Más de dos semanas en huelga de hambre lleva niño Mapuche en cárcel de menores de Chol Chol

Gabriel Valenzuela Montoya, de la Comunidad Wente Winkul Mapu de Ercilla, se encuentra encarcelado en el CIP CRC de Chol Chol y desde el día 13 de mayo de 2013 inicio una HUELGA DE HAMBRE, la cual mantendrá “hasta las últimas consecuencias” según anunció, medida que obedece a una excesiva demora del proceso judicial que le tiene privado de su libertad por más de ocho meses por un crimen donde el alega absoluta inocencia.

Gabriel Valenzuela Montoya señala que es acusado injustamente del homicidio del parcelero Héctor Gallardo, razón por la cual desde el día 13 de mayo de 2013 inicio HUELGA DE HAMBRE, la cual mantendría hasta las últimas consecuencias según anunció al inicio de esta.
Las razones de esta drástica y extrema determinación, obedece a la excesiva demora enel proceso judicial en su contra, que lo tiene privado de libertad desde hace más de ocho meses, “donde el fiscal anti-Mapuche ha utilizado todas las herramientas que le entrega el estado chileno para exterminar a nuestro pueblo nación”, señaló a través de un comunicado.
Gabriel viene señalando de forma reiterada su inocencia absoluta, como también la de Leonardo Quijón y Luis Marileo “en el montaje del que somos objeto, no teniendo a la fecha ninguna prueba concreta en nuestra contra, lo que demuestra el constante hostigamiento y persecución hacia nuestro pueblo-nación, teniendo como única finalidad el encarcelarnos para no reconocer nuestro derecho ancestral de territorio y autonomía”, indicó Valenzuela Montoya.
Cabe mencionar que ha constatado una baja significativa de peso en el joven Mapuche y a la semana de cumplida la huelga se difundía que presentaba problemas de salud como mareos, nauseas, dolor de huesos, dolor de cabeza, cadera y muscular.
La huelga del niño Mapuche es total según se ha señalado y solo consumiría líquidos como agua y mate.

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Juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: La esperanza Mapuche por encontrar la justicia negada en su propia tierra

El pasado domingo durante el mediodía, un grupo de dirigentes Mapuche se reunieron en Santiago para dar a conocer los antecedentes que expondrán los días 29 y 30 de Mayo, en la Corte Interamericana de Justicia en Costa Rica, durante el juicio contra el Estado de Chile por por el caso conocido como “Norín Catrimán y otros”, donde se le acusa de haber violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los principios de legalidad, el derecho a la igualdad y no discriminación y la garantía del debido proceso.

MELI WIXAN MAPU

Entre ellos, estaban los hermanos Jaime y Juan Patricio Marileo Saravia, el Lonko Juan Ciriaco Millacheo Lican y el Dirigente José Huenchunao Mariñan, quienes fueron condenados en el denominado "Caso Poluco Pidenco", uno de los casos por lo que la comisión Interamericana de Derechos Humanos, elevó el caso a la Corte internacional.

Durante la cita, los hermanos manifestaron su conformidad con el avance del caso hasta la Corte Internacional, señalando que esto es un proceso que lleva más de 11 años, desde el momento en que fueron condenados, pasando por la presentación de la demanda ante el CIDH, hasta ahora, donde se llevara a cabo la presentación de los intervinientes (condenados por ley antiterrorista).

También manifestaron que el gobierno distorsiona la realidad, cuando en el último discurso del 21 de Mayo, el Presidente Piñera señaló que “Chile cuenta hoy con una legislación antiterrorista de estándar internacional” , ya que en los casos presentados ante la corte, se demostró que en Chile se persiguió a los Mapuche con esta ley, por actos que afectaron a la propiedad y no contra la población, por lo que queda claro que su utilización buscaba criminalizar las demandas de las comunidades movilizadas.

Así también, mostraron su inquietud, por el lobby que podría llevar a cabo el Secretario General de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, quien en el tiempo en que se investigó y condenó a los Mapuche (2002), era ministro del Interior en el Gobierno de Ricardo Lagos, razón por la cual podría estar interviniendo ante los jueces que integren la corte para que votasen a favor del estado chileno en desmedro de los Mapuche.

Finalmente, durante la noche se trasladaron los hermanos Jaime y Patricio Marileo, junto al Lonko Juan Ciriaco Millacheo, hasta el aeropuerto donde se sumo el Peñi Juan Pichun, hijo del fallecido Lonko Pascual Pichun, para viajar durante la madrugada hacia Costa Rica. El Dirigente Victor Ancalaf ya se encotraría allá, de acuerdo a lo señalado por familiares.

Caso “Norín Catrimán y otros”

Este 29 y 30 de Mayo, en San José de Costa Rica, se participarán representantes de los condenados por ley antiterrorista, en los casos:.

Lonko Norín y Pichun

Lonko Segundo Aniceto Norín Catrimán y Lonko Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, condenados a 5 años y un día de cárcel por los delitos de incendios y amenazas terroristas “proferidas” en diciembre del 2001 en contra de los dueños y administradores de tres fundos en el sur.

Poluco Pidenco

Pu Peñi; Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican y la Lamuen Patricia Roxana Troncoso Robles. Condenados a una pena mínima de 10 años como autores de incendio terrorista.

Victor Ancalaf

Victor Manuel Ancalaf Lleupe, condenado a cinco años y un día por ataques incendiarios a camiones y una retroexcavadora que desarrollaban faenas en la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco de la transnacional Endesa, los días 29 de septiembre de 2001 y 3 y 17 de marzo de 2002.

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Conflicto de intereses - Endesa: Organizaciones acuden a Contraloría para denunciar a asesor de gobierno en materia indígena

Acusan que Matías Abogabir Méndez, accionista de la transnacional Endesa, fue “al Senado a pedir que no se consensuara el proyecto de ley sobre carretera eléctrica con los indígenas, norma que Hidroaysén necesita para usurpar territorio indígena”. Diversas organizaciones presentaron una denuncia en Contraloría por el evidente “conflicto de interés”. Cabe mencionar que el mismo asesor ha venido induciendo a que no se consulten diversos proyectos de leyes, como la de TV digital o de ley de pesca.

Como “un fraude”, acusaron dirigentes los dirigentes indígenas Marcela Lincoqueo, Presidenta de la Asociación Sabiduría del Lakutun, José Escalona, Presidente de la Asociación We Mongen Antu de Mulchén, y Ariel León Bacián, aymara y miembro de la Mesa Ejecutiva de Pueblos Originarios Unidos (POU), a “la labor de Matías Abogabir, Asesor especial de Pueblos Indígenas del gobierno, quien fue al senado a pedir que no se consultara a los indígenas la ley de carretera eléctrica, mientras tenía acciones en Endesa, uno de los promotores de Hidroaysén, quien está esperando esta ley, como lo ha señalado su gerente, para dar el vamos al mismo Hidroaysén”.
Como señalan los dirigentes: “El derecho a la consulta es un derecho a co redactar leyes y decretos, como una forma de controlar las normas anti-indígenas que usurpan nuestros territorios, recursos naturales y derechos. Este derecho a coredactar normas, a ser informados y acordar las normas con el gobierno y el Congreso, es un puente hacia los nuestros derechos, un mecanismo para hacerlos reales, como nuestro inextinguible derecho a la tierra, el agua, la salud, el medioambiente, la cultura, etc. Mutilar este derecho es la actual labor de la Alianza y de la Concertación, quienes perpetraron durante el gobierno anterior, más de 10 intentos de mutilación a la consulta, pues en eso están de acuerdo ambas coaliciones”.

Es del caso que respecto del Proyecto de ley de Carretera Eléctrica, BOLETÍN N° 8.566-08, se puede leer en el INFORME DE LA COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA, de fecha 8 de enero de 2013, textualmente, que “aparece compareciendo el asesor de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Matías Abogabir.

En ese marco, sostuvo que mientras no exista un trazado definido no puede afirmarse a priori que la iniciativa legal afecte directamente a los pueblos indígenas, por lo que a su juicio el proyecto no requeriría consulta en este momento. Sobre el particular, fue partidario de la idea según la cual el momento propicio para efectuar la consulta sería cuando se someta el proyecto de trazado al SEIA”.

Pero según los dirigentes de los pueblos originarios, “el asunto es que los proyectos de ley se deben consultar, pues lo ordena el mismo Convenio 169 de la OIT y los otros tratados que lo acompañan y que se han aplicado en ese sentido. Asimismo, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2000, el gobierno y el mismo Congreso nacional, tienen el deber, sin necesidad de nueva ley o reglamento, aquí y ahora, de dialogar con los pueblos indígenas para acordar el texto de decretos y de leyes. Pero el señor Abogabir dice que no, y nos perjudica con su asesoría a los senadores, sólo para hacerse más rico, pues hemos descubierto que él y su familia son accionistas de Endesa, uno de los promotores de Hidroaysén, de acuerdo a la página web de la Superintendencia de Valores y Seguros”.

Los afectados por la carretera eléctrica con tendidos aprobados express que pasarán sobre sus tierras, usurpándolas y perturbando su cultura y haciendo gravosa su supervivencia, serán alrededor de 25 comunidades de Los Lagos, Valdivia, la reducción indígena Chán-Chán, en Mariquina, Lastarria, Toltén, Cautín a la altura de Freire; la comunidad Chihuimolle cerca de Cunco, Lautaro, Victoria, Collipulli, Mulchén y Quilaco.

Para los denunciantes, “el lobby ilegal anti indígena de Matías Abogabir tuvo efecto, pues luego de su intervención, se votó la aprobación en general del proyecto de ley que crea una carretera eléctrica, el cual logró cuatro votos a favor de los senadores Baldo Prokurica (RN), Carlos Kuschel (RN), Isabel Allende (PS) y Jaime Orpis (UDI); y contó con una abstención del senador José Antonio Gómez (PRSD), lo que fur calificado como una “muy buena noticia” para empezar el año, por el ministro de Energía, Jorge Bunster”.

“Nos da mucha rabia y vergüenza, pues Matías Abogabir gana actualmente como Secretario ejecutivo de la Subsecretaría de Desarrollo Social 3 millones y medio de pesos. Y, ¿para esto?, ¿de esta manera usa el dinero que tanto necesitan las comunidades indígenas? ¿Ultrajando la institucionalidad del Senado? ¿Haciendo lobby encubierto? ¿Tanto el gobierno protesta por los encapuchados y aquí está Abogabir, disfrazado de asesor de gobierno, siendo accionista de Hidroaysén?”, señalaron los indígenas.

Para los dirigentes, “teníamos un juez accionista de Hidroaysén, en la Corte Suprema, lo que causó gran polémica por que no se inhabilitó. Hoy tenemos en Matías Abogabir un funcionario de gobierno accionista de Hidroaysén, que no se inhabilitó. Es lo mismo, y asombra que en una ley tan esperada por Hidroaysén, Abogabir le allanara el paso para facilitar la futura construcción de los tendidos eléctricos sobre territorio indígena. Desconocemos si sus acciones son de ahora o de hace mucho tiempo, pero da lo mismo si son de ayer o de hoy, pues el negocio ya lo dejó calado en la Comisión de Minería en enero de este año”.

De acuerdo a los denunciantes, “es increíble cómo el gobierno está colando a las comisiones parlamentarias a lobbystas y accionistas de transnacionales, no es posible que estas personas se hagan pasar por funcionarios de gobierno, cuando en verdad van a facilitar los megaproyectos y hacen fraude a la ley para que sus acciones y la de su familia suban en la bolsa de comercio”.

“Queremos señalar que Matías Abogabir está llevando las conversaciones de la Mesa de Consenso, y su plan es mutilar el mecanismo de la consulta indígena, mediante un acuerdo con muy pocos dirigentes, que pretende ser llevado como proyecto de ley, donde los indígenas estamos rodeados de enemigos y falsos amigos. El procedimiento de la Mesa de Consenso se encuentra viciado, ahí se debatirán los reglamentos de la ley de carretera eléctrica, los de pesca, los de minería, etc. No hay confianza, pocos participan en esa mesa pues saben su destino. Y ahí está Matías con indígenas de la Concertación, mutilando la consulta”, finalizaron los indígenas.

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Duras críticas a delegado presidencial por denominado “conflicto por el agua” en Región de Valparaíso

Modatima lo calificó de pretoriano a Rodrigo Ubilla, quien partió sosteniendo públicamente que rechazaba las intervenciones que intentaban manipular a los pequeños agricultores, colocando el acento en que el Gobierno no estaba disponible para discutir sobre la nacionalización de las aguas o sobre problemas estructurales, ya que la tarea era asegurar el abastecimiento de agua, según denunció la organización.

El Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio ambiente emitió el 24 de Mayo del 2013, los desenlaces de la misión encomendada a Rodrigo Ubilla, en su calidad de delegado presidencial para la sequía en la región de Valparaíso.

En la comuna de Petorca, Rodrigo Ubilla hizo su primera aparición en público, flanqueado por el Senador Ignacio Walker, y los Diputados Eduardo Cerda y Andrea Molina, más el Intendente Raúl Celis.

Señala MODATIMA: “Escuchamos al inicio, la intervención del alcalde de Petorca, Gustavo Valdenegro, quién con absoluta claridad sostuvo que el problema de la sequía en la comuna de Petorca era responsabilidad de los grandes empresarios agrícolas que usurpaban agua, a lo que agregó que la comuna que el dirige, posee el más alto índice de cesantía regional, 18%”.

Agrega: “Luego asistimos a las exposiciones de los Directores Regionales de la Dirección de Obras Hidraúlicas, Dirección General de Aguas y al Director del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Sus exposiciones se caracterizaron por dar cuenta de los recursos invertidos por el gobierno en materia hídrica, obras de riego, fiscalizaciones e instrumentos de fomento para los pequeños agricultores...” indican que posteriormente vino la intervención de algunos asistentes, quienes señalaron los problemas derivados de la falta de agua, la necesidad de obras riego, los efectos del robo de aguas, la falta de higiene del agua de bebida, y algunos que sostuvieron lo impropio de que sea Chile el único país del mundo con sus aguas privatizadas.

Grafica Modatima el desenlace: “Al momento de hacer uso de la palabra, Rodrigo Ubilla partió sosteniendo que rechazaba las intervenciones que intentaban manipular a los pequeños agricultores, colocando el acento en que el Gobierno no estaba disponible para discutir sobre la nacionalización de las aguas o sobre problemas estructurales, ya que la tarea era asegurar el abastecimiento de agua...”

Ante la intervención del Delegado Presidencial Rodrigo Ubilla, y en circunstancias que se soslayaba una vez más la problemática de fondo, los dirigentes y miembros de MODATIMA, tomaron la decisión de hacer abandono de la sala y acusan que en momentos que se retiraban fueron sindicados por parte de Ubilla de Antidemocráticos y Cobardes, cuestión que reitero en dos ocasiones el cuestionado delegado presidencial.

Explicado el contexto, MODATIMA declara lo siguiente:


1.- La provincia de Petorca es el epicentro Nacional del robo de aguas, práctica que cometen de forma impune empresarios y políticos de distinto signo, los que dedicados al negocio de la exportación de Paltas, han drenado los ríos, construido pozos de captación de aguas subterráneas sin derechos legalmente constituidos, o corrido sus cercos para apropiarse de los lechos de los ríos.

2.- El robo de aguas ocurre en un escenario de absoluta concomitancia entre poderes políticos y económicos.

3.- Soslayar el problema de fondo, y nos referimos a los instrumentos privatizadores del agua y la transformación del agua en un bien de capital, es y ha sido una conducta invariable de la autoridad.

4.- La conducta pretoriana de Ubilla, al sindicarnos como antidemocráticos y cobardes, es una provocación inaceptable, razón por la cual actuamos en correspondencia a los insultos proferidos.

5.- Somos una de las organizaciones que más esfuerzos ha realizado para instalar en el debate nacional, la necesidad de recuperar el carácter público de las aguas, y que las mismas sean consagradas como un derecho humano esencial e irrenunciable.

6.- Los problemas derivados de la privación de agua por el lucro y la usura en la provincia de Petorca, no se van a resolver con medidas cosméticas, ni menos protegiendo o minimizando la responsabilidad de los ladrones de agua.

7.- Al gobierno y a los parlamentarios que realizaron gestiones para que Ubilla fuera designado como delegado presidencial para la sequía, les señalamos una vez más, que esta decisión no responde a las soluciones estructurales que se necesitan en materia de agua, por ende, rechazamos la prepotencia, intolerancia y provocación de Ubilla.

8.- Ubilla en su condición de delegado presidencial ya actuó con la misma prepotencia en la IV región, lo que le significó el rechazo de todos los sectores.

9.- Si el Gobierno piensa que Ubilla reúne las cualidades que se necesitan para enfrentar la sequía en la V región, una vez más se equivoca, y se equivoca particularmente con las mayorías sencillas, esas que privadas de agua, lucharán sin descanso por su recuperación.

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No a la modificación y extensión del Decreto Ley 701 que subsidia a empresas forestales.

Las empresas forestales desde el año 1974 ha venido desarrollando toda su actividad gracias a subsidios que alcanzan casi al 90% de toda su operación, vale decir, que los chilenos y chilenas y pueblos originarios desde esa fecha ha venido manteniendo económicamente a la industria forestal y sus derivados con todos los impactos negativos que esta conlleva, y las utilidades que estas generan, que son aumentadas gracias al aporte de todos y todas, no son repartidas y salen fuera del país sin pago tributario alguno para diversas inversiones en países tales como; Argentina, Brasil, Perú, Uruguay.

Fuente: nahuelbuta.org

La Corporación Mapuche Nahuelbuta ante la iniciativa de extender hasta el año 2032 el Decreto Ley 701 promulgado en el año 1974, el que solo beneficia a las grandes empresas de la industria forestal y sus derivados, señalamos a la opinión pública nuestro más absoluto y enérgico rechazo a esta iniciativa legal, ello por:

a) Que ni el Poder Ejecutivo como tampoco el Legislativo han cumplido con el derecho a consulta consagrado en el Convenio 169 OIT, suscrito y ratificado por el Estado de Chile, en referencia a que esta iniciativa de extensión del DL 701 impacta directamente el territorio y comunidades del pueblo mapuche.

b) Que las empresas forestales mantienen una serie de controversias sobre la propiedad de la tierra, ya que en virtud del DL 701, el Estado de Chile confisco y expropio predios a comunidades mapuche, especialmente en la zona centro sur de Chile, para posteriormente ser entregadas a las empresas forestales sin que a la fecha se logre dar solución a miles de hectáreas arrebatadas.

c) Organizaciones del pueblo mapuche, diversas instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, ONG y organizaciones de campesinos han denunciado que la actividad forestal en Chile, en su relación a la explotación de las especies de pino, eucaliptus y bosque nativo ha traído serias consecuencias medioambientales, impactando directamente a los derechos más elementales de la humanidad; la tierra, el agua y el aire. Hecho el cual afecta de manera directa a las poblaciones aledañas, la agricultura, ganadería, la apicultura, la flora y fauna nativa, yerbas medicinales. La extensión del DL 701 es dar continuidad a la depredación de tierras y territorios de comunidades y campesinos; es profundizar la sequía y la devastación; es continuar con el reemplazo de tierras agrícolas y de bosque nativo poniendo en peligro la soberanía alimentaria y el empobrecimiento de las poblaciones del centro sur del país.

d) Esta ocupación de tierras, en virtud del DL 701, trae como consecuencia además, el arrebato de espacios de alta significancia cultural y espiritual, pisoteando el patrimonio histórico, cultural y natural del pueblo mapuche particularmente.

e) Rechazamos además este DL 701, por ser un atentado en contra de los contribuyentes. Las empresas forestales desde el año 1974 ha venido desarrollando toda su actividad gracias a subsidios que alcanzan casi al 90% de toda su operación, vale decir, que los chilenos y chilenas y pueblos originarios desde esa fecha ha venido manteniendo económicamente a la industria forestal y sus derivados con todos los impactos negativos que esta conlleva, y las utilidades que estas generan, que son aumentadas gracias al aporte de todos y todas, no son repartidas y salen fuera del país sin pago tributario alguno para diversas inversiones en países tales como; Argentina, Brasil, Perú, Uruguay.

f) No existe un impuesto específico territorial el que de alguna manera "mitigue" lo daños ya causados por la industria forestal y sus derivados. Actividad que solo arroja ganancias a sus dueños y solo pérdidas a las comunidades aledañas en materia tales como; empleos precarios, empleos estacionales, daño a la infraestructura vial, pagos de impuestos irrisorios por concepto de patentes en las comunas donde están instaladas, etc.

g) Que la modificación hecha a mediados del año 2012 por el Poder Ejecutivo, el de incorporar a los pequeños y medianos productores es seguir aumentado superficie de plantaciones exóticas convirtiéndose en proveedores de la industria pero sin asegurar los daños que al corto y mediano plazo éstos sufrirán por la contaminación y el daño que estas especies provocan.

Por ello, hacemos un enérgico llamado a los parlamentarios de todos los partidos a dialogar y documentarse para rechazar de manera informada, el interés que las grandes empresas forestales impulsan en esta iniciativa de modificación y extensión del Decreto Ley 701.

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El lobby de Monsanto en Chile para el fomento de transgénicos y patentación de semillas

Andrés Allamand siendo senador promovió los cultivos transgénicos y Michelle Bachelet envió al Congreso durante su gestión el Convenio UPOV 91, del gusto de la transnacional Monsanto y que prohíbe el intercambio de semillas. Además en el gobierno de la candidata concertacionista se subsidió con recursos de la Corfo a Syngenta y Dupont/Pioneer, transnacionales de semilleras y productoras de agrotóxicos.

Por Lucía Sepúlveda Ruiz
Fuente: El Ciudadano

Hay políticos que hacen lobby a favor de ChileBio, la entidad corporativa que agrupa en Chile a Monsanto y otros productores de plaguicidas y semillas. El candidato presidencial de RN, Andrés Allamand, desde que era senador comenzó a promover los cultivos transgénicos. Junto a Alberto Espina, Fernando Flores y Eduardo Frei (quien posteriormente cambió su posición, firmando un proyecto de moratoria), fue uno de los autores del proyecto de Ley de Bioseguridad que persigue la introducción de cultivos genéticamente modificados.

En 2011, el senado aprobó la firma del Convenio de la Unión Internacional de Protección Vegetal UPOV 91, presentado a su vez por la ex Presidenta Bachelet y acelerado por Piñera. El Convenio de “Protección” Vegetal da garantías de prolongado royalty por las semillas híbridas y transgénicas y entre otras aberraciones, prohíbe el libre intercambio de semillas, asegurando su control por los denominados “obtentores”, en su mayoría transnacionales agroquímicas como Monsanto, Syngenta, Pioneer/Dupont y un pequeño grupo de socios menores. Permite a las propias empresas demandar a quienes reproduzcan o “pirateen” sus semillas, tal como se hace hoy en Estados Unidos o en los países europeos.

Votaron a favor del Convenio, los senadores Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de RM) y Jaime Orpis (Tarapacá); y los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García, Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama), más el PPD Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). Se abstuvieron los PS Camilo Escalona (R Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén), Andrés Zaldívar (Maule) y Antonio Horvath (Aysén RN).

El senado votó el Convenio UPOV 91 entre gallos y medianoche, mientras se desarrollaba en las calles la masiva manifestación contra el proyecto HidroAysén. Pero no ha sido promulgado como ley de la República, porque sus disposiciones contradicen la Ley 19.342, la actual legislación sobre semillas.

Chile, junto a Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador y China, continúa rigiéndose por el Convenio del año 1978. Por eso los senadores UDI y RN reflotan periódicamente el lobby sobre el tema. Pero la movilización social y ambiental ha impedido al gobierno de Piñera operar en el Senado, y el tiempo ha pasado a favor de una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de la defensa de la semilla nativa, y de parar toda ley que pavimente el camino a los cultivos transgénicos para el mercado interno y signifique el aumento del uso de plaguicidas extremadamente tóxicos asociados a estos cultivos, como es el caso de los herbicidas Roundup (glifosato), 2,4-D, clorpirifós, entre otros.

LA CANDIDATA BACHELET Y EL CONVENIO UPOV 91

Fueron dos los proyectos de ley emblemáticos para Monsanto y las transnacionales semilleras que fueron introducidos al congreso por el gobierno de la ex Presidenta Bachelet el año 2008, bajo el “cuco” de que habría sanciones del gobierno de USA si no se aprobaba rápidamente. El compromiso figuraba en la letra chica del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El proyecto de Ley de Obtentores Vegetales y el Convenio UPOV 91, tienen que ver con la propiedad intelectual de la semilla. Antes que se renovara la Cámara, el último día de vigencia de su mandato, en 2010, los Diputados aprobaron el proyecto de Ley de Obtentores Vegetales, haciendo caso omiso a las múltiples indicaciones propuestas por las organizaciones campesinas y ambientales. El proyecto pasó entonces al Senado pero no se ha iniciado su discusión.

La ley de Obtentores Vegetales, que las organizaciones sociales y ambientales, y productores agrícolas y campesinos denominamos Proyecto de Privatización de la Semilla, proponía derogar la actual Ley de Semillas (que permitió firmar el Convenio UPOV en su versión del año 1978) y reemplazarla por una que fuera totalmente funcional al convenio UPOV 91. Bachelet no aceptó ninguna reunión para discutir ese proyecto, negándose a entrevistarse con las más de 40 organizaciones que hicieron ver su rechazo al contenido de la iniciativa. Hoy sabemos que este proyecto de ley fue elaborado por ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas es decir por Monsanto, von Baer y los productores de semillas híbridas y transgénicas, que son quienes desean asegurar un mayor lucro por la venta de estas semillas.

EL VÍNCULO JORGE SCHAULSON

En una entrevista publicada en revista Caras, sobre la complicada situación del lobista Jorge Schaulsohn, se informaba que Allamand y Schaulson habían sido socios en una oficina de abogados en USA. Schaulsohn entrega al fin de la entrevista en caras su respaldo al actual presidenciable. Es vuelta de mano: Allamand respaldó a Schaulsohn y Flores en la fundación del partido Chile Primero, que tras abandonar la Concertación se plegó a la Alianza. El abogado Schaulsohn, reconocido lobista de las empresas, estuvo íntimamente relacionado con las corporaciones agroquímicas, de la biotecnología, la minería y el comercio. Por ejemplo, hizo lobby ante el SAG contra la prohibición inmediata del venenoso herbicida paraquat producido por Syngenta. La medida había sido solicitada por RAP-Chile por los evidentes daños a la salud y el ambiente causados por la sustancia química.

BACHELET Y EL NO AL ETIQUETADO DE TRANSGÉNICOS

El lobby de Monsanto también funcionó en el año 2000 en el gobierno de Ricardo Lagos. Su entonces ministra de salud, la doctora Bachelet y sus asesores habían preparado una impecable normativa sobre etiquetado de alimentos GM transgénicos, el decreto 293. La Contraloría tomó razón del decreto el 20 de junio de ese año. Pero ese decreto nunca se promulgó en el Diario Oficial. En lo principal, establecía un umbral de tolerancia de 1% de contenido de transgénicos. Aquellos alimentos que superaran ese margen debían indicar en el listado de ingredientes, “con caracteres destacados, el ingrediente modificado genéticamente”. Los envases debían llevar, según la norma un sello que diga “transgénico” o si eran muy pequeños, “OGM”. De manera que hoy no tenemos etiquetado de transgénicos ni derecho a elegir y saber qué estamos consumiendo porque el entonces presidente Lagos y su ministra desistieron de hacerlo. ¿Quién los “convenció”?

En el gobierno de Bachelet también destacan dos millonarios subsidios a Syngenta y Dupont/Pioneer, que están entre las más poderosas transnacionales semilleras y productoras de agrotóxicos. El año 2007, CORFO le aportó 1,7 millones de dólares para la instalación de un centro de semillas en el valle de Azapa, en Arica. Dupont recibió de CORFO casi un millón de dólares para su Estación Experimental Agroindustrial, también en el Valle de Azapa. A ello se agrega que durante todos los gobiernos de la Concertación, no existió voluntad política para firmar el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que contribuiría a la protección del patrimonio genético del país, ni para impulsar una Ley de protección de la Biodiversidad.

EL PROYECTO DE LEY MONSANTO

El primer proyecto de ley sobre introducción de los transgénicos en Chile (año 2008), en que intervino Allamand, era similar al impulsado por Monsanto en México. La injerencia de la transnacional en ese proyecto fue ampliamente denunciada por varios sectores de la sociedad, que entonces lo denominaron “proyecto de Ley Monsanto”.

El gobierno de Sebastián Piñera intentó en 2010 agilizar este proyecto, cuya tramitación estuvo detenida en tiempos de la ex presidenta Bachelet. Piñera envió al Senado indicaciones sustitutivas de la mayor parte del articulado, para asegurar lo central: la introducción de los transgénicos para el mercado interno. El gobierno actual optó porque aspectos relacionados con la bioseguridad y otras aristas importantes fueran abordados después de la aprobación de la ley, en reglamentos en los cuales no hay discusión pública posible.

En una reunión sostenida en abril de 2010 en el Ministerio de Agricultura por organizaciones ambientales y sociales, para discutir el tema de los transgénicos, los asesores del entonces ministro de Agricultura, José Antonio Galilea; Santiago Izquierdo y Fernando Astaburuaga afirmaron textualmente: “Allamand y Espina nos dijeron que la orden es que este proyecto debía estar aprobado en junio o julio de 2010. Tiene que hacerse rápidamente.” Las órdenes provenían probablemente de Estados Unidos, donde está la sede de Monsanto, en Missouri.

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Alihuen Antileo: Reglamento de consulta del Gobierno chileno busca entrampar a indígenas por años

En programa radial Ayni, el investigador Alihuen Antileo analiza los alcances de la propuesta y pretensión del Gobierno chileno de reglamentar la consulta. " Es tan burda la propuesta de consulta que da la impresión que este Gobierno busca dejar amarres", afirmó el investigador e integrante de la organización Meli Wixan Mapu de Santiago.

Edición del Programa radial Ayni dedicado a analizar la maniobra de la "mesa de consenso de consulta indígena"

Una propuesta de reglamento de consulta que cercena derechos

La propuesta del Gobierno se aparta de las recomendaciones de los órganos de Naciones Unidas, señaló Alihuén Antileo, en entrevista en el programa radial Ayni, de radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile.

Un reglamento impuesto al final del gobierno similar a las leyes de amarre de Pinochet

Antileo señaló "El Gobierno envia una propuesta que cercena nuestros derechos, uno puede sacar 2 conclusiones. Uno es que están actuando de mala fe y están buscando restringir nuestros derechos. Lo otro es que esto se asemeja mucho a lo que fueron las leyes de amarre de Pinochet que dictó 2 semanas antes de dejar el poder, que quería dejar amarradas determinas posiciones antes de dejar el gobierno"

El reglamento de consulta es un amarre de la derecha a favor de las mineras antes de dejar el Gobierno

Para Alhuén Antileo "Es tan burda la propuesta de consulta que da la impresión que este Gobierno busca dejar amarres. Un ejemplo es la ley de pesca, en que no escatimaron en pagar a asesores parlamentarios, y hay investigaciones por cohecho, y aun existiendo una tremenda oposición de los pescadores artesanales. Ya la forma no les importa. Saben que van a perder el gobierno en unos meses más".

No les importa la opinión indígena. Quieren dejar entrampados a los pueblos indígenas por 4 o 5 años con el reglamento, para que no cuestionen el modelo.

Advierte Antileo: "Saben que el reglamento de consulta que están preparando va a concitar un amplio rechazo, pero no les importa, porque con ese reglamento se aseguran inversiones en sectores mineros. No les importa la oposición de los pueblos indígenas. Esa es la cuenta política que están sacando: "van a perder en noviembre, y por tanto ven cómo dejan amarrado todo lo que puedan, y asi lograr que los indígenas no puedan cuestionar este modelo durante cuatro o cinco años más"

Programa completo disponible en podcast
http://programa-ayni.blogspot.com/2013/05/ayni-programa-10.html

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