Testigos claves para sostener la acusación se han marginado al momento de prestar declaraciones. “La cantidad de imprecisiones y contradicciones presentados por parte de la fiscalía es insostenible”, comentó Nelson Miranda Urrutia, abogado de uno de los procesados, quien además ha sostenido que este juicio se partió por una criminalización abierta a nivel mediático contra los acusados.
Fuente: http://www.observatorio.cl/
Por José Vargas Álvarez, Observatorio Ciudadano, sábado 17 de abril de 2010
Una intensa jornada fue la que se vivió este viernes en la ciudad de Villarrica -Región de la Araucanía-, lugar donde se desarrollan las audiencias del juicio oral que se sigue contra la autora del truncado documental “Newen Mapuche”, Elena Varela, acusada junto a Keny Sanchez y Sergio Reyes Matus, de ser los presuntos responsables de un asalto a la sucursal de BancoEstado de Loncoche en 2004 y el atraco al INP de Machalí en 2005. El juicio, largamente esperado por la opinión pública, había sido cancelado anteriormente en cinco ocasiones, iniciándose finalmente este martes 13 abril recién pasado.
Un punto importante del proceso judicial contra Elena Varela y el resto de los imputados, dice relación con la poca solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, debido a que testigos claves para sostener la acusación se han marginado al momento de prestar declaraciones. Es el caso de Andrea Muñoz Gaete, quien no compareció al tribunal de Villarrica donde debía prestar declaración. Al percatarse de esta situación, “el fiscal acusador Servando Pérez hizo desesperados esfuerzos para que los jueces obligaran a la testigo a concurrir al tribunal bajo una orden de aprehensión, petición que fue rechazada”, según informa el diario Austral el pasado 14 de abril.
Una vez iniciada las audiencias, la Unidad de Víctimas y Testigos se habría comunicado con Muñoz, quien sostuvo que no iba a declarar. Incluso personal de Carabineros concurrió al lugar de trabajo de la testigo, para establecer cuál era su condición donde le manifestaron que se había tomado vacaciones.
A lo anterior, se agregan informes de registros telefónicos, utilizados como medio de prueba para demostrar la “relación ilícita” entre los imputados, quienes el día que ocurrieron los asaltos en Loncoche y Machalí, habrían realizado llamados vía celular para “coordinarse” antes y después de realizado los asaltos.
A juicio del Ministerio Público, las antenas que registran el trafico de llamados establece con precisión la relación evidente entre los imputados, este peritaje fue presentado por la Brigada de Inteligencia Policial Metropolitana, en base a los informes proporcionados por compañías telefónicas, sin embargo, no establecen con claridad qué persona estaba haciendo uso de los teléfonos, y en consecuencia la vinculación entre Elena Varela, Keny Sanchez y Sergio Reyes Matus en la realización de los supuestos ilícitos.
En relación a este punto, Nelson Miranda Urrutia, abogado defensor de Sergio Reyes Matus indicó que, “la cantidad de imprecisiones y contradicciones presentados por parte de la fiscalía es insostenible, esperamos confiados el veredicto final de absolución contra nuestro defendido, pues ha quedado claro en las pruebas presentadas por la fiscalía que Sergio Reyes Matus, es un trabajador de la empresa Mininco, al cual lo trataron de vincularlo por medio de un chip en que no se establece con claridad la propiedad, ni en qué momento fue utilizado”, señaló.
Reacciones
Según los abogados defensores, toda la acusación contra los imputados se sostenía en la declaración de un testigo, que no ha podido ser corroborada con las pruebas presentadas por la fiscalía.
En cuanto a lo señalado anteriormente, Nelson Miranda Urrutia, defensor de Sergio Reyes Matus, manifestó que, “no existen ilícitos en los que se pueda involucrar a Sergio Reyes Matus con los delitos investigados” indicó.
En el exterior y una vez finalizada la audiencia de este viernes, el abogado defensor también expresó que existe una criminalización abierta por parte de la prensa, al igual que todos los juicios que se desarrollan en el sur de Chile, en el marco del mal llamado “conflicto mapuche”. El abogado sostiene que, “este juicio como todo lo que ocurre en el sur de Chile, parte por una criminalización abierta a nivel mediático contra los acusados, con esa criminalización se pretende presionar al tribunal para que dicte una sentencia acorde a sus fines logrados”, manifestó Nelson Miranda Urrutia.
Añadió que resulta evidente que en toda esta campaña que se ha iniciado, se ha entregado información relativa a vinculación con guerrillas y movimiento mapuche. “Aquí no se ha podido demostrar eso, en ese sentido hay una irresponsabilidad de parte de la prensa en cuanto a dar ese tipo de antecedentes dejando de lado la presunción de inocencia, a la cual tienen derecho todos los habitantes” afirmó.
Opinión coincidente posee Jaime Madariaga, abogado defensor de Elena Varela, quien recuerda que en el periodo de la detención de Elena Varela, “el Ministerio Público tomó todas las pistolas de juguete que requisaron los peritos de la fiscalía, las presentaron a la prensa, las fotografiaron y luego fueron puestas en páginas de El Mercurio como ametralladoras de verdad. Efectivamente ha quedado claro que todo eso es falso, eso lo han dicho los propios peritos” explicó Madariaga.
En ese sentido, según Madariaga, “hubo un intento de politización en este juicio por parte del Ministerio Público, al introducir banderas del MIR que formaban parte del documental Newen Mapuche”, agregó.
“Mostrar eso frente a la opinión pública como armamento de verdad, cuando los propios peritos sabían que eran armas de juguete, está fuera del debate judicial y mostró una mala fe y una manera de mostrar a una persona destacada en su rol de documentalista, como una persona vinculada a grupos que no tenía ninguna vinculación”, finalizó.
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