En un proceso marcado por innumerables vicios e irregularidades, el comunero fue sentenciado a cuatro años y medio de presidio por una presunta infracción a la Ley de Armas y Explosivos. Lorenzo Morales, su abogado, explica las razones de por qué la Corte Suprema debería anular el juicio.
Por Julio Parra
Fuente: MedialSur
El 29 de diciembre de 2009 dos artefactos explosivos detonaron en el supermercado Unimarc de Temuco. Nadie vio al autor del hecho, a excepción de un cuidador de autos que a la postre se transformó en el testigo clave de la Fiscalía y cuyo testimonio permitió condenar al comunero mapuche Waikilaf Cadin Calfunao. Fue el pasado 18 de enero, cuando el Tribunal de Juicio Oral de Temuco, en fallo dividido, lo condenó a 4 años y medio de presidio por el delito de tenencia ilegal de artefactos explosivos.
Fue el típico juicio celebrado al sur del Bío Bío, con policías como principales acusadores, pericias perdidas y con un testigo con reserva de identidad incurriendo en diversas contradicciones. Si a eso añadimos los testigos de la defensa, que situaron a Cadin en Santiago el día de los estadillos, la teoría del montaje cobra mayor fuerza.
Frente a este escenario su abogado Lorenzo Morales recurrió de nulidad ante la Corte Suprema esperando que el máximo tribunal del país acoja los medios de prueba que permitirían sustanciar un segundo juicio oral, esta vez con nuevos jueces... pero con los mismos testigos.
“La condena es en extremo discriminatoria. Se vulneraron los derechos de mi representado, debido a que fue condenado con pruebas de cargo feble manejadas de manera abyecta por el fiscal acusador, en donde primaron testimonios en base a información de inteligencia y monitoreo lo que, claramente, vulnera el debido proceso”, parte explicando Morales.
El fallo que condenó a Cadin se sustenta en el testimonio del –presunto- único testigo presencial del hecho. Un cuidador de autos que aseguró haber visto al comunero el día de las explosiones. Fue el típico juicio celebrado al sur del Bío Bío, con policías como principales acusadoresNo solo eso. En su declaración aseveró haber observado a Cadin en bicicleta, en el mismo supermercado, al día siguiente del incidente, es decir el 30 de diciembre, misma fecha que Waikilaf se encontraba en Santiago, según confirmaron en estrado 3 de los testigos de la defensa.
Dentro de los medios de prueba, Morales presentó, además, una factura firmada por Cadin con fecha 30 de diciembre que demuestra que ese día el comunero se encontraba haciendo negocios en Santiago a contracorriente a lo expuesto por el testigo protegido que lo sitúa en el supermercado donde explotaron las bombas.
Para comprobar si la firma estampada en la factura era del puño y letra de Cadin, en el curso de la investigación se efectuó un peritaje caligráfico que arrojó resultado positivo. La escritura era de Waikilaf, sin embargo el peritaje se perdió y no fue presentado en juicio lo que generó un arduo debate.
¿Cuáles son los argumentos jurídicos que demostrarían que el juicio que condenó a Waikilaf fue un montaje?
Primero, no se pudo comprobar de manera efectiva y de acuerdo a un racional y justo procedimiento, que el material encontrado el día del allanamiento era a lo menos mero tenedor de Waikilaf. A eso hay que agregar que la fiscalía escondió dos peritajes que fueron parte de un arduo debate. La guinda de la torta fue la incautación de la película Reds, ganadora de tres premios Oscar en 1981, que a juicio del fiscal Omar Mérida era parte del material subversivo encontrado. En uno de ellos se comprobó que Waikilaf no tenía domicilio ni dominio sobre el inmueble donde se encontraron los explosivos. Lo que sí quedó claro, es que los oficiales de Carabinero, tanto de inteligencia como del Labocar, tienen grandes intereses en tener a Waikilaf recluido, es por ello que el grueso del recurso de nulidad es en contra de la garantías procesales de un justo y racional procedimiento, cuestión que aparece de manifiesto en el actuar de la fiscalía y carabineros.
¿Existen motivaciones políticas?
Existieron motivaciones políticas para acallar la voz de los mapuches que están fuera de la zona de conflicto. Hablo de Arauco y Malleco, principalmente. Era peligroso que el movimiento se extendiera con fuerza en la capital de La Araucanía, donde Waikilaf es un actor político reconocido.
¿Qué se busca con esta condena, entonces?
Lo que busca la fiscalía es dar un ejemplo, que el que no acepta sus procedimientos simplificados y sus acuerdos, que en la práctica son amenazas no condicionales, termina siendo condenado sin beneficio alguno. Ahora en este caso la fiscalía era más ambiciosa todavía en sus presiones, pero sobre ello hablaré en la Corte cuando corresponda alegar el recurso.
¿Confías que la Corte Suprema revierta el fallo?
De verdad, no. Los dos últimos casos, con una sala que uno podría llamar progresista, se tuvo grandes reveses. Hablo de los casos de Cañete y de Matías Catrileo. Si uno evalúa la proyección de la actual composición de la segunda sala penal de la Corte Suprema, este año es mucho más conservadora, incluso que en años anteriores. A eso hay que sumar que nuestro caso no tiene mayor presión mediática.
¿Buscarán otras instancias?
Vamos a evaluar si acudimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero antes de eso presentaremos un recurso de revisión con los peritajes escondidos por el Ministerio Público.
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