifiesta esa dualidad?
Chile se inserta en la economía mundial con la exportación de recursos naturales, los que están principalmente en territorios indígenas. La minería que está en territorios ancestrales de los pueblos andinos, la forestación que se desarrolla al sur del Biobío; asimismo, en la salmonicultura, donde habitan los mapuches huilliches. También ahora con las hidroeléctricas con aguas dentro de territorios indígenas desde el Biobío al sur. Cada vez que el Gobierno tiene que tomar una decisión entre el respeto a los derechos indígenas y los planes de inversión de las empresas, termina privilegiando la opción de la economía global. Y es ahí donde surge la protesta social, que tiene como respuesta la represión, los allanamientos, la tortura y la criminalización.
“Los recursos son repartidos en la Concertación”
–¿Cómo evalúa el trabajo de Conadi?
–Hay un esfuerzo de Conadi, y desde 2001 con el Programa Orígenes, por abordar estos problemas, el de propiedad de la tierra y el desarrollo económico y cultural. Hay logros importantes, cifras oficiales indican que habría medio millón de hectáreas que han sido destinadas al pueblo indígena. Pero buena parte de esa cifra corresponde a tierras regularizadas, que ya estaban en poder de las comunidades. Otra parte corresponde a tierras fiscales, tituladas a favor de pueblos indígenas. Las tierras de ampliación, adquiridas por el Fondo de Tierras y a través del mercado, no superan las 100 mil hectáreas. Pero los recursos destinados a esto son insuficientes. Todavía hay unas 200 mil hectáreas que demanda el pueblo mapuche y que están en lista de espera. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su informe del 2007, constata que el Estado chileno tiene una demora en la delimitación y titulación de las tierras indígenas. Es sobre estas tierras donde hay proyectos de forestación. Pero también hay problemas en la entrega de tierras.
–Por ejemplo…
–A veces se entregan tierras a comunidades que no eran parte de ese territorio, son comunidades relocalizadas, y eso genera tensión. También se han beneficiado comunidades que tienen relación con consejeros de la Conadi. En otros casos se privilegia a sectores por sobre las comunidades que ahí habitaron y que les fueron privadas por empresarios agrícolas; eso ha generado conflictos intracomunitarios de graves proporciones.
¿Y el Programa Orígenes?
–Hay dos lecturas. Una es que la Conadi destina el 75% de sus recursos a la política de tierras y no necesariamente apoya los proyectos de desarrollo que interesan a los pueblos indígenas. Por eso surge el 2000 el Programa Orígenes, con fondos de Mideplan y el BID. La otra lectura es que el Orígenes surge en el contexto del conflicto por tierras, como mecanismo de cooptación.
–¿Cómo es esa cooptación?
–Por la vía del involucramiento de las comunidades en los programas de subsidios para el desarrollo productivo, educación y salud interculturales y apoyo a la organización. Los análisis nuestros y del propio BID indican que esos recursos fueron muchas veces usados de forma inadecuada, con criterios político-partidarios. Hay una evidente distribución de los recursos entre los partidos de la Concertación, y lejos de potenciar la organización de las comunidades indígenas las ha fragmentado y debilitado.