Una nueva fórmula ha surgido para cumplir con las demandas territoriales de los pueblos originarios; la transferencia gratuita, una fórmula que podría generar cambios a la hora de hacerle frente a la demanda territorial. Esto cuando nuestro país es cuestionado en investigaciones a nivel internacional por la lentitud con la que se ha hecho cargo del tema, y cuando siguen presentes las críticas de las comunidades indígenas y los propios trabajadores de la institucionalidad a cargo.
Por Paula Correa – Fuente: radio.uchile.cl
Como “histórico” calificó el Ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, la respuesta de su cartera hace unos días ante una demanda territorial ancestral de los pueblos originarios de Toconce, Chiu Chiu y Lasana en la Región de Antofagasta.
Y es que el Gobierno colocó a disposición de tres comunidades atacameñas aproximadamente 45 mil hectáreas que eran parte de su patrimonio territorial ancestral, “restituyendo una enorme envergadura territorial”, dijo, en una medida que beneficiará a casi 900 personas de la Provincia de El Loa.
Esto fue posible gracias a un convenio firmado entre el Ministerio de Bienes Nacionales con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), que está generando beneficios a lo largo del país, afirmó el secretario de Estado, quien profundizó en el mecanismo con el que se enfrentó una demanda que no se había resulto hace años.
“Lo hicimos través de una facultad del Ministerio de Bienes Nacionales; la transferencia gratuita, es decir transferir la propiedad. Hoy estas comunidades atacameñas son dueñas de esta tierra y han recuperado sus plenos derechos de soberanía”.
La autoridad sostuvo que esto es un hito para las comunidades indígenas y el Gobierno, en lo que es uno de sus principales objetivos: la entrega de tierras a los pueblos originarios.
Pero pese a esta declaración de principios, se siguen levantando duras críticas a la forma en que nuestro país enfrenta este tema. En ese sentido, los trabajadores de la propia Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) afirmaron que siempre han cuestionado las políticas públicas que se aplican en nuestro país.
Sandra Marín, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Conadi (Anfuco), afirmó que los problemas se deben, principalmente, al desconocimiento del tema indígena por parte de las autoridades y al poco interés que revela mantener un modelo centrado en el mercado para la compra de tierras.
De hecho, hace poco emanó un dictamen de la Contraloría (N°71683) que observa el proceso de negociación para la compra de terrenos. El documento sostiene que, considerando el empleo de fondos públicos, “resulta procedente que la autoridad administrativa adopte las medidas necesarias a fin de resguardar el correcto uso de dichos caudales y evitar el pago de sobreprecios, como también para que su decisión de otorgar el financiamiento por determinado monto sea fundada”.
En ese sentido, para la dirigente “se debe eliminar el tema de la negociación porque eso da para que aumente el precio de los terrenos y se generen todas estas polémicas de las que hemos sido partícipes, como la crítica que existe hacia la institución por el mal uso de los recursos públicos”, afirmó.
La funcionaria añadió que “las autoridades llegan al servicio o a ministerios como el de Desarrollo Social van instalando procesos y experimentando cómo mejorar, pero al final, terminan utilizando el mercado y, como hay una demanda importante de tierras, los precios suben y suben en un proceso que no se detiene porque siempre hay un comprador interesado”, dijo.
Por lo mismo, sostuvo que el informe del organismo fiscalizador abre una puerta para, al menos, reevaluar el sistema económico de compra y asignación, lo que podría ser una vía para revisar también los procedimientos y la burocratización que, año a año, frenan la ejecución presupuestaria y el avance en la entrega de tierras.
El efecto acumulado del atraso en la asignación territorial se puede observar mejor al analizar el escenario regional. Un reciente informe de la organización The Rights and Resources Initiative (RRI) y la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia, reveló que Chile es uno de los países que menos tierra les entrega a sus pueblos originarios.
El promedio en Latinoamérica es un 23 por ciento, mientras que los pueblos nativos de nuestro país poseen sólo un tres por ciento del territorio nacional, muy lejos de países como México en el que los pueblos indígenas cuentan con un 52 por ciento, Bolivia con un 36 o Perú con un 34 por ciento.
Para Rodrigo Curipán, werkén o vocero de la comunidad de Rankilco, ubicada en la comuna de Ercilla en la Región de la Araucanía, esta carencia de Chile se explica lo que consideró “el brutal proceso de despojo de tierras” al que fueron sometidos.
En el caso del pueblo mapuche, las comunidades no manejan más de 500 mil hectáreas en total, afirmó Curipán, cifra que no correspondería ni al seis por ciento de la totalidad de la demanda territorial.
“Lo que se demanda del pueblo mapuche es la devolución del territorio tradicional que se ocupaba, y el Estado chileno no quiere entrar en esa área, porque le es más conveniente plantearse desde la política del asistencialismo y señalar que los mapuche están bajo la soberanía y jurisdicción chilena, argumento que han mantenido y aplicado en la política pública y en los Tribunales de Justicia cada vez que hay algún tipo de problema judicial”, sostuvo.
Para el werkén el Estado prefiere criminalizar la demanda territorial y es justamente eso lo que ha creado el clima de conflictividad con el pueblo mapuche y con otras comunidades. En ese sentido, afirmó que la institucionalidad de la Conadi fue creada para buscar mitigar el conflicto mapuche y que no existe una real intención de resolver este problema que, aseguró, es un deber del Estado.
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