mardi 28 mai 2013

Conflicto de intereses - Endesa: Organizaciones acuden a Contraloría para denunciar a asesor de gobierno en materia indígena

Acusan que Matías Abogabir Méndez, accionista de la transnacional Endesa, fue “al Senado a pedir que no se consensuara el proyecto de ley sobre carretera eléctrica con los indígenas, norma que Hidroaysén necesita para usurpar territorio indígena”. Diversas organizaciones presentaron una denuncia en Contraloría por el evidente “conflicto de interés”. Cabe mencionar que el mismo asesor ha venido induciendo a que no se consulten diversos proyectos de leyes, como la de TV digital o de ley de pesca.
Conflicto de intereses - Endesa: Organizaciones  acuden a Contraloría para denunciar a asesor de gobierno en materia indígena
Como “un fraude”, acusaron dirigentes los dirigentes indígenas Marcela Lincoqueo, Presidenta de la Asociación Sabiduría del Lakutun, José Escalona, Presidente de la Asociación We Mongen Antu de Mulchén, y Ariel León Bacián, aymara y miembro de la Mesa Ejecutiva de Pueblos Originarios Unidos (POU), a “la labor de Matías Abogabir, Asesor especial de Pueblos Indígenas del gobierno, quien fue al senado a pedir que no se consultara a los indígenas la ley de carretera eléctrica, mientras tenía acciones en Endesa, uno de los promotores de Hidroaysén, quien está esperando esta ley, como lo ha señalado su gerente, para dar el vamos al mismo Hidroaysén”.
Como señalan los dirigentes: “El derecho a la consulta es un derecho a co redactar leyes y decretos, como una forma de controlar las normas anti-indígenas que usurpan nuestros territorios, recursos naturales y derechos. Este derecho a coredactar normas, a ser informados y acordar las normas con el gobierno y el Congreso, es un puente hacia los nuestros derechos, un mecanismo para hacerlos reales, como nuestro inextinguible derecho a la tierra, el agua, la salud, el medioambiente, la cultura, etc. Mutilar este derecho es la actual labor de la Alianza y de la Concertación, quienes perpetraron durante el gobierno anterior, más de 10 intentos de mutilación a la consulta, pues en eso están de acuerdo ambas coaliciones”.

Es del caso que respecto del Proyecto de ley de Carretera Eléctrica, BOLETÍN N° 8.566-08, se puede leer en el INFORME DE LA COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA, de fecha 8 de enero de 2013, textualmente, que “aparece compareciendo el asesor de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Matías Abogabir.

En ese marco, sostuvo que mientras no exista un trazado definido no puede afirmarse a priori que la iniciativa legal afecte directamente a los pueblos indígenas, por lo que a su juicio el proyecto no requeriría consulta en este momento. Sobre el particular, fue partidario de la idea según la cual el momento propicio para efectuar la consulta sería cuando se someta el proyecto de trazado al SEIA”.

Pero según los dirigentes de los pueblos originarios, “el asunto es que los proyectos de ley se deben consultar, pues lo ordena el mismo Convenio 169 de la OIT y los otros tratados que lo acompañan y que se han aplicado en ese sentido. Asimismo, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2000, el gobierno y el mismo Congreso nacional, tienen el deber, sin necesidad de nueva ley o reglamento, aquí y ahora, de dialogar con los pueblos indígenas para acordar el texto de decretos y de leyes. Pero el señor Abogabir dice que no, y nos perjudica con su asesoría a los senadores, sólo para hacerse más rico, pues hemos descubierto que él y su familia son accionistas de Endesa, uno de los promotores de Hidroaysén, de acuerdo a la página web de la Superintendencia de Valores y Seguros”.

Los afectados por la carretera eléctrica con tendidos aprobados express que pasarán sobre sus tierras, usurpándolas y perturbando su cultura y haciendo gravosa su supervivencia, serán alrededor de 25 comunidades de Los Lagos, Valdivia, la reducción indígena Chán-Chán, en Mariquina, Lastarria, Toltén, Cautín a la altura de Freire; la comunidad Chihuimolle cerca de Cunco, Lautaro, Victoria, Collipulli, Mulchén y Quilaco.

Para los denunciantes, “el lobby ilegal anti indígena de Matías Abogabir tuvo efecto, pues luego de su intervención, se votó la aprobación en general del proyecto de ley que crea una carretera eléctrica, el cual logró cuatro votos a favor de los senadores Baldo Prokurica (RN), Carlos Kuschel (RN), Isabel Allende (PS) y Jaime Orpis (UDI); y contó con una abstención del senador José Antonio Gómez (PRSD), lo que fur calificado como una “muy buena noticia” para empezar el año, por el ministro de Energía, Jorge Bunster”.

“Nos da mucha rabia y vergüenza, pues Matías Abogabir gana actualmente como Secretario ejecutivo de la Subsecretaría de Desarrollo Social 3 millones y medio de pesos. Y, ¿para esto?, ¿de esta manera usa el dinero que tanto necesitan las comunidades indígenas? ¿Ultrajando la institucionalidad del Senado? ¿Haciendo lobby encubierto? ¿Tanto el gobierno protesta por los encapuchados y aquí está Abogabir, disfrazado de asesor de gobierno, siendo accionista de Hidroaysén?”, señalaron los indígenas.

Para los dirigentes, “teníamos un juez accionista de Hidroaysén, en la Corte Suprema, lo que causó gran polémica por que no se inhabilitó. Hoy tenemos en Matías Abogabir un funcionario de gobierno accionista de Hidroaysén, que no se inhabilitó. Es lo mismo, y asombra que en una ley tan esperada por Hidroaysén, Abogabir le allanara el paso para facilitar la futura construcción de los tendidos eléctricos sobre territorio indígena. Desconocemos si sus acciones son de ahora o de hace mucho tiempo, pero da lo mismo si son de ayer o de hoy, pues el negocio ya lo dejó calado en la Comisión de Minería en enero de este año”.

De acuerdo a los denunciantes, “es increíble cómo el gobierno está colando a las comisiones parlamentarias a lobbystas y accionistas de transnacionales, no es posible que estas personas se hagan pasar por funcionarios de gobierno, cuando en verdad van a facilitar los megaproyectos y hacen fraude a la ley para que sus acciones y la de su familia suban en la bolsa de comercio”.

“Queremos señalar que Matías Abogabir está llevando las conversaciones de la Mesa de Consenso, y su plan es mutilar el mecanismo de la consulta indígena, mediante un acuerdo con muy pocos dirigentes, que pretende ser llevado como proyecto de ley, donde los indígenas estamos rodeados de enemigos y falsos amigos. El procedimiento de la Mesa de Consenso se encuentra viciado, ahí se debatirán los reglamentos de la ley de carretera eléctrica, los de pesca, los de minería, etc. No hay confianza, pocos participan en esa mesa pues saben su destino. Y ahí está Matías con indígenas de la Concertación, mutilando la consulta”, finalizaron los indígenas.

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