Los diversos Estados con población indígena estuvieron más de 20 años discutiendo la declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por lo tanto, no es posible que vengan a desconocerla o a in visibilizarla. Llegó el momento del respeto e implementación de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas partiendo desde su matriz: La libredeterminación que tienen todos los Pueblos.
Todos los Estados están obligados a hacerla valer y cumplir, hoy la discusión se debe centrar en cómo se va a implementar / Importantes expertos se han referido al tema y han dado a conocer lo vinculante que es dicha Declaración para los Estados / Los relatores ONU James Anaya y Rodolfo Stavenhagen; El Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas, el abogado de ODPI José Aylwin; La representante del alto comisionado DDHH ONU Carmen Rosa Villa; El experto Internacional Bartolome Clavero, son algunas de las opiniones.
La Declaración reconoce a los pueblos indígenas como titulares del derecho a la libre determinación, un principio de ius cogens, que constituye su principio fundacional. Tal como ya esta establecido en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, los pueblos "En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.".
La Declaración tiene efectos jurídicos y políticos. Por un lado, se integra al corpus del derecho internacional, e interpreta las Convenciones de Derechos Humanos vinculantes para los estados, reafirmando la jurisprudencia ya acumulada. Por otro lado, los principios, derechos y estándares de la Declaración, constituyen una referencia obligada para una nueva relación política ente estados y pueblos indígenas, fundada en los principios de la justicia, la democracia, la no discriminación, el respeto de los derechos humanos, así fue presentada por el Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas.
Cabe mencionar, que dicha declaración, inmediatamente aprobada, los movimientos indígenas en diversos países y sectores democráticos han emprendido la tarea de la implementación. Se diseñan planes de acción que comprometan a los estados, se dictan leyes, se exhorta a las instituciones públicas y de sociedad civil a asumir la Declaración en sus directrices, y se comienza la revisión de las legislaciones sectoriales y políticas públicas a la luz de la Declaración.
Todos los Estados están obligados a hacerla valer y cumplir, hoy la discusión se debe centrar en cómo se va a implementar / Importantes expertos se han referido al tema y han dado a conocer lo vinculante que es dicha Declaración para los Estados / Los relatores ONU James Anaya y Rodolfo Stavenhagen; El Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas, el abogado de ODPI José Aylwin; La representante del alto comisionado DDHH ONU Carmen Rosa Villa; El experto Internacional Bartolome Clavero, son algunas de las opiniones.
La Declaración reconoce a los pueblos indígenas como titulares del derecho a la libre determinación, un principio de ius cogens, que constituye su principio fundacional. Tal como ya esta establecido en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, los pueblos "En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.".
La Declaración tiene efectos jurídicos y políticos. Por un lado, se integra al corpus del derecho internacional, e interpreta las Convenciones de Derechos Humanos vinculantes para los estados, reafirmando la jurisprudencia ya acumulada. Por otro lado, los principios, derechos y estándares de la Declaración, constituyen una referencia obligada para una nueva relación política ente estados y pueblos indígenas, fundada en los principios de la justicia, la democracia, la no discriminación, el respeto de los derechos humanos, así fue presentada por el Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas.
Cabe mencionar, que dicha declaración, inmediatamente aprobada, los movimientos indígenas en diversos países y sectores democráticos han emprendido la tarea de la implementación. Se diseñan planes de acción que comprometan a los estados, se dictan leyes, se exhorta a las instituciones públicas y de sociedad civil a asumir la Declaración en sus directrices, y se comienza la revisión de las legislaciones sectoriales y políticas públicas a la luz de la Declaración.
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