Lo cierto es que estos gobiernos han optado por el modelo extractivista exportador primario y por eso siguen la misma práctica del colonialismo que estigmatizó a los pueblos del Abya Yala para despojarnos de nuestros territorios y los bienes naturales.
Por Miguel Palacín Quispe
Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).
Fuente: www.bolpress.com
En todo el Abya Yala los gobiernos, abiertamente neoliberales, de izquierda o “progresistas”, coinciden en una actitud: la satanización del movimiento indígena, al que categorizan en “indios buenos” e “indios malos” según el grado de aceptación o rechazo a sus políticas. Una maniobra más para intentar dividir y debilitar a los pueblos y las organizaciones que defienden sus derechos. Lo cierto es que estos gobiernos han optado por el modelo extractivista exportador primario y por eso siguen la misma práctica del colonialismo que estigmatizó a los pueblos del Abya Yala para despojarnos de nuestros territorios y los bienes naturales.
Lo cierto es también que no hay indios buenos e indios malos, hay cientos de pueblos indígenas oprimidos, excluidos, despojados, empobrecidos y perseguidos. Pueblos que defendemos nuestros derechos reconocidos por instrumentos internacionales suscritos por los propios Estados. Y gobiernos que imponen políticas neoliberales llamándose a sí mismos de izquierda, alternativos e incluso indígenas. Este es el núcleo del debate actual entre el pensamiento sustentado en la utopía del equilibrio entre los hombres y la Madre Tierra, frente al pensamiento programático, que niega su ideología profundamente liberal, racista, violenta, heredada de la Colonia y vestida de pos-modernidad.
Sucede en Ecuador, donde se acusa a las organizaciones indígenas de estar financiadas por la derecha y se enjuicia a los dirigentes; en Bolivia, donde se aprueba una Ley de Consulta que viola la Ley de Protección al TIPNIS y el Ministerio Público cita a 26 personas, entre ellos 20 líderes y dirigentes indígenas, acusándolos de los peores delitos, por participar en la marcha del año pasado, y lo hace precisamente cuando se anuncia el reinicio de esa marcha. También en el Perú, donde se promulga una Ley de Consulta basada en los intereses de los megaproyectos extractivos. Y en Colombia, donde las fuerzas regulares e irregulares siguen usando los territorios indígenas como campos de batalla e imponiendo en ellos proyectos extractivos que obligan a desplazamientos masivos.
Para dividir, satanizar y criminalizar a las organizaciones indígenas y sus líderes, los gobiernos utilizan todas las instituciones del Estado: leyes aprobadas en los parlamentos y decretos emitidos por los poderes ejecutivos; además, fiscales, jueces y policías judicializan a los defensores de las comunidades, todos utilizando los recursos públicos, que pertenecen a todos los contribuyentes, para atacar al movimiento indígena. Y llegar a extremos como el de la Masacre de Bagua en el Perú, las incursiones violentas a las comunidades mapuches en Chile, la represión violenta contra el Pueblo Ngäbe-Buglé en Panamá, el extermino de los pueblos indígenas en Colombia, etc.
El único “delito” del movimiento indígena es defender la vida, seguir protegiendo los hábitats indispensables para garantizar no solo nuestra supervivencia sino la supervivencia de toda la humanidad. Defendemos nuestros territorios, los parques nacionales, áreas protegidas y reservas naturales, las fuentes de agua, el uso racional de los recursos naturales. Y la defensa de los derechos como pueblos se ha convertido en un delito.
Sus propias reglas
Los gobiernos vulneran las normas que ellos mismos han construido y aprobado a nivel internacional, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Todos estos instrumentos internacionales son ignorados, incumplidos, vulnerados. Y hacen múltiples maniobras para no implementarlos, incluyendo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No solo los gobiernos de los países de la Región Andina, como hemos señalado, sino los gobiernos de izquierda y derecha en todo el Abya Yala. Para imponer la minería y los megaproyectos como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Por eso la violenta represión contra el Pueblo Ngäbe-Buglé en Panamá, la persecución de indígenas en México y tantos otros casos. Estos gobiernos no solo incumplen las normas sino que descalifican a las instituciones, como en el caso de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las operaciones de la mina Marlin en Guatemala y acerca de la construcción de la represa de Bello Monte en el Brasil, donde el propio Secretario General de la OEA dijo que los derechos de los pueblos indígenas no son tan importantes como los derechos humanos (¿Cuál es la conclusión? ¿Los indígenas no somos seres humanos? ¿Volvemos al debate de la época de la Conquista?).
Y lo hacen gobiernos que se llaman de izquierda pero siguen con las políticas y prácticas de la derecha, a favor del capitalismo, con financiamiento capitalista.
Del pueblo sometido al pueblo que acciona y propone
Lo que hace el movimiento indígena es exigir el respeto, el cumplimiento, la implementación de los tratados internacionales, incluida la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo hacemos desde nuestros derechos territoriales y en legítimo ejercicio de nuestra libre determinación, para ser consultados y obtener nuestro consentimiento previo, libre e informado como requisito indispensable, sin el cual es ilegal e ilegítimo otorgar concesiones o emprender cualquier proyecto en nuestros territorios.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) expresa su solidaridad con las luchas de todos los pueblos indígenas y sus organizaciones del Abya Yala, rechaza la satanización y maniobras para debilitar y dividir al movimiento indígena, demanda el cese de la criminalización como práctica sistemática de los gobiernos y exige, en resumen, el respeto, cumplimiento e implementación de todos los tratados internacionales sobre derechos indígenas.
Llamamos a las embajadas y misiones de los Estados en el mundo, a los organismos de Derechos Humanos, a la OEA y a la ONU, a ejercer una real defensa de los derechos de los pueblos indígenas, a pronunciarse para que cese esta práctica por parte de los gobiernos. Y los convocamos a ellos y a los gobiernos a abrir un real debate sobre el modelo económico y a emprender la real práctica de nuestros pueblos de Estados Plurinacionales y Buen Vivir.
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