Revista Proceso N° 1815
13 de agosto de 2011 • Comentarios desactivados
Edicion Mexico, Internacional
El mito de la solidez económica de Chile se empezó a romper por un eslabón impensado: la educación. Las protestas estudiantiles que no han cesado en la nación conosureña están enderezadas contra el modelo neoliberal educativo impuesto por la dictadura de Pinochet, el que fomenta la educación privada y le quita dinero a la pública. Y las movilizaciones estudiantiles, que tienen el apoyo de los obreros, exigen otras dos cosas: que el cobre vuelva a ser chileno y una nueva Constitución, que derogue la vigente, producto de la dictadura… Es ahí donde el gobierno no piensa ceder…
VALPARAÍSO, CHILE.- Las manifestaciones estudiantiles en defensa de la educación pública y gratuita tienen arrinconados al gobierno y a la clase política chilenos. Los estudiantes piden cambios en la educación, pero además exigen la renacionalización del cobre y una nueva Constitución que reemplace la heredada por el dictador Augusto Pinochet.
El presidente Sebastián Piñera y su ministro del Interior responden a las protestas sólo con represión, lo que trae a la memoria el proceder de la dictadura pinochetista, que se prolongó de 1973 a 1990.
El martes 9, más de 500 mil estudiantes, padres de familia y profesores marcharon por las calles de casi todas las ciudades chilenas. Las movilizaciones incluyeron el célebre caceroleo, que hace recordar el método más usado durante las 22 protestas nacionales contra la dictadura entre 1983 y 1987.
Cinco días antes, los estudiantes de Santiago, convocados por la Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile (Confech), habían intentado marchar hasta La Moneda (sede del gobierno) pese a no estar autorizados para hacerlo. Mil 400 policías con cañones de agua, caballería montada y una gran cantidad de bombas lacrimógenas –algunas de ellas lanzadas desde helicópteros– impidieron la marcha.
En el Instituto Nacional, el más emblemático de los establecimientos educacionales de Chile, se lanzaron ese día 122 granadas lacrimógenas contra los muchachos que hace dos meses tienen tomado el recinto. A un lado del instituto está la Casa Central de la Universidad de Chile, también ocupada por los estudiantes; ahí se arrojaron otras 250 granadas.
Por estas y otras acciones de violencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en un comunicado –publicado el sábado 6– su “preocupación” por los hechos y exigió al gobierno chileno una explicación.
El descontento contra el modelo educativo neoliberal no sólo se constata en las cada vez más continuas protestas callejeras. Una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) –principal referente del pensamiento neoliberal en Chile–, dada a conocer el jueves 4, afirma que 80% de los chilenos está de acuerdo con poner fin al lucro en la educación, tal como piden los estudiantes.
Esa encuesta indica que Piñera tiene sólo 26% de respaldo, la cifra más baja obtenida por un mandatario desde que, en 1990, comenzaron estos sondeos. La opositora Concertación de Partidos por la Democracia no ha podido capitalizar este descontento: tiene sólo 17% de respaldo y casi 70% de rechazo.
Expresión de esta repulsa hacia la clase política fue la toma simultánea que realizaron –el 30 de junio– medio millar de estudiantes de la Universidad de Chile a las sedes del Partido Socialista (Concertación) y la derechista Unión Demócrata Independiente.
Según dijo al periódico La Nación Loreto Fernández, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, las tomas se hicieron para denunciar que ambos partidos, “que se supone son antagónicos, actúan como socios legislando a espaldas de la gente sin considerar a la ciudadanía”. En esas acciones los estudiantes coreaban: “¡Que se vayan todos!”, emulando el grito popularizado en Argentina en medio de la crisis económica que afectó a ese país hace menos de una década.
Hasta la expresidenta Michelle Bachelet –según diversas encuestas es la dirigente política más popular en Chile– recibe también la repulsa estudiantil. El lunes 8, medio centenar de universitarios liderados por el vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Francisco Figueroa, rodeó la sede de la Fundación Dialoga, vinculada con Bachelet, actual directora ejecutiva de ONU Mujeres.
Los manifestantes pidieron a la exmandataria –que estaba ausente– a que “asuma su responsabilidad en la crisis actual de la educación chilena” instándola “a pronunciarse frente a las demandas de los estudiantes”. Le recordaron que ella impulsó la Ley General de Educación, promulgada en 2009, cuyos contenidos no consideraron las propuestas estudiantiles expresadas en la Rebelión de los Pingüinos, como se conoció al movimiento de los estudiantes de secundaria en 2006 en demanda del fortalecimiento de la educación pública.
El expresidente Ricardo Lagos también ha sido blanco de las críticas: El miércoles 10, un centenar de estudiantes lo increpó cuando salía de una charla en la Universidad Viña del Mar. Le recordaron que él implementó el sistema de Crédito con Aval del Estado, que ha hecho que los estudiantes chilenos tengan la tasa de endeudamiento más alta del mundo, según un estudio del Banco Mundial sobre el estado de la educación superior en Chile dado a conocer el mes pasado.
Propuestas encontradas
Pese a cambiar al ministro de Educación Joaquín Lavín –el 18 de julio– y poner en su lugar al extitular de Justicia Felipe Bulnes, Piñera se ha negado a cambiar a fondo al modelo educativo neoliberal en vigor desde 1981, cuando se promulgó la Ley de Universidades aún vigente. Esa normativa facilita la apertura de establecimientos de educación privada, disminuye el aporte estatal a las universidades públicas y hace recaer la mayor parte del gasto educativo en las familias.
Bulnes respondió al pliego petitorio del movimiento estudiantil –el Acuerdo Social por la Educación– con un documento de 21 puntos que les fue entregado a los dirigentes del alumnado el lunes 1 en la sede del Ministerio de Educación.
Los estudiantes agrupados en la Fech, en la Coordinadora de Estudiantes Secundarios y en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) no tardaron en rechazar la propuesta.
En entrevista con el noticiario matutino de Televisión Nacional de Chile el martes 2, la vocera de la ACES, Laura Ortiz, acusó al gobierno de “ofrecer migajas” y de “sólo querer aumentar el lucro de los sostenedores (empresarios) de la educación y no un cambio al modelo, como nosotros estamos exigiendo”.
El jueves 4, los estudiantes secundarios y universitarios pusieron un ultimátum de seis días al gobierno para que responda a sus propuestas. Sin embargo, al expirar dicho plazo, Bulnes confirmó que “no habrá un nuevo ofrecimiento a los estudiantes”.
En diálogo con la prensa afirmó que el gobierno enviará al Congreso una serie de proyectos legislativos en materia de educación. “Seguimos abiertos al diálogo, esta fuerza que ha existido tiene que canalizarse y encauzarse finalmente en los espacios institucionales donde estas aspiraciones se traducen en resultados concretos. El Congreso, que es donde se promulga la ley, es el lugar apropiado”, aseguró.
No obstante los estudiantes se niegan a trasladar el diálogo al Congreso, puesto que no reconocen en esa instancia un ente representativo de sus intereses.
Cambiar el modelo
En las facultades y liceos tomados se realizan foros y debates en los que la principal pregunta es cómo cambiar el modelo educacional, social y político actualmente vigente y que tiene en la Constitución de 1980 su principal sostén.
La Fech, presidida por la militante comunista Camila Vallejos, determinó en el pleno, el sábado 6, que su organización impulsará la realización de un plebiscito con la finalidad de “que el pueblo decida qué modelo educacional quiere para Chile”.
La demanda de un plebiscito no sólo se limita a la dimensión educativa. El lunes 8, 40 organizaciones sociales agrupadas en Democracia para Chile hicieron un llamado abierto a la sociedad chilena a apoyar la convocatoria a un “plebiscito nacional vinculante multitemático, que abra el camino del cambio de la Constitución Política por medio del único procedimiento legítimo, cual es la elección de una Asamblea Constituyente”.
Aunque el mecanismo del plebiscito está fuertemente restringido en la Constitución de 1980, el vocero de Democracia para Chile, José Osorio, expresa a Proceso su convicción de que “con unidad y movilización será posible torcerle la mano a las autoridades, las que deberán aceptar la supremacía de la soberanía popular por sobre sus cargos de dudosa legitimidad”.
En la misma línea, la Confederación Unitaria de Trabajadores convocó para los próximos miércoles 24 y jueves 25 a un paro nacional con el cual pretende respaldar las demandas estudiantiles e impulsar la convocatoria a un plebiscito para dar vida a una nueva Constitución.
Las protestas estudiantiles han facilitado el derrumbe de los mitos del modelo chileno. Según reporta el investigador del Centro de Investigaciones Periodísticas Andrés Zahler en el informe ¿En qué país vivimos los chilenos? –dado a conocer en junio pasado–, en Chile 60% de la población vive con ingresos inferiores al promedio de un país pobre de África. Esto se explica dada la gran desigualdad existente, a pesar de que el ingreso per cápita supera los 12 mil dólares.
Según el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, Juan García Huidobro, en el artículo Segregación en la escuela –de mayo de este año–, Chile es el país con la mayor segregación social en sus establecimientos educacionales entre los 54 países que rindieron la prueba internacional PISA en 2006. “Nuestro país exhibe una segregación de 52 puntos contra sólo nueve de Finlandia, el país con el menor índice. Otros países latinoamericanos, como Colombia y México, anotan 40, Brasil y Argentina 39 y USA 26, la mitad que Chile”, afirmó Huidobro.
En entrevista con Proceso, el sociólogo Felipe Portales señala que más que un modelo a seguir: “Chile es la verdadera dictadura perfecta”. Argumentó: “Aún mantenemos vigente la Constitución redactada –en 1980– por la dictadura de Augusto Pinochet. En vez de reemplazarla, la Concertación la consagró bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos, quien en 2005 y tras concretar algunas reformas de importancia como la de la inamovilidad de los comandantes en jefe y el fin de los senadores designados, estampó su firma y la de sus ministros en el texto constitucional”.
Portales –autor de dos libros considerados clave para entender el presente histórico de Chile: Los mitos de la democracia chilena y Chile: una democracia tutelada– afirma que “el sistema social y económico instalado por el empresariado y los militares tras el golpe de 1973 también se ha mantenido, puesto que la Concertación, en acuerdo con la derecha, no realizó ninguna transformación significativa al proyecto refundacional de la dictadura”.
Añade: “Ejemplo de eso es que no se ha cambiado el Código del Trabajo (1981) que despojó de casi todos sus derechos a los trabajadores. En el ámbito educacional se mantuvo el sistema de Pinochet, que está basado en el lucro. En la minería se ha fortalecido la entrega casi gratuita de nuestros recursos a grandes consorcios internacionales (que en 2010 tuvieron casi 35 mil millones de dólares en ganancias). La salud y el sistema previsional se encuentran absolutamente manejados por grandes empresas privadas que lo último que les importa es respetar los derechos de sus clientes”.
Portales menciona que la Concertación siempre justificó su impotencia para generar cambios señalando que no habría tenido nunca los quórum necesarios para efectuar las modificaciones de las leyes e instituciones impuestas por el régimen de Pinochet, como la Ley de Universidades (1981) o la Antiterrorista (1978).
“Pero esto es una mentira histórica –señala el sociólogo– puesto que tanto el gobierno de Lagos (2000-2006) como el de Bachelet (2006-2010) tuvieron los quórum parlamentarios necesarios para cambiar todas las leyes económicas, sociales y culturales impuestas por la dictadura, con las solas excepciones del sistema escolar y de concesiones mineras. Y no hicieron nada.”
El sociólogo expresa que la “Concertación apostó a mantener ciertos mitos instalados por la derecha como que Chile ‘es un país ganador’ o que somos ‘los jaguares de América Latina’, cuando la verdad es que nuestro modelo tiene fallas tremendas”.
En entrevista con este semanario, el premio nacional de historia Gabriel Salazar intentó explicar las razones del desencanto en la sociedad chilena: “Alrededor de 68% de la fuerza de trabajo está ocupada en empleo precario. Sin contrato permanente, en muchos casos sin previsión. Casi los dos tercios de la población tiene trabajos ocasionales y muy mal pagados”.
Salazar –autor de Labradores, peones y proletarios– da cuenta de que el promedio de ingreso de la gente que trabaja en estas condiciones oscila entre 300 y 400 dólares. Asegura que esas personas “difícilmente pueden vivir por sí solas y mucho menos casarse”, haciendo notar que la tasa de nupcialidad en Chile ha caído alrededor de 68% a 79% en los últimos años. “Como no hay constitución de familia, hay mucho niño huacho (huérfano)”.
Sostiene que ese cuadro social “genera una situación muy complicada desde el punto de vista social, que los indicadores públicos y sociológicos de este país no recogen”.
Afirma que “las políticas de los 20 años de la Concertación apostaron a conseguir mejores resultados, pero las políticas de educación han sido un fracaso absoluto y eso se debe a que la mayoría de los niños chilenos son huachos, no tienen resueltos problemas en su casa”.
El historiador afirma que “la posibilidad de que surja un nuevo movimiento antineoliberal está en las bases populares, sobre todo en el segmento universitario de la clase popular”. “En Chile –apunta– la enseñanza universitaria se ha extendido enormemente; el aumento del estudiantado tiene mucho que ver con el ingreso de la clase popular a la universidad. Ahí hay un sector que está precisamente buscando una alternativa”.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire