Ginebra (CICR) – Los ataques al personal, las instalaciones y los vehículos sanitarios en los conflictos y revueltas violentas dejan sin atención médica a millones de personas precisamente cuando más la necesitan. Es la conclusión principal que se desprende de un nuevo informe presentado hoy por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en una rueda de prensa celebrada en Ginebra. .
"La violencia contra las instalaciones de salud y el personal médico tiene que acabar. Es una cuestión de vida o muerte", declaró Yves Daccord, director general del CICR. "El coste humano es abrumador: muchos civiles y combatientes mueren a consecuencia de sus heridas simplemente porque se les impide recibir atención médica a tiempo".
Según el Dr. Robin Coupland, que dirigió el estudio llevado a cabo en 16 países de todo el mundo, millones de personas se podrían salvar si se respetara mejor la prestación de la asistencia médica. "La conclusión más impactante es que un gran número de personas mueren, no porque sean víctimas directas de un tiroteo o de la explosión de una bomba colocada en una carretera", explicó, "sino porque la ambulancia no llega a tiempo, porque al personal sanitario se le impide realizar su trabajo, porque los hospitales son el blanco de los ataques, o simplemente porque el entorno es demasiado peligroso para prestar asistencia médica".
En 2009, un atentado con bomba en Mogadiscio se cobró la vida de más de 20 personas, la mayoría de las cuales se acababa de licenciar en la escuela médica. El ataque a estos jóvenes médicos no sólo truncó sus vidas de manera prematura, sino que arruinó la oportunidad de decenas de miles de personas de recibir atención médica en los meses y años posteriores.
"La violencia que impide prestar asistencia médica constituye una de las tragedias humanitarias más urgentes y, al mismo tiempo, ignoradas de la actualidad", insistió el señor Daccord. "Hospitales en Sri Lanka y Somalia bombardeados, ambulancias en Libia tiroteadas, paramédicos en Colombia asesinados, personas heridas en Afganistán que languidecen durante horas en vehículos que hacen cola frente a los puestos de control. Es un problema que arrastramos desde hace años y que tiene que acabar".
La comunidad sanitaria no puede hacer frente a este reto por sí sola. Es imperativo que los Estados, sus fuerzas armadas y quienes detenten alguna autoridad reconozcan que la violencia que obstruye la prestación de asistencia sanitaria es uno de los desafíos humanitarios más graves y generalizados".
"Abordar este problema en la práctica requerirá un diálogo humanitario, el respeto del derecho y la adopción de las medidas oportunas por parte de los Estados, las fuerzas armadas y los actores no estatales", afirmó el señor Daccord. "El CICR tiene la firme voluntad de trabajar con todas las partes concernidas para lograr una asistencia sanitaria efectiva e imparcial".
Los ataques deliberados al personal, las instalaciones y el transporte sanitarios, así como a los heridos y enfermos, violan el derecho internacional. Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales establecen el derecho de los heridos y enfermos ––combatientes y civiles–– a ser respetados y protegidos durante los conflictos armados y a recibir atención sanitaria de manera oportuna.
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