Denuncia de organizaciones indígenas de la región de Tarapacá respecto al proceso de consulta indígena para la creación del Ministerio de Pueblos indígenas y el Consejo o consejos de Pueblos indígenas realizado por la Seremi de Desarrollo Social en conjunto con CONADI.
“Que el Estado de Chile no ha restituido las deficientes relaciones que mantiene con los pueblos originarios, perpetuando nuestra condición histórica de pueblos vulnerados en nuestros derechos, al hacer caso omiso de las exigencias realizadas a nivel nacional, respecto a la derogación de los decretos 66 y 40, los cuales entraron en vigencia con actos de mala fe por parte del mismo”, señala en una de sus partes.
Las organizaciones que suscriben son: Comunidad Indígena de Sibaya, Comunidad Indígena de Limaxiña, Asociación Indígena de Chiapa, Comunidad Indígena de Coscaya, Comunidad Indígena de Poroma, Comunidad Indígena de Casablanca, Junta de Vecinos de Laonzana, Junta de Vecinos de Chiapa, Junta de Vecinos de Jaiña, Comunidad Indígena de Huarasiña, Comunidad Indígena de Huasquiña, Asociación Pueblos Indígenas Unidos de la Cuenca, Quebradas Tarapacá-Coscaya-Aroma-Miñi-Miñi.
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COMUNICADO PÚBLICO
Con fecha viernes 16 de Enero del año 2015, las comunidades pertenecientes a la comuna de Huara que adhieren al presente comunicado, declaran lo siguiente:
Que con fecha 04 de Septiembre de 2014, el gobierno de Chile da comienzo al proceso de consulta indígena en la región de Tarapacá, para la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo o Consejos de Pueblos, por lo cual, acudimos a la asamblea ampliada realizada en la comuna de Pozo Almonte, donde los representantes de distintas comunidades de manera unánime, decidimos condicionar el proceso de consulta indígena hasta la derogación de los decretos 66 y 40, con la finalidad de restituir las relaciones de confianza entre pueblos indígenas y el Estado, disminuida aun más, con la entrada en vigencia de forma arbitraria y carente de representatividad en la formulación de ambos decretos.
Que el acta redactada en dicha oportunidad, exigía una respuesta del Estado en un plazo de 20 días; sin embargo, el gobierno sólo entrega una respuesta después de dos meses, a través de un documento en el cual, sólo se compromete a hacer una revisión de los mencionados decretos.
Que con este acto, el Estado retoma el proceso de consulta indígena, realizando una nueva asamblea en Pozo Almonte con fecha 22 de Noviembre de 2014, la cual tuvo un proceso de difusión deficiente, concurriendo a dicha reunión solo un cuarto de las personas reunidas en la primera instancia.
Que con este grupo de personas, el Ministerio de Desarrollo Social y CONADI, logran mediante presiones y mala fe, acelerar la planificación programada por los mismos estamentos, incumpliendo lo señalado en la primera reunión de consulta, en la cual se comprometieron a realizar este proceso de acuerdo a los estándares del convenio 169 de la OIT, además, se cambian unilateralmente los objetivos y número de reuniones programadas afectando con ello la planificación de los dirigentes y vulnerando los derechos reconocidos para los pueblos originarios.
Que en dicha oportunidad, con el consentimiento de algunos dirigentes y de otros desinformados y presionados, los encargados de ambos estamentos, acuerdan dar por finalizada la etapa de planificación y de información, utilizando esta reunión para consensuar la metodología a ocupar hasta la finalización del proceso de consulta, quedando estipulado de esta manera en el acta de reunión, que las comunidades acuerdan que se organizarán por comuna y que la fecha establecida para hacer entrega de las propuestas de Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo o Consejos de Pueblos sería el 15 de Enero de 2015. Esto significa que para participar de este proceso de consulta, los pueblos debieron ser capaces de realizar la Etapa de Información, la Etapa de Diálogo Interno y la Etapa de Diálogo Regional en aproximadamente 30 días hábiles.
Que las comunidades abajo firmantes, al darse cuenta de las graves implicancias de dichos acuerdos, deciden separarse del grupo de trabajo liderado por los dirigentes sometidos a los requerimiento del Estado,
debido a contradicciones profundas respecto a la comprensión del proceso que vivimos como pueblos originarios y que se manifiesta en las demandas metodológicas que estamos exigiendo, producto de las deficiencias que evidenciamos.
Que haciendo ejercicio de los derechos que tenemos como pueblos originarios y apelando a la buena fe que se debiera garantizar en este proceso, enviamos dos cartas al ejecutivo, manifestando nuestro descontento con estas malas prácticas y exigiendo que se nos den las garantías necesarias para llevar un buen proceso; sin embargo, las autoridades a cargo del proceso, aludiendo a temas de plazos y recursos, no accedió a considerar nuestras peticiones, por lo que; no hemos recibido la etapa informativa, de deliberación y de diálogo conforme a lo propuesto por el Estado, tampoco recursos para logística y asesores, y aún más, no se nos permitió entregar una propuesta propia, sino que se nos exigió acoplarnos al documento enviado por los pueblos de Huara que aceptaron someterse a los plazos establecidos por el gobierno.
De modo que, considerando los antecedentes mencionados y estando en conocimiento que otros pueblos que continúan trabajando en este proceso han planteado las mismas deficiencias y que otras comunas se han restado de participar del presente proceso de consulta indígena, denunciamos:
Que el Estado de Chile no ha restituido las deficientes relaciones que mantiene con los pueblos originarios, perpetuando nuestra condición histórica de pueblos vulnerados en nuestros derechos, al hacer caso omiso de las exigencias realizadas a nivel nacional, respecto a la derogación de los decretos 66 y 40, los cuales entraron en vigencia con actos de mala fe por parte del mismo.
Que nuevamente los compromisos que el Estado asume con los pueblos originarios quedan sólo en discursos y que la imagen a nivel internacional que muestra como país difiere absolutamente de la realidad, ya que vulnera nuestros derechos constantemente, lo que queda evidenciado en las malas prácticas que estamos denunciando.
Que en ningún caso, el proceso de consulta se ha ajustado a los estándares del Convenio 169 de la OIT, ni siquiera a los estándares del nefasto decreto 66, y aún más, ni siquiera han sido capaces de responder a la metodología programada por el mismo gobierno, la cual entregaron previamente a los pueblos.
Que en virtud de este contexto, las comunidades no hemos podido decidir la forma de organizarnos, acorde a nuestras propias prácticas de organización y/o costumbres, no hemos tenido procesos informativos acordes y claros, no hemos tenido procesos de ida y vuelta que nos permita hacer un buen trabajo como dirigentes informando y recogiendo la opinión de nuestras bases, no hemos contado con asesores y observadores durante el proceso, a todo lo cual el gobierno alude constantemente a la falta de tiempo y recursos, evidenciando así una constante improvisación sobre factores claves para garantizar procedimientos adecuados como lo señala el convenio 169 de la OIT.
Que con estas acciones el Estado demuestra que en ningún caso pretende hacer efectivos los acuerdos ratificados por Chile, respecto a los derechos que debe garantizar para los pueblos originarios, ya que el proceso de consulta se está llevando a cabo como un mero trámite, donde el Estado en virtud de su propio beneficio y comodidad, a ajustado este proceso a sus tiempos, cuya lógica occidental vulnera las condiciones que debe considerar y garantizar para nuestros pueblos.
Que en este mismo sentido, el Estado ha condicionado la entrega de recursos, logística y espacios de diálogo sólo a aquellas comunidades que se amoldan a sus estrategias, incurriendo con ello en acciones discriminatorias hacia a aquellas comunidades que no lo hacen y que, por lo demás, solo exigen sus derechos.
Que considerando la experiencia que tuvieron nuestros pueblos respecto a lo ocurrido con la llamada “mesa de consenso para la creación del Decreto 66”, algunas comunidades han continuado participando a pesar de no estar de acuerdo con las condiciones impuestas por el Estado, lo que sienta muy mal precedente respecto a las formas de participación y lo cual demuestra que nuestras comunidades no tienen alternativas para exigir un buen proceso, sino que deben ajustarse a lo establecido para no verse aún más perjudicadas al tratar de exigir nuestros derechos, coacción que imposibilita la existencia de procesos libres.
Que de acuerdo a como lo hemos descrito, denunciamos que el gobierno está llevando a cabo un proceso tan importante, de relevancia histórica para nuestras comunidades en un tiempo aproximado de 36 días hábiles, lo que nos parece tremendamente irresponsable, al llevar adelante acciones que sólo ratifican la falta de voluntad que tiene el Estado de dar aplicabilidad a los acuerdos suscritos por Chile y para restituir las relaciones debilitadas que ha mantenido históricamente con nuestros pueblos.
Por tanto, como dirigentes conscientes de nuestros derechos, en conocimiento de la vulneración que se ha hecho de los mismos y en virtud de la responsabilidad que tenemos de llevar la voz de nuestras comunidades, manifestamos que; NO QUEREMOS SER CÓMPLICES DE ESTE PROCESO, QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS SENTARÁ LAS BASES QUE DEFINIRÁN NUESTRA RELACIÓN CON EL ESTADO Y POR ENDE, LA FORMA EN QUE SE TOMARÁN FUTUROS ACUERDOS QUE AFECTARÁN A NUESTRAS COMUNIDADES. Por tanto, con la convicción de restablecer nuestra posición como sujetos de derecho, declaramos y exigimos al Estado lo siguiente:
Maya (1): Que se restablezcan las instancias del proceso de consulta, de acuerdo a los estándares del Convenio 169 de la OIT, ya que hemos sido discriminados arbitrariamente solo por exigir nuestros derechos, lo cual sabemos, complica aspiraciones y compromisos políticos del gobierno de Chile; pero que, sin embargo, no pueden ser cumplidos a costa de la vulneración de nuestros derechos humanos.
Paya (2): Rechazamos y desconocemos los acuerdos plasmados en la llamada “Propuesta Aymara de Huara” enviada a instancias nacionales y exigimos que en adelante cuando se haga alusión a aquel documento, se explicite que es una propuesta que solo representa a los pueblos que participaron de ella, cualquier alusión que haga referencia a que representa a toda la comuna de Huara, será denunciada como ilegitima y no representativa, ya que ha sido elaborada en nuestra opinión, solo por una pequeña minoría sometida al gobierno. Por otro lado quisiéramos aclarar, que con estos dichos no pretendemos deslegitimar los acuerdos desarrollados por otras comunas que hayan sido logrados de forma previa, libre e informada.
Kimsa (3): Solidarizamos y valoramos la decisión de otros pueblos que se encuentran en similar situación y han decidido legítimamente no continuar participando de este proceso. Asimismo, valoramos a aquellas comunidades que aun pueden participar bajo el prisma de la reivindicación, fortalecimiento y defensa de nuestros pueblos originarios, esperamos que continúen con la misma convicción y denuncien estos hechos en instancias nacionales, ya que en estos momentos son nuestra voz en las siguientes etapas, por lo menos, mientras no se restablezcan nuestros derechos humanos a participar.
Pusi (4): Exigimos al Gobierno de Chile, responsable de velar por el buen ejercicio de nuestros derechos y sancionar cuando estos derechos sean vulnerados, que según corresponde a sus obligaciones, se tomen las medidas de sanción pertinentes para todos aquellos que resulten responsables de los hechos que estamos denunciando.
Phisqa (5): Solicitamos la presencia inmediata en la región de observadores que puedan dar cuenta del efectivo cumplimiento de los estándares de Consulta Indígena en la región de Tarapacá.
Suxta (6): Rechazamos los comentarios y descréditos mal intencionados que realizan algunos comuneros en contra de nuestros dirigentes y profesionales de apoyo, quienes realizan un trabajo de defensa voluntario basado en el compromiso con nuestros pueblos, aclaramos que, en ningún momento hemos pretendido realizar acciones en contra de la participación de otros pueblos, sino que por el contrario, solo hemos exigido el ejercicio de nuestros derechos, de modo que de continuar con estas injurias públicas nos veremos en la obligación de tomar acciones legales al respecto.
Por último, instamos a todas las personas, quienes tengan acceso a leer este comunicado, sensibles con este proceso, a nuestros jilallanaja y kullallanaja de diferentes pueblos originarios, a buscar las formas para hacer visible lo que está aconteciendo y buscar instancias que nos permitan unirnos para exigir la restitución de nuestros derechos como pueblos originarios. De la misma forma, hacemos un llamado a todas las personas y estamentos relacionados con la observancia de los derechos humanos, para que puedan apoyar esta manifestación, ya sea investigando, asesorando o haciendo visible lo comunicado.
Comunidades y organizaciones que adhieren al presente comunicado:
Comunidad Indígena de Sibaya
Comunidad Indígena de Limaxiña
Asociación Indígena de Chiapa
Comunidad Indígena de Coscaya
Comunidad Indígena de Poroma
Comunidad Indígena de Casablanca
Junta de Vecinos de Laonzana
Junta de Vecinos de Chiapa
Junta de Vecinos de Jaiña
Comunidad Indígena de Huarasiña
Comunidad Indígena de Huasquiña
Asociación Pueblos Indígenas Unidos de la Cuenca
Quebradas Tarapacá-Coscaya-Aroma-Miñi-Miñi
Iquique, Enero de 2015.
