Varios casos que involucran torturas en el marco de la criminalización estatal a la protesta social Mapuche fueron registrador por Amnistía Internacional / se advierte como la tolerancia de las autoridades y un discurso centrado en el “control público”, legitiman un accionar violento de la policía uniformada.
Más de 100 países siguen torturando
26 de junio: Día Internacional de Apoyo a las Victimas de Tortura
Ante el anuncio del Gobierno de Chile de declarar un “Día Nacional contra la Tortura” Amnistía Internacional saluda la iniciativa y destaca el avance, pero pide que haya más que gestos.
“Con preocupación se ha constatado que, algunos hechos de violencia imputables a las policías pueden calificarse como tortura a luz de las definiciones contenidas en las convenciones internacionales sobre la materia ratificadas por Chile y los avances sobre el derecho a la integridad personal ya discutidos en Chile en las “comisiones de verdad”, creadas para revisar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el gobierno militar (1973-1990)” dijo la organización (ver detalles más abajo).
En su Informe Anual 2009, publicado el pasado 28 de mayo, Amnistía Internacional ha constatado cómo los casos de tortura y malos tratos durante el año 2008 y los primeros meses de 2009 se produjeron de forma generalizada en todas las regiones del mundo. 107 países, de los 157 que analiza la organización, han practicado tortura y malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad, la policía y otras autoridades del Estado.
Esto significa que, pese a la prohibición universal de la tortura, en más del 50 por ciento de los países del mundo se han aplicado estas prácticas. Una cifra que se sitúa en el 79 por ciento cuando nos referimos a los países que integran el G-20.
“Alrededor del mundo y con demasiada frecuencia, las víctimas siguen indefensas porque sufren sistemas de justicia que no exige rendición de cuentas a los responsables y no cuentan con acceso inmediato a representación legal. En muchas ocasiones, los fiscales no investigan, las víctimas tienen miedo a ser objeto de represalias si denuncian y las penas que se imponen a los culpables son muy leves. El resultado es que, en muchos lugares, la tortura ha perpetuado una cultura de impunidad”, señaló Sergio Laurenti, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional - Chile.
En América, algunos Gobiernos cerraron los ojos ante las denuncias de torturas y homicidios ilegítimos e intentaron justificar los abusos diciendo que eran necesarios en el actual clima de inseguridad pública. Apenas hubo comisiones independientes de investigación y sigue preocupando el trato dado a los más de 200 detenidos que continúan en la base estadounidense de Guantánamo.
Los Estados Unidos y sus aliados en la “guerra contra el terror” seguían aplicando a práctica de reclusiones secretas, desapariciones forzadas y torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo cual ha contribuido a legitimar el uso de la tortura, garantizando su impunidad, pese a que el derecho internacional prohíbe absolutamente estas prácticas, incluso durante un estado de guerra o excepción.
Aunque el presidente Barack Obama está tomando medidas para cerrar Guantánamo y para garantizar que Estados Unidos no recurra a la tortura, reconociendo el uso de estas prácticas por la CIA entre 2002 y 2005 al desclasificar cuatro memorandos del Departamento de Justicia, Amnistía Internacional se ha dirigido tanto al Gobierno de Estados Unidos, como a otros ejecutivos para pedir que se pongan en marcha medidas efectivas que acaben con la impunidad de los responsables de la tortura y malos tratos.
No debe permitirse que la tortura quede impune, sean los responsables los propios torturadores, sus superiores civiles o jefes militares o el Estado en su conjunto. No debe permitirse que las víctimas sufran: hay que poner fin a su tortura, castigar a sus torturadores y garantizar su derecho a una reparación.
Hechos de tortura en la violencia policial en Chile
En éste breve resumen de casos seleccionados se advierte como la tolerancia de las autoridades y un discurso centrado en el “control público”, legitiman un accionar violento de la policía uniformada.
El 23 de junio de 2008 Jorge Mariman Loncomilla (18 años) quien recibió un impacto de bala en un pie y al menor de edad Luis Marileo Saravia, (16 años), quien presentaba una fractura de mandíbula en su cara producto de un culatazo que, según su testimonio, fue propinado con una escopeta antimotines. Ambos jóvenes habían sido detenidos por Carabineros e interrogados sobre el robo de un caballo.
El 7 de mayo de 2008 la documentalista Elena Varela fue detenida. Su familia denunció actos de tortura y apremios ilegítimos ante los tribunales de justicia ya que fue obligada a permanecer de pie, por más de cuatro horas, en contra de una pared, a fin de conseguir su confesión.
Incomunicada durante 24 horas no le permitieron comer ni beber, mientras recibía amenazas en contra de su integridad y la de su hija América. También fue interrogada por funcionarios que no se identificaron.
El 5 de marzo de 2008 cuando José Moil Paredes (29 años) trabajador del Sindicato Aguas Claras, de Calbuco, en la Región de los Lagos fue detenido en medio de una manifestación, donde por una huelga legal habían ocupado las instalaciones de la planta y se enfrentaron a un operativo de mas 200 policías que procedió al desalojo. En medio de este operativo José Moil es detenido y golpeado con pies y palos entre 6 o 7 policías. Fue llevado al interior de un recinto y arrojado a un pozo de cemento donde revisan vehículos, lo hicieron ponerse en cuclillas con las manos arriba mientras un oficial ordenó tirarle piedras, las que lo golpearon en diversas partes del cuerpo. También lo amenazaron con dispararle. Luego de varias horas y sangrando lo llevan a un baño donde lo desnudan y lo bañan tirado en el suelo.
El 18 de junio de 2007 un grupo de Carabineros interrogaron a niños mapuche al interior de la escuela de Villa Chiguaigue, comuna de Collipulli. Les preguntaban por la existencia de armas en sus comunidades e información sobre quienes estaban “peleando tierras”, motivando la delación en medio de amenazas de que allanarían la comunidad y de que sus padres no serían detenidos si ellos hablaban. Esta misma situación ya había ocurrido en la comunidad de Ranquilco, en la Escuela Particular Nº 23 “El Progreso”, de la misma comuna de Collipulli 7.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire