Industrias extractivas y energéticas en la mira de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos

Muestra de los mejores documentales del Cono Sur contribuirá a detectar áreas donde es necesario establecer esfuerzos para la defensa de un nuevo tipo de derechos de las personas, de los animales y de la Tierra, derechos que siempre han estado pero que ahora se visibilizan con mayor intensidad y que están vinculados con la defensa del medio ambiente, los recursos naturales, el patrimonio sanitario y con ello la cultura y soberanía alimentaria de las comunidades.

Por: Patricio Igor Melillanca

Santiago de Chile, 12 de octubre de 2011. (Radio del Mar)-- En Chile y el Cono Sur, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, han realizado un indispensable trabajo en momentos críticos de la historia reciente en diversos pueblos y naciones. En tiempos de las dictaduras militares en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú y Paraguay, entre otros países del continente, estas organizaciones investigaron, denunciaron, protegieron y defendieron a las personas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del estado con la complicidad de reducidos pero poderosos sectores empresariales o de la oligarquía terrateniente. Así, la historia de la defensa de los derechos humanos en nuestra América, ha estado históricamente vinculada a la defensa de las personas de la violencia política ejercida de manera física con torturas, asesinatos, secuestros y la detención y posterior desaparición de miles de seres humanos.

Luego de terminadas las dictaduras, la violencia política de funcionarios estatales, se ha reducido drásticamente quedando principalmente focalizada a abusos policiales de diverso tipo. Sin embargo, a pesar que siempre ha estado presente, en este tiempo comenzó a vislumbrarse más sistemáticamente un nuevo tipo de violaciones a los derechos humanos, esta vez generada por la imposición de megaproyectos de extracción de recursos naturales o de generación de energía en diversas comunidades locales. Esta situación que ocurre masivamente a partir de los años ’90 en Chile y el Conosur, se ha incrementado progresivamente debido a las garantías y subsidios que los Estados han dado a empresas multinacionales que además han ido poco a poco influyendo y manejando las decisiones de la vida política de los países. De esta forma han logrado rebaja o eliminación de impuestos, tanto en sus operaciones de inversión como de exportación de recursos naturales, mano de obra barata, subsidios estatales y favorables adecuaciones de las leyes nacionales a sus intereses corporativos, todo lo cual les ha permitido establecerse con protección hasta con policías y militares en algunos casos.

En Chile se ha visto claramente cómo la acción directa o indirecta de las compañías, con el silencio o complicidad de funcionarios estatales, han generado situaciones de vulneración de los derechos humanos individuales o colectivos. Pero también la violación de derechos, de un nuevo tipo, la violación de los derechos a los animales, de los derechos de la Tierra, al patrimonio sanitario, al derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, y con esto la violación a la soberanía alimentaria de las comunidades.

Esto lo podemos ver con la violencia generada al interior de la comunidad de Mehuín, sector donde la compañía CELCO, intenta imponer su ducto de desechos industriales. O también como es el caso de la multinacional Barrick Gold que con su proyecto Pascua Lama ha debilitado la soberanía de las naciones de Argentina y Chile al imponer, junto a Instituciones Financieras Internacionales, el peculiar acuerdo binacional minero en la cordillera de los andes.

No es posible olvidar también a las industrias extractivas como las forestales, pesqueras y de acuicultura, ambas basadas en la depredación y causantes de negativas alteraciones a los ecosistemas y fuentes de vida y subsistencia de las comunidades locales, siendo, mayoritariamente, la vida rural la más afectada, la más violentada.

Registrando las Violaciones

Es precisamente en este contexto en que se realiza el ciclo de documentales “Industrias extractivas y energéticas” que durante octubre organiza Amnistía Internacional y Mapuexpress. Esta muestra, que recopila las mejores películas informativas sobre medio ambiente y derechos humanos realizadas en los últimos tres años, es un primer gran llamado de atención a las corporaciones y Estados de parte de los artistas audiovisuales y de las organizaciones de medio ambiente acerca de la observación de la comunidad internacional a los gobiernos del Cono Sur, sus instituciones y a las multinacionales que operan en estos territorios. Pero también es un llamado de atención a los gobiernos y sociedades de los países de origen de estas multinacionales.

A través de este Ciclo, los audiovisualistas y las organizaciones ciudadanas demandan al Estado Chileno y sus poderes públicos, el respeto pleno de los derechos indígenas y el cumplimiento de los estándares internacionales de Derechos Humanos, siendo indispensable el respeto a la vida de los pueblos, sus culturas, sus conocimientos y prácticas ancestrales.

Este ciclo de documentales además realiza una revisión de la historia reciente en nuestros territorios y es un reflejo preocupante de la intervención directa de las multinacionales, muchas veces a través de empresas comunicacionales, en la vida social, política, económica y cultural de las comunidades locales. Pero también es un registro histórico del despojo de los recursos naturales de estos territorios. Como verán, las venas de América Latina siguen abiertas.

Todas estas películas que fortalecen la participación ciudadana potencian la democracia, con información veraz, oportuna y de calidad, muestran como, frente a esta situación, los gobiernos y empresas han criminalizado a dirigentes, organizaciones y movimientos. Pero además, de criminalizar la protesta social que denuncia la imposición de estos megaproyectos industriales, también ha criminalizado a los comunicadores y cineastas. Casos concretos tenemos en Chile y uno de ellos es el de Elena Varela, que fue acusada de terrorista, por registrar el abuso del Poder Judicial, de los fiscales y de la policía, con las comunidades Mapuche. Y aquí la responsabilidad es estatal, pues todos los gobiernos han criminalizado esta protesta social.

En definitiva, este ciclo de documentales ayudará a la ciudadanía a una discusión mejor informada, a establecer mejores vínculos entre pueblos y busca promover formas de convivencias pacíficas, respetuosas y responsables, en pro de fortalecer la defensa de la vida y de los Derechos Humanos.

Pero también contribuirá a detectar áreas donde es necesario establecer esfuerzos para la defensa de un nuevo tipo de derechos de las personas, de los animales y de la Tierra, derechos que siempre han estado pero que ahora se visibilizan con mayor intensidad y que están vinculados con la defensa del medio ambiente, los recursos naturales, el patrimonio sanitario y con ello la cultura y soberanía alimentaria de las comunidades.*****FIN*****