El dirigente Williche - Lafkenche... "el gran logro es que ahora en Chile existe un piso mínimo para políticas indígenas, y éstas deberán basarse en los derechos que se consagran en el Convenio, como por ejemplo el derecho a la consulta mediante procedimientos adecuados y de buena fe a fin de lograr el consentimiento previo, libre e informado"... sigue...
Entrevista realizada al dirigente por la Revista de la Identidad Territorial Lafkenche
P. Como dirigente, ¿Qué evaluación hace del proceso que se vivió para la aprobación del C-169 de la OIT?
R. Como ya lo hemos dicho, este ha sido el “parto más difícil” de la legislatura chilena. Nunca un Proyecto de Ley estuvo tanto tiempo en el Parlamento para su aprobación o rechazo. Fue un proceso igualmente largo y desgastador para los dirigentes, tanto que ya para muchos éste era un objetivo inalcanzable por lo que abandonaron la lucha, y muchos otros también fueron tomando una posición negativa y de pesimismo frente al Convenio, sin embargo y pese a todo hay que reconocer que ahora en Chile existe un nuevo marco jurídico para las materias indígenas basado en derechos, los cuales están consagrados en el Convenio 169 de la OIT por lo que el nuevo desafío será lograr que sean respetados en Chile.
P. ¿Cuál fue a su juicio la principal traba que demoró su aprobación por 18 años?
R. Sin lugar a dudas la principal traba fue la falta de voluntad política tanto de la derecha como del Gobierno. El actual Gobierno tuvo que ceder ante la inmensa presión tanto nacional como internacional, pero antes no hubo jamás un Gobierno de la Concertación que se la jugara de verdad por la ratificación de este Tratado Internacional de DD.HH., pese a los compromisos asumidos en algunas ocasiones. Más aún, tal como ocurrió a fines del 2007 con la famosa Declaración Interpretativa, el año ’93 la derecha condicionó su voto para la aprobación de la Ley Indígena, que supuestamente recogía los principios fundamentales del Convenio, a cambio de que éste fuera dejado de lado, negociaciones que por supuesto se hicieron a espaldas de los Pueblos Originarios, en un seudo “acuerdo de caballeros” que hasta el año 2000 todavía habían diputados de derecha que exigían su cumplimiento. Eso hoy es historia, pero una historia oscura que conviene tener presente, ya que en pro del desarrollo del país, siempre se ha sacrificado los derechos de los pueblos originarios, y siempre en actos inconsultos e ilegítimos que esperamos cambie con la aprobación y aplicación de este Convenio.
P. ¿Cuál es la principal ganancia para los pueblos originarios de chile con esta aprobación?
R. Como ya señalé, el gran logro es que ahora en Chile existe un piso mínimo para políticas indígenas, y éstas deberán basarse en los derechos que se consagran en el Convenio, como por ejemplo el derecho a la consulta mediante procedimientos adecuados y de buena fe a fin de lograr el consentimiento previo, libre e informado (Art. 6); el derecho a la participación en la toma de decisiones cuando un determinado proyecto afecte los territorios indígenas especialmente con el fin de resguardar el medio ambiente, (ixofil mogen), (Art. 7); el propio derecho consuetudinario, consagrado ya en nuestra Ley Lafkenche (Art. 8), y por supuesto el derecho a la tierra y territorios, abordados en la Parte II del convenio (Art. 13 al 19), lo que incluye el derecho a los recursos naturales (agua principalmente) existentes en dichos territorios, los cuales “…deberán protegerse especialmente.” (Art. 15.1). Estos son sin dudas los grandes logros con la aprobación del Convenio, logros que quizá muchos no alcancemos a disfrutar, pero se está sembrando para las generaciones que vienen.
P. ¿Qué esperan del gobierno chileno tras esta aprobación?
R. Nada más y nada menos que exista coherencia con lo aprobado; que Chile asuma que quiere vivir en un marco de paz con sus Pueblos Originarios y que los Gobiernos y Legisladores entiendan que la aplicación de los principios de este Convenio ayudarán grandemente a mantener la paz y la armonía entre los distintos pueblos que coexisten en el territorio nacional. Por eso es de suma importancia hacer un llamado hoy al Gobierno y al Parlamento a no buscar resquicios para violar el Convenio como está ocurriendo con la tramitación del Proyecto de Ley sobre “Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, Boletín Nº 3562-06, proyecto en discusión que comprende materias que conciernen directamente a los pueblos indígenas, a su derecho a la participación, que está consagrado tanto en la Ley 19.253 como en el Convenio 169 recientemente aprobado; con ese proyecto no sólo se vulnera el espíritu del Convenio, sino que la buena fe del gobierno para aplicarlo queda en serias dudas.
También hacemos un llamado serio al Gobierno a reconsiderar el mal llamado Pacto Re-Conocer, el cual debe ser retirado a la luz de lo que establece el Convenio, primero porque es inconsulto, y segundo porque no es un “pacto”, ya que un pacto significa acuerdo entre al menos dos partes que aceptan condiciones determinadas y no una imposición como es el caso con el “Pacto Re-Conocer”.
Francisco Vera Millaquén
Miembro de la Comisión de Reconocimiento Constitucional y Convenio 169 de la OIT
Identidad territorial Lafkenche
Entrevista realizada al dirigente por la Revista de la Identidad Territorial Lafkenche
P. Como dirigente, ¿Qué evaluación hace del proceso que se vivió para la aprobación del C-169 de la OIT?
R. Como ya lo hemos dicho, este ha sido el “parto más difícil” de la legislatura chilena. Nunca un Proyecto de Ley estuvo tanto tiempo en el Parlamento para su aprobación o rechazo. Fue un proceso igualmente largo y desgastador para los dirigentes, tanto que ya para muchos éste era un objetivo inalcanzable por lo que abandonaron la lucha, y muchos otros también fueron tomando una posición negativa y de pesimismo frente al Convenio, sin embargo y pese a todo hay que reconocer que ahora en Chile existe un nuevo marco jurídico para las materias indígenas basado en derechos, los cuales están consagrados en el Convenio 169 de la OIT por lo que el nuevo desafío será lograr que sean respetados en Chile.
P. ¿Cuál fue a su juicio la principal traba que demoró su aprobación por 18 años?
R. Sin lugar a dudas la principal traba fue la falta de voluntad política tanto de la derecha como del Gobierno. El actual Gobierno tuvo que ceder ante la inmensa presión tanto nacional como internacional, pero antes no hubo jamás un Gobierno de la Concertación que se la jugara de verdad por la ratificación de este Tratado Internacional de DD.HH., pese a los compromisos asumidos en algunas ocasiones. Más aún, tal como ocurrió a fines del 2007 con la famosa Declaración Interpretativa, el año ’93 la derecha condicionó su voto para la aprobación de la Ley Indígena, que supuestamente recogía los principios fundamentales del Convenio, a cambio de que éste fuera dejado de lado, negociaciones que por supuesto se hicieron a espaldas de los Pueblos Originarios, en un seudo “acuerdo de caballeros” que hasta el año 2000 todavía habían diputados de derecha que exigían su cumplimiento. Eso hoy es historia, pero una historia oscura que conviene tener presente, ya que en pro del desarrollo del país, siempre se ha sacrificado los derechos de los pueblos originarios, y siempre en actos inconsultos e ilegítimos que esperamos cambie con la aprobación y aplicación de este Convenio.
P. ¿Cuál es la principal ganancia para los pueblos originarios de chile con esta aprobación?
R. Como ya señalé, el gran logro es que ahora en Chile existe un piso mínimo para políticas indígenas, y éstas deberán basarse en los derechos que se consagran en el Convenio, como por ejemplo el derecho a la consulta mediante procedimientos adecuados y de buena fe a fin de lograr el consentimiento previo, libre e informado (Art. 6); el derecho a la participación en la toma de decisiones cuando un determinado proyecto afecte los territorios indígenas especialmente con el fin de resguardar el medio ambiente, (ixofil mogen), (Art. 7); el propio derecho consuetudinario, consagrado ya en nuestra Ley Lafkenche (Art. 8), y por supuesto el derecho a la tierra y territorios, abordados en la Parte II del convenio (Art. 13 al 19), lo que incluye el derecho a los recursos naturales (agua principalmente) existentes en dichos territorios, los cuales “…deberán protegerse especialmente.” (Art. 15.1). Estos son sin dudas los grandes logros con la aprobación del Convenio, logros que quizá muchos no alcancemos a disfrutar, pero se está sembrando para las generaciones que vienen.
P. ¿Qué esperan del gobierno chileno tras esta aprobación?
R. Nada más y nada menos que exista coherencia con lo aprobado; que Chile asuma que quiere vivir en un marco de paz con sus Pueblos Originarios y que los Gobiernos y Legisladores entiendan que la aplicación de los principios de este Convenio ayudarán grandemente a mantener la paz y la armonía entre los distintos pueblos que coexisten en el territorio nacional. Por eso es de suma importancia hacer un llamado hoy al Gobierno y al Parlamento a no buscar resquicios para violar el Convenio como está ocurriendo con la tramitación del Proyecto de Ley sobre “Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, Boletín Nº 3562-06, proyecto en discusión que comprende materias que conciernen directamente a los pueblos indígenas, a su derecho a la participación, que está consagrado tanto en la Ley 19.253 como en el Convenio 169 recientemente aprobado; con ese proyecto no sólo se vulnera el espíritu del Convenio, sino que la buena fe del gobierno para aplicarlo queda en serias dudas.
También hacemos un llamado serio al Gobierno a reconsiderar el mal llamado Pacto Re-Conocer, el cual debe ser retirado a la luz de lo que establece el Convenio, primero porque es inconsulto, y segundo porque no es un “pacto”, ya que un pacto significa acuerdo entre al menos dos partes que aceptan condiciones determinadas y no una imposición como es el caso con el “Pacto Re-Conocer”.
Francisco Vera Millaquén
Miembro de la Comisión de Reconocimiento Constitucional y Convenio 169 de la OIT
Identidad territorial Lafkenche
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