Pronunciamiento del Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos:...Este hecho marca un nuevo y lamentable precedente, que muestra el cómo las instituciónes del Estado son funcionales a los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales...
La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el 6 de marzo un recurso de protección presentado por los opositores al PROYECTO CENTRAL TERMOELÉCTRICA CASTILLA, de enorme impacto territorial, radicados en la Junta de Vecinos de Totoral, que podría revocar la resolución de Calificación Ambiental que aprobó la construcción de la iniciativa por unos US$ 5 mil millones y que busca entregar energía a las mega industrias extractivas. Según señaló la Corte en sus considerandos que este proyecto atenta en contra del derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación de los recurrentes y calificada como ilegal.
Según anuncios de prensa, tanto el Gobierno como el Consejo de Defensa del Estado apelarían a tal medida.
A continuación pronunciamiento del Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos:
La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el 6 de marzo un recurso de protección presentado por los opositores al PROYECTO CENTRAL TERMOELÉCTRICA CASTILLA, de enorme impacto territorial, radicados en la Junta de Vecinos de Totoral, que podría revocar la resolución de Calificación Ambiental que aprobó la construcción de la iniciativa por unos US$ 5 mil millones y que busca entregar energía a las mega industrias extractivas. Según señaló la Corte en sus considerandos que este proyecto atenta en contra del derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación de los recurrentes y calificada como ilegal. Según anuncios de prensa, tanto el Gobierno como el Consejo de Defensa del Estado apelarían a tal medida.
Al respecto señalamos:
Nos gustaría ver con el mismo ímpetu al Consejo de Defensa del Estado y al Gobierno como lo está haciendo con el proyecto Castilla, ante situaciones graves como las peticiones de agua que está haciendo el grupo Luksic con su minera Los Pelambres y que dejaría sin agua a campesinos en el Valle del Choapa; o ante la grave contaminación e impactos que vienen ocasionando las plantas de celulosas en Chile de los grupos Angelini y Matte, con Celco-Arauco y CMPC respectivamente, en diversos ríos y espacios de vida en los territorios en las regiones del Maule, Bio Bio, Araucanía y de Los Ríos, como también lo hacen las plantaciones forestales; o ante el debacle ocasionado por las pisiculturas de la industria salmonera en la X región; o los graves daños e impactos de la minería en diversos puntos del norte de Chile.
Cabe mencionar que dentro de los objetivos estratégicos del CDE es el de “Ejercer la defensa judicial del Estado en materias medioambientales, a través de los medios establecidos en la Ley 19.300 y sus modificaciones, contenidas en la Ley 20.417, procurando obtener la reparación de los daños ambientales y, además, en los casos que proceda, la indemnización de los perjuicios causados por terceros”.
No es concebible que el Estado se avoque a defender un proyecto de privados que en suma, atenta contra los derechos humanos, y las obligaciones que el mismo estado tiene ante el sistema internacional. Este hecho marca un nuevo y lamentable precedente, que muestra el cómo las instituciónes del Estado son funcionales a los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales.
El actual Presidente del CDE,Sergio Urrejola Monckeberg, está dando pésimas señales de cómo una institución que debería velar por el interes público, hoy es manipulada para fines privados, en directo desmedro de los derechos humanos, del medio ambiente, de las economías locales y los territorios de los pueblos que habitan Chile.
A su vez, una vez más el Gobierno continúa por la misma senda, reafirmando su orígen empresarial, donde no cabe en su accionar el interés colectivo. Hoy, con estas medidas solo demuestran que solo se busca consolidar y expandir un modelo atroz, depredador, de lucro insaciable en beneficio de grupos económicos, dañando enormemente las soberanías de los pueblos y los espacios de vida.
GRUPO DE TRABAJO POR DERECHOS COLECTIVOS
Marzo 14 del 2012
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