Desde la creación de la institucionalidad no ha existido avances en materia de valoración, desarrollo e implementación plena de los derechos indígenas y el cuerpo supuestamente colegiado de la consejería indígena en Conadi ha obedecido mayoritariamente a estructuras no indígenas y sin recambios.
Hoy, aparecen rostros nuevos para estas instancias, pero conocidos desde los movimientos sociales, con capacidad técnica, que buscan participar, resignificar y transparentar lo que se hace ahí. Las opiniones de José Millalén del Pueblo-Nación Mapuche y Ariel León del Pueblo - Nación Aymara.
Fotos: José Millalén y Ariel León.
Mientras las distintas estructuras partidistas del sistema binominal, Alianza por Chile y Concertación, buscan intervenir con las apuestas a sus candidatos en las próximas elecciones a la consejería indígena de la Conadi, fuera de esto, surgen algunas posturas disidentes y que reflejarían un recambio en la participación e intervención de estas instancias, son los casos de José Millalén, Mapuche; y Ariel León, Aymara.
José Millalén es profesor de Historia y geografía con magíster en Historia- Etnohistoria, conocido al interior del movimiento Mapuche y es uno de los coautores del Libro “Escucha Winka”. También ha integrado el colectivo de historiadores Mapuche y la Red de salud intercultural. Hoy fuera de las estructuras partidistas coloniales como se han definido busca contribuir en primer término a mejorar las condiciones sociales de la población mapuche, a través de la promoción de los derechos culturales y políticos, como la participación y la autoafirmación identitaria. En lo específico, a la contribución a partir de la generación y traspaso de conocimiento histórico sobre el devenir de la sociedad mapuche como ha señalado. Millalén vive en Galvarino.
También está Ariel León Bacián, de origen Aymara, proveniente del norte (Iquique), estudió derecho en la Universidad de Chile en Santiago, ha sido asesor legislativo, es actualmente coordinador de la Red Indígena Legislativa y De Políticas Publicas (Rilpp) y Presidente De La Corporacion Aymara Jach-A Marka Aru, quien según dijo, busca convertirse en un real fiscalizador de CONADI y de la política indígena en Chile. “La idea es mostrar, transparentar lo que se hace ahí dentro”, señaló.
En una reciente entrevista realizada por el Diario la Opinión, José Millalén realizó un llamado a participar de las elecciones a Consejeros, donde hay plazo hasta el 24 de Octubre para las personas indígenas que no se encuentran registradas en ninguna comunidad o asociación, allí señalaba: “Hacemos un llamado a aquellos hermanos y hermanas mapuche que a la fecha no estén inscritos en alguna comunidad o asociación indígena, a que se inscriban en dicho Registro Especial y de esta manera puedan participar de la elección de los nuevos Consejeros Indígenas de la CONADI el día 15 de enero próximo”, señaló José Millalén Paillal.
Asimismo, publicaba la opinión, el postulante a uno de los ocho cargos de representación indígena, instó las y los mapuche de las comunidades y asociaciones indígenas, a participar en el proceso de elección de los nuevos consejeros “votando por el candidato o candidata que mejor represente sus inquietudes, iniciativas y demandas”.
Millalén explicó que según la Ley 19.253, Ley Indígena, normativa que regula este proceso, “las personas indígenas que no se hallaren en algunas de las dos situaciones señaladas, es decir, no sean socios o socias de comunidad o asociación indígena y quieran participar del proceso de elección de Consejeros, deben inscribirse en el Registro Especial creado especialmente para estos efectos y que funciona en todas las oficinas de la CONADI del país. Este trámite debe hacerse personalmente portando la persona su Cédula de Identidad hasta el día 24 de octubre de 2011”.
Con respecto a las elecciones de consejeros indígenas, instancia desgastada y deslegitimada, Ariel león comparte sus motivaciones: “ La razón de mi postulación es justamente el convertirme en un real fiscalizador de CONADI y de la política indígena en Chile. La idea es mostrar, transparentar lo que se hace ahí dentro. Pero la idea es no sólo transparentar las contradicciones y falencias de CONADi a la ciudadanía y a los medios de comunicación, sino intentar utilizar esa plataforma en lo que se puede, para solucionar algunos problemas, como la mutilación del artículo 20 b) en virtud de la resolución sobre Política de Tierras que impide la compra de tierras ancestrales, fiscalización de las consultas indígenas; la consulta al proyecto de Ley de Presupuesto; la correcta asignación de becas indígenas, entre otras”.
Cabe mencionar que en estas elecciones "tienen derecho a voto todas las personas indígenas que se hallan inscritas y sean socios y socias de comunidades indígenas constituidas legalmente, así como las y los socios de Asociaciones Indígenas", indicó José Millalén al Diario la Opinión, parafraseando la Ley 19.253.
El mismo medio publicaba: “De acuerdo a lo establecido en la Ley Indígena chilena, el 15 de enero de 2012 se realiza la elección de los ocho Consejeros Indígenas que forman parte del Consejo Nacional de este organismo del Estado: cuatro Mapuche, un Aymara, un Atacameño/a, un Rapa Nui y uno/a con domicilio en un área urbana del territorio nacional, quienes serán designados por el Presidente de la República, a propuesta de las Comunidades y Asociaciones Indígenas -artículo 41 letra d-, y que duran cuatro años en funciones”.
LAS VISIONES SOBRE LAS POLÍTICAS INDÍGENAS
Ariel León señala que en estas elecciones aprovechará su perfil técnico, pues los Consejeros indigenas “no tienen asesores proveídos por el Estado, no tienen muchas herramientas para defender sus temas. Lo importante es que hay una generación nueva, que no está contaminada ni tiene Dicom indígena. Esta nueva generación tiene mucho que aportar, y creo representar esta nueva fuerza”.
José Millalén dice: “Los pueblos indígenas, sus organizaciones y liderazgos debemos fortalecer la relación con el movimiento social y ciudadano que se ha generado, propiciando una participación activa y directa en la discusión y toma de decisiones. Reconocemos en la Federación Mapuche de Estudiantes (FEMAE) un representante legítimo, en este sentido”. Agrega: “Ante el actual escenario de movilización social creemos necesario incorporar el mecanismo del Plebiscito Vinculante para dirimir diferencias frente a temas de controversia. Y al igual que muchas voces del movimiento social, creemos que se debe avanzar en la conformación de una Asamblea Constituyente que discuta y proponga una Nueva Constitución Política donde se reconozcan los derechos de cada uno de los pueblos que habitan el país”.
El Aymara León Bacián en cuanto a las acciones y cambios, dice “creo que no se ha utilizado el Consejo para defender derechos indígenas, e intervenir en procesos de recuperación de tierras o de oposición ante megaproyectos. Las herramientas no utilizadas se oxidan. Pretendo impulsar desde el Consejo la defensa de los territorios, el cumplimiento de los derechos indígenas tal como lo hicimos con el UPOV y las consultas truchas . Asimismo, desde el Consejo hay un acceso privilegiado a la información pública y privada, y en este sentido, mi compromiso es el de difundir y transparentar agendas, reuniones, visitas, informaciones sobre fondos internacionales, etc. La principal queja de los antiguos consejeros es justamente esa. Lo mismo ocurre con las Asignaciones Directas que año a año se votan en el Consejo. En este momento, lo principal es controlar que las platas del estado para indígenas se usen bien, y no se vayan para otros fines. Mi compromiso es fiscalizar eso desde el Consejo. No se ha hecho hasta ahora”.
El Mapuche Millalén explica en materia de participación: “Debe propiciarse la regulación de los procesos nacionales de consulta a los pueblos indígenas con participación de sus representantes. El proceso de formalización de los mecanismos de consulta debe ser sometido a un proceso de “consulta sobre la consulta”, como lo recomienda el Relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. Un eventual reemplazo de la CONADI por otra institución debe ser objeto de consulta”.
Sobre presupuestos, Millalén menciona: “El presupuesto nacional destinado al financiamiento de las políticas públicas para los pueblos indígenas ha sido hasta ahora notoriamente insuficiente.Entre los años 1994 y 2008 el monto destinado a políticas indígenas, sólo ha alcanzado el 0,3% del presupuesto público”. Sobre el tema tierras dice: “Se debe orientar las políticas públicas respecto de tierras de acuerdo a los estándares fijados por el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Ello implica reconocer la especial relación que los pueblos indígenas tienen con sus tierras y territorios. La política de tierras tiene que favorecer la resolución de conflictos y contribuir a la unidad de las comunidades y no a su desagregación. La política de tierras tiene que complementarse con políticas de apoyo productivo que permitan el sustento y el arraigo”.
Respecto de las políticas indígenas a asumir en el presente, Ariel León dice que debe haber una reforma fundamental en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. La llave es la consulta. “La quieren mutilar por sexta vez con la denominada Ley de Consulta. Una ley no es necesaria, pues la consulta es autoejecutable. Un derecho que ha sufrido seis intentos de mutilación, debe ser un derecho muy poderoso. La derogación del decreto 124 no puede terminar en una ley, pues eso implica aceptar que en el Congreso van a recortarlo. Protegiendo las consultas, las políticas indígenas serán consensuadas, no habrá imposición, no habrá políticas indígenas basura como hasta ahora. Luego de eso, los pueblos deben fijar sus prioridades: tierras, aguas, educación, vivienda, etc. Todo eso, las prioridades, la calendarización, los montos los énfasis, las líneas de financiamiento, todo debe ser consultado. Sin perjuicio de ello, el Estado tiene el deber actual de proteger recursos, territorios, todos los derechos, y los haremos valer de acuerdo a la legislación vigente, tanto nacional como internacional”.
Sobre las acusaciones respecto de la mala gestión y la falta de transparencia en la ejecución de los recursos públicos de la CONADI Millalén dice que debe asumirse: “Una correcta aplicación del artículo 42, letras a y c, de la ley indígena, respecto de la atribución de los consejeros en cuanto a definir la política de la institución y velar por su cumplimiento, y además aprobar los diferentes programas, evaluarlos y asegurar su ejecución, combinado con una adecuada y oportuna información a los pueblos indígenas, contribuirían a asegurar una ejecución limpia de intereses ajenos o proclive a la corrupción”
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