Ministro del interior, busca acelerar el trámite para obtener el apoyo de la ley "antitomas" todo bajo una operación que constaría con el apoyo del senador Espina y el grupo de empresarios que redactó la ley, sin embargo, existen voces disonantes dentro del gobierno y la oposición, respecto de las implicancias de la aplicación del texto legal.
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Crónica Digital
MINISTRO HINZPETER BUSCA ACELERAR LA LEY "ANTITOMAS" SIN EMBARGO EXISTEN VOCES DISIDENTES
Ayer en la mañana un grupo de vecinos y comerciantes del sector sur de Santiago. Todos ellos afectados por los desmanes y actos de violencia perpetrados en el marco de las protestas estudiantiles de los últimos meses, acompañados por el senador Alberto Espina y los diputados Cristián Monckeberg y Marcela Sabat, todos de RN. Esta última, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Baja, visitaron al ministro Hinzpeter.
La cita, explican en La Moneda, buscaba dar una señal sobre su preocupación por mantener el orden público y se producía un día después de los incidentes ocurridos en la sede en Santiago del Congreso, cuando un grupo de ambientalistas y estudiantes interrumpió una cita de una comisión parlamentaria que revisaba el presupuesto para el próximo año del Ministerio de Educación, insultando al titular de la cartera, Felipe Bulnes.
Según dijeron asistentes a la reunión de ayer en el despacho de Hinzpeter, el ministro indicó su determinación de acelerar el trámite en el Congreso de la iniciativa que sanciona con cárcel las tomas "violentas" de recintos públicos -como escuelas, universidades y hospitales-, tipifica el delito de "saqueo" en medio de las protestas ciudadanas y endurece las penas ante la interrupción de servicios públicos.
La idea, según indicó Hinzpeter, es poner suma urgencia a la iniciativa, que había ingresado hace un par de semanas con urgencia simple.
"El ministro Hinzpeter les ha señalado (a los vecinos y comerciantes) que el gobierno va a acelerar a toda marcha la tramitación de esa iniciativa legal", afirmó el senador Espina al termino de la reunión.
En los últimos días, Hinzpeter ha impulsado una fuerte ofensiva pública, endureciendo las condenas a los hechos de violencia y remarcando el compromiso del gobierno con los temas de seguridad pública.
Así, el martes pasado, el jefe de gabinete anunció que el gobierno se querellaría invocando la Ley de Seguridad del Estado, ante la quema de un bus del Transantiago en la comuna de Macul.
Al día siguiente, el ministro defendió esta decisión ante una sesión especial de la Cámara de Diputados, convocada para analizar el derecho de las personas a manifestarse. La sesión terminó con una fuerte polémica, luego de que el presidente de la Cámara Baja, Patricio Melero (UDI) ordenara al desalojo de las tribunas, episodio que terminó con el ingreso de Fuerzas Especiales al lugar.
Y el jueves, tras una reunión de los ministros políticos y el Presidente Sebastián Piñera, Hinzpeter fue quien condenó enérgicamente los incidentes ocurridos en el Congreso en Santiago y cuestionó con dureza el rol del titular del Senado, Guido Girardi.
Incluso, tras dicha reunión con el Presidente, Hinzpeter evaluó ir personalmente, junto a Bulnes, a interponer las querellas que había anunciado el gobierno contra los autores de dichos desmanes.
Así, ambos ministros se quedaron juntos hasta altas horas de la noche del jueves en el despacho de Hinzpeter, preparando las acciones legales.
Sin embargo, dicho diseño fue desestimado posteriormente. Las querellas serían interpuestas por un abogado del Ministerio del Interior, según se informó.
Ideas para el debate
Por ejemplo, el juez de garantía y director de la Asociación Nacional de Magistrados, Patricio Souza, señaló que la legislación redactada por el gobierno de Piñera "tal como se despachó, generará muchas dudas en los jueces por problemas interpretativos importantes; definir qué se considerará violencia o desorden público".
"Los delitos de desorden siempre han tenido problemas, porque la descripción que hace el legislador nunca es demasiado precisa como para contener todas las circunstancias", agregó.
Además, el jurista asegura ante la iniciativa que se encuentra en trámite en la Comisión de Seguridad Ciudadana de Cámara de Diputados, que "ante el endurecimiento de las penas puede ser que la respuesta de los elementos más violentos se exacerbe. Eso puede suceder. Veo difícil que pueda inhibir. El problema es más social que punitivo".
Por su parte, Miguel Soto Piñeiro, profesor de derecho penal de la Universidad de Chile, "una ley antitoma no debería ser nunca necesaria. Las conductas con verdadero contenido de ilícito que contiene el proyecto de ley que se envió estaban perfectamente abarcadas por la legislación común. Esta ley especial no tiene otra finalidad última más que reprimir determinadas manifestaciones de opinión".
Para el académico, un saqueo es un robo con fuerza y para castigar la incitación a la violencia está la Ley de Seguridad del Estado, por lo que no se entiende una nueva legislación.
Complementando lo anterior, la abogada del centro de derechos humanos de la Universidad Diego Portales, Alejandra Mera, afirmó que las penas solicitadas exceden los delitos cometidos.
"De partida, esta ley no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada en el Parlamento. La penalidad que establece es completamente desproporcionada con las acciones. Concuerdo con el hecho de que es una expresión y que jamás en nuestra legislación ha sido sancionada de esta manera", declaró.
El tiempo de la represión
En defensa de la polémica legislación, el senador RN Alberto Espina calificó el texto "muy bueno", dado que a su juicio mejorará el trabajo del Poder Judicial.
"La actual legislación no describe bien las conductas que significan la distinción entre participar en una manifestación pública en forma pacífica, lo que está protegido por nuestra Constitución y estas manifestaciones públicas que se realizan con actos de violencia, donde se producen desmanes, saqueos, tomas y destrucción de propiedad pública y privada", expresó.
"Esta norma es muy buena porque moderniza la legislación chilena. Tiene sanciones bastante inferiores a las que tienen la mayoría de los países democráticos y le permitirá al juez tener mayor claridad cuando una conducta es sancionada cuando se trate de una manifestación violenta", añadió.
A pesar de las halagüeñas palabras de Espina, luego de la toma del ex Congreso Nacional por parte de dirigentes estudiantiles y ecologistas, que contó con el apoyo del presidente del Senado, Guido Girardi, que se negó al desalojo del establecimiento e impidió el ingreso de la policía de Carabineros, es un hecho que el proyecto del Ejecutivo no tendrá un fácil recorrido en el Parlamento. Esto porque desde la Alianza y La Moneda exigen la censura y la destitución del legislador de la mesa de la Corporación.
Girardi, en la previa de la manifestación, había declarado que "nunca antes en democracia habíamos vivido una represión como la que se está viviendo ahora, donde la autoridad carece de todo criterio político. Está por la vía de volver a las prácticas más dictatoriales del pinochetismo".
"El gobierno actúa así porque lo único que le importa es defender los intereses económicos, los intereses de los sectores más privilegiados del país y las utilidades de las empresas", aseguró
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