Los directores de El Ciudadano junto a la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, presentaron a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rose-Marie Belle Antoine, los antecedentes de la denuncia en que se establece que en Chile existen vulneraciones a la libertad de expresión.
Hasta las oficinas centrales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington viajaron esta semana los directores de El Ciudadano Bruno Sommer y Sebastián Larraín, la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile Javiera Olivares, y los abogados Mauricio Daza Carrasco y Pedro Orthusteguy. El objetivo, denunciar al Estado de Chile por la condena de cárcel para los directores del semanario –dictada por la jueza Paola Robinovich del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago- a raíz de la publicación en 2013 de un artículo sobre el ex diputado Miodrag Marinovic, el cual fue calificado por los tribunales como injurioso. Gracias a la irreprochable conducta anterior de los profesionales, estos quedaron firmando en Gendarmería por 18 meses.
Para Javiera Olivares las sanciones penales tan graves como el presidio a propósito de injurias o calumnias “ilustran la gran distancia entre la regulación chilena y los tribunales internacionales, que señalan que este tipo de penas atentan contra la libertad de expresión, lo cual sienta un precedente para la autocensura incluso en informaciones de interés público”. Expresó que “por cierto nuestro ordenamiento jurídico debe cautelar la honra y vida privada de las personas, y establecer sanciones, pero de ninguna manera contemplar penas de cárcel”. En este sentido puntualizó que “Chile requiere dar un amplio debate en materia de libertad de expresión y derecho a la comunicación, en este y otros temas. De lo contrario estamos empobreciendo la calidad de nuestra democracia”.
Para Daza Carrasco y Orthusteguy “esta sentencia constituye una grave violación al derecho a la libertad de expresión y al derecho de ser juzgado por un tribunal imparcial, lo cual vulnera convenciones internacionales”. Recordaron que Chile ha sido condenado a nivel internacional por infracción a estos mismos derechos “lo cual debe hacer preguntarnos cual es la situación real que hoy existe en relación al respeto efectivo de los derechos humanos por parte de nuestro Estado”. Explicaron que en los últimos años Honduras, Jamaica y Argentina han eliminado del Código Penal los delitos de injurias y calumnias, recogiendo así los acuerdos de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Agregaron los juristas que “debemos además avanzar en la dirección que han seguido otras naciones de América, que han terminado con la criminalización de los atentados al honor, lo que sin duda aparece como imprescindible cuando a través de esta figura se pretende perseguir penalmente a los directores de medios de comunicación social”. Esto es válido más aún para denuncias que se hacen sobre actos ilícitos cometidos por autoridades públicas “donde el interés general exige que se permita un control ciudadano efectivo sobre quienes ejercen el poder político, dando espacio a quienes se sienten afectados para hacer sus descargos”. En el caso de “El Ciudadano” consideran que se ha ejercido una especie de represalia y amedrentamiento que estaría fuera de los parámetros mínimos de una democracia en forma.
Para los afectados, en tanto, la decisión del Estado de Chile es simplemente perseguir a quienes tienen una visión crítica.
“El problema es que en Chile se está persiguiendo con penas de cárcel a los periodistas y comunicadores sociales que incomodan al poder, lo que se hace violando de manera flagrante las normas del Pacto de San José de Costa Rica que garantizan el libertad de expresión y el debido proceso, que Chile suscribiera” indicó Sommer. “Es grave que en un juicio por injurias se apliquen normas que alteran la carga de la prueba, se presuma tu culpabilidad, y no sirva de nada para desvirtuar esa inaceptable presunción el hecho que un investigador periodístico tenga fuentes, pruebas, que lo que publiques sea de interés público y se refiera a actos de una autoridad” indicó.
El director de “El Ciudadano” recalcó que en todo momento primó que el aludido se sintiera injuriado “y por ello puedes terminar sufriendo penas corporales; es decir, hoy en Chile si alguien siente que su honra se afecta con lo publicado, especialmente si se trata de una persona relacionada con el poder político, te pueden mandar tras las rejas hasta por 3 años y un día. Esto es inaceptable en cualquier Estado que diga respetar los derechos humanos de sus ciudadanos” argumentó Sommer.
Para Larraín “después de esta condena cualquier director de medio en Chile que publique una denuncia o lo que fuese de interés periodístico, aún con prueba de la emisión de los dichos y un declarante claramente identificado, puede ser sancionado, por el simple hecho de que un tercero señale sentirse injuriado y que su honra fue afectada, aún siendo este un funcionario público y existiendo pruebas documentales o testimoniales en su contra”.
La publicación realizada por “El Ciudadano” consistió en la reproducción de una entrevista (grabada en video como respaldo) a un ex trabajador de la familia Marinovic, quien hizo una serie de graves denuncias contra el acaudalado empresario ganadero y hotelero de Punta Arenas Miodrag Marinovic, quien en ese entonces era diputado y candidato al Senado.
Junto con su visita a la CIDH, la delegación chilena se reunirá con el relator de Libertad de Expresión del organismo, Edison Lanza, para hacer visible tanto este caso como otros relativos a vulneraciones de la libertad de expresión en Chile, producto de la alta concentración mediática, como también aquellos relativos a la persecución y hostigamiento a radios comunitarias por parte de organismos del Estado.
Colegio de PeriodistasEl Ciudadano
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