En Chile, pese a algunos avances, el pueblo mapuche sigue estando subrepresentado políticamente. En el marco de la discusión de la Ley de Cuotas, nadie parece recordar que los pueblos originarios aún están muy lejos de ocupar los espacios que les corresponden para hacer valer sus demandas.
Por Vanessa Vargas Rojas - Fuente: eldesconcierto.cl
Las recientes modificaciones al sistema binominal y el despacho de la Ley de Cuotas, que establece la obligatoriedad de que los candidatos hombres o mujeres no puedan superar el 60% del total de los nombres propuestos para los partidos, han abierto una discusión ya esbozada sobre los asuntos pendientes de la democracia en Chile.
En este contexto, sin embargo, pocos recuerdan la mínima participación política que los pueblos originarios han podido desarrollar al alero de un sistema cerrado a sus demandas y candidaturas. Así, emerge nuevamente la discusión sobre la carencia de una política pública que apunte a integrarlos a los espacios de toma de decisiones en el país.
La situación es alarmante, por ejemplo, en el caso del pueblo mapuche, que ha logrado la elección aislada de algunos de sus miembros en municipios, concejalías y otros cargos del servicio público. Hasta ahora, la participación política de los y las mapuche es nula y son ellos mismos quienes aseguran que el gobierno tiene la obligación de garantizarla.
Para Ana María Llao, consejera nacional de la Conadi, el cambio del sistema binominal no abre necesariamente la puerta a la participación política mapuche. “Hay que tomarlo con cierta cautela, con alguna desconfianza, porque quizás este fin del binominal, si bien es un avance, un paso, creo que igual el traje sigue siendo a la medida de las personas que ya están en la discusión política”, explicó.
Llao recordó, además, que hasta ahora no existe ninguna propuesta similar a la ley de cuotas ni planteamientos concretos sobre el tema por parte del Ejecutivo y el Parlamento.
“Creo que no hay voluntad para que realmente los pueblos indígenas participen. Concretamente, el pueblo mapuche. Con esta nueva ley se dice que hay más representación de las mujeres, pero yo pienso que nosotras tampoco tenemos más posibilidades, porque lamentablemente, aunque se diga que el tema económico no va a prevalecer, aquí hay una competencia económica. El que tiene recursos va a llegar a estar en esos espacios y quienes no tenemos, tendremos que quedarnos mirando como siempre, en el caso mapuche, pero también como mujer”, argumentó.
Para los entendidos en el tema, la voluntad política debe ceñirse a lo acordado en el Convenio 169 de la OIT, suscrito por Chile, y que dedica largos pasajes a exigir y describir la necesaria participación de los pueblos originarios en la elaboración y aplicación de programas, proyectos y políticas públicas.
Sentados a la fuerza dentro de Chile
El artículo 2.1 del Convenio 169 establece que “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”.
En la práctica, como en tantos otros aspectos del convenio suscrito por Chile, la ley se vuelve letra muerta. Hasta ahora, la incidencia de los pueblos indígenas en la esfera política parece “un sueño lejano”, como lo describe Ana Llao.
Según el historiador mapuche Fernando Pairicán, esta exclusión responde a la “incapacidad de la clase política chilena y también, en parte, a la de los políticos del movimiento mapuche de no saber llegar a un acuerdo ante la forma de construir un nuevo contrato social que pueda hacer convivir a las naciones originarias que habitan en la sociedad chilena”.
A su vez, el académico aseguró que hay un intento de “perpetuación racial” en el poder frente a los indígenas y al pueblo mapuche en particular. En estas tierras, recuerda, no se ha dado un proceso de construcción de políticas públicas que aspiren a la igualdad de condiciones de los pueblos indígenas, como hoy ocurre en Bolivia.
Ana Llao piensa que ya no pueden “estar dando vocerías para personas que, de repente, no son representantes indígenas o mapuche. Llegan desde la capital a instalarse aquí en la Araucanía”. Por ende, hay escasos intentos para llevar la discusión de sus demandas directamente a los espacios de poder donde podrían discutirse.
“Si hubiera un representante de los pueblos, quizás estaría denunciando los atropellos y la violencia que se sufre al interior de las comunidades. Queremos participación, incidencia y reconocimiento”, sostiene la concejera, aludiendo a la esperanza de un país plurinacional.
No obstante, Llao señala que no hay que ilusionarse y poner atención, a futuro, en las cuotas de los partidos, a quienes los mapuche miran con desconfianza. “No olvidemos que Huenchumilla es intendente de la región, él fue diputado pero él representa a su partido”.
“Necesitamos un representante que no vaya por los partidos políticos, porque terminan cooptando a los representantes. Tendría que ser alguien que sea elegido por las comunidades, como es acá, y que se sepa que él va a hacer algo distinto, la contraparte de la política del sistema actual. Posicionar nuestras demandas y temáticas, como expone la declaración universal de los pueblos indígenas”, explica.
Durante la celebración del Día de los Pueblos Indígenas, el pasado 24 de junio de 2014, la presidenta Michelle Bachelet se refirió a este tema en particular.
“Toda la experiencia internacional muestra que garantizar la participación política de los pueblos indígenas en los distintos niveles de toma de decisiones, es un factor fundamental de reconocimiento y de integración”, declaró. Y agregó que ya es momento de iniciar este debate, con la idea de llevar adelante una reflexión seria que tenga como objetivo “que los pueblos indígenas adquieran representación política efectiva en el Parlamento de Chile”.
La propuesta, que augura buenas expectativas, no podría concretarse sin partir de algunas condiciones mínimas que hoy complican las relaciones entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Así lo recuerda Fernando Pairicán: “Este es un proceso que tiene que partir de la base de libertad para los presos políticos, la devolución de tierras, un nuevo trato pero real y una incorporación del movimiento mapuche autónomo en las decisiones políticas”.
Además, asegura la base para debatir una solución política la demanda de autodeterminación de los pueblos es fundamental para la construcción de un nuevo contrato social que permita que las “naciones originarias dejen de estar sentadas a la fuerza dentro de Chile”.
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